El hecho de que doce diarios catalanes hayan publicado hoy un editorial común titulado "La dignidad de Cataluña", con el fin de presionar al Tribunal Constitucional en favor de una sentencia sobre el Estatut que resulte próxima a los postulados nacionalistas, ha sido presentado como algo insólito y, desde luego, por lo que se refiere a sus precedentes, lo es. No obstante, que sea insólito no impide que haya supuesto una reacción perfectamente previsible.
El texto intenta deslegitimar primero al TC, dado que de los diez miembros con derecho a voto en este caso (uno falleció y otro está recusado), cuatro trabajan bajo prórroga por no haberse puesto de acuerdo los partidos políticos para su sustitución. En UPyD hemos denunciado la politización y la consiguiente falta de operatividad del procedimiento de cobertura de vacantes al TC; pero la única manera de cambiar lo que no nos gusta del sistema, que es mucho, es la reforma política y, en particular, la reforma constitucional, y ésta tiene sus requisitos. Mientras tanto, sólo podemos librarnos de la arbitrariedad si todos respetamos las normas que son para todos. Cuestionar la legitimidad del Tribunal, y en un momento tan delicado, es de gran desfachatez e irresponsabilidad política; pero cuestionarla sólo cuando sus sentencias no nos gustan, y no hacerlo cuando nos van bien, es de una indigencia intelectual deplorable, o bien de una mala fe que insulta a la ciudadanía y, en particular, a los lectores.
No contento con despreciar al TC, el editorial se permite establecer qué es progresismo y qué democracia: "el dilema real es avance o retroceso"; "está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición". Es cierto que muchos, dentro y fuera de Cataluña, creemos que está en juego el espíritu de la Transición; pero no precisamente por defecto, sino por exceso: el estado autonómico ha perdido de vista referentes como la solidaridad y la igualdad, y de la sentencia del TC depende que demos pasos hacia la desvertebración de España y la definitiva desigualdad entre sus ciudadanos o bien la contengamos.
Muy grave es la relativización de las leyes que se desprende de párrafos como aquél en que se indica que "no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia". Presentar la prudencia y la garantía de que todos serán tratados por igual ante las leyes como valores enfrentados, como si la una pudiera ser sin la otra, es, sencillamente, contrario al estado de derecho. Que el TC antepusiese la conveniencia política a la interpretación rigurosa de la norma entraría de lleno en la categoría del golpe de estado institucional, y que doce rotativos lo propongan es demagógico y, por tanto, inmoral. Pero más grave es aún la llamada al desacato implícita en frases de tono amenazante como "estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa". O: "Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable". Por mucha apelación que se haga a la responsabilidad, ¿qué cabe interpretar cuando desde las páginas de un diario se anima a la población a "responder" contra una sentencia emitida por la institución constitucionalmente llamada a emitirla y con arreglo a la ley en fondo y forma? Hoy Jorge de Esteban ha argumentado en El Mundo la presunta comisión de un delito de usurpación de atribuciones por parte de las autoridades autonómicas catalanas (art. 508.2 CP). Abundando en esta vía, a mi juicio, si como consecuencia del editorial hoy publicado se produjeran tras el dictamen del TC desórdenes públicos, sería oportuno considerar la aplicación a los responsables del texto del art. 545 CP y siguientes, que hablan de inducción, provocación o proposición para la sedición. Por no hablar del art. 118 de la Constitución, que obliga a todos a cumplir las sentencias de los tribunales... Pero la actitud del Gobierno no permite esperar actuación alguna por parte del Ministerio Fiscal en defensa de las instituciones. El mismo Rodríguez Zapatero, preguntado por el editorial que comentamos, se ha conformado con sonreír, afirmar que se trata de una manifestación de la libertad de expresión y asegurar que lo había leído con gran interés. Otro que no fuese un botarate habría fruncido el ceño y contestado lo siguiente: "La independencia del TC es sagrada, y quien la toque se las verá con este Gobierno en los tribunales".
Todo esto no traerá seguramente más consecuencias que el consabido folclore independentista, porque el seny de los ciudadanos catalanes supera con mucho el de su impresentable clase dirigente. Pero no deja de ser triste que el discurso público catalán se haya apartado de la razón y del interés común para defender exclusivamente el de los nuevos caciques autonómicos y sus clientes. Los mejores pensadores catalanes de nuestra hora (Félix de Azúa, Albert Boadella, Alejo Vidal-Quadras, Arcadi Espada) se han situado hoy explícitamente contra algo que ya no cabe calificar más que de régimen. La política catalana actúa al margen de su ciudadanía.
Hay que recordar que, pese a una encendida campaña ampliamente sufragada con dineros públicos y amplificada desde las instituciones, la participación en el referéndum celebrado en su día para la aprobación plebiscitaria del controvertido Estatut fue tan escasa que, frente al 90% de los parlamentarios catalanes que había apoyado el proyecto, no más de un tercio de los catalanes manifestaron su inclinación hacia el mismo. Ante tan palmaria desvinculación entre políticos y ciudadanía (los catalanes tienen problemas que nada tienen que ver con la nacionalidad), la prensa del Principado opta por los políticos. Pero no hay que extrañarse: conviene recordar en este punto, como hoy ha hecho Albert Rivera, quién paga los sueldos y los beneficios en los medios periodísticos catalanes: los mismos políticos nacionalistas que han promovido todo este tremendo disparate. Todos los diarios que suscriben tan digno editorial -todos- reciben subvenciones y publicidad institucional que, en la mayor parte de los casos, resultan imprescindibles para su supervivencia. El editorial, por tanto, no sólo es irracional e injusto: además está titulado sin ningún acierto, porque de lo que habla este texto no es de la dignidad de Cataluña, sino de la indignidad de algunos catalanes que prefieren mantener poltronas y mamandurrias a costa de la libertad y de la información que merece su ciudadanía. El problema de la prensa en España, genuflexa ante los poderes autonómicos vía subvención, en Cataluña se agrava notablemente debido al ingrediente identitario. Todos debemos aprender mucho del irresponsable editorial de hoy, y actuar en consecuencia. Periodista Digital. España Liberal.
27 noviembre 2009
01 noviembre 2009
Ciudadanos de segunda
Satisfecho por los resultados de la primera campaña, desarrollada en mayo pasado, la Consejería de Innovación, Justicia e Interior del Gobierno de las Islas Baleares ha puesto en marcha su segunda campaña de sensibilización para el uso de sistemas de seguridad para menores en vehículos de motor, a través de su Dirección General de Interior y del Instituto de Seguridad Pública de las Islas Baleares. Además de las charlas impartidas en colegios por policías tutores, la iniciativa se basa en el reparto en los centros educativos de un folleto destinado a los padres de los alumnos. El objetivo principal de la campaña, muy loable, es el de "reducir al máximo las conductas de riesgo en la conducción"; se dirige "a los padres y responsables de los menores"; entre sus finalidades se encuentra la de "sensibilizar a los responsables de los menores del uso de los sistemas de seguridad homologados y evitar, así, posibles accidentes"; y uno de los motivos aducidos para llevarla a cabo es que "la prevención de conductas peligrosas ha de comenzar en los núcleos educacionales más próximos a los menores, como el entorno familiar y el centro escolar". Hasta aquí, nada que objetar en cuanto a objetivos, destinatarios, finalidades y motivaciones, sino todo lo contrario: elogios por la iniciativa. Si todo ello es como se declara, no obstante, nos surge automáticamente una pregunta: ¿por qué la campaña se desarrolla sólo en catalán?
Desde instancias oficiales se ha arrinconado el uso de la lengua española con tanta insistencia que la pregunta parece baladí; pero no lo es. Por mucho que sea injusto que la lengua vehicular en los colegios sea sólo una de las dos oficiales, sabemos que lo es por ley. No obstante, dada la finalidad declarada de la campaña, ¿no pudieron preguntarse la multiconsejera Pilar Costa y el director general de Interior, Sebastià Amengual, si para alcanzarla no habría sido más conveniente editar folletos bilingües? Si los padres receptores del folleto monolingüe no entienden su contenido, ¿no se incumple la finalidad de sensibilización en el "núcleo educacional más proximo" que es la familia? Veamos sólo un ejemplo: unos padres de origen vasco (o murciano o colombiano) con hijos escolarizados en la red pública de colegios, que trabajan y pagan impuestos en Baleares y a todos los efectos están sometidos a la legislación y los reglamentos de Baleares, ¿no tienen derecho a recibir servicio de las autoridades de Baleares si su lengua materna, además de oficial y común a toda la nación, es el español? Cuando una persona de las características aludidas recibe el folleto correspondiente a la mencionada campaña, necesita hacer un esfuerzo adicional para entender lo que en él se aconseja, si es que puede llegar a entenderlo. Por lo tanto, no recibe servicio de la Administración en igualdad de condiciones con respecto al ciudadano catalanohablante que sí ve justamente satisfechos sus derechos: es, por consiguiente, un ciudadano de segunda.
Si los responsables de la campaña ignoraban esta posibilidad, deben dimitir por incompetentes. Si no la ignoraban pero consideran que la principal misión de las autoridades de las Islas Baleares es forzar a sus habitantes a aprender catalán, y colocan este objetivo general por encima de los que marcan el sentido común y la propia iniciativa de sensibilización, deben dimitir por sectarios. Si la consejera Costa y el director general Amengual, en fin, no entienden que las lenguas están al servicio de la comunicación y sin este sentido no tienen ningún otro; que ni el catalán ni el español pueden estar por encima de las necesidades formativas y de seguridad de los ciudadanos; y que es una grave irresponsabilidad poner en riesgo a un solo menor porque sus padres no hayan entendido la información que se les da en una lengua que desconocen, siendo la suya igualmente oficial, entonces, sin ningún género de duda, deben dimitir por indignos. Nada nos sorprende ya, dado que toda la señalética en nuestras calles es monolingüe, incluso en casos en que no entender las instrucciones supone un riesgo para el usuario, o bien una sanción evitable sólo con haber entendido un texto. Pero no podemos dejar de insistir en lo absurdo de que en pleno siglo XXI inspire la acción de nuestros gobernantes una mitología identitaria de estirpe herderiana, enemiga de la razón y de la eficacia y que en cualquier otro lugar de Europa estaría perfectamente clasificada como de extrema derecha: sobran los ejemplos. Mientras haya ciudadanos de segunda en España, mientras haya españoles cuyo derecho a la seguridad -o a la educación, o al trabajo, o a la sanidad- se considere menos importante o se proteja menos que el de otros con motivo del idioma que hablan, sea éste el que sea, seguiremos denunciándolo. Periodista Digital. España Liberal.
Desde instancias oficiales se ha arrinconado el uso de la lengua española con tanta insistencia que la pregunta parece baladí; pero no lo es. Por mucho que sea injusto que la lengua vehicular en los colegios sea sólo una de las dos oficiales, sabemos que lo es por ley. No obstante, dada la finalidad declarada de la campaña, ¿no pudieron preguntarse la multiconsejera Pilar Costa y el director general de Interior, Sebastià Amengual, si para alcanzarla no habría sido más conveniente editar folletos bilingües? Si los padres receptores del folleto monolingüe no entienden su contenido, ¿no se incumple la finalidad de sensibilización en el "núcleo educacional más proximo" que es la familia? Veamos sólo un ejemplo: unos padres de origen vasco (o murciano o colombiano) con hijos escolarizados en la red pública de colegios, que trabajan y pagan impuestos en Baleares y a todos los efectos están sometidos a la legislación y los reglamentos de Baleares, ¿no tienen derecho a recibir servicio de las autoridades de Baleares si su lengua materna, además de oficial y común a toda la nación, es el español? Cuando una persona de las características aludidas recibe el folleto correspondiente a la mencionada campaña, necesita hacer un esfuerzo adicional para entender lo que en él se aconseja, si es que puede llegar a entenderlo. Por lo tanto, no recibe servicio de la Administración en igualdad de condiciones con respecto al ciudadano catalanohablante que sí ve justamente satisfechos sus derechos: es, por consiguiente, un ciudadano de segunda.
Si los responsables de la campaña ignoraban esta posibilidad, deben dimitir por incompetentes. Si no la ignoraban pero consideran que la principal misión de las autoridades de las Islas Baleares es forzar a sus habitantes a aprender catalán, y colocan este objetivo general por encima de los que marcan el sentido común y la propia iniciativa de sensibilización, deben dimitir por sectarios. Si la consejera Costa y el director general Amengual, en fin, no entienden que las lenguas están al servicio de la comunicación y sin este sentido no tienen ningún otro; que ni el catalán ni el español pueden estar por encima de las necesidades formativas y de seguridad de los ciudadanos; y que es una grave irresponsabilidad poner en riesgo a un solo menor porque sus padres no hayan entendido la información que se les da en una lengua que desconocen, siendo la suya igualmente oficial, entonces, sin ningún género de duda, deben dimitir por indignos. Nada nos sorprende ya, dado que toda la señalética en nuestras calles es monolingüe, incluso en casos en que no entender las instrucciones supone un riesgo para el usuario, o bien una sanción evitable sólo con haber entendido un texto. Pero no podemos dejar de insistir en lo absurdo de que en pleno siglo XXI inspire la acción de nuestros gobernantes una mitología identitaria de estirpe herderiana, enemiga de la razón y de la eficacia y que en cualquier otro lugar de Europa estaría perfectamente clasificada como de extrema derecha: sobran los ejemplos. Mientras haya ciudadanos de segunda en España, mientras haya españoles cuyo derecho a la seguridad -o a la educación, o al trabajo, o a la sanidad- se considere menos importante o se proteja menos que el de otros con motivo del idioma que hablan, sea éste el que sea, seguiremos denunciándolo. Periodista Digital. España Liberal.
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