Régimen y periodismo catalán

El hecho de que doce diarios catalanes hayan publicado hoy un editorial común titulado "La dignidad de Cataluña", con el fin de presionar al Tribunal Constitucional en favor de una sentencia sobre el Estatut que resulte próxima a los postulados nacionalistas, ha sido presentado como algo insólito y, desde luego, por lo que se refiere a sus precedentes, lo es. No obstante, que sea insólito no impide que haya supuesto una reacción perfectamente previsible.

El texto intenta deslegitimar primero al TC, dado que de los diez miembros con derecho a voto en este caso (uno falleció y otro está recusado), cuatro trabajan bajo prórroga por no haberse puesto de acuerdo los partidos políticos para su sustitución. En UPyD hemos denunciado la politización y la consiguiente falta de operatividad del procedimiento de cobertura de vacantes al TC; pero la única manera de cambiar lo que no nos gusta del sistema, que es mucho, es la reforma política y, en particular, la reforma constitucional, y ésta tiene sus requisitos. Mientras tanto, sólo podemos librarnos de la arbitrariedad si todos respetamos las normas que son para todos. Cuestionar la legitimidad del Tribunal, y en un momento tan delicado, es de gran desfachatez e irresponsabilidad política; pero cuestionarla sólo cuando sus sentencias no nos gustan, y no hacerlo cuando nos van bien, es de una indigencia intelectual deplorable, o bien de una mala fe que insulta a la ciudadanía y, en particular, a los lectores.

No contento con despreciar al TC, el editorial se permite establecer qué es progresismo y qué democracia: "el dilema real es avance o retroceso"; "está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición". Es cierto que muchos, dentro y fuera de Cataluña, creemos que está en juego el espíritu de la Transición; pero no precisamente por defecto, sino por exceso: el estado autonómico ha perdido de vista referentes como la solidaridad y la igualdad, y de la sentencia del TC depende que demos pasos hacia la desvertebración de España y la definitiva desigualdad entre sus ciudadanos o bien la contengamos.

Muy grave es la relativización de las leyes que se desprende de párrafos como aquél en que se indica que "no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia". Presentar la prudencia y la garantía de que todos serán tratados por igual ante las leyes como valores enfrentados, como si la una pudiera ser sin la otra, es, sencillamente, contrario al estado de derecho. Que el TC antepusiese la conveniencia política a la interpretación rigurosa de la norma entraría de lleno en la categoría del golpe de estado institucional, y que doce rotativos lo propongan es demagógico y, por tanto, inmoral. Pero más grave es aún la llamada al desacato implícita en frases de tono amenazante como "estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa". O: "Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable". Por mucha apelación que se haga a la responsabilidad, ¿qué cabe interpretar cuando desde las páginas de un diario se anima a la población a "responder" contra una sentencia emitida por la institución constitucionalmente llamada a emitirla y con arreglo a la ley en fondo y forma? Hoy Jorge de Esteban ha argumentado en El Mundo la presunta comisión de un delito de usurpación de atribuciones por parte de las autoridades autonómicas catalanas (art. 508.2 CP). Abundando en esta vía, a mi juicio, si como consecuencia del editorial hoy publicado se produjeran tras el dictamen del TC desórdenes públicos, sería oportuno considerar la aplicación a los responsables del texto del art. 545 CP y siguientes, que hablan de inducción, provocación o proposición para la sedición. Por no hablar del art. 118 de la Constitución, que obliga a todos a cumplir las sentencias de los tribunales... Pero la actitud del Gobierno no permite esperar actuación alguna por parte del Ministerio Fiscal en defensa de las instituciones. El mismo Rodríguez Zapatero, preguntado por el editorial que comentamos, se ha conformado con sonreír, afirmar que se trata de una manifestación de la libertad de expresión y asegurar que lo había leído con gran interés. Otro que no fuese un botarate habría fruncido el ceño y contestado lo siguiente: "La independencia del TC es sagrada, y quien la toque se las verá con este Gobierno en los tribunales".

Todo esto no traerá seguramente más consecuencias que el consabido folclore independentista, porque el seny de los ciudadanos catalanes supera con mucho el de su impresentable clase dirigente. Pero no deja de ser triste que el discurso público catalán se haya apartado de la razón y del interés común para defender exclusivamente el de los nuevos caciques autonómicos y sus clientes. Los mejores pensadores catalanes de nuestra hora (Félix de Azúa, Albert Boadella, Alejo Vidal-Quadras, Arcadi Espada) se han situado hoy explícitamente contra algo que ya no cabe calificar más que de régimen. La política catalana actúa al margen de su ciudadanía.

Hay que recordar que, pese a una encendida campaña ampliamente sufragada con dineros públicos y amplificada desde las instituciones, la participación en el referéndum celebrado en su día para la aprobación plebiscitaria del controvertido Estatut fue tan escasa que, frente al 90% de los parlamentarios catalanes que había apoyado el proyecto, no más de un tercio de los catalanes manifestaron su inclinación hacia el mismo. Ante tan palmaria desvinculación entre políticos y ciudadanía (los catalanes tienen problemas que nada tienen que ver con la nacionalidad), la prensa del Principado opta por los políticos. Pero no hay que extrañarse: conviene recordar en este punto, como hoy ha hecho Albert Rivera, quién paga los sueldos y los beneficios en los medios periodísticos catalanes: los mismos políticos nacionalistas que han promovido todo este tremendo disparate. Todos los diarios que suscriben tan digno editorial -todos- reciben subvenciones y publicidad institucional que, en la mayor parte de los casos, resultan imprescindibles para su supervivencia. El editorial, por tanto, no sólo es irracional e injusto: además está titulado sin ningún acierto, porque de lo que habla este texto no es de la dignidad de Cataluña, sino de la indignidad de algunos catalanes que prefieren mantener poltronas y mamandurrias a costa de la libertad y de la información que merece su ciudadanía. El problema de la prensa en España, genuflexa ante los poderes autonómicos vía subvención, en Cataluña se agrava notablemente debido al ingrediente identitario. Todos debemos aprender mucho del irresponsable editorial de hoy, y actuar en consecuencia. Periodista Digital. España Liberal.