05 diciembre 2009

¿Falta de rigor o mala fe?

No es la primera vez que Guillem Rosselló se refiere a nuestra formación en términos negativos. Conste que en UPyD aceptamos de buen grado las críticas -somos un partido esencialmente crítico y aspiramos al voto crítico-, pero también nos agradaría que la crítica se hiciese sobre lo que verdaderamente decimos, y no sobre lo que algunos filibusteros de la opinión prefieren inventar que decimos. Y, sobre todo, siempre sobre los mismos argumentos, porque es francamente difícil defenderse cuando un mismo columnista -el señor Rosselló, sin ir más lejos- nos acusa un día de ser un partido comunista y al siguiente de ser la extrema derecha. Complicado.

En su reciente artículo "Rosa Díez o la visión sesgada de España y de la democracia" (Última Hora, 27-11-09), arremete contra UPyD atribuyéndole indefinición: "Después de leer y reflexionar [sic], uno no puede definir si Rosa Díez es de izquierdas, del PSOE del cual surgió, o de las derechas de las que trata de nutrirse". Yo le contesto gustosamente: UPyD no es de izquierdas ni de derechas, sino transversal. En nuestro partido militamos liberales y socialdemocrátas preocupados por la deriva sectaria y antidemocrática de nuestro país, una deriva de la que los mismos escritos del señor Rosselló son buena prueba. Ya, ya sé que despista un poco que unas veces votemos con el PP y otras con el Bloque Nacionalista Gallego, pero es que a nosotros sí nos gusta escuchar a todo el mundo sin juicios previos. Nuestra imperdonable peculiaridad es que consideramos a los ciudadanos capaces de pensar por sí mismos y de elegir en función de la oferta, y no de consignas sectarias. Es normal que el señor Rosselló no se aclare; o tal vez es que ni leyó ni reflexionó como dice que hizo.

Según el columnista, Rosa Díez alimenta "odio hacia las autonomías" y es una "líder preconstitucional" que "afirma que todo el poder del Estado debe estar en Madrid". No me extraña que le parezca una "visión sesgada de España": a mí también me lo parecería. Pero, fíjense, desde su Manifiesto Fundacional (2007), UPyD ha defendido la mejora del Estado de las Autonomías y, en particular desde la ponencia política aprobada en nuestro I Congreso el pasado 21 de noviembre, definimos nuestro modelo de Estado como federalismo cooperativo: apreciamos tanto la descentralización que somos el único partido nacional que defiende el federalismo para España. Cosa bien distinta sería que, como tal vez le gustaría al señor Rosselló, cuestionásemos la unidad de la nación; pero no: para nosotros la unidad de España es incuestionable, y el federalismo sólo la mejor fórmula para asegurarla, por medio de un catálogo de competencias cerrado constitucionalmente que enumere qué competencias son de las comunidades autónomas -de todas por igual- y cuáles del Estado, de manera que ninguna desgraciada conjunción de un gobierno central sin sentido de estado y ciertos localismos desleales -como sucede hoy- pueda poner cada año las competencias y la solidaridad sobre el tapete a cambio de, por ejemplo, votos para los presupuestos generales. Pero nuestro federalismo declarado le da igual al señor Rosselló, que habla de un "nacionalismo rancio" que le recuerda, no podía ser de otra manera, al franquismo y sus "genocidios culturales" [sic], así como a "otro fascismo: el del partido Único o el de aquellos reinados medievales en el que sólo tenían la palabra los nobles". Sin comentarios.

¿Qué decir ante semejante falta de rigor? Se me ocurre lo siguiente: que el señor Rosselló es uno de los ejemplos más palmarios del periodismo basura de que tengo noticia en los últimos años. Al servicio no se sabe bien si de su propio sectarismo y su ignorancia o, por el contrario, de los de alguien muy interesado en que UPyD no prospere, cada una de sus líneas es un embuste o nace del desconocimiento de la realidad que dice comentar. Cualquiera de los dos supuestos lo descalifica como periodista, y seguramente certifica el miedo cerval que algunos sectores políticos empiezan a experimentar en Baleares desde que una opción progresista y ciudadana como es la de UPyD amenaza con modificar el equilibrio de fuerzas en la política local. Ánimo, señor Rosselló: siga haciendo esto que usted llama opinar. Tal vez prefiera usted seguir confiando en la honestidad y el progresismo de partidos como UM, PP o PSIB, que sin duda no le parecerán rancios ni franquistas ni genocidas... Si es que los jueces dejan alguno en pie al cabo de esta legislatura. Anímese, que no damos tanto miedo. Última Hora. Periodista Digital.

27 noviembre 2009

Régimen y periodismo catalán

El hecho de que doce diarios catalanes hayan publicado hoy un editorial común titulado "La dignidad de Cataluña", con el fin de presionar al Tribunal Constitucional en favor de una sentencia sobre el Estatut que resulte próxima a los postulados nacionalistas, ha sido presentado como algo insólito y, desde luego, por lo que se refiere a sus precedentes, lo es. No obstante, que sea insólito no impide que haya supuesto una reacción perfectamente previsible.

El texto intenta deslegitimar primero al TC, dado que de los diez miembros con derecho a voto en este caso (uno falleció y otro está recusado), cuatro trabajan bajo prórroga por no haberse puesto de acuerdo los partidos políticos para su sustitución. En UPyD hemos denunciado la politización y la consiguiente falta de operatividad del procedimiento de cobertura de vacantes al TC; pero la única manera de cambiar lo que no nos gusta del sistema, que es mucho, es la reforma política y, en particular, la reforma constitucional, y ésta tiene sus requisitos. Mientras tanto, sólo podemos librarnos de la arbitrariedad si todos respetamos las normas que son para todos. Cuestionar la legitimidad del Tribunal, y en un momento tan delicado, es de gran desfachatez e irresponsabilidad política; pero cuestionarla sólo cuando sus sentencias no nos gustan, y no hacerlo cuando nos van bien, es de una indigencia intelectual deplorable, o bien de una mala fe que insulta a la ciudadanía y, en particular, a los lectores.

No contento con despreciar al TC, el editorial se permite establecer qué es progresismo y qué democracia: "el dilema real es avance o retroceso"; "está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición". Es cierto que muchos, dentro y fuera de Cataluña, creemos que está en juego el espíritu de la Transición; pero no precisamente por defecto, sino por exceso: el estado autonómico ha perdido de vista referentes como la solidaridad y la igualdad, y de la sentencia del TC depende que demos pasos hacia la desvertebración de España y la definitiva desigualdad entre sus ciudadanos o bien la contengamos.

Muy grave es la relativización de las leyes que se desprende de párrafos como aquél en que se indica que "no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia". Presentar la prudencia y la garantía de que todos serán tratados por igual ante las leyes como valores enfrentados, como si la una pudiera ser sin la otra, es, sencillamente, contrario al estado de derecho. Que el TC antepusiese la conveniencia política a la interpretación rigurosa de la norma entraría de lleno en la categoría del golpe de estado institucional, y que doce rotativos lo propongan es demagógico y, por tanto, inmoral. Pero más grave es aún la llamada al desacato implícita en frases de tono amenazante como "estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa". O: "Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable". Por mucha apelación que se haga a la responsabilidad, ¿qué cabe interpretar cuando desde las páginas de un diario se anima a la población a "responder" contra una sentencia emitida por la institución constitucionalmente llamada a emitirla y con arreglo a la ley en fondo y forma? Hoy Jorge de Esteban ha argumentado en El Mundo la presunta comisión de un delito de usurpación de atribuciones por parte de las autoridades autonómicas catalanas (art. 508.2 CP). Abundando en esta vía, a mi juicio, si como consecuencia del editorial hoy publicado se produjeran tras el dictamen del TC desórdenes públicos, sería oportuno considerar la aplicación a los responsables del texto del art. 545 CP y siguientes, que hablan de inducción, provocación o proposición para la sedición. Por no hablar del art. 118 de la Constitución, que obliga a todos a cumplir las sentencias de los tribunales... Pero la actitud del Gobierno no permite esperar actuación alguna por parte del Ministerio Fiscal en defensa de las instituciones. El mismo Rodríguez Zapatero, preguntado por el editorial que comentamos, se ha conformado con sonreír, afirmar que se trata de una manifestación de la libertad de expresión y asegurar que lo había leído con gran interés. Otro que no fuese un botarate habría fruncido el ceño y contestado lo siguiente: "La independencia del TC es sagrada, y quien la toque se las verá con este Gobierno en los tribunales".

Todo esto no traerá seguramente más consecuencias que el consabido folclore independentista, porque el seny de los ciudadanos catalanes supera con mucho el de su impresentable clase dirigente. Pero no deja de ser triste que el discurso público catalán se haya apartado de la razón y del interés común para defender exclusivamente el de los nuevos caciques autonómicos y sus clientes. Los mejores pensadores catalanes de nuestra hora (Félix de Azúa, Albert Boadella, Alejo Vidal-Quadras, Arcadi Espada) se han situado hoy explícitamente contra algo que ya no cabe calificar más que de régimen. La política catalana actúa al margen de su ciudadanía.

Hay que recordar que, pese a una encendida campaña ampliamente sufragada con dineros públicos y amplificada desde las instituciones, la participación en el referéndum celebrado en su día para la aprobación plebiscitaria del controvertido Estatut fue tan escasa que, frente al 90% de los parlamentarios catalanes que había apoyado el proyecto, no más de un tercio de los catalanes manifestaron su inclinación hacia el mismo. Ante tan palmaria desvinculación entre políticos y ciudadanía (los catalanes tienen problemas que nada tienen que ver con la nacionalidad), la prensa del Principado opta por los políticos. Pero no hay que extrañarse: conviene recordar en este punto, como hoy ha hecho Albert Rivera, quién paga los sueldos y los beneficios en los medios periodísticos catalanes: los mismos políticos nacionalistas que han promovido todo este tremendo disparate. Todos los diarios que suscriben tan digno editorial -todos- reciben subvenciones y publicidad institucional que, en la mayor parte de los casos, resultan imprescindibles para su supervivencia. El editorial, por tanto, no sólo es irracional e injusto: además está titulado sin ningún acierto, porque de lo que habla este texto no es de la dignidad de Cataluña, sino de la indignidad de algunos catalanes que prefieren mantener poltronas y mamandurrias a costa de la libertad y de la información que merece su ciudadanía. El problema de la prensa en España, genuflexa ante los poderes autonómicos vía subvención, en Cataluña se agrava notablemente debido al ingrediente identitario. Todos debemos aprender mucho del irresponsable editorial de hoy, y actuar en consecuencia. Periodista Digital. España Liberal.

01 noviembre 2009

Ciudadanos de segunda

Satisfecho por los resultados de la primera campaña, desarrollada en mayo pasado, la Consejería de Innovación, Justicia e Interior del Gobierno de las Islas Baleares ha puesto en marcha su segunda campaña de sensibilización para el uso de sistemas de seguridad para menores en vehículos de motor, a través de su Dirección General de Interior y del Instituto de Seguridad Pública de las Islas Baleares. Además de las charlas impartidas en colegios por policías tutores, la iniciativa se basa en el reparto en los centros educativos de un folleto destinado a los padres de los alumnos. El objetivo principal de la campaña, muy loable, es el de "reducir al máximo las conductas de riesgo en la conducción"; se dirige "a los padres y responsables de los menores"; entre sus finalidades se encuentra la de "sensibilizar a los responsables de los menores del uso de los sistemas de seguridad homologados y evitar, así, posibles accidentes"; y uno de los motivos aducidos para llevarla a cabo es que "la prevención de conductas peligrosas ha de comenzar en los núcleos educacionales más próximos a los menores, como el entorno familiar y el centro escolar". Hasta aquí, nada que objetar en cuanto a objetivos, destinatarios, finalidades y motivaciones, sino todo lo contrario: elogios por la iniciativa. Si todo ello es como se declara, no obstante, nos surge automáticamente una pregunta: ¿por qué la campaña se desarrolla sólo en catalán?

Desde instancias oficiales se ha arrinconado el uso de la lengua española con tanta insistencia que la pregunta parece baladí; pero no lo es. Por mucho que sea injusto que la lengua vehicular en los colegios sea sólo una de las dos oficiales, sabemos que lo es por ley. No obstante, dada la finalidad declarada de la campaña, ¿no pudieron preguntarse la multiconsejera Pilar Costa y el director general de Interior, Sebastià Amengual, si para alcanzarla no habría sido más conveniente editar folletos bilingües? Si los padres receptores del folleto monolingüe no entienden su contenido, ¿no se incumple la finalidad de sensibilización en el "núcleo educacional más proximo" que es la familia? Veamos sólo un ejemplo: unos padres de origen vasco (o murciano o colombiano) con hijos escolarizados en la red pública de colegios, que trabajan y pagan impuestos en Baleares y a todos los efectos están sometidos a la legislación y los reglamentos de Baleares, ¿no tienen derecho a recibir servicio de las autoridades de Baleares si su lengua materna, además de oficial y común a toda la nación, es el español? Cuando una persona de las características aludidas recibe el folleto correspondiente a la mencionada campaña, necesita hacer un esfuerzo adicional para entender lo que en él se aconseja, si es que puede llegar a entenderlo. Por lo tanto, no recibe servicio de la Administración en igualdad de condiciones con respecto al ciudadano catalanohablante que sí ve justamente satisfechos sus derechos: es, por consiguiente, un ciudadano de segunda.

Si los responsables de la campaña ignoraban esta posibilidad, deben dimitir por incompetentes. Si no la ignoraban pero consideran que la principal misión de las autoridades de las Islas Baleares es forzar a sus habitantes a aprender catalán, y colocan este objetivo general por encima de los que marcan el sentido común y la propia iniciativa de sensibilización, deben dimitir por sectarios. Si la consejera Costa y el director general Amengual, en fin, no entienden que las lenguas están al servicio de la comunicación y sin este sentido no tienen ningún otro; que ni el catalán ni el español pueden estar por encima de las necesidades formativas y de seguridad de los ciudadanos; y que es una grave irresponsabilidad poner en riesgo a un solo menor porque sus padres no hayan entendido la información que se les da en una lengua que desconocen, siendo la suya igualmente oficial, entonces, sin ningún género de duda, deben dimitir por indignos. Nada nos sorprende ya, dado que toda la señalética en nuestras calles es monolingüe, incluso en casos en que no entender las instrucciones supone un riesgo para el usuario, o bien una sanción evitable sólo con haber entendido un texto. Pero no podemos dejar de insistir en lo absurdo de que en pleno siglo XXI inspire la acción de nuestros gobernantes una mitología identitaria de estirpe herderiana, enemiga de la razón y de la eficacia y que en cualquier otro lugar de Europa estaría perfectamente clasificada como de extrema derecha: sobran los ejemplos. Mientras haya ciudadanos de segunda en España, mientras haya españoles cuyo derecho a la seguridad -o a la educación, o al trabajo, o a la sanidad- se considere menos importante o se proteja menos que el de otros con motivo del idioma que hablan, sea éste el que sea, seguiremos denunciándolo. Periodista Digital. España Liberal.

15 octubre 2009

Los demagogos acechan

Bajo el título "Berlusconi a la balear" publica el señor Miquel Payeras una columna (UH, 10-10-2009) en la que advierte del riesgo de que, ante el descrédito de Zapatero por su gestión y de los políticos en general por el fenómeno de la corrupción, aparezcan "formaciones antisistema". "Ante el hundimiento de la credibilidad de los partidos políticos institucionales, los demagogos acechan", afirma en un ladillo. Según él, Baleares sería campo abonado para "salvadores" que "encanten suficiente gente como para sacar cabeza en las instituciones". Los "acomodados políticos institucionales" serían responsables de crear "las condiciones para que nazca [un Berlusconi] a la balear". Y todo ello lo encarna en el fenómeno UPyD.

El señor Payeras debe pertenecer a esa raza privilegiada de periodistas con acceso a la ciencia infusa; porque, si no, no se entiende que haya formado opiniones tan firmes acerca de UPyD, dado que el número de veces que se ha dirigido a miembro alguno de UPyD con el fin de contrastar sus prejuicios con la realidad es exactamente cero. ¿Se cree el señor Payeras con derecho a insultar a los cientos de miles de ciudadanos españoles que ya en varios comicios han depositado su creciente confianza en Rosa Díez y su partido, máxime cuando, según nuestras evidencias, salen hasta el momento del sector más liberal, más instruido y más informado de la sociedad española?

En algo estamos de acuerdo: los políticos tradicionales son responsables del enorme deterioro de nuestra democracia. En lo que no coincidimos es en la solución: ¿quién nos ha de sacar del lamentable estado de cosas en que nos encontramos? ¿Esos mismos políticos profesionales que recuestan sus poltronas en el derroche público y en corruptelas que intentan disimular con la complicidad de todos los partidos que el señor Payeras llama "institucionales", y que pretenden no cambiar nada mientras puedan seguir ordeñando el sistema? ¿O más bien un partido de voluntarios de la política que propone, por ejemplo, la reforma electoral y las listas abiertas para que todos los votos valgan lo mismo y los elegidos respondan de su actuación ante el ciudadano y no ante su ejecutiva; la limitación de permanencia en los cargos; la elección directa de cargos unipersonales como alcaldías y presidencias autonómicas; la reforma del poder judicial y de la fiscalía para posibilitar su independencia con respecto a los partidos; la reforma de la educación para forjar ciudadanos de provecho y trabajadores cualificados en empresas competitivas; la igualdad de derechos de todos los españoles...? ¿Estos objetivos son demagógicos, son antisistema? ¿O son más bien expresión del sentido común que reside en una gran mayoría de los españoles y que ningún partido a excepción de UPyD había ofrecido? ¿No son mucho más nocivos para el sistema los partidos que toleran que una banda de trapisondistas de medio pelo a la que hasta anteayer criticaban por corrupta arbitre a su antojo la política (por llamarla de algún modo) local, insular y autonómica, llegan a venderle lo que sea necesario con tal de permanecer en el poder y llaman a eso "pacto por la gobernabilidad"?

¿No serán demagogos más bien quienes prefieren la pervivencia de un sistema viciado a que un movimiento cívico lo reforme para que funcione? ¿A qué tiene miedo el señor Payeras? ¿Por qué, según él, UPyD "encanta" a unos votantes supuestamente incautos? ¿Es acaso mejor el procedimiento de comprar el voto mediante prebendas y subvenciones? ¿Armengol y Antich no siguen honrando a ciertos piratas de la política, pese a todas las deslealtades, con la dignidad inmerecida de interlocutores y socios? ¿No es cierto que el gobierno de Baleares lleva dos años vegetando sin más influencia sobre la sociedad y la economía de las Islas que su enorme y prescindible despilfarro y un lamentable ejemplo de cómo no se hacen las cosas? ¿Por qué los grandes empresarios, los profesionales de prestigio, los líderes de la sociedad civil, como los ciudadanos en general, expresan en privado el enorme desprecio que les inspira una clase política balear mediocre, carente de ideas y de escrúpulos, con la que tienen que lidiar a diario? ¿El espectáculo que los partidos del Pacte están dando estos días es a ojos del señor Payeras más digno, menos berlusconiano que el diario y silencioso trabajo de UPyD? ¿Tiene que tener UPyD algún complejo ante semejante panorama?

Que un columnista se permita tildar a UPyD de partido demagógico o antisistema, por haber osado proponer -con convicción, desde el más riguroso respeto a los principios democráticos y en consonancia con la sensibilidad de una enorme número de ciudadanos- la remoción de una casta política reprobable y la reforma de unas instituciones que no funcionan, tiene tanto fundamento como que yo llame a cualquier columnista que me fastidie plumífero paniaguado: ninguno. Lo que sí tiene sentido es que se debatan las ideas, y no las etiquetas, y así invito al señor Payeras a hacerlo. Pero para debatir hace falta que dos quieran. Descalificar es mucho más fácil. Última Hora. Periodista Digital.

10 octubre 2009

La democracia en UPyD y en los partidos viejos

Los ciudadanos asisten atónitos al espectáculo que estos días da el Partido Popular de Baleares frente a la circunstancia de tener que elegir un presidente para su agrupación palmesana. En pocas palabras: uno de los candidatos quiere que voten todos los afiliados y el otro defiende que los afiliados escojan una serie de compromisarios y éstos a su nuevo líder. También en pocas palabras: el sufragio universal libre garantiza que los afiliados manifiesten su voluntad sin intermediarios, mientras que el sistema de compromisarios favorece que la cúpula de un partido tergiverse esa voluntad colectiva mediante el cambalache de prebendas entre individuos y familias territoriales y/o clientelares, de modo que la cúpula pueda controlar el desenlace de las elecciones a través del viejísimo procedimiento del do ut des. Entre el método de los compromisarios y el aplicado recientemente por el PP de Calvià, en el que todos sus afiliados han podido expresar su deseo y verlo cumplido, el ciudadano sabe muy bien cuál es el más democrático.

Pero, al fin y al cabo, uno contempla estos hechos como lo que son: anécdotas de un partido ajeno (a uno mismo pero también a la ciudadanía) que no va a mudar sus modos si no es por conveniencia coyuntural. También el PSOE ensayó en alguna ocasión las elecciones primarias, pero hay que decir que los políticos profesionales se desengañaron muy pronto de aquella novedad: no garantizaba a la cúpula dirigente un control suficiente de todo el proceso. Hoy, el sufragio universal, las listas abiertas y la participación son en los partidos tradicionales sólo un recuerdo -si acaso lo son- en todos sus niveles y estructuras territoriales. Los ciudadanos conocen la exigencia constitucional de que los partidos tengan un funcionamiento interno democrático, pero muchos se han resignado a que en esto, como en tantas otras cosas, la Carta Magna sea papel mojado.

Por ello llama tanto la atención el poco eco, tal vez debido a una incredulidad lógica, que recibe el proceso electoral iniciado este mes en Unión Progreso y Democracia con motivo de la celebración a finales de noviembre de su primer Congreso, en el que se renovarán todos sus órganos y se enmendará y definirá la ponencia política que orientará su acción al menos en el próximo trienio. En muchos lugares de España se han celebrado ya elecciones para delegados a ese Congreso, y en breve se cierran a nivel nacional y se publicarán sus resultados. Los militantes de UPyD han leído las propuestas de los candidatos, los han escuchado en asamblea y han escogido mediante listas abiertas y voto secreto a los que de entre ellos han merecido mejor su confianza. Fue enormemente satisfactorio escuchar en la asamblea que a tal efecto se celebró en Palma el pasado fin de semana a algún militante cuando pedía una papeleta para sustituir la que traía ya rellena de casa, "porque he escuchado a esta chica y me ha gustado mucho". Democracia en estado puro, con consecuencias impensables en los partidos viejos, como la sorprendente elección de alguna candidata prácticamente desconocida entre la militancia, sólo gracias al poder de las ideas y de la persuasión. Consecuencias impensables en unos partidos en los que la espontaneidad, la sinceridad y la apelación a los principios y no al interés como motor del sufragio pasaron a mejor vida ya hace demasiados años.

Las listas abiertas son sólo una de las medidas que UPyD propugna para promover una mayor calidad de nuestra democracia, junto con la sustitución de la circunscripción provincial por la autonómica o, como defendemos muchos, por la circunscripción única que se corresponde con el carácter nacional del Congreso de los Diputados, medidas que respectivamente permitirían una mayor autonomía de los representantes electos con respecto a las ejecutivas partidarias y, por tanto, una selección más democrática; y la igualdad efectiva de todos los votos, de manera que fuese imposible que, como sucede hoy, el PNV multiplicase por seis el número de escaños de UPyD habiendo recibido menos votos. La superación de esa democracia pobre, meramente formal, alcanza todos los niveles internos del partido: en nuestro Congreso de noviembre, los delegados elegirán por el mismo procedimiento de lista única abierta a los 150 militantes que formarán en adelante nuestro órgano deliberativo, el Consejo Político, sin que a estos efectos sea relevante la comunidad de procedencia de los candidatos, como creemos que corresponde a un órgano nacional. Todos los afiliados, y no sólo los delegados asistentes al Congreso, votarán mediante sufragio electrónico directo al equipo que dirigirá el partido en los próximos años desde el Consejo de Dirección, a través de tantas candidaturas como los afiliados deseen, pues, a diferencia de lo que sucede en otros partidos, en ninguna de las fases de esta renovación orgánica se exige a los aspirantes firmas ni aval alguno. Resulta evidente la diferencia con los procesos pseudoelectorales en los partidos viejos, que casi invariablemente se resuelven a voluntad de sus respectivas cúpulas mediante la designación directa o la mediatización por compromisarios. Tan evidente que la mera posibilidad de que cunda el ejemplo hace que algunos prefieran silenciar o desvirtuar los hechos. Pero los hechos son tozudos, y quienes nos embarcamos hace ya dos años en esta aventura de regeneración democrática, también. Periodista Digital. El Mundo-El Día de Baleares. España Liberal.

29 septiembre 2009

La España subvencionada

[por Juan Luis Calbarro y Julián Ruiz-Bravo]

Cuenta Simon Ward en su libro Chester. A History que en 1849 el reverendo William Massie fundó en aquella ciudad del norte inglés la Sociedad Arquitectónica, Arqueológica e Histórica. Además de recopilar restos romanos y promover la restauración del hermoso entramado urbano de la ciudad, Massie se esforzó por extender la afiliación a la entidad, además de los arqueólogos, clérigos y arquitectos de rigor, a damas, tenderos, oficinistas y artesanos. Aquellos ciudadanos, que entendieron la creación de un centro investigador como un importante activo para su comunidad, financiaron con sus cuotas una aventura que llega hasta nuestros días. La consecuencia es que Chester es hoy una de las ciudades del mundo que mejor han puesto en valor los restos arqueológicos de que disponen, convirtiéndolos en el eje de una magnífica política urbanística y una mejor política turística. Chester es una ciudad próspera gracias a la pujanza de su sociedad civil.

En España, el asociacionismo es una suerte de ventanillismo cutre: una aventura que sólo se emprende si hay perspectivas de ordeñar el erario público. ¿Que uno quiere fundar una sociedad arqueológica? Pues antes de nada habla con el concejal y con el consejero del ramo para saber si la financiarán. ¿Que queremos montar una asociación de vecinos o una ONG? Pedimos subvenciones. ¿Sindicatos? El Estado se ocupa, vía "cursos" y subvenciones varias... ¿Que uno quiere organizar una patronal? Pues, paradójicamente en organizaciones que suelen alardear de liberalismo, igualmente consideran a las administraciones públicas obligadas a proporcionarles "ayudas". ¿Que hay que hacer teatro? Pues a las administraciones les piden dinero -en forma de becas, premios o subvenciones- el autor, la compañía, el dueño del local, los montadores y hasta el público por ir a verlo, porque todo el mundo da por hecho que la cultura, sin dineros públicos, no sobrevive. ¿Que uno quiere publicar un diario? Hay que muñir la publicidad institucional. ¿Que uno quiere, en general, ganarse la vida? En España contamos el doble de funcionarios que en Alemania, pese a que ésta duplica la población de nuestro país: es una manera de subvencionar la existencia, aunque sea a costa de la eficacia y de la libertad.

El penoso resultado es que, en España, las asociaciones no pueden liderar ni defender nada digno, y que una buena parte del tejido empresarial está imbuido del mismo espíritu. Las asociaciones vecinales y las oenegés están fuertemente politizadas, es decir, son esclavas de los partidos que corren con los gastos. El teatro y el arte en general (no hablemos del cine) están en absoluta decadencia, porque en lugar de seguir el buen ejemplo anglosajón persistimos en el muy mediterráneo error del mecenazgo a la romana y las loas al cacique; la mayor parte de los artistas son seres perfectamente lejanos al libre pensamiento, y a veces incluso al pensamiento. De los sindicatos qué les vamos a contar que no sepan todos los españoles: nadie cree ya que defiendan los intereses de los trabajadores, como sin duda se preocuparían de hacer si dependiesen exclusivamente de las cuotas de sus afiliados... Y de la prensa sabemos que sirve los intereses de los grandes grupos mediáticos y, por tanto, de los partidos que conceden televisiones, radios y publicidad institucional. Caso aparte es el de las editoriales en catalán, vasco y gallego, que han renunciado por entero a los ingresos procedentes de sus nulas ventas a cambio de pingües subvenciones, porque -salvo excepciones- han preferido el negocio cutre de editar en catalán al pundonor profesional de editar calidad; como si lo uno fuese incompatible con lo otro. Y especialmente sangrante el de las asociaciones de "defensa de la identidad" como la Obra Cultural Balear y demás parásitos que recaudan los dineros del Estado para combatirlo, con la complicidad de nuestros políticos autonómicos y locales de todos los partidos. España es un país inexplicable. ¿Y adónde puede ir a parar España con este panorama disparatado? Resulta evidente que al estado vegetal que tanto conviene a nuestros socios y rivales europeos. Es necesario ponerle de una vez por todas la tapadera a este terrible pozo sin fondo porque, aparte el ingente gasto que hace descansar sobre las espaldas de los contribuyentes, ha demostrado escasos resultados adicionales.

La fe en este simulacro de asociacionismo, cuya única eficacia real se refiere a la correcta canalización de las prebendas, tiene mucho que ver con la religión; dejar, por tanto, de justificar semejante océano de subvenciones, absolutamente impropio de las sociedades fuertes que confían en sí mismas, debe formar parte de cualquier aproximación laica a la política. Y la sangría que supone para los bolsillos de los contribuyentes podría detenerse si un gobierno sin complejos tomase sólo unas pocas determinaciones: primero, la de que toda organización que solicite subvenciones justifique previamente una autonomía financiera fuera de duda; segundo, la de que toda subvención se limite a un porcentaje a estudiar (tal vez un tercio como máximo, y con las excepciones que el sentido común determine) del coste total del proyecto subvencionado; tercero, la de que la ejecución de todo proyecto subvencionado sea objeto de inspección periódica (cierta y estricta, no el chiste que hoy muchas veces se les aplica en los ámbitos autonómico y sobre todo local) por parte de la administración implicada; cuarto, la de que ninguna subvención se justifique en virtud de la lengua vehicular del proyecto ni haga de ella requisito para su concesión, de igual manera que no se hace tal con la religión o la raza. La enorme cantidad de recursos que quedarían liberados en España si se procediese de esta manera permitiría costear desde las mismas administraciones centros de investigación y servicios sociales cuya efectividad sería muy superior a la de la abrumadora constelación de oenegés y otras mediocridades que padecemos. El Mundo-El Día de Baleares. Periodista Digital.

24 septiembre 2009

El regidor cantor

El regidor de Educación y Festejos del Ayuntamiento de Mahón, Joan Carles Villalonga, ha insultado pública y repetidamente a SAR la infanta Elena y a SM el Rey de España en una canción que bien podría registrarse como uno de los más insignes monumentos de los últimos tiempos a la estupidez y al mal gusto. La presunta canción (he tenido la paciencia de escucharla y leer su letra) es muy mala, pero sobre todo es grosera: palabras gruesas para la risa fácil. El argumento que justifica la injuria según Villalonga y su colega Àlex Villeyra, que se declara coautor de la "broma", es que no existe afán injurioso, sino sólo jocoso, y que todo ello "entra dentro de los límites de la libertad de expresión". El PSM, formación a la que pertenece el edil y "activista cultural", pide respeto a su "libertad creativa".

Con ello se demuestran varias cosas. Una, que en España cualquiera puede llegar a concejal de Educación. Otra, que en España injuriar públicamente puede no ser ya delito, sobre todo si el injuriado pertenece a la familia del Rey y el injuriante a un partido separatista. En tercer lugar, que los fiscales en España deben tener cosas más importantes que salvaguardar la dignidad de las instituciones de la Nación y el derecho al honor de las personas, de la misma manera que los responsables políticos ignoran qué cosa sea eso de la responsabilidad y de los compromisos adquiridos con todos los ciudadanos. Por último, que el sentido del humor de los nacionalistas es como su discurso político: agresivo y excluyente.

Pese a que, al parecer, tales antecedentes y el uso de mi libertad creativa y de expresión en este texto me autorizarían a ello, me niego a calificar públicamente al regidor Villalonga en los términos que merece; yo sí estimo el decoro. Eso sí: me parece obligatorio llamarle zafio e irresponsable, así como sugerirle al alcalde de Mahón que, si tiene alguna vergüenza, lo destituya. Última Hora Menorca. Periodista Digital.

16 septiembre 2009

Ya éramos de UPyD en 2000

Repasando una correspondencia vieja con un viejo amigo y correoso polemista, he encontrado una carta fechada en Zamora el 17 de abril de 2000 en la que replicaba a mi querido corresponsal, que me había reprochado mi abstención en las anteriores elecciones, en las que Aznar había conseguido su segundo mandato con mayoría absoluta. Los argumentos que entonces di a mi amigo para justificar mi renuncia al sufragio hoy me sorprenden por su actualidad e, incluso, me han emocionado un poquito porque me devuelven viva la voz de un elector frustrado -yo en este caso-, uno cualquiera de los muchos que ya hace una década repudiábamos esta falsa democracia y estábamos convencidos de la necesidad de un partido como el que hoy encarna UPyD. Transcribo a continuación lo más significativo de los párrafos que dirigí a mi amigo, sin añadirles nada:

"Votar hoy en Zamora (y en el resto de las circunscripciones no es distinto) significa que, aunque tú sepas que existen personas mucho más dignas, preparadas o, simplemente, simpáticas, tendrás que conformarte con votar a los tres caciquillos de una nómina exclusiva, perrillos falderos de la cúpula del partido que ésta ha colocado en listas cerradas y bloqueadas para agradecerles los servicios prestados y en la seguridad de que en las cámaras votarán al dictado y nunca molestarán a los que mandan, pese a saber que en Zamora todo el mundo, incluido algún juez que ya emitió sentencia, los conoce y conoce los negocios que llevan años haciendo a la sombra del poder o las putadas que han hecho desde sus empresas a los ciudadanos. Votar hoy significa que sólo las regiones con sensibilidad particularista y partidos que sepan manipular ésta tienen representación parlamentaria de facto como tales regiones, sobredimensionada además por el absurdo sistema de circunscripciones electorales provinciales. Votar hoy significa que el férreo control de los grupos parlamentarios por quienes designan a sus miembros se traduce en que los diputados y senadores no sirven a los ciudadanos sino a las cúpulas de los partidos [...]: la representación de los ciudadanos a que obliga la más elemental teoría constitucional no existe. Votar hoy significa que nada va a cambiar en el sistema político, porque para ser diputado hay que ser previamente designado candidato, y para ello hay que ser servil y no cuestionar demasiadas cosas (conoces la cita ya clásica en cualquier manual de teoría política contemporánea: “el que se mueva no sale en la foto”; y es certísima). Votar hoy significa aceptar campañas electorales despilfarradoras y destinadas a primates, votar sin debate previo, votar sin esperar que tenga consecuencias. Si algo significa votar hoy, será únicamente echar carburante a las máquinas de ganar votos de los partidos, satisfacer sus necesidades de cuota de poder y, en última instancia, hacer posibles los designios de [...] quienes directa o indirectamente financian a los partidos y controlan realmente su política, puesto que las promesas electorales no vinculan a los candidatos elegidos ni su compromiso lo es con la ciudadanía. ¿Acaso esto se puede llamar democracia? La voz del pueblo no llega a las Cortes. Votar hoy significa ser cómplice del asesinato de Montesquieu y aceptar un sistema viciado.

"Aún así, yo votaría si alguien [...] presentara en su programa un propósito de enmendar estos vicios, aunque no fueran todos ni la mayoría de ellos. A un partido que propugnase un nuevo sistema electoral en que se convocasen, mediante listas abiertas, elecciones por circunscripción única para el Congreso y por circunscripciones autonómicas para el Senado, para que la representación territorial fuese genuina, y del mismo modo y a escala para las elecciones regionales [...]; en que se exigiera por ley un funcionamiento democrático de los partidos y algo semejante a las elecciones primarias para elegir a los candidatos fuera obligatorio y vinculante; y en que los gastos electorales estuvieran muy limitados por ley y fueran absolutamente transparentes. Sí votaría a un partido que planteara una reforma de la Constitución para cerrar el diseño regional de España: un estado federal equitativo y solidario, con competencias fijadas y financiación preestablecida para el gobierno central y los autonómicos, para el Congreso y para un Senado realmente y no vergonzantemente autonómico; un estado, por tanto, no sometido a una permanente negociación que desangra el erario, impide el progreso de las regiones sin tribu nacionalista que toque las pelotas y, sobre todo, evita cerrar de una vez por todas un concepto de España consensuado y aceptado de buen grado por todos. A un partido que propusiera una separación real y no nominal de poderes: que no hiciese depender de las cúpulas de los partidos el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial ni del fiscal general, ni tampoco de los miembros de las cámaras legislativas. A un partido que se replanteara las relaciones del Estado con la Iglesia [...]. A un partido que fijase sus objetivos no a nivel europeo y mercantil, sino global y solidario (no he dicho caritativo), y que encarase dignamente el problema de la extranjería. A un partido que cuestionase el consumismo que nos devora y que ensucia los fenómenos de masas con todo lo deleznable que rodea al fútbol y otros deportes [...] y a la televisión [...]. A un partido que, en fin, abandonara la conveniencia electoral inmediata y la hipocresía que ésta conlleva y asumiese la misión histórica de proclamar el reino de la Ética, de modernizar España desde sus raíces y de no conformarse con un barniz europeo y moderno que se cuarteará tan pronto como la economía marche peor que hoy.

"[...] Pero los partidos, por desgracia, medran en la partitocracia y dudo mucho que los políticos tradicionales vayan a hacerse el haraquiri en favor de la democratización del régimen. Yo no quiero un gárrulo mesías como Jesús Gil ni una revolución popular que no es posible ni conveniente. Quiero que un partido de gente moderada y eficaz (como son o podrían ser efectivamente las cúpulas del PSOE y del PP) renuncie al electoralismo y al juego del poder sin principios y desee de verdad dar un salto en la libertad política de los españoles. Lo que más me jode es que no estemos aprovechando un período de amplias libertades, de bonanza económica y de estabilidad política como nunca hemos disfrutado para formar a la ciudadanía en una democracia auténtica, desarrollar las reformas necesarias y apelar de forma inteligente a la solidaridad y no a la caridad; porque ahora nos adormece el bigotudo arrullo de las sirenas (“¡España va bieeeen!, ¡España va bieeeen!...”), pero cuando España vaya mal, todos nos daremos cuenta de pronto de que esto no es una auténtica democracia y entonces no habrá recursos ni paciencia para afrontar los cambios."


¿Es o no es sorprendente...? Periodista Digital.

07 septiembre 2009

Cómo hacerle la vida imposible al ciudadano

De acuerdo con los planes del Ayuntamiento, la Avenida Picasso de Palma ha quedado intransitable. Lo han conseguido. En una zona donde se amontonan los colegios, los padres con carrito de niño o que quieran llevar un niño de cada mano lo tendrán difícil para pasar por la acera, lo mismo que una pareja que quiera ir cogida de la mano; porque no cabrán. No se podrá aparcar en doble fila a la hora del colegio, como se venía haciendo con la comprensión de la Policía Local, ni se podrá aparcar de ninguna manera en varios tramos; por todo ello, cientos de familias sufrirán trastornos insoportables. El carril bici cruza a menos de un metro de la salida de niños de infantil de San Cayetano, con peligro evidente. La masa de arbolado sano destruida por estos supuestos ecologistas ha sido enorme, por no hablar de que los minúsculos alcorques que supuestamente acogerán la vegetación que ha de sustituir los árboles arrancados invaden prácticamente el carril bici por un lado y la calzada por el otro, por lo que su mantenimiento tendrá que ser frecuentísimo y exhaustivo para que no estorbe el tránsito. Picasso es, por último, vía prioritaria de acceso para Son Dureta y para el cuartel de bomberos de Sa Taulera; no será la primera vez que un guardia corte el tráfico por ella para dejar pasar una ambulancia con urgencia... Ahora, en ciertos puntos será imposible apartarse.

La alcaldesa socialista y sus socios radicales creen que pueden modificar los hábitos de varios cientos de miles de personas a su voluntad. Ellos son los que saben cómo deben moverse los palmesanos por Palma y por tanto nos lo imponen sin consultar a nadie. En el barrio citado el asociacionismo vecinal es débil y nadie ha protestado muy alto; y si hubiera protestado alguna asociación de vecinos, el Ayuntamiento habría actuado como ha hecho en otras ocasiones: en vez de parlamentar, habría promovido (maneras hay) una asociación afín y habría desmontado la oposición pagando publicidad en los medios, como hizo antes de acometer la destrucción de la calle Blanquerna. Los ciudadanos deberían conocer la ínfima calidad de los llamados informes con que el Ayuntamiento documenta estas obras, encargados sin concurso público a empresas a las que pagan dinerales para que intenten dar un barniz técnico a sus empeños, duplicando funciones para las que el Ayuntamiento tiene en plantilla infinidad de funcionarios...

Algún día tendremos que pasarles la factura de todos estos desmanes. Porque nadie niega que el carril bici en abstracto es una idea atractiva; lo malo es querer imponerlo donde no es viable, a costa de la vegetación existente, sin que apenas existan usuarios potenciales pero perjudicando con toda certeza a miles de viandantes o conductores y, en definitiva, creando más problemas de los que resuelve. A diferencia de Amsterdam o Copenhague, Palma es una ciudad en la que apenas hay ciclistas, porque hay pendientes, reinan el calor y la humedad y la gente no puede llegar al trabajo con la ropa empapada de sudor después de echar el bofe subiendo y bajando ciertas cuestas. Pero, sobre todo, los ciudadanos agradeceríamos mucho que el Ayuntamiento consultase a los usuarios de las vías que pretende modificar. Los políticos buscan soluciones de consenso que se adapten a la realidad para mejorarla; los iluminados, en cambio, tienen su propia idea de cómo tiene que ser la realidad: ¿para qué van a reflexionar sobre cómo es realmente y sobre cómo desean sus habitantes que sea, si además éstos son unos ignorantes y seguramente todos de derechas? Eso sí: si alguien me dice que ha visto a Aína Calvo ir en bici por las mañanas al Ayuntamiento, le invito a unas cañas... Periodista Digital. Última Hora.

23 agosto 2009

Honduras en la encrucijada

El caso de Honduras es un caso ejemplar de confusión mediática. Es casi imposible saber con certeza todo lo que sucede en aquel país, porque tanto los organismos internacionales implicados como los medios de prensa (ha habido alguna excepción loable en el caso español: La Vanguardia) han caído en una dinámica maniquea que resulta difícil eludir. Y, sin embargo, todo esfuerzo invertido en aclarar la situación es poco, porque en ello se juega el futuro de los hondureños. Cuando el presidente Zelaya fue depuesto y expulsado del país, mi partido, UPyD, al igual que casi todas las fuerzas políticas españolas, condenó lo que los medios llamaron "golpe de estado" y pidió el restablecimiento del orden constitucional. Desde un primer momento me llamaron la atención dos cuestiones.

Primero, que una gran mayoría de comentaristas obviaban o minimizaban en su análisis el hecho de que Manuel Zelaya, haciendo caso omiso de los dictámenes y resoluciones en contra de numerosas instituciones públicas y privadas (Congreso de Diputados, Corte Suprema, Colegio de Abogados, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral, Comisión Nacional Anticorrupción, partidos políticos, Iglesia Católica, iglesias evangélicas), estaba resuelto a practicar una reforma constitucional que le permitiese repetir mandato contra lo establecido con todo rigor en la misma Constitución de la República de Honduras: "El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública." Se trata de una norma que para los demócratas hondureños ha sido y es garantía sagrada. Hay que decir que Zelaya es un populista que ha pasado de defender las tesis de un partido conservador a echarse en brazos de Hugo Chávez, lo que sólo se puede explicar por un afán personal por permanecer en el poder y sus privilegios más allá del interés común (de sus juergas privadas a cargo del contribuyente se ha escrito mucho); y que muchos hondureños le hacen responsable del muy notable incremento del narcotráfico y de la delincuencia asociada en connivencia con el gobierno de Venezuela: según denuncias de la presidenta de la Cámara de Comercio, Inés de Zablah, avionetas y lanchas cargadas de droga procedentes de esta república han arribado a Honduras a diario durante el mandato de Zelaya. Pero poco de esto se ha comentado por extenso en la prensa.

En segundo lugar, llamaba la atención que las autoridades de los Estados Unidos condenasen una acción contra un títere de Hugo Chávez ordenada por el parlamento y el tribunal supremo hondureños y ejecutada por su ejército, cuya oficialidad está formada en la Escuela de las Américas, célebre por proveer a los países al sur de Río Grande de mandos militares pronorteamericanos. Resultaba inexplicable que el general Romeo Vásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras y exalumno de dicha escuela, diese semejante paso al margen de la embajada americana. Algo no encajaba, aunque desde que Estados Unidos ha ido manifestando una mayor equidistancia en el conflicto todo empieza a parecer parte de un plan, como aseguran opiniones de izquierdas.

De cualquier manera, los movimientos internacionales de apoyo a Zelaya son jaleados por la prensa mayoritaria, y numerosos países cargan por la vía diplomática contra lo que llaman gobierno de facto. Aquí sí que la incoherencia alcanza un grado supino, que no obstante no extrañará a quien conozca los procesos mentales y conductuales de la progresía occidental: según su visión de las cosas, un gran movimiento de resistencia cívica ocupa las calles de Honduras y el gobierno de Roberto Micheletti, como informa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se excede en su represión, exagera el uso de la fuerza y viola repetidamente los derechos humanos de los manifestantes.

Por circunstancias personales mantengo contacto directo con residentes en Honduras, y los testimonios que de allá me llegan no certifican este cuadro. Muchos ciudadanos hondureños están indignados con la CIDH. Para empezar, el presidente de la OEA, José Miguel Insulza, es un chavista declarado. Forman parte de la mencionada comisión una venezolana que la preside (uno de mis corresponsales se pregunta por qué no investiga las violaciones de los derechos humanos que sí se dan en su país), un argentino y un chileno: proceden de tres países que forman parte del frente zelayista y han expulsado a los embajadores hondureños de sus países, por lo que la objetividad de sus conclusiones no merece mucho crédito. Al parecer, durante su visita a Honduras la CIDH se negó a recibir a doscientos empleados de cierta cadena de restaurantes que ha sido objeto de la violencia de los "manifestantes" zelayistas; algunos de estos empleados mostraban graves lesiones. Pero la CIDH aclaró en rueda de prensa que su misión sólo incluía la investigación de los abusos del gobierno de facto. En su versión, las "manifestaciones" en pro de Zelaya han sido pacíficas, pero los hondureños pueden contemplar todos los días en su televisor cómo los zelayistas, en lo que parece una estrategia de tensión, protagonizan quemas de restaurantes, coches y autobuses, destrozos en los escaparates de los comercios, palizas, cortes de carreteras, ocupaciones de colegios... Porque resulta que los "manifestantes", de los que se tiene la certeza de que están a sueldo de Hugo Chávez (según la policía, hay pruebas), impiden desde hace mes y medio que niños y jóvenes asistan a las escuelas para poder emplearlas como cuartel o dormitorio, con el consiguiente perjuicio para su formación. Mi informante, que es español y docente en Comayagua, me transmite la profunda vergüenza que les causa a él y a sus compañeros la decisión del gobierno Zapatero de unirse al frente zelayista y expulsar al embajador de Honduras en España para intentar debilitar la posición del gobierno de aquel país en su gestión de la crisis. Un diario de aquel país se pregunta hoy por qué España está intentando dirigir la política europea contra el gobierno Micheletti.

Los que defienden la causa de Zelaya afirman que las instituciones que lo destituyeron (el Parlamento, por ejemplo, le fue contrario por unanimidad a excepción de dos votos) no son democráticas porque representan a la oligarquía, y seguro que algo de razón llevan; pero desde luego no parece de recibo saltarse a la torera las normas comunes en nombre de los principios propios por justos que éstos puedan ser. Por otra parte, tampoco parece probable que el viraje chavista de Zelaya tuviera por objeto la reivindicación de los derechos del pueblo hondureño, dado que su policía, según el anuario de Amnistía Internacional, fue protagonista de diversos actos de violencia en 2008 . Mi opinión es que en España nos precipitamos al condenar el "golpe" y todos deberíamos, y UPyD en primer lugar, volver a debatir el asunto y adoptar una postura alejada del simplismo o la confusión de los primeros momentos. Hay un indicio infalible de que apoyar a la marioneta hondureña de Chávez es un error: Zapatero y Moratinos la apoyan. Y lo digo totalmente en serio. Periodista Digital.

20 agosto 2009

Fina en el país de las maravillas

Hace unos días entró en vigor la nueva Ley de Servicios Sociales de las Islas Baleares, que establece como necesidades básicas el alojamiento, la alimentación y el vestido. La consejera de Asuntos Sociales de Izquierda Unida, Fina Santiago, ha decretado el fin del hambre en Baleares. Cuando el Govern desarrolle la ley por medio del decreto previsto, en el que se catalogarán las prestaciones a que la ciudadanía ha de tener derecho, cualquier ciudadano podrá reclamarlas ante un juez, nos dice Fina Santiago. En el texto que ha divulgado para su promoción demuestra que hoy en España los políticos no cuentan con el espíritu crítico de sus votantes, sino con su credulidad. Mal vamos por ese camino, porque cuando se acaba la credulidad no queda nada en pie.

Ahora vamos a pasar de la realidad virtual a los hechos. Y los hechos nos dicen que esa ley no se ha presupuestado ni, con la actual bajada del 23% en la recaudación de impuestos por la CAIB debida a la crisis, parece que se vaya a presupuestar próximamente partida alguna para cubrir ese catálogo virtual. Más allá de la propaganda, ¿alguien cree posible que, en los tiempos que corren, un gobierno de ingresos mermados habilite una partida para unos gastos previsiblemente ingentes pero imposibles de cuantificar, como pueden ser los generados por comedores o viviendas sociales? No conocemos estudios, nadie sabe si el Govern ha echado unas cuentas solventes para predecir el impacto de semejante legislación en las cuentas públicas que, no lo olvidemos, son las cuentas de los ciudadanos. La ley nace, por tanto, marcada por esa visión improvisadora y propagandista que parece dominar la política de la España zapateril. Pero lo que la ley sí prevé claramente es la provisión de una serie de consejos y comisiones en todos los niveles de la Administración y un personal profesional especializado que multiplicarán el gasto público y la burocracia, dejando para la posterior reglamentación la forma de cubrir consejerías, comisiones y plazas de personal. Y aquí, no sé por qué, se me ocurre recordar el ejemplo de la Consejería de Agricultura, que se compone de un número de funcionarios superior al de los payeses que hay en las islas.

Pero vamos a suponer que este Govern no vive en un mundo fantástico, sino que por el contrario lo forma un equipo de gestores responsables, y que llega a catalogar un conjunto de prestaciones útiles y a presupuestarlas y ponerlas a disposición de manera realista y efectiva. Las Baleares serían así, como avanza la ufana consejera, la primera comunidad española en que esta política social adquiriese rango de ley y, por tanto, las prestaciones aprobadas y presupuestadas fuesen exigibles por cualquier ciudadano ante los tribunales. Vale, pero, ¿qué ciudadanos? La ley habla de "toda la población", incluyendo explícitamente -no podría ser de otra manera- a los nacionales de la Unión Europea y también a extranjeros residentes. En España hace muchos años que se nos ha olvidado que no es operativo legislar localmente aquello que nos afecta globalmente: el exministro Bermejo incurrió en un ilícito administrativo al utilizar una licencia de caza en una comunidad que no la había expedido, y ahora Fina Santiago legisla lo necesario para que Baleares se convierta en el refugio de los desfavorecidos de España y, es más, de la Europa sin fronteras. Entiéndaseme: si llegamos a la conclusión de que el Estado ha de cubrir todas las necesidades de todos los individuos (una concepción que personalmente estoy muy lejos de compartir), ¿no sería inteligente y responsable coordinar las políticas de todos los territorios cuyos ciudadanos puedan beneficiarse de esa conclusión? Fina Santiago hace, en el terreno de los servicios sociales y en su ámbito insular, lo mismo que a escala nacional hizo el presidente Zapatero con la regularización de inmigrantes que en sus primeros años decidió unilateralmente, es decir, sin contar con nuestros socios europeos a los que también afectaba el consiguiente efecto llamada. ¿Dónde querrían pasar sus lunes al sol los desfavorecidos de Suecia y Alemania sino en una hermosa isla mediterránea cuya administración cubriese todas sus necesidades? Si el requisito es estar empadronado en Baleares, ya preveo el consiguiente tráfico de empadronamientos; ¿o es que somos tan ingenuos que desconocemos lo que sucede con el empadronamiento de los inmigrantes ilegales a efectos del servicio de la Seguridad Social? Insisto: creo que no es realista extender esta cobertura vital al conjunto de la población, es decir, convertir al Estado en Cáritas (porque la caridad no es justicia social), pero, si tenemos la intención de hacerlo, lo responsable es llevarlo a cabo de manera coordinada: si en Valencia (o en Riga) no se puede exigir ante un tribunal cama y comida y en Palma sí, más de uno cogerá el barco de Palma y el Govern no tendrá previsto un gasto que estará obligado a efectuar. Otra cosa es que, como sugería antes, nos creamos que la ley va a ser aplicada de manera útil; pero la coherencia, la visión nacional y el respeto a la inteligencia y a las expectativas del ciudadano también son importantes.

Y, tras las consideraciones económica y social, me permitiré una reflexión política. La ley establece que será el propio Govern el que reglamentará la composición de las comisiones técnicas implicadas en el sistema público de servicios sociales. Esto, teniendo en cuenta esa pulsión totalitaria que caracteriza a nuestros gobernantes y que hace que la ley, por ejemplo, declare entre sus objetivos "promover la integración respecto de la identidad, la lengua y la cultura propias de esta comunidad" (o, dicho en cristiano, la exclusión del español también en los comedores sociales...), me hace pensar mal. ¿No recibirá el ciudadano un mensaje equivocado? Es decir: ¿a quién votará un individuo en situación social y/o sanitariamente vulnerable al que se le comunica: yo hago la norma que te va a dar de comer, yo establezco criterios y procedimientos, yo proveo el presupuesto y yo nombro a las personas que decidirán si cumples con ellos?

Desde el punto de vista legislativo, la nueva ley es un monumento a la palabrería y al intervencionismo; desde el punto de vista económico, una auténtica irresponsabilidad que ahonda en el atraco al contribuyente mientras se tiene la desfachatez de hablar de "expolio fiscal" y reclamar dineros a Madrid; desde el social, me temo que papel mojado; y, desde el político, propaganda de la peor especie. Y es que Francesc Antich y sus socios radicales son, ya lo sabíamos, eminentes representantes del zapaterismo. Lo triste es que ni siquiera el PP, que dice ser un partido liberal pero está maniatado por la corrección política y por su propia descomposición, se atrevió a votar en contra de este disparate llamado ley. Periodista Digital. El Mundo-El Día de Baleares.

11 julio 2009

Carta a un “disidente” de UPyD

Estimado J***:

Conforme pasa el tiempo, se hace más y más notoria la distancia que separa a las personas que se pusieron al servicio del partido para hacer política de las que desde el minuto cero pensaron en hacer del partido trampolín de su vanidad, terapia personal o qué sé yo. Hoy, mientras algunos os divertís en los blogs y en los foros chismorreando y poniendo apodos pueriles a Rosa y demás miembros del Consejo de Dirección, otros participan en la empresa política de mayor calado en España desde 1978. Y para ello algunos se dejan el pellejo (por no mencionar el número de horas de trabajo ni otros muchos sacrificios personales) en organizar la estructura territorial del partido, en formar grupos de trabajo especializados, en redactar y publicar documentos, en gestionar las relaciones con la prensa, en llevar a cabo campañas cuando toca y en prepararse para cuando llegue el momento de acometer las reformas que propugnamos. Entre tanto, en el ya viejo sector crítico (el mismo que en su día infectó gravemente Ciudadanos) seguís dedicándoos a lo de siempre, puesto que es gratis: criticar en Internet la “falta de democracia interna”, sobre la que al parecer sois los únicos que tenéis estudios fundados. El partido crece sin parar, hay un procedimiento establecido para participar y para ejercer la crítica constructiva y quien quiere lo hace: conoces a algún miembro del Consejo Político que en cierta sesión discrepó de la Mesa en sus mismas barbas y ganó una votación contra la posición defendida reiteradamente por Gorriarán, y hasta el día de hoy ninguna centella ha fulminado al osado. Debe ser porque discrepaba desde la lealtad al partido y el esfuerzo demostrado a diario.

Y en noviembre celebramos un congreso para definir entre todos, mediante un procedimiento democráticamente impecable e inédito en otros partidos, cómo va a ser UPyD en los próximos años. Pero no: algunos, ¡incluso aunque no sean militantes!, siempre se permitirán afirmar que no hay democracia interna si no se les hace caso; aunque suelan decir tonterías o ignoren algo tan sencillo de comprender como la necesidad del liderazgo y el respeto a las normas en todo grupo organizado, que no sólo no contradicen la democracia sino que estrictamente la hacen posible. Pero es que en este partido preferimos hacer caso a los que aportan ideas, a los que hacen política para adultos, a los que vienen con un proyecto bajo el brazo; y no a los que llevan años enredando de partido en partido sobre cuestiones puramente orgánicas e instrumentales y dando a todos lecciones de democracia (en definitiva, sobre cómo figurar ellos y no los demás), acariciándose los unos a los otros o a sí mismos en los comentarios de sus blogs, traicionando confidencias, mintiendo o equivocándose sobre devenires locales y anécdotas nacionales porque nunca supieron nada del partido sino a través de Internet, que es su reducto vital, inundando de spam los buzones, destilando durante horas y horas al día una verborrea cibernética que no reformará ninguna institución ni despabilará ninguna conciencia. Esto si pensamos bien; si pensamos mal, pensaremos que alguien promueve este insólito hormigueo de blogueros y foreros a destajo y que no se trata de personajes desequilibrados o inmaduros, sino más bien interesados.

Pero hay vida más allá de Internet. No son esta clase de críticos los que colocaron a UPyD en los parlamentos español, vasco y europeo, y la esperanza de un cambio en el corazón de muchos españoles. Ánimo: seguid a lo vuestro, que los demás seguirán a lo suyo. Nunca me comunico con este curioso gremio vuestro de los disidentes en la red si puedo evitarlo, porque hay formas mejores de perder el tiempo, pero a ti, ya que tuvimos una relación cordial, quería decirte que me decepciona tu actitud y que ahora siento haberte dado un día mi confianza, porque me parece que la eché en saco roto: en nada mejoró ni va a mejorar este hermoso proyecto.

Saludos. Periodista Digital.

17 junio 2009

Digerir el éxito electoral de UPyD

Si en el PSOE y en el PP están nerviosos con el ascenso demostrado por Unión Progreso y Democracia en las elecciones europeas, en las filas de los nacionalistas se puede hablar de rabia, cuando no de odio africano, tal vez porque sospechan que el único partido que se va a atrever a exigir en las instituciones el fin del delirio identitario (y, por tanto, el fin de su chiringuito privado con financiación pública) va a ser UPyD. Siento tener que señalar que en Última Hora, pasados los dos días en que el análisis de los resultados exige un tono más objetivo (del que, no obstante, no se han escapado comparaciones con Ruiz Mateos, identificaciones con la extrema derecha y otras zarandajas), los caballeros Josep Melià y Pere Muñoz dedicaron recientemente su sección “Mots creuats” a UPyD, haciendo gala de una agresividad injustificada.

Enumero las observaciones que Melià aplica a UPyD: “fenómenos populistas”; “aprovechar situaciones complicadas para capitalizar apoyos a través de apelaciones a los sentimientos más primitivos”; “cierta frivolidad” (y juro que Melià, contra lo que pudiera parecer, no se ha referido a Unió Mallorquina en ningún momento, como luego demuestra la siguiente cita); “mensaje antimallorquinista”; en fin, “se niega la pluralidad”. Acabáramos: los que prohíben el español como lengua vehicular en las escuelas y prescriben dos mil medidas y presupuestos desmesurados para la “normalización” del catalán son los que defienden la pluralidad, y los que hablamos de bilingüismo y de libertad, en cambio, negamos la pluralidad. Es que no hay quien entienda esto de la pluralidad; salvo Melià, claro.

A continuación los adjetivos de Pere Muñoz: “mensaje reaccionario y ultraespañolista”; “un partido que sólo puede debilitar al propio PP”; “radical y frentista”; “[Rosa Díez] ha ido cambiando de partido según su conveniencia y su ego”; “partidos homogeneizadores que parten de una visión de una España grande y libre”. Haber empezado por ahí, hombre: nos hubiese llamado franquistas desde el principio y se hubiera ahorrado tanta faramalla... Lo mejor de todo es que si estos señores se hubieran leído el ideario y el programa de UPyD sabrían que somos un partido que defiende una solución federal (lo cual no quiere decir caótica ni ineficaz), que no se compadece mucho con eso de “homogeneizador” ni con negar la pluralidad ni con nada…

Pero es que los señores Muñoz y Melià nunca se han puesto en contacto con nadie de este partido para saber qué es lo que pensamos. Jamás. Ignoro cómo han llegado a opinar que somos franquistas, ultraespañolistas, radicales, populistas, frívolos, etc., porque hablan de oídas; pero es que no hace falta más cuando uno no quiere informar, sino descalificar; cuando uno no hace periodismo, sino propaganda. Si efectivamente quieren tener argumentos y no sólo prejuicios, están –ellos como todos– cordialmente invitados a comunicarse con nosotros para saber, por fin, de lo que hablan cuando hablan de UPyD. Última Hora. Periodista Digital.

11 junio 2009

Cosas que se han dicho de UPyD

Es sabido que, tras cualquier proceso electoral, los actores del juego político emiten valoraciones tan diversas como lo son sus intereses. Es un tópico que, pese a que la lógica dice que sólo puede haber un ganador, todos los contendientes afirmarán haber ganado desde un punto de vista u otro y, así, todos contentos. Sin embargo, al observador minucioso no se le escapan los distintos grados de la celebración, ni los matices que la tiñen: confianza, frustración, conciencia ineludible del fracaso, miedo al futuro… UPyD hará su propia valoración la semana que viene, en sesión de Coordinadora Territorial con presencia también de nuestros responsables en Ibiza y Menorca, que han cosechado resultados magníficos. Entre tanto, resulta cuando menos entretenido constatar la confusión que impregna las valoraciones que de nuestro éxito hacen otras fuerzas políticas.

El PSOE lo tiene muy claro: nuestros votos proceden exclusivamente de la derecha. Si hiciésemos caso a la presidenta del Consell, Francina Armengol, de la “extrema derecha”, pues según ella eso éramos los que acudimos el 30 de mayo a la manifestación por la libertad lingüística. Afortunadamente, tenemos claro quién puede darnos lecciones, y no será una dirigente que lanzó críticas furiosas a Unió Mallorquina mientras estuvo en la oposición y, cuando accedió al poder gracias a los votos de esa misma formación, mantuvo en sus puestos a quienes eran responsables de graves ilegalidades (me refiero al director general Aguiar y al consejero Pascual) según varios informes que le constaban y, pese a que dichas ilegalidades y la pésima gestión le costaron a los ciudadanos un dineral, siguió manteniéndolos en sus puestos por no renunciar al sillón de presidenta: antepuso la permanencia en el poder a la coherencia, la justicia, la eficacia y la honradez. Ésta es la persona que pretende dar a UPyD lecciones de democracia; pero no nos dejaremos.

Si escuchamos a los dirigentes del PP, en cambio, veremos que no somos un partido de extrema derecha, sino de la más perversa izquierda. Rosa Estaràs ha tenido el poco rigor y la nula vergüenza de declarar que en UPyD somos partidarios del aborto (habría que preguntarle cuántas iniciativas contra el aborto impulsó Rosa Estaràs durante los ocho años del aznarato, por ejemplo, aunque ya conocemos la respuesta: ninguna) y que Rosa Díez no es de fiar porque “fue miembro del gobierno Ibarretxe y estaba de acuerdo con la inmersión en euskera”. Rosa Estaràs está desinformada o miente, tal vez porque piensa que somos los demás los que estamos desinformados, pero casi todo el mundo sabe que cuando Rosa Díez pertenecía al gobierno vasco PNV-PSOE (con Ardanza, no con Ibarretxe) el sistema de tres modelos lingüísticos (euskera, castellano y mixto) estaba dando sus primeros balbuceos en las escuelas del País Vasco: precisamente el modelo que queremos implantar desde UPyD también en Baleares, el de la libertad de elección entre las dos lenguas oficiales, aunque sin las trampas que en el País Vasco cercenaron esa libertad desde que salió el PSOE y entró Eusko Alkartasuna en el gobierno de Vitoria. Una simple visita a la hemeroteca podría sacar a la señora Estaràs de sus errores. ¿O será mala fe y realmente nunca le han interesado ni los hechos ni el debate sobre ideas, sino sólo arrojar basura?

De todos modos, ese proceder, que Rosa Estaràs ya empleó durante la campaña europea y que en UPyD hemos evitado mientras ésta duró, nos llevaría a, por ejemplo, afirmar que la valldemossina no es de fiar porque, por mucho que ahora hable de proteger a los castellanohablantes, pertenece al mismo PP que legisló con Cañellas el Estatuto y la Ley de Normalización y, con Matas, el Decreto de Mínimos que ahora sirve a los talibanes del PSM y de ERC para intentar cumplir sus sueños de una sociedad lingüísticamente pura. O que no es de fiar porque fue vicepresidenta del gobierno que ya es conocido como el presuntamente más corrupto de la historia de Baleares y sin duda le cabe responsabilidad política en aquel gigantesco saqueo del erario público en que consistió la legislatura Matas. ¿Quién resultará menos de fiar a los ojos de los ciudadanos mejor informados? ¿Rosa Díez o Rosa Estaràs? Se admiten apuestas.

En la misma línea, porque de bien nacidos es ser agradecidos, cierto personaje que pasa por escritor, periodista y chueta, pero no es ninguna de las tres cosas, se afana en publicar su esquizofrénica versión de que UPyD es un partido de izquierdas pero que, al mismo tiempo, suspira por incluir al alcalde de Calvià en sus filas. Da igual que tanto Carlos Delgado como UPyD lo hayan desmentido en repetidas ocasiones: ¿cuándo la realidad ha impedido a un correveidile cumplir con sus deberes…? ¿Es de izquierdas eliminar el gasto en empresas públicas superfluas, en departamentos de política lingüística que nadie necesita, en televisiones que nadie ve, en subvenciones a periódicos que nadie lee o a asociaciones que las usarán para vejar el nombre de España y, en cambio, orientar el gasto hacia políticas de empleo estable o mejora de las infraestructuras? ¿Es de derechas un concepto federal y laico de España? ¿Es de izquierdas o de derechas reformar la educación como eje de la regeneración política y económica de España? Yo se lo digo: ni de izquierdas ni de derechas, sino progresista. Lo malo es que entonces a algunos se les acabará la mamandurria, y ahí les duele.

Lo dicho: unos celebrarán los resultados de las elecciones con confianza en el futuro, con ideas propias y con el impulso de cada vez más personas progresistas que, cansadas de tanta mediocridad de derechas y de izquierdas, recalan en un proyecto realmente novedoso. Otros intentarán conjurar el pasado -que no pueden ocultar- y el futuro -que se han labrado a pulso- por medio de barniz, consignas y etiquetas. Como siempre, como debe ser, los ciudadanos decidirán. Periodista Digital.

25 mayo 2009

Pim, pam, pum

El Círculo Balear ha convocado para el sábado 30 de mayo una manifestación en Palma bajo el lema “Nuestras lenguas nos unen. Volem llibertat d’elecció”. El lema, bastante explícitamente, habla de unión, de libertad, de bilingüismo… De concordia. En ningún momento se apuesta por la exclusión del catalán, ni por el enfrentamiento. Hace unos días, sin embargo, los letreros del Círculo Balear han sido –por enésima vez– pintarrajeados por radicales, que han dibujado una diana y han escrito, entre otros insultos, el que debe ser su lema: “Jorge Campos, pim, pam, pum”. Los conocedores de la kale borroka saben qué significa este lenguaje.

No es de extrañar. Para empezar, vivimos en una España sectaria que tolera una campaña europea como la del PSOE, en la que sin dar argumento alguno se descalifica sistemáticamente al adversario y se le atribuye la alegría de sacarle partido a la crisis, el deseo de sembrar el miedo, la homofobia, el integrismo o la defensa de la pena de muerte. La misma España en la que el Gobierno es capaz de encargar a un organismo público como el CIS, que pagamos todos, que manipule una encuesta a su conveniencia, hasta el punto de que asigne un 13% a la abstención en los próximos comicios y ningún diputado al rival al que más parece temer, UPyD.

En esta España no es, por tanto, de extrañar que la jauría nacionalista eche a sus cachorros a amenazar impunemente al convocante de la manifestación del día 30: se encuentran inmersos en un ambiente sectario en el que se desprecia el debate, que ha quedado sustituido por el insulto; viven holgadamente de los dineros públicos, a través del empleo a dedo, la contrata pública o las cuantiosas subvenciones con que las instituciones locales, autonómicas y estatales engrasan la maquinaria de organizaciones antinacionales como la OCB; sus mayores, una vez que acceden a los cargos públicos, se comportan con una irresponsabilidad infinita, como Margalida Tous, directora general de Política Lingüística del Govern, cuando proclama públicamente el boicot a una gran empresa privada que no se pliega al delirio identitario, o como Joan Lladó, consejero de Interior del Consell de Mallorca, cuando aboga por la quema del Rey en efigie.

En esta España, digo, no es de extrañar el “pim, pam, pum” de los jóvenes nacionalistas: sus encorbatados seniors ya se han preocupado de prepararles la coartada. Entre ellos, especialmente los medios de comunicación que también viven del mismo triste estado de cosas a través de las subvenciones, la publicidad institucional y otros negocios televisivos a nuestra costa. Estos días califican la manifestación sistemáticamente como “protesta contra el catalán” (Diari de Balears, 23-05-09), o nos ilustran acerca de “guerras lingüísticas fomentadas por unos iluminados con el apoyo de la derecha más conservadora y anticatalanista” y “gente que se [escuda en la defensa del castellano] para atacar y mostrar su odio a la otra lengua cooficial” (Última Hora, 23-05-09, “La Galería”). No es periodismo, sino fraude al lector; pero se publica.

Jorge Campos me lo contaba una vez con una sonrisa amarga: “Nos llamaban fascistas mientras nos destrozaban la mesa informativa”. Alguien me dirá: son chiquilladas, nadie va a tomar en serio ese “pim, pam, pum”. Pues qué quieren que les diga: yo sí me lo tomo. Veo a unos señores hablar de unión, libertad, entendimiento y bilingüismo, usando las dos lenguas y un tono exquisitamente respetuoso y autofinanciándose su manifestación, sólo para que los acusen de sembrar el odio y los llamen fascistas. Enfrente, veo a una banda de facinerosos que causan destrozos y explícitamente insultan y amenazan de muerte en una sola lengua, la que infundadamente han decidido llamar “propia”; unos facinerosos a los que, por cierto, costeamos entre todos sus delirios y sus excesos vía impuestos, pero que, pese a todo, reciben de la prensa subvencionada el tratamiento de víctimas. Estas chiquilladas, convenientemente encauzadas y en determinadas coyunturas, pueden acabar en tragedia, como saben muy bien en otros rincones de España. Pero, sin llegar a tragedia, cualquier persona decente no puede sino condenar la violencia verbal y su efecto coactivo, máxime cuando se ejerce desde la cobardía, desde la seguridad que da la protección de los poderosos.

Sinceramente: la manipulación burda y desproporcionada de la realidad ya bastaría para que supiésemos por quién hemos de inclinarnos en esta contienda absurda: uno siempre tiende a tenerle simpatía a David contra Goliat. Pero si nos atenemos, como solemos hacer, a los contenidos de los mensajes, entre el mensaje de unión y la amenaza de disparo, algunos lo tenemos muy claro. Unión Progreso y Democracia se adhirió desde el primer momento a la manifestación del próximo sábado porque, si bien hay cosas que nos separan del Círculo Balear en lo ideológico, en la defensa de la libertad nos van a encontrar siempre codo con codo. Pero en este momento, cuando hay amenazas de por medio, unas amenazas que nos revelan lo que hay detrás de la mitología nacionalista y de la imposición lingüística (a saber: el totalitarismo más vulgar), a la adhesión política queremos sumar la adhesión personal y la solidaridad más fraternal para con quienes defienden los derechos de los demás arriesgando, cuando menos, su tranquilidad y la de sus familias. No están solos: todos estamos, con ellos, bajo esa diana y ese “pim, pam, pum”. Es un motivo más para manifestarnos el próximo sábado: a las 12 del mediodía, en el Borne, por la libertad. Periodista Digital. Baleares Liberal. Mallorca Actual.

24 abril 2009

Carta abierta a la Defensora del Espectador de TVE, con motivo de la exclusión de Rosa Díez y UPyD del programa "Tengo una pregunta para usted"

Estimada señora Sánchez Caballero:

Gracias por su amable contestación.

Según ella, los directores de TVE y de sus Servicios Informativos son los responsables de la programación de Tengo una pregunta para usted, y su criterio a la hora de escoger los invitados a ese programa es la adscripción o no a grupo parlamentario propio. Cuando uno cumple los criterios que ha establecido uno mismo se puede decir que uno es coherente, pero también que hace lo que le viene en gana. Eso es exactamente lo que está haciendo TVE: no invita a Rosa Díez a su programa porque no le viene en gana a sus responsables, o a quienes dirigen a sus responsables. Establecer como criterio de inclusión la pertenencia a un grupo parlamentario propio y no, por ejemplo y conociendo como conocen las peculiaridades de nuestro malhadado sistema electoral, el número de votos (en los que UPyD superó hace un año a PNV y ERC) o, mejor aún, la relevancia política, la novedad o la valoración ciudadana de sus líderes, parece indicar que TVE escogió deliberadamente el criterio que le permitía excluir a UPyD de su programa.

UPyD es un fenómeno político inédito en los treinta años de nuestra democracia. Independientemente de que se esté de acuerdo o no con sus postulados, el hecho de que un partido sin recursos económicos ni humanos más allá del voluntariado, que apenas aparece en las televisiones y que tiene menos de seis meses de vida consiga entrar en el Congreso de los Diputados y, un año después, más o menos en las mismas condiciones, en el Parlamento Vasco, parecería merecedor de atención periodística a cualquier profesional libre y desprejuiciado. Supongo que sabe usted que todo el presupuesto de campaña de UPyD para las generales de 2008 (es decir, 600.000 euros aportados exclusivamente por afiliados y simpatizantes) fue inferior al de una sola de las pantomimas que dieron en llamar “debates televisados” entre los candidatos Zapatero y Rajoy; inferior también al del buzoneo de un solo partido en una sola provincia, la de Madrid. Supongo también que conoce las expectativas de UPyD para las europeas, así como el hecho de que en varias encuestas Rosa Díez, pese a la novedad y escasa visibilidad de UPyD, ha aparecido como uno de los líderes políticos más valorados de España; en una ocasión, incluso, como la más valorada, por encima de los señores Rajoy y Zapatero. Creo que estas circunstancias harían a Rosa Díez y a UPyD acreedores a un trato ya no igual, sino preferente en los programas de índole política de una cadena seria de televisión, en un país políticamente serio.

Quiero remitirla al sinfín de artículos de opinión que columnistas de medios periodísticos de toda España (preferentemente digitales, es decir, los más libres) han dedicado a condenar este veto injustificable; a las plataformas creadas en la red a través de diversos blogs o de Facebook, cada vez más numerosas; a las numerosas protestas escritas que ha recibido TVE a través de este medio. Le recuerdo que no estamos pidiendo a los señores Fernández y Llorente, ni a nadie en particular, que voten a Unión Progreso y Democracia; les estamos sugiriendo solamente que, haciendo buen uso de nuestros impuestos, permitan al quinto partido de España en número de votos tener voz en un programa en el que se está dando voz a partidos antinacionales como ERC o PNV. De lo contrario demostrarán que el sectarismo interesado que impregna la política española ha calado también, definitivamente, entre los responsables de TVE. Ruego, por tanto, transmita a los señores directores de TVE y de sus SS. II. mi insatisfacción con sus explicaciones y de nuevo mi exigencia de que dediquen una edición del mencionado programa a Rosa Díez; y a usted, aun agradeciéndole sinceramente su respuesta, le ruego no considere una impertinencia por mi parte que le sugiera se plantee en serio el significado de su cargo y de su oficina, porque hoy nos parece a todos más la defensora de los directivos de TVE que la de sus espectadores. Periodista Digital.

09 abril 2009

Cachondo pero inexacto (algunas falacias)

Apreciado Josep:

Si saltea usted su discurso de imprecisiones, es normal que le salgan conclusiones erradas. Me refiero a su comentario a mi anterior post, que con acierto titula usted "Aunque no sea gracioso". Paso a detallar por qué hablo de imprecisiones, y aún me creo benévolo.

1. "Los anticatalán". No sé a quién se referirá usted, pero en la manifestación del 1 de abril yo no vi a nadie que odiase el catalán. Desde luego, le puedo asegurar que no es mi caso. Uso siempre que puedo el catalán, pero no espero recompensa por ello ni me siento mejor ni más integrado; simplemente me gusta, enriquece mi horizonte y pienso seguir haciéndolo por mucho que ustedes se empeñen en hacerme odiar una lengua que me encanta. Más bien somos "los antiimposición". Como ustedes cuando lo que se imponía en la escuela era el español: cómo cambian los tiempos, ¿eh? O las personas.

2. "Lengua propia". Este concepto político, porque lingüístico no es, no responde a nada que exista fuera de la mitología nacionalista, que atribuye personalidad a los territorios y, por tanto, les asigna lenguas propias, alma propia y hasta pecados y virtudes colectivas. A ver si nos enteramos: existen las lenguas maternas, las lenguas oficiales y las lenguas francas. Pero me parece que no se refería a nada de eso... El concepto de propio es excluyente, porque se opone meridianamente a lo impropio o ajeno... Y, en ese sentido, tan propio o tan ajeno es el mallorquín como el español, dependiendo de la persona de la que hablemos. Y desde luego tan oficial; y, lo que más importa, tan digno. Presumir de lengua propia es tan inaceptable como alardear del color de la piel: ni la una ni el otro otorgan la ciudadanía, mientras que usar cualquiera de los dos como seña de identidad es perfectamente arbitrario y conduce a la xenofobia.

3. "Se manifiestan contra el derecho a ser entendido en la lengua propia". Falso. El derecho a ser entendido en las dos lenguas oficiales ya está cubierto, porque todos los médicos de Baleares entienden el mallorquín: no se hagan los interesantes ustedes con su lengua, porque con eso no le hacen ningún favor. Lo que impone el Decreto rechazado por los manifestantes es la obligación de pasar por un requisito académico que no aporta nada al ejercicio de la profesión y que discrimina en el acceso al trabajo a unos españoles (mallorquines o no, catalanohablantes o no) con respecto a otros (los abducidos por el régimen catalanista). Y esto tampoco le hace ningún favor al catalán. Dejen de protegerlo, hombres, que al final se lo van a cargar.

4. "Ganas de enfrentar a la gente". Sí: las del Govern que interviene en un asunto que nadie le pidió que regulara porque a nadie le hacía falta, salvo a los talibanes lingüísticos y a los que pacen en el jugoso chiringuito catalanista.

5. "La tolerancia del Decreto". Por la moratoria, se entiende. Fíjese en que -salvando las distancias- eso mismo podía decir el nazi que libraba de la cámara de gas al judío más hábil en las faenas de la esclavitud: "mira qué tolerantes somos con este judío, que no lo hemos gaseado cuando le tocaba, y qué ingrato es, que no nos lo agradece"... Y ahora me voy a explicar, porque el sectario, por pura falta de costumbre de reflexionar sobre el discurso ajeno, tiende a pensar que lo llaman nazi cuando sólo lo llaman sectario: que no atribuya usted la obligación de respetar precisamente a aquéllos a quienes falta al respeto, hombre.

6. "Clientelismo". Tiene mucha guasa que un partidario del pesebre catalanista hable de clientelismo. ¿A quién vota usted? ¿A UM? ¿Al PSM? ¿Al PSIB? ¿Al PP? ¿Y viene a mi blog a hablar de clientelismo? Podemos hablar de las disparatadas subvenciones a asociaciones separatistas; de los cursos y cursillos varios con su personal, su material y sus matrículas; de las cadenas de televisión que nadie ve pero que hay que doblar al catalán; de las correspondientes productoras; de las empresas de publicidad y sus campañas de propaganda; de las contrataciones a dedo y a mansalva en organismos oficiales; de los periódicos subvencionados al cien por cien porque nadie los compra; del cine infumable; del teatro infumable; de los premios literarios; de los escritores que nunca publicaron una línea en español y se pasan al catalán para poder mamar de las ubres públicas (y no falla, oiga); de las editoriales que sólo se mantienen gracias a la cooperación de las instituciones... todo ello con chorros de dinero fluyendo a tutiplén directamente del bolsillo de los contribuyentes al de estos profesionales del catalán obligatorio. ¿Clientelismo? Perdóneme la expresión, pero usted lo que es es un cachondo. Periodista Digital. Baleares Liberal.

04 abril 2009

Malos humores

El humor gráfico es una herramienta propagandística potentísima. Lo fue siempre, y hoy lo demuestra el hecho de que a las tiras cómicas de toda la vida se las denomina ya “editoriales gráficos”. Todos damos por supuesto que determinadas tiras cómicas presentan de manera informal la línea de pensamiento del diario de que se trate.

La efectividad de la tira cómica o “editorial gráfico” reside en que, frente al editorial tradicional, más sesudo y sin duda menos leído, es asequible a un sector mucho más amplio de la población lectora de diarios (todo el mundo mira la tira cómica). Además, una calidad suficiente permite que el lector más ilustrado considere la tira cómica política digna de un respeto intelectual que no otorga a, por ejemplo, un tebeo de aventuras, pese a que utilice mecanismos tan sencillos (o tan complejos) como éste y a que a veces confundamos ingenio con inteligencia con la misma facilidad con que el humor gráfico, por su naturaleza, puede eludir el enfoque crítico. Por último, el discurso cómico-gráfico se beneficia, a mi parecer infundadamente, de una reputación progresista que per se no tiene el editorial escrito.

Viene todo esto a propósito de las últimas reacciones gráficas en la prensa mallorquina sobre la manifestación de sanitarios el pasado 1 de abril contra la imposición del catalán como requisito profesional. Los dibujantes y guionistas del diario Última Hora se han empleado a fondo y sin duda con brillantez. Al día siguiente de la manifestación, que yo recuerdo como una jornada casi festiva de exaltación pacífica de la libertad, la tira diaria de Tueldús (el pseudónimo que utilizan el guionista Ferran Aguiló y el dibujante Seguí) presentaba en la cabecera de la manifestación una serie de personajes malhumorados y –por sus vestimentas– aparentemente de derechas que portaban una enorme pancarta: “No a la imposición del catalán / 1 de abril – La guerra no ha terminado”. Dos días después, en la sección “Ecografía” de Pep Roig aparece un médico iracundo que, con una enorme lengua bífida rojigualda se dispone a arrancar la pequeña lengua cuatribarrada de una atemorizada paciente. No me dirán que no es sutil.


Pero el ingenio puesto al servicio del sectarismo no nos interesa. Estos profesionales, a través de procedimientos indudablemente ingeniosos, transmiten falacias –cuando no insultos– que procuraré resumir:

-Circunscriben la manifestación del 1 de abril a la derecha política, cuando en ella estuvieron representados colectivos de todo tipo;
-Caracterizan a los manifestantes como agresores ceñudos, nostálgicos de la guerra, franquistas herederos del 1 de abril del 39 (la sutileza y la novedad del argumento saltan a la vista);
-Caracterizan falsamente el conflicto como un enfrentamiento de lenguas;
-Demonizan a un gremio por entero, culpándolo de un problema que no existía y que ha creado el Govern con su innecesario intervencionismo;
-Presentan a las víctimas de la discriminación como agresores;
-Oponen frontal y artificialmente los intereses de médicos y pacientes;
-Identifican a esos médicos presuntamente agresores con los colores de la bandera nacional, y a la víctima indefensa con los de la senyera catalana;
-Ignoran toda cuestión referente a la exigible igualdad entre los ciudadanos en el acceso a un puesto de trabajo, cuando se les exige el cumplimiento de requisitos innecesarios para el desempeño de sus tareas y que benefician indudablemente a una pequeña parte del colectivo sanitario: los nostros y los que nos obedecen.


La estrategia del Grupo Serra y de aquéllos a quienes pretende beneficiar con su sesgo consiste en atribuir la responsabilidad del conflicto a los propios agraviados por el decreto del Govern. Los médicos y los enfermeros en Baleares nunca han causado un problema lingüístico por dos motivos: porque jamás ha habido quejas de los pacientes porque un médico se negara a atenderlos en su lengua, dado que casi el 100% declara entender el catalán, y porque los manifestantes no se oponen al catalán, sino a su imposición como requisito.

En el mismo tono sectario que los mencionados humoristas, periodistas igualmente alineados con el establishment han maquillado las cifras de la manifestación (3.500 según la organización, 2.000 según los cálculos más hostiles, y 930 según el diario radical subvencionado); han insistido en atribuir el origen del conflicto a un colectivo que no había causado un solo problema; y han aducido los efectos de la invasión de peninsulares, ignorando que el 1 de abril se manifestaron miles de mallorquines, menorquines e ibicencos de toda la vida a favor de la libertad de elección en la Sanidad y en todos los ámbitos.

Pero el origen del problema son quienes se han hecho con el gobierno de la comunidad autónoma a efectos lingüísticos, culturales y educativos. Políticos sin escrúpulos como Antich o Armengol (o como Estaràs o Bauzà, sí) son muy capaces de vender el Castillo de Bellver, si es necesario, a quien le garantice una mayoría parlamentaria, aunque se trate de una minoría separatista radical que apenas representa a nadie en Baleares o de una red clientelar que lleva treinta años saqueando el erario público. Con mayor facilidad, por tanto, venderán sin dudar los derechos lingüísticos y laborales de los mallorquines.

Los humoristas gráficos fueron en un tiempo lejano la conciencia política de España. Hoy han vendido sus servicios a los poderosos: un síntoma más de cuánta falta hace una regeneración democrática. Porque no hay nada más reaccionario ni más patético que un humorista dedicándole sus gracias al rey que lo alimenta: ya no es humorista; es otra cosa. Periodista Digital. Baleares Liberal. El Mundo-El Día de Baleares.

27 marzo 2009

UPyD, ya, en Menorca

Unión, Progreso y Democracia, un partido apoyado en marzo de 2008 por 300.000 españoles que en un año, según las encuestas más recientes, parecen haberse convertido en más de un millón, debe considerarse objetivamente el fenómeno político y periodístico de mayor calado social y más novedoso probablemente desde los comienzos de la Transición. Cuando hablamos de UPyD hablamos de un movimiento cívico (el que antes representaron colectivos como Basta Ya o Ciutadans de Catalunya) que ha decidido materializarse en un partido nacional y transversal para poder intervenir en la toma de decisiones políticas en un sentido que los partidos políticos tradicionales hace tiempo que han olvidado: el del servicio al ciudadano y a las libertades.

En UPyD creemos que es necesaria la regeneración de la democracia. Esto no atañe tanto a la corrupción de los políticos, que es materia de juzgado, como a la misma descomposición de la estructura del estado, en el que hoy nadie sabe dónde están los límites entre lo autonómico y lo estatal, donde nadie puede reconocer la separación de poderes, dada la grave intromisión de los partidos en los órganos de la Justicia (CGPJ, Fiscalía, etc.), donde nadie puede participar en política sin someterse a los designios de las cúpulas de los partidos y, por tanto, no existe una verdadera democracia representativa.

Hemos perdido el norte y andamos a vueltas con la imposición de las lenguas, con la corrupción galopante y con la distribución de unas competencias y una financiación autonómicas que nadie nos explica para qué se quieren aumentar, pero que todos quieren aumentar al margen de los demás y de cuya gestión nadie se siente responsable ante nadie. Mientras, la democracia ha dejado de ser representativa; el estado no tiene instrumentos para combatir la crisis económica porque los que no ha cedido a las comunidades autónomas los tiene ya Europa; nadie se preocupa del colapso de la Justicia; el gasto público es insostenible y no beneficia sino a unos pocos; la Educación, bajo mínimos europeos, nos condena a padecer una economía no competitiva y una democracia de calidad ínfima… Es el momento de retomar los valores de la ciudadanía, de reimplantar el sentido común en la política, de practicar un parlamentarismo real, de hacer énfasis en lo que nos une y reconocer que la pluralidad nos enriquece pero no nos separa…

UPyD, pese a los muchos obstáculos que debe superar cada día (el bloqueo mediático, la tergiversación constante de sus postulados, la escasez de recursos económicos), no ha parado de crecer y ha colocado en sólo un año una diputada (Rosa Díez) en el Congreso de los Diputados y otro (Gorka Maneiro) en el Parlamento de Euskadi, convirtiéndose además en la cuarta fuerza política gallega. En Baleares, conforme a las encuestas, nos disponemos a entrar en las próximas elecciones en el Parlament y en los principales ayuntamientos. Desde hoy también en Menorca, un puñado de ciudadanos de diversas procedencias, profesiones y orientaciones ideológicas han decidido que ya está bien de conformarse con el lamentable espectáculo cotidiano de nuestros políticos profesionales.

Por eso temen algunos; porque saben que con UPyD en las instituciones se acabarán los trapicheos mezquinos a los que están acostumbrados, se acabarán el sectarismo y los discursos de encefalograma plano y en España volverá a haber Política en el sentido más digno y democrático de la palabra. Según todas las encuestas publicadas, cada vez hay más españoles que se han dado cuenta. Es la democracia la que está en juego. Periodista Digital. Baleares Liberal.

09 enero 2009

Los pecados de Rosa Díez

Es tradición ya muy extendida tildar a Rosa Díez de ambiciosa, como si sus rivales en el PP y en el PSOE fueran almas cándidas sin aspiraciones; como si, por cierto, ellos también hubieran dejado un cargo estupendo en la Eurocámara para fundar un partido de principios y embarcarse en una aventura costosa y arriesgada. Es también común culparla de haber entrado antaño en una coalición PSOE-PNV para gobernar Euskadi y hoy, sin embargo, criticar los acercamientos de Zapatero a los separatistas vascos, pese a que ella ha explicado muchas veces aquella experiencia como un intento fallido de constitucionalizar al PNV, y su convicción actual de que sólo es posible constitucionalizar ese partido llevándolo a la oposición. Así mismo es frecuente que a Rosa se le atribuya un éxito al parecer culpable entre la prensa de derechas, aunque pienso que más bien habría que preguntar qué complejos o qué intereses hacen que la prensa que hace mal en llamarse progresista, es decir, el lobby progubernamental, nunca hable de Rosa Díez: estaríamos encantados, oiga...

Por eso me ha sorprendido tanto leer un reciente comentario de Antonio Casado (“¿Quién teme a Rosa Díez?”) en el que afirma que ciertos medios dan a UPyD un "trato de impostado privilegio". Esto sólo puede ser una manipulación como la copa de un pino o bien un grave desconocimiento del comportamiento de la prensa. Efectivamente, mientras unos no nos sacan nunca, otros nos sacan de vez en cuando: lo justo para achuchar a los suyos... Yo no diría que esto supone trato de favor, y menos cuando Unión, Progreso y Democracia (un partido apoyado por esos 300.000 votantes que no me parece que haya que despreciar, pero que además en menos de un año se pueden convertir en un millón) debe considerarse objetivamente el fenómeno político y periodístico de mayor calado social y más novedoso probablemente desde los comienzos de la Transición. No son los supuestos pecados de Rosa Díez, no; es la regeneración democrática lo que está en juego. Por eso temen algunos; porque con Rosa, con UPyD, se les acabarán los trapicheos mezquinos a los que están acostumbrados y en España volverá a haber Política en el sentido más digno y democrático de la palabra; y según todas las encuestas publicadas, cada vez hay más españoles que se han dado cuenta. Periodista Digital. Baleares Liberal.