Sigue circulando por Internet y hoy recibo la "lista de presos de ETA condenados a 30 años por acumulación de penas que salieron en libertad en el período 1996-2004". En ella se apuntan los nombres de los reclusos, las condenas acumuladas, las fechas de inicio del cumplimiento de la pena y de excarcelación y los nombres de los ministros del PP que firmaron sus respectivas salidas de la cárcel. En negrita se señalan aquellos presos de ETA que, una vez liberados, volvieron a delinquir. "¿A qué juegan?", clama el presunto autor del correo electrónico, tildando a los exministros de Interior Rajoy y Acebes de hipócritas cuando critican la excarcelación de Iñaki de Juana Chaos y preguntándose por qué la AVT calló en aquellos casos y no calla ahora. Esta lista es la que divulgó hace unos días el boletín PSOE, y ahora circula con un "pásalo" al pie.
Ya se ha explicado mucho, pero parece que todavía no lo suficiente, pues aún hay personas que, equivocadas o de mala fe, siguen haciendo circular esta burda manipulación. Todos los presos relacionados redujeron condena de acuerdo con la ley vigente cuando se los condenó (el código penal de 1973), y fueron los jueces quienes los excarcelaron, con la firma, claro, de la autoridad penitenciaria de entonces, es decir, de los ministros de Interior del PP. A De Juana Chaos lo había condenado un juez a tres años, y en manos del gobierno estaba que cumpliera la condena íntegra, porque desde la reforma Aznar esto es posible y De Juana había sido condenado después de esa reforma.
Lo que ha hecho ahora Rodríguez Zapatero es aplicar una medida que depende del gobierno y que la ley prevé para enfermos graves, no para chantajistas. Pero el gobierno ha hecho su propia interpretación y ha optado por mandarlo a casa: posiblemente es legal, pero es muy dudoso que sea justo y a los cientos de miles de ciudadanos que se manifestaron el otro día en Madrid, que no eran precisamente una banda de fascistas peligrosos (más que nada porque no hay tantos cientos de miles de fascistas en España), les parece que no lo es; y, desde luego, no era una medida obligatoria: el gobierno ha optado, pero podía haber optado en sentido contrario; eligió atenuar la pena a De Chana, y ahora es responsable de su elección. Mientras que los ministros del PP mencionados, por muy mal que nos puedan caer, no optaron, no eligieron: firmaron lo que la ley les obligaba a firmar, y por tanto no son responsables de esas excarcelaciones. También es falso que la AVT "callase" mientras tanto: siempre clamaron por una reforma que sólo pudo llevarse a cabo cuando el presidente Aznar ganó unas elecciones por mayoría absoluta y pudo legislar sin depender del PSOE ni del PNV, que siempre se habían opuesto en las Cortes al cumplimiento íntegro de las penas de los condenados por crímenes terroristas.
Usar esa lista contra el PP es una manipulación muy burda, tan engañosa como ese discurso cutre, simplista y falaz de "había matado a veinticinco y lo han liberado", puesto que De Juana es, sí, un terrorista no arrepentido, pero ya no cumple pena por los veinticinco asesinatos, sino por un delito de amenazas, y no lo han liberado, sino que han atenuado su prisión. Las excarcelaciones de 1996-2004 eran obligadas por la ley vigente y la atenuación de la pena de De Juana no era obligada por la actual; y, en todo caso, al gobierno Aznar se le podrán atribuir muchas cosas, pero no precisamente tibieza contra el terrorismo, que combatió más eficazmente que nadie, incluida, entre otras cosas, la reforma del código para que los terroristas cumplan sus penas íntegramente. A nadie se le escapa que, cuando Aznar salió del poder, ETA estaba arrinconada, y hoy día no hace falta más que mirar las primeras páginas de los periódicos para ver quién protagoniza el debate público.
Puedes estar de acuerdo o no con la política antiterrorista de Aznar, o con la de Zapatero, puedes desear la unidad de España o la independencia del País Vasco, y la de tu barrio si quieres; pero con la verdad por delante. Porque confundirlo y enfangarlo todo no ayuda a que nos entendamos y superemos la grave crisis política que estamos viviendo. Podemos ser votantes de uno u otro partido, podemos adorar a José María Aznar o creer que fue una plaga (lo más razonable, creo yo, es pensar que en unas cosas acertó plenamente y en otras, y muy graves, se equivocó mucho), podemos creer que Zapatero es tonto de baba o bien que su proceso de paz es el no va más e incluso que es el primo guapo de George Clooney. Pero, comulguemos con lo que comulguemos, el hecho es sólo uno: con la ley actual en la mano, De Juana podría perfectamente haber cumplido sus tres años íntegros en la cárcel, o bien morir por su propia voluntad (aunque dudo que hubiese llegado a las últimas consecuencias: los psicópatas se quieren demasiado a sí mismos), y Zapatero eligió no arriesgarse a que muriese, aunque eso supusiera agraviar a millones de ciudadanos.
Ésta es la realidad, y ahora el presidente Zapatero debe arrostrar la consiguiente impopularidad o la consiguiente popularidad que esa realidad le acarree. Y, a ser posible, recuperar la serenidad y el sentido común y ordenar a algún esbirro especialmente tozudo que en lo sucesivo se abstenga de difundir falsedades con el membrete del PSOE. Basta ya de mentiras, por favor; téngannos un respeto. Periodista Digital.
12 marzo 2007
08 marzo 2007
Un salto cualitativo
Con la atenuación de la condena de Iñaki de Juana Chaos, el gobierno de la nación ha dado un salto cualitativo en su estrategia, y así parece que lo percibe la mayoría de la ciudadanía. Las sucesivas actuaciones de la fiscalía y la opción de Rodríguez Zapatero (aunque haya dado la cara Pérez Rubalcaba) de enviar a casa a De Juana (una opción legal, pero opción al fin y al cabo: cabía la opción contraria) indican que el gobierno está firmemente dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias su absurda política de aproximación a los terroristas a cambio de nada.
Para enturbiar el ambiente y distraer a los ciudadanos indignados, Zapatero y su jefe de propaganda, Pepe Blanco, insisten en convencernos de que lo que ellos hacen en materia de presos y de negociaciones es exactamente lo mismo que hicieron los gobiernos de Aznar. Pero, una vez más, o mienten o se equivocan: el primer gabinete Aznar nunca tuvo el apoyo del PSOE para endurecer las leyes que combaten el terrorismo, y recurrió –con el acierto que queramos otorgarle– al apoyo del PNV para sacar adelante su política. El segundo gobierno Aznar contó con mayoría absoluta en las Cortes, y entonces las leyes antiterroristas se endurecieron. Si representantes de Aznar negociaron o no con ETA es algo que nunca tuvo la trascendencia pública que el mal llamado proceso de paz de Zapatero tiene. De una u otra forma, las acciones legislativas y policiales del gobierno Aznar y las herramientas que dio a los jueces fueron suficientes como para arrinconar a ETA y asfixiar económicamente su estructura visible, es decir, Batasuna. Jamás en la historia de España se había visto ETA en circunstancias tan apuradas, y sólo eso es lo que impulsó a la banda a echarse ahora en brazos de un gobierno receptivo.
Los resultados de la política de Zapatero, en cambio, hasta el momento son los siguientes: ETA sigue sin renunciar a las armas, sigue practicando la extorsión a empresarios, sus presos siguen sin arrepentirse, Batasuna sigue sin condenar la violencia, la kale borroka ha resucitado y después de muchos años hemos vuelto a conocer un grave atentado. Pese a todo ello, ETA ha recuperado un protagonismo en la vida pública vasca y española que ha llegado a eclipsar el del PNV de Ibarretxe, hace un par de años omnipresente en las portadas; la política penitenciaria, la legalización de Batasuna, el futuro de Navarra, la autodeterminación se hallan sobre la mesa del debate público por voluntad de los voceros de ETA, que hablan alto y claro sin que desde el gobierno se alcen voces que les contradigan con la contundencia necesaria; la ciudadanía tiene, como nunca tuvo en toda la existencia de la banda criminal, la intensa sensación de que es ella la que lleva las riendas y de que el gobierno es el que tiende una y otra vez la mano sin que hasta ahora se haya obtenido fruto alguno y sí, en cambio, un retorno a la violencia; y la distorsión del lenguaje nos remite permanentemente a un erial ético que permite disfrazar de “accidentes” los atentados, o que sigamos escuchando eso de “un año de tregua”, obviando los asesinatos de Barajas, y que, mientras, desde el gobierno se elogien unos etéreos signos de cambio o evolución que aparentemente sólo el lince de Zapatero sabe percibir.
Pero la excarcelación de De Juana Chaos ha sido la gota que colma el vaso de la indignación de muchos. Nunca un gobierno democrático, ni en las situaciones más apuradas (el secuestro del más de 500 días de Ortega Lara, el asesinato de Miguel Ángel Blanco), cedió ante el chantaje de los terroristas. Felipe González, bajo cuya presidencia se organizó el GAL y que hoy dice apoyar la decisión de Zapatero, dejó morir a un preso del GRAPO en huelga de hambre (porque éste sí la hacía de verdad). Que Zapatero acuda hoy a razones humanitarias para justificar lo injustificable sólo puede indignar más a las víctimas de ETA.
La confrontación sistemática de un gobierno acorralado por sus propias torpezas (un equipo bisoño que ganó sucesivamente unas tristes primarias socialistas por descarte y unas elecciones generales de pura carambola) y una oposición ahogada en su propia radicalización (cegada por la rabia de haber perdido hace ya tres años unas elecciones que se creía con derecho a ganar) redunda en un grave perjuicio para la credibilidad de las instituciones. El espectáculo de ayer en el Senado, más digno de un parlamento bananero que de una institución con muchos siglos de tradición y de responsabilidad como son las Cortes, subraya la certeza de que PSOE y PP toman todo este asunto como pura lucha de poder y han olvidado la conveniencia pública. Se trata de una crisis política en toda regla, en que gobierno y oposición se muestran incapaces de asumir la razón de estado y se enfangan en afrentas mezquinas. Y los criminales y sus cómplices, mientras, ríen a mandíbula batiente y se permiten dar instrucciones a las instituciones democráticas españolas, como ayer hizo Joseba Permach. Nunca estuvieron tan cómodos en los últimos años.
La responsabilidad de esta situación absurda, que deja a nuestros socios europeos boquiabiertos, es de todos, pero la lógica nos dice que sobre todo de quien asumió esa responsabilidad hace tres años por decisión de los electores. Zapatero y varios miembros de su equipo causan una penosa impresión de impericia, de indiscreción, de falta de criterios prácticos y morales, de improvisación. Parecen haber olvidado por completo que los asesinos están al otro lado; que el PP, con todo y sus errores, es un partido tan democrático como el PSOE, con unas ideas que no dejan de ser legítimas por no coincidir con las del presidente del gobierno y su aprendiz de goebbels, con nada menos que diez millones de votantes y, sobre todo, que en la defensa de sus criterios no utiliza las bombas, sino los argumentos, sean éstos más o menos afortunados. Arnaldo Otegi, ese hombre para quien el gobierno tiene palabras mucho más amables que para Mariano Rajoy, habla en nombre de unos pistoleros que no han mostrado intención alguna de dejar las armas, ¿o es que ya se nos ha olvidado? Que el gobierno insista en colocar al PP en la balanza como contrapeso de Batasuna y en asociarlo con la extrema derecha es de auténtica risa: nuestros amigos europeos saben qué es la ultraderecha y cómo se las gasta. En este punto es necesario y urgente retomar un discurso a la vez civilizado y firme. Un discurso que llame asesinos a los asesinos y que como a tales aspire a aplicarles la ley. Un discurso inequívoco contra los chantajistas. Se negocia con los iguales; a las fieras se las acorrala, se las caza y se las encierra. Sólo cabe tener compasión con la fiera que demuestra haber abandonado su fiereza; el que la quiera desenjaular antes se arriesga a sufrir sus zarpazos.
En éstas y no en otras nos tiene hoy el presidente Zapatero. La manifestación convocada por el PP para el próximo sábado será una magnífica oportunidad para que los ciudadanos se lo digan claramente al gobierno, siempre que a continuación el PP sepa administrar ese capital de apoyo popular sin revanchismos: con la moderación y la sensatez que todos deseamos. Si no, será otra oportunidad perdida. Periodista Digital.
Para enturbiar el ambiente y distraer a los ciudadanos indignados, Zapatero y su jefe de propaganda, Pepe Blanco, insisten en convencernos de que lo que ellos hacen en materia de presos y de negociaciones es exactamente lo mismo que hicieron los gobiernos de Aznar. Pero, una vez más, o mienten o se equivocan: el primer gabinete Aznar nunca tuvo el apoyo del PSOE para endurecer las leyes que combaten el terrorismo, y recurrió –con el acierto que queramos otorgarle– al apoyo del PNV para sacar adelante su política. El segundo gobierno Aznar contó con mayoría absoluta en las Cortes, y entonces las leyes antiterroristas se endurecieron. Si representantes de Aznar negociaron o no con ETA es algo que nunca tuvo la trascendencia pública que el mal llamado proceso de paz de Zapatero tiene. De una u otra forma, las acciones legislativas y policiales del gobierno Aznar y las herramientas que dio a los jueces fueron suficientes como para arrinconar a ETA y asfixiar económicamente su estructura visible, es decir, Batasuna. Jamás en la historia de España se había visto ETA en circunstancias tan apuradas, y sólo eso es lo que impulsó a la banda a echarse ahora en brazos de un gobierno receptivo.
Los resultados de la política de Zapatero, en cambio, hasta el momento son los siguientes: ETA sigue sin renunciar a las armas, sigue practicando la extorsión a empresarios, sus presos siguen sin arrepentirse, Batasuna sigue sin condenar la violencia, la kale borroka ha resucitado y después de muchos años hemos vuelto a conocer un grave atentado. Pese a todo ello, ETA ha recuperado un protagonismo en la vida pública vasca y española que ha llegado a eclipsar el del PNV de Ibarretxe, hace un par de años omnipresente en las portadas; la política penitenciaria, la legalización de Batasuna, el futuro de Navarra, la autodeterminación se hallan sobre la mesa del debate público por voluntad de los voceros de ETA, que hablan alto y claro sin que desde el gobierno se alcen voces que les contradigan con la contundencia necesaria; la ciudadanía tiene, como nunca tuvo en toda la existencia de la banda criminal, la intensa sensación de que es ella la que lleva las riendas y de que el gobierno es el que tiende una y otra vez la mano sin que hasta ahora se haya obtenido fruto alguno y sí, en cambio, un retorno a la violencia; y la distorsión del lenguaje nos remite permanentemente a un erial ético que permite disfrazar de “accidentes” los atentados, o que sigamos escuchando eso de “un año de tregua”, obviando los asesinatos de Barajas, y que, mientras, desde el gobierno se elogien unos etéreos signos de cambio o evolución que aparentemente sólo el lince de Zapatero sabe percibir.
Pero la excarcelación de De Juana Chaos ha sido la gota que colma el vaso de la indignación de muchos. Nunca un gobierno democrático, ni en las situaciones más apuradas (el secuestro del más de 500 días de Ortega Lara, el asesinato de Miguel Ángel Blanco), cedió ante el chantaje de los terroristas. Felipe González, bajo cuya presidencia se organizó el GAL y que hoy dice apoyar la decisión de Zapatero, dejó morir a un preso del GRAPO en huelga de hambre (porque éste sí la hacía de verdad). Que Zapatero acuda hoy a razones humanitarias para justificar lo injustificable sólo puede indignar más a las víctimas de ETA.
La confrontación sistemática de un gobierno acorralado por sus propias torpezas (un equipo bisoño que ganó sucesivamente unas tristes primarias socialistas por descarte y unas elecciones generales de pura carambola) y una oposición ahogada en su propia radicalización (cegada por la rabia de haber perdido hace ya tres años unas elecciones que se creía con derecho a ganar) redunda en un grave perjuicio para la credibilidad de las instituciones. El espectáculo de ayer en el Senado, más digno de un parlamento bananero que de una institución con muchos siglos de tradición y de responsabilidad como son las Cortes, subraya la certeza de que PSOE y PP toman todo este asunto como pura lucha de poder y han olvidado la conveniencia pública. Se trata de una crisis política en toda regla, en que gobierno y oposición se muestran incapaces de asumir la razón de estado y se enfangan en afrentas mezquinas. Y los criminales y sus cómplices, mientras, ríen a mandíbula batiente y se permiten dar instrucciones a las instituciones democráticas españolas, como ayer hizo Joseba Permach. Nunca estuvieron tan cómodos en los últimos años.
La responsabilidad de esta situación absurda, que deja a nuestros socios europeos boquiabiertos, es de todos, pero la lógica nos dice que sobre todo de quien asumió esa responsabilidad hace tres años por decisión de los electores. Zapatero y varios miembros de su equipo causan una penosa impresión de impericia, de indiscreción, de falta de criterios prácticos y morales, de improvisación. Parecen haber olvidado por completo que los asesinos están al otro lado; que el PP, con todo y sus errores, es un partido tan democrático como el PSOE, con unas ideas que no dejan de ser legítimas por no coincidir con las del presidente del gobierno y su aprendiz de goebbels, con nada menos que diez millones de votantes y, sobre todo, que en la defensa de sus criterios no utiliza las bombas, sino los argumentos, sean éstos más o menos afortunados. Arnaldo Otegi, ese hombre para quien el gobierno tiene palabras mucho más amables que para Mariano Rajoy, habla en nombre de unos pistoleros que no han mostrado intención alguna de dejar las armas, ¿o es que ya se nos ha olvidado? Que el gobierno insista en colocar al PP en la balanza como contrapeso de Batasuna y en asociarlo con la extrema derecha es de auténtica risa: nuestros amigos europeos saben qué es la ultraderecha y cómo se las gasta. En este punto es necesario y urgente retomar un discurso a la vez civilizado y firme. Un discurso que llame asesinos a los asesinos y que como a tales aspire a aplicarles la ley. Un discurso inequívoco contra los chantajistas. Se negocia con los iguales; a las fieras se las acorrala, se las caza y se las encierra. Sólo cabe tener compasión con la fiera que demuestra haber abandonado su fiereza; el que la quiera desenjaular antes se arriesga a sufrir sus zarpazos.
En éstas y no en otras nos tiene hoy el presidente Zapatero. La manifestación convocada por el PP para el próximo sábado será una magnífica oportunidad para que los ciudadanos se lo digan claramente al gobierno, siempre que a continuación el PP sepa administrar ese capital de apoyo popular sin revanchismos: con la moderación y la sensatez que todos deseamos. Si no, será otra oportunidad perdida. Periodista Digital.
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