A alguien que no conozca el régimen político español le puede parecer chocante la situación que vivimos en Baleares: un parlamento donde un puñado de personajes imputados en diversas fases de sus respectivos procesos penales deciden mayorías, legislan, aprueban presupuestos. Pero que la bajeza moral de la política balear sea extremada no significa que sea esencialmente distinta a la que caracteriza, aunque de momento se manifieste con menor intensidad, otras regiones de España con fiscales tal vez menos diligentes. El régimen español prima a los corruptos porque los partidos que permean toda actividad pública sobreviven gracias a una bien engrasada maquinaria de financiación ilegal, a base de comisiones ilegales y cohechos varios. Haber tolerado que dirija la república una casta de mangantes sin escrúpulos, cuya habilidad para corromperse sostiene económicamente en pie todo el edificio partitocrático, tiene como ineludible corolario la aplicación de esa falta de escrúpulos no sólo a los trapicheos clandestinos, sino también a la política visible. La mangancia se ha contagiado de los partidos a las instituciones.
La más grave no es, por tanto, la corrupción que consiste en llenarse los bolsillos o en llenar las arcas del propio partido con cargo al contribuyente. Y digo que no es la más grave porque, al fin y al cabo, a veces los fiscales y los jueces llegan a perseguir y castigar a quienes así se corrompen. Lo más grave es que consideremos legítimas actuaciones políticas que traicionan y pervierten el sentido de las instituciones democráticas.
Así, presumimos corrupto a Bartomeu Vicens, pero no son menos corruptos quienes a partir de ahora, y tras unas solemnes manifestaciones de condena que a nadie engañaron (y si no fíjense en la sonrisilla ufana de Vicens), se limitarán a mirar para otro lado mientras el imputado sigue votando lo mismo que votaba antes, es decir, a quien la señora Munar le diga. Los presupuestos de la comunidad se van a aprobar con el voto del tránsfuga imputado y a nadie se le van a caer los anillos. Pero es que la alternativa sería sacarlos con los votos del rebaño de imputados que a su vez pastorea Rosa Estaràs. Y ahora parece que el PSOE-PSIB va a aportar su propio imputado, para no ser menos: Xico Tarrés, por el caso Ibiza. En el fondo, ¿qué más da? No es ilegal, así que tendremos que seguir solazándonos con este espectáculo mientras ellos quieran.
En otro ámbito, el nacional, lo retrató José Antich, director de La Vanguardia, hace unas semanas a propósito del acuerdo entre Gobierno, PNV y BNG para aprobar los Presupuestos Generales del Estado: “el PNV y el BNG no dan apoyo a una política económica, que es la que siempre se define en unos PGE, sino a una más que legítima transacción económico-política: competencias y dinero para sus respectivas comunidades autónomas a cambio de votos en el Congreso”. Subrayo aquello de la legitimidad porque he ahí el meollo de la cuestión: al PNV y al BNG no le gustaban esos presupuestos y así lo habían manifestado, pero en el último momento acceden a votar porque el Gobierno les concede unas migajas competenciales y unos dineros que comprometen al Estado de por vida: nada menos que, por ejemplo, 30 millones de euros para financiar la prejubilación de los ertzainas, lo cual, cuando la noticia cunda, provocará que los nacionalistas catalanes pidan para unos próximos PGE la financiación de la prejubilación de los mossos, y para otra vez sea la Policía Local de Madrid o la Guardia Urbana de Barcelona, o los cuerpos locales y nacionales de policía que cobran del Estado y que pueden aspirar a lo mismo… Sólo este ejemplo da idea de cómo el Gobierno alcanza irresponsablemente acuerdos a corto plazo que le sirven para sortear el bache generando socavones económicos que pagaremos entre todos de por vida… El presidente Zapatero soborna a unos socios que escoge entre los separatistas más desleales (uno de ellos, sin ir más lejos, denuncia a España ante las instituciones europeas siempre que puede y planteaba hasta hace dos días un referéndum anticonstitucional); los socios votan lo contrario de lo que dicta el sentido común porque su objetivo no es el bien del Estado, sino el poder en su comunidad autónoma; el Estado se endeuda más y se sientan las bases de un mayor endeudamiento; los demás partidos toman nota de que para conseguir dineros con los que sufragar sus redes clientelares locales no hay nada como ser desleal con el Estado, y así la deriva centrífuga se intensifica (CC, PP gallego, UPN…); y a Rodríguez Zapatero todo esto le da absolutamente igual, porque su única misión en la vida es permanecer, seguir apareciendo en las fotos con una sonrisa que conforme pasa el tiempo parece más y más impostada… Y lo más triste es que el director de un diario tenido por serio califica todo este cambalache como una más que legítima transacción económico-política. Éste es nuestro pecado: que consideramos legítimo lo que apenas es legal, y no siempre.
Pero no: no es legítimo usar las competencias como moneda de cambio. Que las competencias sean del Estado o de las CCAA no debe depender de la coyuntura parlamentaria, sino de criterios de eficacia y de un pacto constitucional entre partidos leales con la nación. No es legítimo salvar el año hipotecando el futuro, cuando esa hipoteca la vamos a pagar entre todos los españoles. Tampoco es legítimo, volviendo a Baleares, que el Govern y los partidos de un Pacto pretendidamente de izquierdas y pretendidamente ético se apoyen en el mismo partido al que acusaban hace un año, cuando estaban en la oposición y UM gobernaba con el PP de Matas, haciéndose ahora los sorprendidos por lo que entonces denunciaban y ganando las votaciones en el Parlament gracias a un tránsfuga acusado de varios delitos de corrupción… No dudo que todo esto es legal, pero nadie me convencerá de que sea legítimo.
No sé de qué nos quejamos. El afán de poder llega a convertirse en una enfermedad infecciosa, y ante semejante plaga que nos perjudica a todos cada día no vale de nada quejarse, sino procurar administrar el medicamento adecuado o, en caso de tolerancia, cortar por lo sano. Ya va siendo hora de dejar a algunos de estos inmorales fuera de las instituciones. Periodista Digital. Baleares Liberal.