Ciudadanos de segunda

Satisfecho por los resultados de la primera campaña, desarrollada en mayo pasado, la Consejería de Innovación, Justicia e Interior del Gobierno de las Islas Baleares ha puesto en marcha su segunda campaña de sensibilización para el uso de sistemas de seguridad para menores en vehículos de motor, a través de su Dirección General de Interior y del Instituto de Seguridad Pública de las Islas Baleares. Además de las charlas impartidas en colegios por policías tutores, la iniciativa se basa en el reparto en los centros educativos de un folleto destinado a los padres de los alumnos. El objetivo principal de la campaña, muy loable, es el de "reducir al máximo las conductas de riesgo en la conducción"; se dirige "a los padres y responsables de los menores"; entre sus finalidades se encuentra la de "sensibilizar a los responsables de los menores del uso de los sistemas de seguridad homologados y evitar, así, posibles accidentes"; y uno de los motivos aducidos para llevarla a cabo es que "la prevención de conductas peligrosas ha de comenzar en los núcleos educacionales más próximos a los menores, como el entorno familiar y el centro escolar". Hasta aquí, nada que objetar en cuanto a objetivos, destinatarios, finalidades y motivaciones, sino todo lo contrario: elogios por la iniciativa. Si todo ello es como se declara, no obstante, nos surge automáticamente una pregunta: ¿por qué la campaña se desarrolla sólo en catalán?

Desde instancias oficiales se ha arrinconado el uso de la lengua española con tanta insistencia que la pregunta parece baladí; pero no lo es. Por mucho que sea injusto que la lengua vehicular en los colegios sea sólo una de las dos oficiales, sabemos que lo es por ley. No obstante, dada la finalidad declarada de la campaña, ¿no pudieron preguntarse la multiconsejera Pilar Costa y el director general de Interior, Sebastià Amengual, si para alcanzarla no habría sido más conveniente editar folletos bilingües? Si los padres receptores del folleto monolingüe no entienden su contenido, ¿no se incumple la finalidad de sensibilización en el "núcleo educacional más proximo" que es la familia? Veamos sólo un ejemplo: unos padres de origen vasco (o murciano o colombiano) con hijos escolarizados en la red pública de colegios, que trabajan y pagan impuestos en Baleares y a todos los efectos están sometidos a la legislación y los reglamentos de Baleares, ¿no tienen derecho a recibir servicio de las autoridades de Baleares si su lengua materna, además de oficial y común a toda la nación, es el español? Cuando una persona de las características aludidas recibe el folleto correspondiente a la mencionada campaña, necesita hacer un esfuerzo adicional para entender lo que en él se aconseja, si es que puede llegar a entenderlo. Por lo tanto, no recibe servicio de la Administración en igualdad de condiciones con respecto al ciudadano catalanohablante que sí ve justamente satisfechos sus derechos: es, por consiguiente, un ciudadano de segunda.

Si los responsables de la campaña ignoraban esta posibilidad, deben dimitir por incompetentes. Si no la ignoraban pero consideran que la principal misión de las autoridades de las Islas Baleares es forzar a sus habitantes a aprender catalán, y colocan este objetivo general por encima de los que marcan el sentido común y la propia iniciativa de sensibilización, deben dimitir por sectarios. Si la consejera Costa y el director general Amengual, en fin, no entienden que las lenguas están al servicio de la comunicación y sin este sentido no tienen ningún otro; que ni el catalán ni el español pueden estar por encima de las necesidades formativas y de seguridad de los ciudadanos; y que es una grave irresponsabilidad poner en riesgo a un solo menor porque sus padres no hayan entendido la información que se les da en una lengua que desconocen, siendo la suya igualmente oficial, entonces, sin ningún género de duda, deben dimitir por indignos. Nada nos sorprende ya, dado que toda la señalética en nuestras calles es monolingüe, incluso en casos en que no entender las instrucciones supone un riesgo para el usuario, o bien una sanción evitable sólo con haber entendido un texto. Pero no podemos dejar de insistir en lo absurdo de que en pleno siglo XXI inspire la acción de nuestros gobernantes una mitología identitaria de estirpe herderiana, enemiga de la razón y de la eficacia y que en cualquier otro lugar de Europa estaría perfectamente clasificada como de extrema derecha: sobran los ejemplos. Mientras haya ciudadanos de segunda en España, mientras haya españoles cuyo derecho a la seguridad -o a la educación, o al trabajo, o a la sanidad- se considere menos importante o se proteja menos que el de otros con motivo del idioma que hablan, sea éste el que sea, seguiremos denunciándolo. Periodista Digital. España Liberal.