Honduras en la encrucijada

El caso de Honduras es un caso ejemplar de confusión mediática. Es casi imposible saber con certeza todo lo que sucede en aquel país, porque tanto los organismos internacionales implicados como los medios de prensa (ha habido alguna excepción loable en el caso español: La Vanguardia) han caído en una dinámica maniquea que resulta difícil eludir. Y, sin embargo, todo esfuerzo invertido en aclarar la situación es poco, porque en ello se juega el futuro de los hondureños. Cuando el presidente Zelaya fue depuesto y expulsado del país, mi partido, UPyD, al igual que casi todas las fuerzas políticas españolas, condenó lo que los medios llamaron "golpe de estado" y pidió el restablecimiento del orden constitucional. Desde un primer momento me llamaron la atención dos cuestiones.

Primero, que una gran mayoría de comentaristas obviaban o minimizaban en su análisis el hecho de que Manuel Zelaya, haciendo caso omiso de los dictámenes y resoluciones en contra de numerosas instituciones públicas y privadas (Congreso de Diputados, Corte Suprema, Colegio de Abogados, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral, Comisión Nacional Anticorrupción, partidos políticos, Iglesia Católica, iglesias evangélicas), estaba resuelto a practicar una reforma constitucional que le permitiese repetir mandato contra lo establecido con todo rigor en la misma Constitución de la República de Honduras: "El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública." Se trata de una norma que para los demócratas hondureños ha sido y es garantía sagrada. Hay que decir que Zelaya es un populista que ha pasado de defender las tesis de un partido conservador a echarse en brazos de Hugo Chávez, lo que sólo se puede explicar por un afán personal por permanecer en el poder y sus privilegios más allá del interés común (de sus juergas privadas a cargo del contribuyente se ha escrito mucho); y que muchos hondureños le hacen responsable del muy notable incremento del narcotráfico y de la delincuencia asociada en connivencia con el gobierno de Venezuela: según denuncias de la presidenta de la Cámara de Comercio, Inés de Zablah, avionetas y lanchas cargadas de droga procedentes de esta república han arribado a Honduras a diario durante el mandato de Zelaya. Pero poco de esto se ha comentado por extenso en la prensa.

En segundo lugar, llamaba la atención que las autoridades de los Estados Unidos condenasen una acción contra un títere de Hugo Chávez ordenada por el parlamento y el tribunal supremo hondureños y ejecutada por su ejército, cuya oficialidad está formada en la Escuela de las Américas, célebre por proveer a los países al sur de Río Grande de mandos militares pronorteamericanos. Resultaba inexplicable que el general Romeo Vásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras y exalumno de dicha escuela, diese semejante paso al margen de la embajada americana. Algo no encajaba, aunque desde que Estados Unidos ha ido manifestando una mayor equidistancia en el conflicto todo empieza a parecer parte de un plan, como aseguran opiniones de izquierdas.

De cualquier manera, los movimientos internacionales de apoyo a Zelaya son jaleados por la prensa mayoritaria, y numerosos países cargan por la vía diplomática contra lo que llaman gobierno de facto. Aquí sí que la incoherencia alcanza un grado supino, que no obstante no extrañará a quien conozca los procesos mentales y conductuales de la progresía occidental: según su visión de las cosas, un gran movimiento de resistencia cívica ocupa las calles de Honduras y el gobierno de Roberto Micheletti, como informa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se excede en su represión, exagera el uso de la fuerza y viola repetidamente los derechos humanos de los manifestantes.

Por circunstancias personales mantengo contacto directo con residentes en Honduras, y los testimonios que de allá me llegan no certifican este cuadro. Muchos ciudadanos hondureños están indignados con la CIDH. Para empezar, el presidente de la OEA, José Miguel Insulza, es un chavista declarado. Forman parte de la mencionada comisión una venezolana que la preside (uno de mis corresponsales se pregunta por qué no investiga las violaciones de los derechos humanos que sí se dan en su país), un argentino y un chileno: proceden de tres países que forman parte del frente zelayista y han expulsado a los embajadores hondureños de sus países, por lo que la objetividad de sus conclusiones no merece mucho crédito. Al parecer, durante su visita a Honduras la CIDH se negó a recibir a doscientos empleados de cierta cadena de restaurantes que ha sido objeto de la violencia de los "manifestantes" zelayistas; algunos de estos empleados mostraban graves lesiones. Pero la CIDH aclaró en rueda de prensa que su misión sólo incluía la investigación de los abusos del gobierno de facto. En su versión, las "manifestaciones" en pro de Zelaya han sido pacíficas, pero los hondureños pueden contemplar todos los días en su televisor cómo los zelayistas, en lo que parece una estrategia de tensión, protagonizan quemas de restaurantes, coches y autobuses, destrozos en los escaparates de los comercios, palizas, cortes de carreteras, ocupaciones de colegios... Porque resulta que los "manifestantes", de los que se tiene la certeza de que están a sueldo de Hugo Chávez (según la policía, hay pruebas), impiden desde hace mes y medio que niños y jóvenes asistan a las escuelas para poder emplearlas como cuartel o dormitorio, con el consiguiente perjuicio para su formación. Mi informante, que es español y docente en Comayagua, me transmite la profunda vergüenza que les causa a él y a sus compañeros la decisión del gobierno Zapatero de unirse al frente zelayista y expulsar al embajador de Honduras en España para intentar debilitar la posición del gobierno de aquel país en su gestión de la crisis. Un diario de aquel país se pregunta hoy por qué España está intentando dirigir la política europea contra el gobierno Micheletti.

Los que defienden la causa de Zelaya afirman que las instituciones que lo destituyeron (el Parlamento, por ejemplo, le fue contrario por unanimidad a excepción de dos votos) no son democráticas porque representan a la oligarquía, y seguro que algo de razón llevan; pero desde luego no parece de recibo saltarse a la torera las normas comunes en nombre de los principios propios por justos que éstos puedan ser. Por otra parte, tampoco parece probable que el viraje chavista de Zelaya tuviera por objeto la reivindicación de los derechos del pueblo hondureño, dado que su policía, según el anuario de Amnistía Internacional, fue protagonista de diversos actos de violencia en 2008 . Mi opinión es que en España nos precipitamos al condenar el "golpe" y todos deberíamos, y UPyD en primer lugar, volver a debatir el asunto y adoptar una postura alejada del simplismo o la confusión de los primeros momentos. Hay un indicio infalible de que apoyar a la marioneta hondureña de Chávez es un error: Zapatero y Moratinos la apoyan. Y lo digo totalmente en serio. Periodista Digital.