Mercancía averiada

Un amigo bienintencionado me recuerda mi condición de foraster, que según él me incapacita para ser un buen candidato en las elecciones a las que se presenta mi partido. “Llamándote así no te votará ningún mallorquín”, sugiere. Y yo, que estoy muy dispuesto a aceptar críticas razonadas contra mi idoneidad como candidato, como miembro de cualquier club o como padre de mis hijos, porque sin crítica nadie puede avanzar en la dirección correcta, de ninguna manera estoy dispuesto a tolerar que mi origen y mis apellidos limiten mis derechos políticos, que eso es lo que en realidad significan los argumentos entre pragmáticos y cínicos del discurso de mi amigo. Ya me lo dijo de otra forma en cierta ocasión un estupendo impresor, conversador muy interesante y solo regular editor: “Nosotros los mallorquines no dejaremos nunca que nadie de fuera toque poder, porque para ciertas cosas siempre estaremos de acuerdo y seremos una piña frente a los de fuera, independientemente del partido al que votemos; eso es lo que nos ha permitido sobrevivir tantos siglos”. A aquel editor le dije -y a mi amigo se lo digo- que la descripción puede ser correcta, pero el juicio de valor no puede ser neutral, igual que no podemos describir fríamente la esclavitud, la trata de blancas o los programas de Telecinco. La aceptación -tan conservadora- de que “las cosas siempre han sido así” es tan dañina para el mallorquín adoptivo como para el de nacimiento; si las cosas son como las describe mi amigo, que tampoco estoy yo convencido de ello, no hay tarea más noble que esforzarse porque dejen de ser así, de la misma manera que en algún momento de la historia alguien se esforzó por derogar la prohibición del voto femenino o para que los negros dejaran de tener un lugar asignado en los autobuses.

Sin pretender caer en ningún fanatismo nominalista afirmo que yo me llamo Juan y no Joan, y que la normalidad llegará a España cuando alguien que se llama Josep-Lluís aquí y en la China Popular, y no José Luis, entienda que debe respetar mi nombre y yo sepa que el hecho de que él escoja su nombre, sea el que sea, no implica que sea un separatista de tomo y lomo; ni todo lo contrario. ¿No significa nada para nosotros que el presidente de los Estados Unidos que fundaron Washington, Jefferson y Franklin se llame nada más y nada menos que Barack Hussein Obama? Claro que a algún cafre todavía le parecerá que el señor Obama -ese foraster- debería largarse sin tardanza a algún país oriental donde semejantes señas cuadren con sus prejuicios. Los del cafre, digo.

Porque el nombre o la lengua que hablamos son solo un par de factores de nuestra identidad personal, pero hay más y todos merecen respeto. En otras palabras: uno puede llamarse Gorka Arrizabalaga, ser natural de Toledo, vecino de El Ferrol, hincha del Valencia, mormón, hermano de la cofradía del Santo Silencio, casado por el rito zulú, haber estudiado en Salamanca, tener rasgos filipinos y el letón por lengua materna, preferir llevar a sus hijos a un colegio alemán y ser aficionado a la torta del Casar. Y no pasa nada. Y nadie tiene por qué llamarlo Jorge, ni acusarlo de herejía, ni practicar la inmersión lingüística con sus hijos, ni obligarlo de manera alguna a que se afilie a un bloque identitario establecido por los poderes públicos, por los partidos dominantes o por la corrección política, que no es más que otro de los nombres de la estupidez colectiva. Estamos hablando del respeto a la libertad de los demás. Porque la identidad o es individual o es tribal, y hemos progresado mucho hasta el siglo XXI para aceptar ahora los delirios del señor Junquera y la cobardía del señor Mas como si representaran algo de valor dos pasos más allá de la hoguera del brujo.

En lugares cosmopolitas como Nueva York, San Francisco o Singapur se mueren de la risa cuando conocen nuestra afición por catalogar a las personas de acuerdo con el idioma que hablan o el nombre que usan; en definitiva, ante la constatación de que en España muchos elevan rasgos personales de cuya elección no son responsables a la categoría de virtudes cívicas, y sus limitaciones más catetas a la de identidad nacional; y así nos luce el pelo. Pero conmigo que no cuenten: si alguna vez vuelvo a ser candidato para algo no será, tampoco esta vez, apelando a la mallorquinidad. Lamento mucho que algunos crean que la exaltación de sentimientos irracionales -o la ostentación de un apellido aceptable- es lo mejor que un político puede ofrecer a sus votantes, y en todo caso siempre tendrán opciones que les vendan esa mercancía averiada. En UPyD preferiremos siempre la defensa de los derechos individuales de todos en la búsqueda del interés común. mallorcadiario.com

El ERE de los diputados

Muchos ciudadanos de Baleares se alegraron hace un par de semanas de la medida anunciada por el presidente Bauzá: el recorte de 18 diputados del total de 59 de que se compone el Parlament de les Illes, ya conocido como ERE de los diputados."No quiero políticos que vayan al Parlament a levantar la mano y a cobrar sin hacer nada; no quiero a los que vienen a vivir de la política", dijo, y aseguró que con eso ahorraremos 12 millones de euros por legislatura. Por fin un presidente que mete mano a los políticos, pensaron muchos. Pero hay que leerse la letra pequeña.

Vamos primero al aspecto económico. El ahorro previsto es de 3 millones de euros al año, que no son despreciables. Sin embargo, quiero señalar varios puntos de comparación. Cuando el Ayuntamiento de Formentera, por cálculo electoralista y localismo de la peor especie, se convirtió en Consell Insular en 2008, su presupuesto se multiplicó automáticamente por tres, y no dejó de subir hasta que la crisis forzó a estabilizarlo en 21 millones al año. Suprimir esa institución caprichosa -que en el resto de España se pone como ejemplo risible de arbitrariedad de la casta política- y devolverle a Formentera el estatus municipal supondría un ahorro de 14 millones de euros al año. Ahorro que se queda en nada si consideramos que el que supondría privatizar IB3, una cadena de televisión que no presta ningún servicio apreciable a los ciudadanos pero sí, seguramente, a sus políticos, ascendería a al menos 30 millones de euros al año. Por último, el coste de mantener el Consell de Mallorca, que todos los politólogos serios coinciden en calficar de institución superflua y que los mallorquines tienen por colocadero de políticos, es de 345 millones al año.

Así pues, el ERE de los diputados supone un ahorro casi 5 veces menor que suprimir el Consell de Formentera, 10 veces menor que privatizar IB3 y 115 veces menor que suprimir el Consell de Mallorca; pero nunca hemos escuchado que el president Bauzá tenga intención de emprender estas reformas.

Ahora sigamos con otros aspectos de la medida. El recorte supone reducir el número de diputados y bajar el salario de los diputados con plena dedicación a aproximadamente la mitad. ¿Cuáles son las consecuencias políticas y estratégicas de estos recortes en la representación de los ciudadanos?

A igual número de electores, si reducimos el número de escaños a repartir, la consecuencia aritmética inmediata es que conseguir el primer escaño resultará más difícil para los partidos minoritarios, que en muchos casos quedarán excluidos para siempre del Parlament. Si la ley electoral balear ya tergiversa la voluntad popular hasta extremos insospechados gracias a la ley d'Hondt y sobre todo a una absurda división en circunscripciones insulares, un ERE de diputados deformaría esa voluntad dejando sin representación a un número creciente de ciudadanos. Cada vez más votos quedarían sin reflejo en el Parlament, con el consiguiente deterioro de la representación.

La reducción de sueldos, por otro lado, hará que cada vez menos ciudadanos independientes se dediquen a la política, porque solo quien siga las instrucciones dictadas por las cúpulas de los partidos mayoritarios conseguirá complementar ese sueldo reducido con otras prebendas, de las que los grandes partidos que manejan presupuestos y BOIB disponen a placer; y los representantes de las minorías tendrán que renunciar a una labor política dignamente remunerada o a la misma política. Este nuevo elitismo, unido al déficit democrático antes señalado, dañará radicalmente la separación de poderes y convertirá la cámara legislativa balear en un cementerio de la democracia.

Visto que el ahorro que conllevaría la medida propuesta es mínimo comparado con reformas de mucho más calado que el president Bauzá no piensa emprender; y que las consecuencias que traería supondrían una democracia de peor calidad y una ciudadanía aún más alejada del Parlament, la conclusión no puede ser otra: el president no quiere más democracia ni más ahorro, sino solo publicidad que le suene bien a una ciudadanía harta de despilfarro y de políticos, agitando con la mano derecha la bandera populista de la austeridad mientras con la izquierda gasta 8,5 millones al año en 245 asesores del Govern, es decir, políticos que no representan al ciudadano porque este no los eligió: fueron nombrados por el mismo dedo que quiere suprimir 18 diputados supuestamente para ahorrar y porque "no quiere políticos que vivan de la política".

El ERE de Bauzá es poco más que una treta, propaganda de la peor estofa que no pondrá en práctica porque para ello necesitaría dos tercios del Parlament. A no ser que el PSIB lo apoyase, lo que en todo caso confirmaría las intenciones de la medida: reducir a escombros la oposición crítica (el PSIB es la de salón y alternancia) y aparentar que se ahorra; porque a la hora de la verdad, los diputados del PP que se quedaran sin escaño siempre podrían optar a alguna de las mamandurrias -perdón: asesorías- en las que cobrar por vegetar. El ahorro se diluiría en gasto en asesores, los partidos minoritarios se verían excluidos y sus votantes sin representación. Una añagaza, propaganda, humo, una tomadura de pelo al ciudadano en el mejor caso; y, si lo llevase a cabo con la ayuda del PSIB, un auténtico atentado contra la soberanía popular. Un engaño más del President. mallorcadiario.com.

Una huelga radicalmente injusta

Podría parecer que sí, pero no en todas partes cuecen habas. En el Reino Unido se está poniendo en práctica en los últimos años una reforma educativa que ha ocasionado protestas sindicales y que conducirá en breve a una convocatoria de huelga en el sector. Los sindicatos educativos (los dos más representativos copan el 85% de la plantilla nacional) están preocupados porque el secretario de Estado de Educación, Michael Gove, pretende vincular los sueldos con la productividad, en términos de éxito escolar. El ministro conservador, cuyas polémicas medidas se han ganado siempre el rechazo de los sindicatos y las asociaciones de docentes, ha señalado por primera vez objetivos en la educación primaria, ha reintroducido el estudio de los clásicos y reforzado los contenidos del currículo nacional y, por último, pretende ampliar la flexibilidad salarial en función de los resultados de los alumnos de cada profesor a juicio de los directores. Se puede estar de acuerdo o no con estas medidas (a mí, en particular, me parece que vincular el sueldo a unos resultados académicos constatables mediante evaluaciones externas no puede más que mejorar la educación), pero de lo que no cabe duda es de que en el Reino Unido, además de asuntos religiosos (que también) y lejos de peregrinos debates lingüístico-identitarios (que no), se está hablando de reformas importantes en el corazón de lo que es verdaderamente la enseñanza: la transmisión eficaz de los conocimientos a las nuevas generaciones.

Pero, a lo que iba: alzados en pie de guerra los sindicatos educativos británicos, y por motivos ciertamente muy serios que atañen a los sueldos, las pensiones y los horarios lectivos de los docentes, su medida de presión más contundente es anunciar huelgas en el sector a nivel local de nada menos que un día de duración, allá por octubre, como prólogo de otra posible jornada de huelga que se convocaría nacionalmente para antes de Navidad si las negociaciones con el Gobierno fracasan. Un día de huelga y, tal vez, otro. Su prudencia es natural, dado que el 61% de la población apoya la vinculación de los salarios de los profesores a los resultados que obtengan y el 70% se opone a la huelga, pero sobre todo porque en el Reino Unido, según mi experiencia, abunda algo que en España olvidamos hace tiempo: la responsabilidad cívica.

En Baleares, en cambio, asistimos a una convocatoria de huelga indefinida en el sector educativo cuyo motivo es, y no le demos más vueltas ni prestemos atención a pretextos, el fin de la imposición del catalán como lengua vehicular única de la enseñanza. Sindicatos dirigidos por personas que llevan en algunos casos más de veinte años sin pisar un aula han decidido que el mito del catalán como seña exclusiva de identidad, la falacia de la minorización del catalán y la consiguiente necesidad de compensarla mediante su imposición en la escuela y el resto de zarandajas que componen la mitología nacionalista valen más que la calidad de la enseñanza, el respeto al bilingüismo en la escuela y la paz social y, por tanto, justifican una huelga indefinida. Eso y la defensa de algunos chiringuitos.

La posición de UPyD ha sido siempre la defensa de la libertad de elección de la lengua vehicular de la enseñanza -español o catalán- por los padres de los alumnos en el acceso a la lectoescritura y en las etapas iniciales de la enseñanza. No obstante, con respecto a la arbitraria imposición del catalán sobre el español, que ya perjudicó a demasiadas generaciones de alumnos, el TIL es un avance hacia unas libertades a las que no podemos ni debemos renunciar. Frente al Decreto del TIL, con el que es lícito estar de acuerdo o no, nos encontramos sin embargo con la posición fanática de un sector de los docentes a los que durante demasiados años se les ha hecho creer que era progresista imponer una lengua sobre otra y cercenar los derechos de los hijos de los castellanohablantes, y que para preservar sus supersticiones intactas, cuando no sus privilegios, no dudan en asegurar que aquí de lo que se trata es de excluir el catalán e imponer el castellano. O sea, mienten.

Desde una perspectiva dominada por la ausencia de autocrítica, la pobreza intelectual, la labilidad moral y la irresponsabilidad cívica, es natural que se convoque algo tan desmesurado como una huelga indefinida en defensa no de los sueldos ni de las pensiones, como los profesores británicos, sino de los mitos fundacionales de una minoría. Estos días hemos escuchado en Mallorca, ante la sugerencia de que tal vez una huelga indefinida sea demasiado castigo para unas familias cuya organización estriba en la escolarización de los hijos en un determinado horario, la siguiente contestación: "Los padres también tienen culpa de esta situación, por no haber apoyado nuestras reivindicaciones". Así es el nacionalismo: si no estás conmigo, eres culpable, y por tanto atente a las consecuencias...

En mi opinión, los profesores deberían rebelarse hoy masivamente contra la dictadura catalanista y hacer fracasar una huelga ajena a los problemas reales de la educación, radicalmente injusta y perjudicial desde cualquier punto de vista. Y, va siendo hora, todos los mallorquines deberíamos poner los medios, cada uno en nuestro ámbito, para curarnos de esta enfermedad social y política que ya dura demasiado. mallorcadiario.com.