Mercancía averiada

Un amigo bienintencionado me recuerda mi condición de foraster, que según él me incapacita para ser un buen candidato en las elecciones a las que se presenta mi partido. “Llamándote así no te votará ningún mallorquín”, sugiere. Y yo, que estoy muy dispuesto a aceptar críticas razonadas contra mi idoneidad como candidato, como miembro de cualquier club o como padre de mis hijos, porque sin crítica nadie puede avanzar en la dirección correcta, de ninguna manera estoy dispuesto a tolerar que mi origen y mis apellidos limiten mis derechos políticos, que eso es lo que en realidad significan los argumentos entre pragmáticos y cínicos del discurso de mi amigo. Ya me lo dijo de otra forma en cierta ocasión un estupendo impresor, conversador muy interesante y solo regular editor: “Nosotros los mallorquines no dejaremos nunca que nadie de fuera toque poder, porque para ciertas cosas siempre estaremos de acuerdo y seremos una piña frente a los de fuera, independientemente del partido al que votemos; eso es lo que nos ha permitido sobrevivir tantos siglos”. A aquel editor le dije -y a mi amigo se lo digo- que la descripción puede ser correcta, pero el juicio de valor no puede ser neutral, igual que no podemos describir fríamente la esclavitud, la trata de blancas o los programas de Telecinco. La aceptación -tan conservadora- de que “las cosas siempre han sido así” es tan dañina para el mallorquín adoptivo como para el de nacimiento; si las cosas son como las describe mi amigo, que tampoco estoy yo convencido de ello, no hay tarea más noble que esforzarse porque dejen de ser así, de la misma manera que en algún momento de la historia alguien se esforzó por derogar la prohibición del voto femenino o para que los negros dejaran de tener un lugar asignado en los autobuses.

Sin pretender caer en ningún fanatismo nominalista afirmo que yo me llamo Juan y no Joan, y que la normalidad llegará a España cuando alguien que se llama Josep-Lluís aquí y en la China Popular, y no José Luis, entienda que debe respetar mi nombre y yo sepa que el hecho de que él escoja su nombre, sea el que sea, no implica que sea un separatista de tomo y lomo; ni todo lo contrario. ¿No significa nada para nosotros que el presidente de los Estados Unidos que fundaron Washington, Jefferson y Franklin se llame nada más y nada menos que Barack Hussein Obama? Claro que a algún cafre todavía le parecerá que el señor Obama -ese foraster- debería largarse sin tardanza a algún país oriental donde semejantes señas cuadren con sus prejuicios. Los del cafre, digo.

Porque el nombre o la lengua que hablamos son solo un par de factores de nuestra identidad personal, pero hay más y todos merecen respeto. En otras palabras: uno puede llamarse Gorka Arrizabalaga, ser natural de Toledo, vecino de El Ferrol, hincha del Valencia, mormón, hermano de la cofradía del Santo Silencio, casado por el rito zulú, haber estudiado en Salamanca, tener rasgos filipinos y el letón por lengua materna, preferir llevar a sus hijos a un colegio alemán y ser aficionado a la torta del Casar. Y no pasa nada. Y nadie tiene por qué llamarlo Jorge, ni acusarlo de herejía, ni practicar la inmersión lingüística con sus hijos, ni obligarlo de manera alguna a que se afilie a un bloque identitario establecido por los poderes públicos, por los partidos dominantes o por la corrección política, que no es más que otro de los nombres de la estupidez colectiva. Estamos hablando del respeto a la libertad de los demás. Porque la identidad o es individual o es tribal, y hemos progresado mucho hasta el siglo XXI para aceptar ahora los delirios del señor Junquera y la cobardía del señor Mas como si representaran algo de valor dos pasos más allá de la hoguera del brujo.

En lugares cosmopolitas como Nueva York, San Francisco o Singapur se mueren de la risa cuando conocen nuestra afición por catalogar a las personas de acuerdo con el idioma que hablan o el nombre que usan; en definitiva, ante la constatación de que en España muchos elevan rasgos personales de cuya elección no son responsables a la categoría de virtudes cívicas, y sus limitaciones más catetas a la de identidad nacional; y así nos luce el pelo. Pero conmigo que no cuenten: si alguna vez vuelvo a ser candidato para algo no será, tampoco esta vez, apelando a la mallorquinidad. Lamento mucho que algunos crean que la exaltación de sentimientos irracionales -o la ostentación de un apellido aceptable- es lo mejor que un político puede ofrecer a sus votantes, y en todo caso siempre tendrán opciones que les vendan esa mercancía averiada. En UPyD preferiremos siempre la defensa de los derechos individuales de todos en la búsqueda del interés común. mallorcadiario.com

El ERE de los diputados

Muchos ciudadanos de Baleares se alegraron hace un par de semanas de la medida anunciada por el presidente Bauzá: el recorte de 18 diputados del total de 59 de que se compone el Parlament de les Illes, ya conocido como ERE de los diputados."No quiero políticos que vayan al Parlament a levantar la mano y a cobrar sin hacer nada; no quiero a los que vienen a vivir de la política", dijo, y aseguró que con eso ahorraremos 12 millones de euros por legislatura. Por fin un presidente que mete mano a los políticos, pensaron muchos. Pero hay que leerse la letra pequeña.

Vamos primero al aspecto económico. El ahorro previsto es de 3 millones de euros al año, que no son despreciables. Sin embargo, quiero señalar varios puntos de comparación. Cuando el Ayuntamiento de Formentera, por cálculo electoralista y localismo de la peor especie, se convirtió en Consell Insular en 2008, su presupuesto se multiplicó automáticamente por tres, y no dejó de subir hasta que la crisis forzó a estabilizarlo en 21 millones al año. Suprimir esa institución caprichosa -que en el resto de España se pone como ejemplo risible de arbitrariedad de la casta política- y devolverle a Formentera el estatus municipal supondría un ahorro de 14 millones de euros al año. Ahorro que se queda en nada si consideramos que el que supondría privatizar IB3, una cadena de televisión que no presta ningún servicio apreciable a los ciudadanos pero sí, seguramente, a sus políticos, ascendería a al menos 30 millones de euros al año. Por último, el coste de mantener el Consell de Mallorca, que todos los politólogos serios coinciden en calficar de institución superflua y que los mallorquines tienen por colocadero de políticos, es de 345 millones al año.

Así pues, el ERE de los diputados supone un ahorro casi 5 veces menor que suprimir el Consell de Formentera, 10 veces menor que privatizar IB3 y 115 veces menor que suprimir el Consell de Mallorca; pero nunca hemos escuchado que el president Bauzá tenga intención de emprender estas reformas.

Ahora sigamos con otros aspectos de la medida. El recorte supone reducir el número de diputados y bajar el salario de los diputados con plena dedicación a aproximadamente la mitad. ¿Cuáles son las consecuencias políticas y estratégicas de estos recortes en la representación de los ciudadanos?

A igual número de electores, si reducimos el número de escaños a repartir, la consecuencia aritmética inmediata es que conseguir el primer escaño resultará más difícil para los partidos minoritarios, que en muchos casos quedarán excluidos para siempre del Parlament. Si la ley electoral balear ya tergiversa la voluntad popular hasta extremos insospechados gracias a la ley d'Hondt y sobre todo a una absurda división en circunscripciones insulares, un ERE de diputados deformaría esa voluntad dejando sin representación a un número creciente de ciudadanos. Cada vez más votos quedarían sin reflejo en el Parlament, con el consiguiente deterioro de la representación.

La reducción de sueldos, por otro lado, hará que cada vez menos ciudadanos independientes se dediquen a la política, porque solo quien siga las instrucciones dictadas por las cúpulas de los partidos mayoritarios conseguirá complementar ese sueldo reducido con otras prebendas, de las que los grandes partidos que manejan presupuestos y BOIB disponen a placer; y los representantes de las minorías tendrán que renunciar a una labor política dignamente remunerada o a la misma política. Este nuevo elitismo, unido al déficit democrático antes señalado, dañará radicalmente la separación de poderes y convertirá la cámara legislativa balear en un cementerio de la democracia.

Visto que el ahorro que conllevaría la medida propuesta es mínimo comparado con reformas de mucho más calado que el president Bauzá no piensa emprender; y que las consecuencias que traería supondrían una democracia de peor calidad y una ciudadanía aún más alejada del Parlament, la conclusión no puede ser otra: el president no quiere más democracia ni más ahorro, sino solo publicidad que le suene bien a una ciudadanía harta de despilfarro y de políticos, agitando con la mano derecha la bandera populista de la austeridad mientras con la izquierda gasta 8,5 millones al año en 245 asesores del Govern, es decir, políticos que no representan al ciudadano porque este no los eligió: fueron nombrados por el mismo dedo que quiere suprimir 18 diputados supuestamente para ahorrar y porque "no quiere políticos que vivan de la política".

El ERE de Bauzá es poco más que una treta, propaganda de la peor estofa que no pondrá en práctica porque para ello necesitaría dos tercios del Parlament. A no ser que el PSIB lo apoyase, lo que en todo caso confirmaría las intenciones de la medida: reducir a escombros la oposición crítica (el PSIB es la de salón y alternancia) y aparentar que se ahorra; porque a la hora de la verdad, los diputados del PP que se quedaran sin escaño siempre podrían optar a alguna de las mamandurrias -perdón: asesorías- en las que cobrar por vegetar. El ahorro se diluiría en gasto en asesores, los partidos minoritarios se verían excluidos y sus votantes sin representación. Una añagaza, propaganda, humo, una tomadura de pelo al ciudadano en el mejor caso; y, si lo llevase a cabo con la ayuda del PSIB, un auténtico atentado contra la soberanía popular. Un engaño más del President. mallorcadiario.com.

Una huelga radicalmente injusta

Podría parecer que sí, pero no en todas partes cuecen habas. En el Reino Unido se está poniendo en práctica en los últimos años una reforma educativa que ha ocasionado protestas sindicales y que conducirá en breve a una convocatoria de huelga en el sector. Los sindicatos educativos (los dos más representativos copan el 85% de la plantilla nacional) están preocupados porque el secretario de Estado de Educación, Michael Gove, pretende vincular los sueldos con la productividad, en términos de éxito escolar. El ministro conservador, cuyas polémicas medidas se han ganado siempre el rechazo de los sindicatos y las asociaciones de docentes, ha señalado por primera vez objetivos en la educación primaria, ha reintroducido el estudio de los clásicos y reforzado los contenidos del currículo nacional y, por último, pretende ampliar la flexibilidad salarial en función de los resultados de los alumnos de cada profesor a juicio de los directores. Se puede estar de acuerdo o no con estas medidas (a mí, en particular, me parece que vincular el sueldo a unos resultados académicos constatables mediante evaluaciones externas no puede más que mejorar la educación), pero de lo que no cabe duda es de que en el Reino Unido, además de asuntos religiosos (que también) y lejos de peregrinos debates lingüístico-identitarios (que no), se está hablando de reformas importantes en el corazón de lo que es verdaderamente la enseñanza: la transmisión eficaz de los conocimientos a las nuevas generaciones.

Pero, a lo que iba: alzados en pie de guerra los sindicatos educativos británicos, y por motivos ciertamente muy serios que atañen a los sueldos, las pensiones y los horarios lectivos de los docentes, su medida de presión más contundente es anunciar huelgas en el sector a nivel local de nada menos que un día de duración, allá por octubre, como prólogo de otra posible jornada de huelga que se convocaría nacionalmente para antes de Navidad si las negociaciones con el Gobierno fracasan. Un día de huelga y, tal vez, otro. Su prudencia es natural, dado que el 61% de la población apoya la vinculación de los salarios de los profesores a los resultados que obtengan y el 70% se opone a la huelga, pero sobre todo porque en el Reino Unido, según mi experiencia, abunda algo que en España olvidamos hace tiempo: la responsabilidad cívica.

En Baleares, en cambio, asistimos a una convocatoria de huelga indefinida en el sector educativo cuyo motivo es, y no le demos más vueltas ni prestemos atención a pretextos, el fin de la imposición del catalán como lengua vehicular única de la enseñanza. Sindicatos dirigidos por personas que llevan en algunos casos más de veinte años sin pisar un aula han decidido que el mito del catalán como seña exclusiva de identidad, la falacia de la minorización del catalán y la consiguiente necesidad de compensarla mediante su imposición en la escuela y el resto de zarandajas que componen la mitología nacionalista valen más que la calidad de la enseñanza, el respeto al bilingüismo en la escuela y la paz social y, por tanto, justifican una huelga indefinida. Eso y la defensa de algunos chiringuitos.

La posición de UPyD ha sido siempre la defensa de la libertad de elección de la lengua vehicular de la enseñanza -español o catalán- por los padres de los alumnos en el acceso a la lectoescritura y en las etapas iniciales de la enseñanza. No obstante, con respecto a la arbitraria imposición del catalán sobre el español, que ya perjudicó a demasiadas generaciones de alumnos, el TIL es un avance hacia unas libertades a las que no podemos ni debemos renunciar. Frente al Decreto del TIL, con el que es lícito estar de acuerdo o no, nos encontramos sin embargo con la posición fanática de un sector de los docentes a los que durante demasiados años se les ha hecho creer que era progresista imponer una lengua sobre otra y cercenar los derechos de los hijos de los castellanohablantes, y que para preservar sus supersticiones intactas, cuando no sus privilegios, no dudan en asegurar que aquí de lo que se trata es de excluir el catalán e imponer el castellano. O sea, mienten.

Desde una perspectiva dominada por la ausencia de autocrítica, la pobreza intelectual, la labilidad moral y la irresponsabilidad cívica, es natural que se convoque algo tan desmesurado como una huelga indefinida en defensa no de los sueldos ni de las pensiones, como los profesores británicos, sino de los mitos fundacionales de una minoría. Estos días hemos escuchado en Mallorca, ante la sugerencia de que tal vez una huelga indefinida sea demasiado castigo para unas familias cuya organización estriba en la escolarización de los hijos en un determinado horario, la siguiente contestación: "Los padres también tienen culpa de esta situación, por no haber apoyado nuestras reivindicaciones". Así es el nacionalismo: si no estás conmigo, eres culpable, y por tanto atente a las consecuencias...

En mi opinión, los profesores deberían rebelarse hoy masivamente contra la dictadura catalanista y hacer fracasar una huelga ajena a los problemas reales de la educación, radicalmente injusta y perjudicial desde cualquier punto de vista. Y, va siendo hora, todos los mallorquines deberíamos poner los medios, cada uno en nuestro ámbito, para curarnos de esta enfermedad social y política que ya dura demasiado. mallorcadiario.com.

Condenas sí; pero, sobre todo, reformas

El ingreso en prisión de Maria Antònia Munar, muy esperado por buena parte de la sociedad mallorquina, coincide en el tiempo con otras decisiones judiciales controvertidas por su aparente benignidad: el archivo de las causas contra José Blanco y Yolanda Barcina y la rebaja de la condena de Jaume Matas, que supone que de momento no pisará la cárcel. Pese al respeto a las instituciones a que estamos obligados por nuestra fe democrática, choca -y el ciudadano no ducho en leyes no puede entender- que los políticos de partidos con influencia en Madrid se vayan de rositas en casos en que como poco se quiebra la máxima cesariana de que el político no solo ha de ser honrado, sino también parecerlo. Los nuestros no lo parecen.

Si, como UPyD ha propuesto repetidas veces y PP y PSOE han denegado otras tantas, los miembros de los órganos judiciales superiores no fueran designados por la mayoría parlamentaria que suman PP y PSOE, sino por los mismos profesionales de la Justicia, los ciudadanos no tendrían dudas sobre la justificación técnica de las resoluciones favorables a Matas, Blanco o Barcina. Felipe González se cargó de un plumazo en 1985 la independencia del poder judicial (“Montesquieu ha muerto”, se ufanó entonces Alfonso Guerra) mediante una reforma de la LOPJ que el PP de Alberto Ruiz-Gallardón aseguró anularía cuando gobernase, para olvidar esa promesa, como muchas otras, una vez alcanzada la Moncloa. Los políticos no pueden reprocharle al ciudadano que desconfíe, cuando es evidente que han hecho todo lo posible por politizar el poder judicial (y el Banco de España, el Consejo Nuclear, la Comisión de Valores, las cajas, los sindicatos, las patronales, las asociaciones de víctimas del terrorismo y cualquier otro resorte del Estado, órgano regulador, asociación o instancia que hayan conseguido colonizar en los últimos 30 años). Si queremos que España salga del marasmo, es urgente devolver las instituciones a los ciudadanos.

Pero lo que seguramente nos urge más es una renovación –una purga, diría yo- del sistema de financiación y control de los partidos políticos, de los contratos públicos y de la Administración en general. Mientras órganos como el Tribunal de Cuentas o la Sindicatura de Comptes -también politizados- sigan emitiendo informes con cuatro años de retraso y carácter no vinculante, no habrá control efectivo. Proponemos que el nombramiento de sus vocales no dependa de los partidos políticos, que entre sus competencias esté la de instar procesos judiciales, que las administraciones sean obligadas a remitirle la información necesaria a corto plazo y que su dotación sea razonable.

Mientras la transparencia sea solo una palabra y no una rendición de cuentas pública y permanente, no habrá financiación justa. No es de recibo que los partidos gasten en propaganda diez veces más de lo que ingresan por medios legales y nadie se pregunte nada. No es de recibo que los bancos condonen las deudas de los partidos políticos y nadie investigue tan inexplicable comportamiento. No es de recibo que se nos presente el reparto de sobres como una práctica justificada para compensar la dedicación de nuestros políticos, ¡siempre y cuando los declaren a Hacienda! No es de recibo que la fragmentación de contratos para eludir los límites legales sea una práctica generalizada. No es de recibo que una señora suministre la grava de las obras que ella misma aprueba como representante del pueblo.

Tal vez muchos ciudadanos no lo sepan: la financiación ilegal de los partidos no es delito en España. Debe ser incluida inmediatamente en el Código Penal, porque hoy demasiados la contemplan como un pecadillo venial: “roban, sí, pero no por lucro personal, sino por el partido”. O: “es que con los medios legales no se puede mantener esta maquinaria”. Pero UPyD lo hace, como atestiguan el Tribunal de Cuentas y algún que otro premio a la transparencia, y si UPyD lo hace es que se puede. Y es que, además, es falso que se robe por el partido: al final la financiación ilegal y el lucro personal son actividades indistinguibles. Munar y su banda robaron para sí mismos y sus amigos con el pretexto de financiar el partido, y PP y PSOE fueron sus cómplices: ¿quién negará que todo el mundo en Mallorca sabía lo que sucedía pese a que todos pactaban con la banda corrupta poder a cambio de silencio? ¿Bárcenas presuntamente aceptó comisiones para el partido o para sí mismo? ¿Qué más da? Ese entorno tolerado por todos al margen de la ley es lo que hace que en España la lacra inevitable de la corrupción encuentre un campo abonado que en otros países no existe. Felizmente la democracia ha vencido a Munar, pero mientras la financiación de los partidos escape al control de los ciudadanos, mientras los contratos públicos no sean otorgados de forma verdaderamente objetiva y mientras la Justicia no disponga de las herramientas necesarias seguiremos soportando otras munares, otros ERES y otros bárcenas. Habrá victorias parciales, pero perderemos la guerra. El Mundo-El Día de Baleares.

Suprimir el "nivel 33"

El caso de Marienna Sánchez-Jáuregui, aún alcaldesa popular de Ibiza, ha puesto de actualidad el privilegio de los complementos vitalicios de los altos cargos. Resulta que, desde 1990 las sucesivas leyes presupuestarias, y desde 2007 el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de la Función Pública de Baleares, así como las demás leyes autónomicas homólogas, señalan complementos vitalicios para todo funcionario de cualquier nivel que haya servido dos años seguidos y con dedicación exclusiva como alto cargo, o tres de forma discontinua, para equiparar su retribución a la de un director general. Esto incluye a presidentes del Gobierno, presidentes autonómicos, ministros, secretarios de Estado y directores generales, consejeros autonómicos y sus correspondientes altos cargos, directivos de entes públicos asimilados a altos cargos, alcaldes, concejales, presidentes de diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, diputados, senadores, diputados autonómicos, miembros del poder judicial y de los tribunales superiores autonómicos, cargos en la Unión Europea y un largo etcétera. Es el irónicamente llamado “nivel 33” de la Administración, que suma al sueldo de cualquier funcionario que haya sido alto cargo desde el establecimiento de la democracia cantidades mensuales que pueden llegar hasta los 1.150 euros, dependiendo de su nivel retributivo de partida, con el fin de lograr esa equiparación. Todo indica que la alcaldesa ha demorado su dimisión lo que ha sido necesario para alcanzar el derecho a su complemento de destino.

El carácter especialmente repulsivo y cínico de este caso de presunta corrupción –tan poco presunta que se da el caso prácticamente inaudito en España de que su propio partido haya pedido a la señora Sánchez-Jáuregui que dimita- ha impelido a la oposición ibicenca a criticar las maniobras de la alcaldesa para cobrar dicho complemento. Pero cuando se les recuerda que la exalcaldesa socialista de Vila también lo cobra, contestan que no es lo mismo: ella no lo cobra por haber demorado deliberadamente una dimisión, sino porque completó su mandato. Es decir: al PSOE le parece mal el proceder dilatorio de la alcaldesa del PP, pero el complemento vitalicio en sí les parece justificado.

El fondo de este asunto -dejando a un lado el de los dineros de Prensa Pitiusa- no es, por tanto, el cinismo de someter los plazos de una decisión fundamental para Ibiza como es la dimisión de su alcaldesa a los intereses particulares de esta, algo por cierto muy grave, sino el mismo hecho de que existan complementos vitalicios para ex-altos cargos. ¿En qué se basa un privilegio que coloca a los funcionarios que han pasado por la política en el máximo nivel retributivo sin haber pasado por los procesos de promoción interna que costosamente afrontan todos sus compañeros que no tienen la suerte de tener un amigo en la cúpula de los partidos? ¿Acaso haber sido alcaldesa supone un perjuicio permanente que deba ser compensado? ¿Acaso no cobraron esos altos cargos buenos sueldos -sin duda justos- mientras lo fueron? ¿Acaso los ciudadanos que salen de la política hacia el sector privado no son también de Dios? La arbitrariedad del complemento es tan palpable como el acuerdo absoluto entre los partidos viejos para crearlo y mantenerlo. La Constitución prohíbe los privilegios, aunque cuando afectan a los políticos nos olvidamos de ella con gran facilidad.

Ignoro la cantidad de dinero que los contribuyentes invertimos en mantener ese privilegio bastardo, pero calculen: la señora Sánchez-Jáuregui, si aguanta hasta el 11 de junio, incrementará sus ingresos en unos 6.000 euros al año de por vida; existen 8.000 municipios en España, muchos de ellos con numerosos cargos de dedicación exclusiva cubiertos por funcionarios; Baleares tiene, además, 450 altos cargos; hay 17 comunidades autónomas y cincuenta provincias; debemos sumar los miembros de todas las cámaras legislativas, órganos judiciales, Unión Europea y organismos de todo tipo; vamos por la décima legislatura democrática (todas, desde 1978, cuentan para ser ex); y se estima que uno de cada cuatro altos cargos procede de la función pública. Hablamos seguramente de cientos de millones de euros al año. Y sospecho que cuando Europa le dice a Rajoy que debe recortar, no se refiere a la Sanidad ni la Educación, sino a este tipo de disparates.

No obstante y con serlo mucho, el enorme despilfarro no es lo más grave aquí; lo terrible es la devaluación que se ejerce sobre la democracia y que, además, explica el verdadero motivo de este complemento funcionarial. Cuando uno va de la nada a la política, el alto cargo y su sueldo pueden ser en sí acicates suficientes para la obediencia al partido, pero cuando uno ha ganado una plaza de funcionario en propiedad, no teme tanto el fin de su presencia en la política. Cosa muy distinta es si de la decisión de la misma cúpula partidaria que designa cargos de confianza y elabora listas electorales cerradas depende la consolidación o no de un jugosísimo complemento salarial de por vida. El nivel 33 es, por tanto, un elemento de manipulación de la voluntad del funcionario alto cargo, que tiene un trabajo asegurado, sí, pero se está jugando un sueldo vitalicio de director general, y supone así una vuelta de tuerca en el déficit representativo de una partitocracia que busca que electos y designados supediten el bien común a los intereses partidarios de la manera más lanar posible.

Eliminar este complemento del Estatuto Básico del Empleado Público es una obligación ética del gobierno de la Nación, y hacerlo de la Ley de la Función Pública de Baleares lo es del señor Bauzá; de la misma manera que han sido responsables de crearlo y mantenerlo los partidos que han sustentado en España los sucesivos gobiernos nacionales y autonómicos: PP, PSOE, IU, CiU, PNV, etc. En las autonómicas de 2011 solo UPyD Baleares llevó en su programa la supresión de este complemento, y en las próximas volveremos a proponerlo. No esperen que otros lo hagan. Diario de Ibiza; actualizado en mallorcadiario.com

Marienna Sánchez-Jáuregui, ganándose el complemento vitalicio (foto del blog de Carlos Martorell, 2012).

La credibilidad de la prensa española en trece titulares sobre el rescate

Léanse los siguientes titulares de esta tarde, ordénense los medios periodísticos que los han emitido de más servil/previsible a menos servil/previsible y consígnense por ese orden en los comentarios a esta entrada. Entre las respuestas acertadas se sorteará un paquete de acciones de Bankia.

1. El País: Rescate a España

2. ABC: España logra de Europa «un préstamo bancario en condiciones muy favorables»

3. El Mundo: Rescate a la banca de hasta 100.000 millones sin condiciones al Gobierno

4. La Razón: «Hemos pedido apoyo financiero para los bancos, no un rescate»

5. Expansión: Rescate: España pide ayuda para la banca

6. Público: Rescate bancario

7. El Confidencial: El Gobierno pide ayuda para salvar la banca pero evita hablar de "rescate"

8. El Plural: España es rescatada, pero el Gobierno dice que es ¡una buena noticia!

9. El Economista: 'Rescate' y amarga victoria de España

10. La Vanguardia: España pide a Europa que rescate su sistema bancario

11. El Correo: España solicita el rescate

12. La Gaceta: 'Un préstamo en condiciones muy favorables'

13. Marca: Un 'español' rescata a Alemania (referido al gol del futbolista nieto de españoles Mario Gómez en el partido Alemania-Portugal; no me digan que no es bueno)

Fuera de concurso (pero no hagan mucho caso: estos extranjeros no tienen mucha idea de las cosas de España, sus periodistas son muy poco profesionales y, sobre todo, nos tienen mucha pero que mucha envidia).

Financial Times: Spain seeks Eurozone bail out (España pide el rescate de la Eurozona)

The Times: Spain seeks bank bailout of up to €100 billion (España pide un rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros)

The New York Times: Spain to Accept Rescue From Europe for Its Ailing Banks (España aceptará el rescate de Europa para su banca achacosa)

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Es la hora de los valientes

No es que nos guste ponernos solemnes, ni que ignoremos las dificultades que supone un proceso de refundación del Estado como el que proponemos desde UPyD; es el caso que en algún momento hay que empezar a demostrar la voluntad de que los cambios sucedan. Anteayer hemos recordado nuestra propuesta de suprimir los consells insulares, y ayer la de fusionar los ayuntamientos pequeños, como medidas de reducción del déficit. Entendemos que el Govern Balear tiene mucho que decir aquí.

Nos dirán que los consells son entes muy queridos en las islas, pero de sentimientos no vamos a comer. Nos dirán que aproximan la administración al ciudadano, y es cierto, pero también lo es que facilitan la corrupción y entorpecen el ahorro; por no hablar del hecho de que contar con cuatro administraciones pseudoautonómicas, sumadas a la local, la autonómica, la nacional y la europea, en un conjunto que ronda el millón de habitantes -cuando hay ciudades en Europa que triplican esa población y se contentan con un simple ayuntamiento- es a todas luces un despilfarro intolerable. Nos dirán que suprimir los consells requiere reforma constitucional, y tendrán razón; pero alguien, en algún momento, tiene que abrir ese proceso, y mostrar voluntad de que sí desea reformas serias. Lo que no nos dirán es que en ese proceso los partidos se dejarían por el camino redes clientelares, cuotas de poder, intereses particulares.

Nos dirán que los municipios son también un nivel de la administración muy cercanamente identificado con el ciudadano; que prestan servicios desde la cercanía; que gozan de una tradición... Pero la tradición por sí sola nunca ha sido garantía de eficacia. El mapa municipal de España data del siglo XIX, deriva directamente de las parroquias decimonónicas y no tiene nada que ver con la realidad demográfica, económica o administrativa de la España de 2012. Está estudiado que el tamaño mínimo adecuado para una gestión local eficiente es el de los 20.000 habitantes. Nuestros alcaldes piden mancomunar servicios como la Policía local, pero sin que desparezca la administración local correspondiente... Es evidente que la prestación eficaz de los servicios y la economía de escala exigen la fusión de los ayuntamientos más pequeños, lo que no significa ni la desaparición de los núcleos de población ni la de sus bienes comunales, tradiciones o toponimia. Lo que no nos dicen es que si suprimimos concejalías y alcaldías los partidos políticos pierden cuota de poder y capacidad de adjudicar contratos a dedo.

Es la hora de los valientes. El ministro Montoro acaba de afirmar en una entrevista que “hay que revisar, reequilibrar y ordenar el Estado autonómico”. Pero esto no puede quedar en palabras. En un momento crítico de la historia de España son necesarias personas corajudas al frente de las instituciones. Necesitamos líderes que nos hablen de sacrificio, pero no precisamente de recortes en Sanidad o Educación para eludir la responsabilidad de eliminar el verdadero cáncer de nuestro país: las administraciones superfluas, el caos insensato de empresas públicas, el exceso de funcionarios. Es preciso pisar callos, renunciar al interés particular, olvidar el corto plazo electoral y mirar con ojos de estadista. Necesitamos visión de Estado.

Y desde las comunidades autónomas se puede hacer mucho. Los estadistas son necesarios en Madrid, pero también en las comunidades autónomas. El presidente Bauzá debe decidir si quiere ser un obstáculo más o prefiere ser recordado como uno de los hombres con visión de Estado que instaron al gobierno de la Nación, con sus ideas y su apoyo, a refundarlo. El President tiene la obligación de dar un paso al frente: puede reclamar el fin de los consells insulares y hacer uso de las competencias que la Ley de Bases del Régimen Local le otorga en materia de fusión de ayuntamientos. Puede tratar al ciudadano como a un adulto y tendrá el apoyo de la ciudadanía y, desde luego, el de UPyD.

O puede elegir ser una rémora más para la solución de la profunda crisis institucional que nos aqueja y nos hunde sin remedio en el marasmo económico. Puede seguir jugando al juego que le dicta la trasnochada troupe del nacionalismo sociológico, eludir los problemas de fondo, aplicar la lupa localista y seguir haciendo de la política un circo paleto. En ese caso no tendrá nuestro apoyo.

Viva la Pepa

200 años después sigue vigente el grito: "Ciudadanos, ¡viva la Constitución!". En este acto se dicen cosas éticas y útiles para España. Y me encanta Iwasaki. Ved el vídeo aquí:

Carta abierta a Moviment per la Llengua

Estimados señores,

Les agradecemos muy sinceramente su cortés invitación al encuentro con partidos en Sa Pobla el próximo día 15 en contra de la Ley de la Función Pública.

Paso a detallarles nuestra posición con respecto al asunto que les mueve.

1. Para empezar, nos parece que la sociedad balear no entenderá que partidos y asociaciones malgasten tiempo y energía en problemas ficticios como el inexistente conflicto lingüístico cuando la economía amenaza con hundirse y arrastrar a buena parte de la población. Por supuesto cada quién es libre de escoger el objeto de sus preocupaciones, pero espero que no les parezca demagógico que les recuerde que en Baleares hay a día de hoy 100.000 parados y que eso, si algo tiene que ver con la lengua, será porque durante demasiado tiempo los políticos hayan atendido ese conflicto inventado antes que los problemas reales.

2. En UPyD no creemos que haya que defender ninguna lengua. Tampoco creemos que haya que defender los martillos hidráulicos, ni los contadores Geiger, ni las gomas de borrar, ni la norma ISO 690-1987 para referencias bibliográficas, ni la tecnología del sílex. Todas son herramientas más o menos complejas y hermosas que están ahí para usarlas mientras sirvan. No sentimos ninguna aflicción especial por la condición de lengua muerta del latín y nos parece inevitable que el catalán y el español caigan en desuso también algún día, cuando dejen de ser necesarios. Reparen en que digo desuso, no extinción; porque las lenguas no son, contra lo que podría parecer a tenor de ciertos discursos sin duda bienintencionados, organismos vivos. No lo son y, por lo tanto, no se extinguen.

3. En particular, el catalán es una lengua que ha sobrevivido a casi mil años de no ser oficial. Hoy es hablada por diez millones de personas en cuatro estados europeos, es oficial en el Principado de Andorra y en tres comunidades autónomas españolas, se enseña en las escuelas, se utiliza en la Administración en todos esos lugares y es vehículo de una literatura de gran vitalidad. Afirmar que está en riesgo de extinción sólo puede ser fruto de la ingenuidad o del deseo de engañar. Y basar en esa afirmación falsa -e incluso aunque no fuera falsa- una política de discriminación hacia quienes no tienen el catalán como lengua materna entra en el terreno de lo totalitario. Sin ambages.

4. Tampoco creemos -antes bien rechazamos- que las lenguas sean un elemento determinante de la identidad, que por supuesto nunca es colectiva -en una sociedad que no esté enferma o sojuzgada por el totalitarismo-, sino individual. Es un hecho antropológico que las lenguas no son por sí solas el ingrediente definitivo de las culturas, como no lo son las razas ni las religiones, y afirmar lo contrario es mitología, no ciencia; y además es muy peligroso.

5. Creemos que es un acierto intentar garantizar por ley el acceso al trabajo en igualdad de condiciones para los hablantes de ambas lenguas oficiales. Por tanto, no nos oponemos a la Ley de la Función Pública.

6. No sólo eso, sino que en UPyD -lo hemos dicho muchas veces- somos partidarios de derogar la Ley de Normalización, que nos parece negativa para las libertades, e incluso de desterrar del Estatuto el falso concepto de lengua propia, que como ustedes saben o deberían saber no corresponde a realidad alguna, sino a un concreto prejuicio ideológico sin fundamento científico. Queremos que catalán y español tengan el mismo estatus legal, cosa que hoy no sucede.

7. Estamos seguros de que el tan citado consenso de los partidos viejos en torno a la llamada normalización lingüística no es muy distinto a los consensos que existen entre esos mismos partidos, de manera igualmente mayoritaria o unánime, en favor de la incontinencia en el gasto público, o contra una reforma del sistema electoral que garantice la proporcionalidad en la representación, o contra la racionalización del estado autonómico (por ejemplo, haciendo desaparecer el Consell de Mallorca, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos inviables), o contra la supresión de las ruinosas televisiones autonómicas... Consensos todos estos que se mantienen contra los intereses de los contribuyentes, de espaldas al sentido común y a lomos de la cobardía política, los complejos o la estrechez de miras, cuando no de un concepto inmoral de la política; consensos, sí, que sólo adquieren sentido en el contexto de una democracia muy imperfecta y en el seno de una clase política adocenada, desvinculada de la realidad y de los ciudadanos a los que hace ya mucho tiempo que se ha olvidado de representar.

8. Somos partidarios del bilingüismo y, sobre todo, de la libertad de elección lingüística, porque -por las mismas razones expuestas más arriba- las lenguas no tienen derechos. Son los ciudadanos que las usan quienes los tienen.

9. Creemos que el debate siempre es positivo, pero también que ya existe un foro de partidos, el Parlamento de las Islas Baleares -al que por cierto UPyD aún no pertenece- que goza de carácter institucional y de legitimidad democrática suficiente porque ha sido elegido por los ciudadanos. Establecer encuentros, plataformas o mesas de partidos al margen del Parlamento introduce confusión en esta o cualquier otra materia, puede dotar de protagonismo político y apariencia de legitimidad democrática a quienes sin duda no los tienen y atrae la atención de la prensa sobre entidades que efectivamente solo se representan a sí mismas. No es nuestra foto.

10. Por último, no podemos ocultar cierta inquietud frente a cualquier organización que, grande o pequeña, se viste de pueblo y se denomina a sí misma movimiento.

Como ven, partimos de premisas radicalmente opuestas, y por ello ni nos parece de interés para ustedes ni resulta coherente con nuestro propio discurso que respaldemos con nuestra presencia un encuentro que, desde nuestro punto de vista, en el mejor de los casos nos distrae de las prioridades políticas del momento y, en el peor, promueve el recorte de las libertades de los ciudadanos de Baleares.

Pese a ello, les deseamos mucha suerte en su deseo de ejercer su legítimo derecho de petición, un derecho que como españoles les reconoce la misma carta magna que prescribe -también- el derecho de todos los ciudadanos de nuestra Nación a usar la lengua común -el español-, ya que en UPyD respetamos todos los artículos de esa Constitución.

Gracias de nuevo por la invitación y un saludo muy cordial.

Berlanga, 2012

Consideren una comunidad política en plena decadencia. Sin recursos económicos propios apreciables, sometidos a un régimen benigno pero retrógrado y privados de estímulos intelectuales serios, algunos de sus miembros se alinean con cierto oscurantismo de baja intensidad, o con las glorias del pasado; otros -escasos y desatendidos-, con el conocimiento y la ciencia; los más, con el ocio de masas más ramplón. No confían su progreso material a la educación, ni al esfuerzo emprendedor, ni a una reforma de las estructuras fosilizadas, sino a la recepción -pretendidamente justificada mediante un cultivo metódico de la apariencia- de una ayuda exterior que se supone ilimitada. Y cuando finalmente el maná pasa de largo, dejando detrás de sí la factura de los sueños infundados, toda la comunidad se ve obligada a hacerse responsable de esa deuda, incluidos aquellos que desaconsejaron la descabellada inversión o rechazaron los beneficios prometidos, con una resignación que no es más que la otra cara de la frivolidad con que antes se permitió a las autoridades tomar decisiones arbitrarias y/o descabelladas.

Anoche tuvo lugar una nueva sesión del meritorio ciclo Cine políticamente incorrecto del Cinefórum de UPyD Baleares que dirige Arturo Muñoz. Se proyectó la película ¡Bienvenido, Mr. Marshall!, de Luis García Berlanga, con un guión inteligente y divertido -a veces hilarante- en el que es fácil reconocer la huella de Miguel Mihura. La introducción de Javier Navarro Ferrer y los comentarios posteriores del público asistente coincidieron en que una descripción como la que da inicio a este texto, y que pese a las apariencias se refiere a aquella postguerra recreada por Berlanga, mantiene hoy toda su actualidad tras cambios políticos tan aparentemente sustanciales para España como los operados en los sesenta años que nos separan de 1952.

ETA y la coherencia del PP de Rajoy

Lo bueno de llevarle la contraria al gobierno Rajoy es que no hace falta ni argumentar: ellos mismos muestran cada día sus propias contradicciones éticas y estratégicas.

Por ejemplo: si UPyD pide en el Congreso la ilegalización de Amaiur, Bildu y demás testaferros de ETA en aplicación de la Ley de Partidos que promovió -no lo olvidemos- un gobierno Aznar en el que Mariano Rajoy era ministro, el PP y el PSOE (ese Jano de la partitocracia española) acusan a Rosa Díez de populista, demagoga, inconsistente y radical. Pues bien, si echamos un vistazo al programa del Partido Popular para las elecciones del pasado noviembre, entre las medidas comprometidas contra el terrorismo leeremos lo siguiente (p. 187):

04. Impulsaremos la aplicación de la Ley de Partidos [...] a las organizaciones políticas vinculadas a ETA. Instaremos las actuaciones oportunas en tanto esta banda terrorista continúe existiendo y existan organizaciones políticas que quieran legitimar, continuar, gestionar, justificar o defender el terrorismo perpetrado o el proyecto incompatible con un régimen democrático de libertades que ETA ha pretendido imponer. Adoptaremos las medidas precisas para impedir la utilización de las instituciones en cualquier actividad de apoyo, legitimación o justificación del terrorismo y de sus responsables".

Ese compromiso contraido con la ciudadanía que aupó al PP al gobierno se corresponde exactamente con lo que ha pedido en el Congreso UPyD, que ha aportado además una potente batería de pruebas que demuestran los vínculos entre Amaiur-Bildu y Batasuna-ETA. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Lo que en noviembre podía ser una propuesta programática hoy es un exabrupto oportunista y radical? El portavoz de Amaiur en el Congreso, señor Errekondo (antes Recondo), durante el debate llamó "compañeros" a los etarras recientemente detenidos. ¿Hace falta mejor demostración de los vínculos entre Amaiur y ETA? ¿O es que sus señorías, para darse por enterados, necesitan que les metan un cóctel molotov por... la gatera?

El PSOE y el PP están jugando con fuego. El mismo lehendakari Patxi López, de cuya irresponsabilidad hace mucho tiempo que no me cabe ya duda alguna, esta semana ha manifestado en una entrevista su deseo de que el terrorista Arnaldo Otegi salga de la cárcel. Según la propuesta del PP de sólo hace tres meses ("utilización de las instituciones en cualquier actividad de apoyo, legitimación o justificación del terrorismo y de sus responsables"), a López habría que aplicarle de inmediato medidas... Pero, muy al contrario, en el debate parlamentario de ayer las dos formaciones políticas mayoritarias -no hablemos de los nacionalistas- trataron con más deferencia a Amaiur que a UPyD.

Un deplorable cortoplacismo caracterizó la política de Zapatero, y creíamos que nadie podría actuar jamás tan mal como el expresidente en materia de terrorismo. Continuar por esa senda sólo puede fortalecer a aquellos que ya han demostrado tener una meta bien definida, sólida, si es necesario a largo plazo y, si hace falta, a sangre y fuego. Atendiendo el corto plazo, los principios suelen salir malparados. Y la coherencia. Y la libertad de los ciudadanos.

Justicia o folclore

Apelar al abuelo fusilado en 1936, como se está haciendo, para desacatar una sentencia de 2012 que condena a un juez que conscientemente ha violado el derecho a la defensa de los acusados es, sencillamente, un disparate, pero sobre todo una enorme falta de respeto hacia quienes murieron hace 80 años por defender el estado de derecho. La reciente sentencia del Supremo contra el ya exjuez Garzón es impecable, pero algunos salieron anteayer a manifestarse contra ella sin siquiera haber leído un resumen, aunque -eso sí- con la bandera republicana a cuestas. ¿Qué clase de circo bananero es España? Durante demasiados años nos hemos acostumbrado a ser frívolos e irresponsables en nuestras conductas y opiniones, porque este era uno de los modelos de prestigio social imperantes (véanse, si no, un par de películas de Almodóvar), pero si queremos juzgar una sentencia judicial hace falta, primero, tener sensatez y conocimientos para entenderla; segundo, haberla leído; y tercero, haber reflexionado sin prejuicios irracionales.

La intervención judicial de conversaciones de presuntos delincuentes es un instrumento que el juez ordena cuando lo estima conveniente a fin de impedir sus crímenes; pero no estamos hablando de eso, sino de escuchar las conversaciones entre un acusado y su abogado. No se trata de investigar un delito, sino de espiar la estrategia de defensa de un reo en un proceso ya iniciado. Esto en nuestro ordenamiento jurídico sólo se permite en el caso del terrorismo, de manera muy excepcional y restrictiva, y aun así es una excepción de dudosa constitucionalidad porque, como principio procesal elemental, entendemos que espiar al abogado de un acusado socava el derecho a la defensa de éste. A Baltasar Garzón se lo ha condenado por pasar por encima de un derecho fundamental.

¿En serio a los que protestan por la condena de Garzón no les importaría que un juez conociese sus conversaciones con sus abogados preparando su defensa en un juicio? Imaginemos que a Pilar Bardem, por inocente ejemplo, la procesaran un día por algún delito y el juez encargado del caso usara contra ella escuchas ilegales de sus conversaciones con su abogado. ¿Alguien duda que Cayo Lara, el exjuez Garzón y demás estrellas de la izquierda de salón saldrían a la calle con las pancartas y las banderas republicanas a cuestas y calificarían al magistrado de franquista?

La clave de todo es que el fin no justifica los medios. El caso Garzón no tiene nada que ver con las fosas de los abuelos republicanos, ni con los presuntos delitos de los dirigentes valencianos del PP, ni con Franco, ni con los Reyes Católicos. Tiene que ver con el derecho a una defensa justa. La actuación de Garzón en el caso Gürtel es característica de un estado como el franquista, y por eso se lo ha condenado. Y se lo condena ejemplarmente porque no hay peor delincuente que un juez delincuente. Si quedan libres los (presuntos) facinerosos de Gürtel será precisamente porque Garzón actuó contra las normas y dinamitó el proceso.

Cualquier otro argumento está fuera de lugar cuando estamos hablando de un señor que ha violado un derecho fundamental desde el estrado del juez. Si juzgamos con rigor y nos atenemos a lo juzgado, Garzón es culpable de un delito de prevaricación. Nadie que defienda que un juez puede prevaricar si con ello puede meterle mano a los malos puede darnos lecciones de democracia. Porque, en derecho, la verdad la dicta una sentencia firme y hasta ese momento la protección de la defensa de un acusado es sagrada y no hay buenos ni malos.

Y, efectivamente, como dicen los detractores de la sentencia, este estado de derecho es muy mejorable. Hace falta despolitizar la Justicia, hace falta dotarla de medios y hacen falta muchas otras cosas en las que seguiremos insistiendo; pero sobre todo hace falta que a un juez no se le permita prevaricar impunemente y que dejemos de juzgar las sentencias con criterios folclóricos. La condena de Garzón, pese a todos sus méritos pasados en la lucha contra ETA, contra el GAL y en otros ámbitos, es un triunfo del estado de derecho. Tenemos que tener muy claro que ni los héroes ni los santos están por encima de la ley en democracia.

Una nueva etapa para UPyD Cataluña

Se me ocurren unas cuantas reflexiones, breves y poco originales, en torno a las elecciones internas al Consejo Territorial que se celebrarán el próximo día 11 en UPyD Cataluña. Y es que en ambas candidaturas encuentro méritos personales y colectivos por los que apoyarlas.

En un lado veo el reflejo de una solitaria y meritoria resistencia de muchos años, la batalla por los derechos lingüísticos de los catalanes hispanohablantes que UPyD no debe dejar de defender nunca: una candidatura de reacción frente a la injusticia de la Cataluña que conocemos. En el otro, veo un perfil más abierto a otros intereses, más parecido en definitiva a la Cataluña ideal que deseamos.

Es fundamental que, gane la candidatura que gane el próximo sábado, quienes a partir de su designación van a representar el nombre y las ideas de UPyD en aquella región proyecten hacia la sociedad su convencimiento de que el conflicto político asociado a la lengua y otros elementos de la llamada identidad, un conflicto que ciertamente existe y no deberemos descuidar, no es el asunto único de una política de progreso. La acción política nunca puede ser mera reacción. Insisto: entender esto es fundamental.

Quienes formen el nuevo CT deben garantizar también que la época de los personalismos, de las intrigas mediocres y de arrastrar conflictos caducos entre los diversos sectores del constitucionalismo catalán ha acabado y no va a volver. Que ese es, en todo caso, un asunto del pasado, que UPyD es un partido nacional que ha demostrado su pujanza de sobra y sin la ayuda de nadie, que tiene un presente propio brillante y un futuro lleno de promesas, en el que se va a contar cada vez con más catalanes con o sin pasado, y que quienes van a dirigir UPyD, por tanto, piensan estrictamente en clave UPyD.

Por último, but not least, el nuevo consejo territorial debe asumir tareas de organización, expansión y acción institucional que desde la fundación del partido hasta el día de hoy, creo yo, jamás se asumieron con eficacia, seguramente porque el interés de quienes deberían haberlas asumido estaba en otras cosas (y no quiero volver al punto anterior). Siempre en mi modesta opinión de observador externo, la organización de UPyD en el Principado nunca ha pasado del estado embrionario, y una comunidad como Cataluña merece un gran partido nuevo para hacer política nueva. Hay que identificar las carencias y emprender las tareas subsiguientes con ilusión, ideas nuevas y -si es necesario- siguiendo el ejemplo de cómo se ha trabajado en otras regiones de España, donde los éxitos electorales han sido consecuencia de un éxito organizativo anterior.

Dicho todo esto -que, ya lo sé, es muy fácil de decir desde la barrera-, sólo me resta desear suerte a ambas candidaturas; pedir a los compañeros de Cataluña que la participación en el proceso electoral sea muy alta y esperar que su reflexión previa al voto coincida con lo que he planteado en los párrafos que anteceden. Y, a partir del 11, comprobaremos que el nuevo equipo directivo llevará UPyD Cataluña a la posición de protagonismo que nuestro partido está ya más que en condiciones de defender. ¡Ánimo!

Política tribal

A propósito de la polémica sobre si la señora Chacón se ha de hacer llamar Carme o Carmen -pese a todo, posiblemente el debate de ideas de más densidad de los que están teniendo lugar en el seno del proceso de primarias del PSOE-, estoy de acuerdo con algunos en que se trata de reduccionismo antropológico. Sin embargo, discrepo en cuanto a que dé igual cómo se llame la señora: no me parece conveniente ni natural que alterne el uso de ambos nombres dependiendo del contexto lingüístico. ¿Debería el presidente del Consejo de Europa, señor Van Rompuy, dejarse llamar don Germán cuando visita España, por ejemplo? ¿No es más natural que los españoles reconozcan la identidad de este señor respetándole el nombre?

Dejando a un lado la consideración que me merecen el oportunismo, la amnesia voluntaria y la demagogia en política, y en las primarias del PSOE en particular -coincido plenamente con Joaquín Leguina-, sin pretender caer en ningún fanatismo nominalista afirmo que yo me llamo Juan y no Joan, y que la normalidad llegará a España cuando alguien que se llama Josep-Lluís y no José Luis entienda que debe respetar mi nombre y yo sepa que el hecho de que él escoja su nombre, sea el que sea, no implica que sea un separatista de tomo y lomo; ni todo lo contrario. ¿No significa nada para nosotros que el presidente de los Estados Unidos que fundaron Washington, Jefferson y Franklin se llame nada más y nada menos que Barack Hussein Obama? Claro que a algún cafre todavía le parecerá que el señor Obama debería largarse sin tardanza a algún país oriental donde semejantes señas cuadren con sus prejuicios. Los del cafre, digo.

Porque el nombre es sólo un factor de nuestra identidad personal, pero hay más y todos merecen respeto. En otras palabras: que uno puede llamarse Gorka Arrizabalaga, ser natural de Toledo, vecino de El Ferrol, hincha del Valencia, mormón, hermano de la cofradía del Santo Silencio, casado por el rito zulú, haber estudiado en Salamanca, tener rasgos filipinos y el letón por lengua materna, preferir llevar a sus hijos a un colegio alemán y ser aficionado a la torta del Casar. Y no pasa nada. Y nadie tiene por qué llamarlo Jorge, ni acusarlo de herejía, ni practicar la inmersión lingüística con sus hijos, ni obligarlo de manera alguna a que se afilie a un bloque identitario establecido por los poderes públicos, por los partidos dominantes o por la corrección política, que no es más que otro de los nombres de la estupidez colectiva. Todo esto se llama respeto a la libertad de los demás. Porque la identidad o es individual o es tribal, y hemos progresado mucho hasta el siglo XXI para caer ahora en los delirios del señor Mas o los disparates del señor Eguiguren.

En lugares cosmopolitas como Nueva York, San Francisco o Singapur se morirían de un ataque de risa ante nuestro afán reduccionista, ante nuestra afición por catalogar a las personas de acuerdo con el idioma que hablan o el nombre que usan; en definitiva, ante la constatación de que en España muchos elevan rasgos personales de cuya elección no son responsables a la categoría de virtudes cívicas; y sus limitaciones más vulgares a la de identidad nacional. Y así nos luce el pelo.

(Reproducido parcialmente el 30 de septiembre de 2013 en "Mercancía averiada", mallorcadiario.com.)

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Willie Stark o el poder como pasión personal

En su último artículo en La República, Luis de Velasco, diputado de UPyD en la Asamblea de Madrid, reflexiona sobre las actuales primarias republicanas y algunos defectos de la democracia norteamericana, y a propósito de ello nos recuerda un cinismo lanzado por el senador Penrose en 1896, pero aún vigente: "I believe in the division of labor. You send us to Congress; we pass laws under which you make money... and out of your profits, you further contribute to our campaign funds to send us back again to pass more laws to enable you to make more money". Todavía a día de hoy, parece imposible descartar el intercambio de favores entre candidatos y gobernantes, por un lado, y lobbys y corporaciones por el otro, como parte fundamental del engranaje político en los Estados Unidos y, para qué mentirnos, también en España.

Este problema se encuentra en el centro del esquema argumental de la película de Robert Rossen El político (All the King's Men, 1949), que anoche fue proyectada dentro del programa del II Cinefórum de UPyD Baleares que tan meritoriamente dirige Arturo Muñoz; una obra que, como recordó en su comentario inicial el profesor Ramon Català, pese a sus casi 63 años sigue totalmente vigente. El protagonista de la película, un gobernador Willie Stark encarnado magistralmente por Broderick Crawford, pasa, sin apenas transición y merced a un profundo desengaño, de la ingenuidad a la identificación más completa con lo peor de la política: aquello que siempre criticó cuando permanecía en la pureza de las intenciones.

En el I Cinefórum de UPyD ya se había planteado hace un año la disyuntiva democracia/demagogia a través del filme El candidato (The Candidate, Michael Ritchie, 1972), en el que un Bill McKay (Robert Redford) idealista y carismático acaba arrastrado por la dinámica electoral, en la que los argumentos pesan mucho menos que la apelación a los sentimientos. El problema planteado es el del poder de la propaganda sobre las masas, y el de cómo el aspirante ha de adaptarse a un discurso demagógico si quiere alcanzar sus fines: ganar las elecciones y permanecer en el poder para desarrollar su programa.

El político va más allá: no sólo el candidato se da cuenta tras su decepción inicial de que lo más importante de su derrota es que ha "aprendido a ganar" (abandonando los argumentos y excitando las pasiones de un campesinado del que se proclama primus inter pares), sino que su rendición al populismo aparece inmediatamente relacionada con la asociación del candidato a los poderes fácticos a través de promesas muy bien adornadas de carisma. Robert Rossen pretendió reflejar un sistema político democrático sólo en apariencia, pero en el fondo profundamente oligárquico. Que el ya gobernador Stark se rodee de esbirros, tolere y oculte la corrupción, incurra sistemáticamente en el soborno, la amenaza y la violencia física, compre voluntades y controle los medios de comunicación ilustra en toda su crudeza esta visión de la política.

La traición de Stark a la democracia se refleja con fría naturalidad en su traición a su mujer, la misma que lo hizo llegar tan lejos, y en sus sucesivas traiciones a todos los que lo rodean. Ningún logro del gobernador (escuelas, hospitales, infraestructuras) tiene sentido si no lleva su nombre rotulado. Las palabras de Stark justo antes de morir resumen su deriva: sólo es capaz de pronunciar una y otra vez su propio nombre. Ante la afirmación de que el fin justifica los medios, que se repite en la película bajo diversas fórmulas (por ejemplo: "el bien sale del mal"), constatamos que, en aras de esta filosofía, todos los medios acaban poniéndose indefectiblemente, desenfrenadamente, al servicio de una finalidad que no puede ser otra que el poder como pasión personal. Frente al sistema de balances de la democracia, la hybris política que en nada contribuye a corregir los defectos de la democracia.

Lamentablemente no me fue posible quedarme al coloquio posterior a la proyección, pero sí llegué a escuchar algunas de las cuestiones planteadas a la audiencia por el profesor Català, que me permito resumir: ¿es posible llegar al poder sin concesiones a la demagogia?; ¿es posible permanecer en el poder sin corromperse?; ¿serán capaces las personas que integran UPyD, cuando lleguen a gobernar, de mantenerse al margen de estas dinámicas que distorsionan y llegan a anular la democracia...?

Entre la ética pura y paralizante y la corrupción de los principios ha de existir, en un terreno pedregoso pero necesario, la racionalidad instrumental, la "ética de la responsabilidad" de la que hablaba Weber, que no es lo mismo que la resignación, porque pone por encima de todo las consecuencias de la acción política sobre el bien común. Determinar los límites de conceptos tan peliagudos y aplicarlos es tarea de los nuevos políticos. Porque los viejos, me temo, ya olvidaron sus tiempos de cinefórum...

Salinas, la muñeca romana y algunas sombras tarraconenses

En Tarragona pasé dos años de mi infancia. De esos segundo y tercer curso de la EGB de entonces me quedan, lógicamente, pocos detalles, aunque sorprendentemente vívidos: la amistad infantil -hoy inverosímil y enriquecedora- con Isabel Camblor; el tufillo sospechoso que escapaba del hábito del padre M***; las visitas a aquel parque de Cambrils en el que desplegaba sus habilidades el loro Paco, un guacamayo azul y amarillo con el que aún sueño; las panteras rosas que nos daba de merendar mi madre, cual lujo asiático, en la Playa de la Rabassada; la luz deslumbrante y tópica del mediodía mediterráneo.

Ya por motivos adultos, Tarragona vuelve a ser para mí objeto de recuerdo cariñoso gracias a las iniciativas literarias del poeta Ramón García Mateos: un catalán de Salamanca que habría que inventar si no fuera tan torrencialmente evidente que está ahí. De El Escorial a Cambrils, pasando por Zamora, Ramón riega la existencia con amistad, poesía, canciones, vino, ética y compromiso a partes iguales. Y, en Cambrils, el Goethe con Ricardo Hernández Bravo, y todos aquellos poetas en el Instituto...

Tarragona ha sido para mí, por tanto, causa de alegrías y satisfacciones. Como otros lugares. Y, también como a otros lugares, vuelvo ahora a ella triste de constatar una vez más que en todas partes cuecen habas.

Me enteré en un grupo de Facebook -uno de esos raros grupos que no cultivan la banalidad ni la propaganda- de que el profesor Fernando Parra, colaborador de Diari de Tarragona, había propuesto al director del museo arqueológico local que, junto a la célebre muñeca romana de marfil que en él se exhibe, se mostrase en una cartela el poema que el poeta Salinas dedicó al juguete tras su visita a la ciudad del Francolí en 1927. La sensibilidad del poeta había quedado impresionada por el hallazgo de aquel objeto frágil y cotidiano, creado sin intención de perduración, 1.600 años después de ser inhumado.

También me he enterado de que, tras un cordial intercambio de cartas, el director, señor Tarrats, ha denegado la exhibición del poema junto a su objeto con el peregrino argumento de que no se cumplen efemérides que lo justifiquen, restringiendo tal categoría sólo a los aniversarios múltiplos de 25. El señor Tarrats le dice al profesor Parra que se lo recuerde en 2027, en que se cumplirán cien años del hallazgo, y se queda tan ancho.

Parra ha comentado la jugada en su columna del Diari y, diplomático como es, ha atribuido el enorme disparate a lo que llama tiranía de las efemérides. Sólo sugiere, para descartarlo enseguida porque es un caballero, que la negativa se haya debido al hecho de que el poeta se llamase Pedro Salinas y no Pere Salines, o Pierre Dessalines siquiera. Al hecho de que, aunque se trate de un poeta universal, fuese natural de Madrid y no de Vic, o en su defecto de cualquier localidad suficientemente alejada de la Meseta.

Yo, qué quieren que les diga, no me puedo creer que el director de un museo renuncie inocentemente a avalorar su colección con la aportación de un importante poeta sobre una de sus piezas más brillantes; una aproximación interdisciplinar de coste muy próximo a cero que cualquier gestor que aplicase criterios estrictamente museológicos aprobaría sin dudarlo un segundo y sin hacerla depender de conmemoraciones pedestres. El subterfugio de las efemérides es demasiado infantil como para creérselo. Que el motivo sea, en cambio, que Salinas escribió su obra en español y no en catalán -que sea un poeta español, y no un poeta catalán- puedo creérmelo más fácilmente; porque como criterio es igual de absurdo, pero por desgracia está a la orden del día en aquella tierra de la que tan buenos recuerdos tengo.

En manos del director Tarrats queda, por tanto, rectificar este disparate en beneficio de sus conciudadanos o bien seguir proyectando la sombra del sectario adocenado que sin duda no es. Estoy seguro de que su intención nunca fue perjudicar a Tarragona.

Traducción

Original:

A UPyD li han pres l'espai i el discurs

El gir del PP cap a la dreta en matèria lingüística està deixant UPyD sense discurs. S'hauran de repensar i reinventar. Com és possible que el PP, que té desenes i desenes de milers de votants catalanoparlants, estigui tan obsessionat per deixar sense espai a la gent de Calbarro?

(Diari de Balears, 18 de enero de 2012)

Traducción:

El discurso moderado de UPyD se impone

La vuelta del PP al sentido común en materia lingüística demuestra la sensatez del discurso de libertad defendido por UPyD. Seguirán influyendo decisivamente en la política balear. ¿Cómo es posible que el PP, que tiene decenas de miles de votantes razonables, haya estado tan perdido en posiciones más propias del separatismo radical?

Como ven, no se trataba de una traducción del catalán al español, sino del identitario al demócrata. Aquí las lenguas tienen poco que ver. Y todavía hablan de obsesiones...

Prometer hasta meter

Aunque Rajoy no les convencía mucho, había que votarle -decían-, bien que fuera con la nariz tapada, para echar a Zapatero.

El candidato popular lo aseguró en la campaña: "No subiremos los impuestos", y es normal que lo dijera, porque llevaban años criticando a Zapatero por subirlos. Esperanza Aguirre lo había tuiteado: "Hoy mostramos libremente nuestro desacuerdo con un gobierno que, tras provocar la crisis económica más grave en 50 años, sube los impuestos" (18 de abril de 2010); y "La mejor política fiscal es la que, en lugar de subir los impuestos, lo que hace es bajarlos en cuanto sea posible" (4 de febrero de 2011)... Javier Arenas también había dicho recientemente la suya: "No se puede estar todo el día subiendo impuestos porque, a más impuestos, hay menos renta disponible para el consumo y la inversión" (5 de octubre de 2011).

Hoy nos encontramos a Soraya Sáenz de Santamaría anunciando las mismas medidas que podría haber anunciado Rubalcaba si hubiese ganado las elecciones. Más impuestos para las rentas del trabajo. Ni hablar de recortar enormes gastos superfluos como diputaciones provinciales, embajadas catalanas, subvenciones a los sindicatos y patronales (con un 20% de las subvenciones directas nos tendremos que conformar), retiros millonarios para consejeros políticos en cajas, televisiones y empresas públicas. Para qué.

¿Qué dirán hoy Aguirre y Arenas? Probablemente lo mismo que me arguye un amable comentarista: que la culpa es del gobierno saliente, que ha dejado las arcas públicas en un estado ruinoso. Que hay que dar confianza al nuevo gobierno, dejarle maniobrar. Pero entonces, me pregunto yo, ¿por qué aseguraron lo contrario? ¿El manirrotismo proverbial del presidente Zapatero, junto con la propia aversión del Partido Popular a enfrentarse con los verdaderos problemas de España (el despilfarro autonómico, la decadencia institucional) no les permitía prever la necesidad de medidas como éstas?

Nos quieren convencer de que es lícito que los políticos prometan cualquier cosa para ganar las elecciones y después digan digo donde habían dicho Diego. "Prometer hasta meter, y después de haber metido, olvidar lo prometido", reza una máxima popular no exenta de cinismo. O bien es que confían en la poca memoria de los españoles. Pero -lo siento mucho- yo no pienso olvidar ni dejarme convencer. Dejando a un lado la consideración de que sea necesario o no subir los impuestos (y a mí me parece que hay demasiados gastos superfluos que recortar antes de cargar el problema sobre los hombros de los ciudadanos que menos tienen), Rajoy incurre en una grave responsabilidad cuando hace radicalmente lo contrario de lo que prometió: nos transmite la idea de que nuestros representantes pueden engañarnos y fumarse un puro; la idea de que los ciudadanos somos como menores de edad a los que hay que proteger de la realidad, a los que si hay que mentirles se les miente -por su bien, claro está. Pero desengáñense: no es por nuestro bien, sino por puro interés de los partidos políticos. Conmigo que no cuenten: cada vez que el PP incumple una promesa electoral pierde credibilidad. Es su responsabilidad, y no la mía, mantener esa credibilidad, y de momento la incoherencia de su discurso -en el tiempo y en el espacio- no ayuda en nada a mantenerla.

Lo peor de todo es que cargar al ciudadano con más impuestos tras haber certificado que no se tiene ninguna intención de meter en cintura la mayor causa reconocida del déficit público (el gasto desatado de las comunidades autónomas, que siguen sin hacer sus deberes) sólo nos garantiza que seguiremos financiando los excesos a costa del gasto social, por lo que el ciudadano se verá perjudicado doblemente y los políticos despilfarradores seguirán haciendo de las suyas aparentemente sin control, como hasta ahora.  Álvaro Anchuelo lo ha explicado muy bien en un texto reciente.

Unos y otros lo llamaron "voto útil", para ahora encontrarse de nuevo (PP o PSOE, ¿qué más da?) frente a un Gobierno que maniobra antes contra el ciudadano más débil que contra los responsables de los problemas reales, y encima usando la misma neolengua que tanto gustaba al felizmente acabado presidente del talante ("recargo solidario", nos dicen ahora). Ya hay quien lo ha ilustrado con gran acierto. Sólo me falta escuchar a Rajoy haciendo retruécanos y quiasmos infantiles para recordarme que seguimos en Babia.

Próspero 2012.

Alegría y responsabilidad

Efectivamente, en Unión Progreso y Democracia de Baleares tenemos motivos para estar contentos. Si miramos nuestros resultados locales de 2008 (3.000 votos) y los de ayer (más de 18.000) sólo podemos alegrarnos. Si tenemos en cuenta los de las autonómicas (más de 8.000) y que sólo han pasado seis meses, pese a la diversa consideración que forzosamente merece el voto para unas generales, tampoco podemos ser sino optimistas. Ayer se ha producido un punto de inflexión en la trayectoria de UPyD y nada va a volver a ser igual.

En Madrid contamos hoy con un puñado de buenos diputados que representarán al millón y pico de españoles que nos han otorgado su confianza, incluidos los de Baleares, e incluso a los ciudadanos que no nos han votado; porque ahora son diputados nacionales y conformarán, junto con el resto de la cámara, la voluntad política de la Nación y la protección de sus intereses comunes.

Y esta confianza de los ciudadanos, que para nosotros es compromiso, con UPyD se abrirá paso hasta el foro parlamentario. Ya en la legislatura pasada Rosa Díez promovió iniciativas parlamentarias que habían surgido en nuestra sede de Palma, particularmente en materia de Educación. Hoy, con cinco diputados de UPyD, vengan de donde vengan, todos los españoles van a tener la oportunidad de acceder a una ventana del Congreso, con sus problemas y sus preocupaciones, porque en ningún otro grupo parlamentario se les va a entender mejor: porque ningún otro partido está extraído de la ciudadanía misma, lejos de la profesión de político.

He dicho grupo parlamentario, sí: existen precedentes en que la Mesa del Congreso ha admitido, bajo diversas argumentaciones, grupos parlamentarios que no cumpliesen con el requisito del 5%. En el caso de UPyD, creemos que una interpretación razonable del reglamento por parte de la mesa nos dará grupo propio. No parece que un grupo mixto compuesto por 27 diputados de 9 fuerzas políticas distintas tenga mucho sentido práctico.

Y con un grupo parlamentario propio se multiplican los tiempos de intervención, las posibilidades de presentar iniciativas parlamentarias y la influencia general sobre la política española. Gorriarán, Anchuelo, Lozano y Cantó, junto a Rosa, ofrecerán a los españoles un espectáculo de parlamentarismo digno de mucha atención, porque también en este terreno ofrecemos pedagogía y la regeneración de una vida parlamentaria hoy paupérrima y adocenada. Estén, pues, atentos.

Todo ello va a ser posible gracias a los votos de una gran cantidad de españoles a los que nuestro mensaje ya llega -y gusta- y gracias al esfuerzo de unos pocos miles de militantes que han renunciado al descanso para redactar programa, repartir propaganda, agitar redes sociales, integrar equipos de comunicación... En Baleares particularmente tengo que sentirme muy orgulloso del equipo de personas que han acompañado a los candidatos durante esta intensa campaña. Mi agradecimiento para todos ellos.

UPyD va a desempeñar su mandato con responsabilidad, sabiendo que nuestro único compromiso es con los ciudadanos. Y, para empezar, exigiremos la reforma de una ley electoral absurda que nos da cinco diputados cuando una recta proporcionalidad nos daría dieciocho, mientras a Amaiur, con la quinta parte de nuestros votos, le otorga siete escaños. En España hoy nadie habla de otra cosa y UPyD llevará este debate, de nuevo, al Congreso. Este y otros.

[Publicado en El Mundo-El Día de Baleares, 22 de noviembre de 2011]

Último día de campaña en Palma

Hoy cerramos la campaña en Palma junto a la Plaza de España, en la intersección de San Miguel con Olmos.

Me he pasado la mañana atendiendo a la prensa: Radio Calvià, Radio Nacional, Onda Cero, Última Hora Menorca, Diario de Ibiza, Diario de Mallorca... Y una actividad intensa en redes sociales.

Al llegar por la tarde a San Miguel, IB3 Televisión ya estaba grabándole unas palabras a Arturo. Hemos tenido también fotógrafos de El Mundo y Última Hora. Corroboro que la atención de la prensa en esta campaña ha sido enormemente superior a la que tuvimos en mayo, y no digamos a la de las generales de 2008. Se ha notado mucho, y durante toda la campaña.

De nuevo hemos proyectado algunos vídeos en la gran pantalla. La gente se para a mirar y escuchar y aprovechamos para pegar la hebra. Un señor argentino nos recrimina que no propongamos eliminar la industria de armamento. Otro caballero me dice que no malgaste un folleto dándoselo: él ya tiene decidido votarnos. Un matrimonio que acaba de regresar a España, después de treinta años residiendo en Suiza, me dice que la única propuesta política que puede entender es la de UPyD. Se acerca a saludar, como en cada campaña, cierto mando de la policía local que se distingue por su amabilidad y por poner las cosas fáciles. No nos votará, sin embargo: milita en el PSOE y la fidelidad le puede.

Hemos estado casi treinta compañeros en este cierre. En general, gustamos y ya no se nos percibe como outsiders, como las primeras veces que repartimos propaganda en este mismo cruce, hace ya cuatro años.

Después de recoger, algunos compañeros hemos tenido una conversación en la sede que me ha parecido especialmente entrañable, no sé por qué. Seguramente porque estamos viendo que se nos echa encima un punto de inflexión, que a partir del 20N esto no va a ser lo mismo, sino algo mucho más importante, y vuelven a la cabeza los buenos y malos ratos pasados juntos desde aquel septiembre de 2007 en que nos unimos a este magnífico proyecto.

Hemos cerrado el día pegando los últimos carteles en un espacio urbano estupendo, perfecto para que estén muy visibles durante toda la jornada de reflexión... Si es que no nos los arranca a la mañana siguiente, como viene siendo costumbre, la brigada de vándalos del régimen...

Ha sido un placer. Y a partir del domingo, más.

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Voto nulo, voto en blanco

Hoy ya me han preguntado dos veces por el "voto nulo computable" o "voto blanco computable" para el Senado, como si fuera posible ahorrarnos senadores. Esta iniciativa está circulando impulsada por sectores afines al llamado Movimiento 15M; creo que se trata de una campaña absolutamente irresponsable y de consecuencias democráticas nefastas si tuviera éxito, que ignora los mecanismos de la ley electoral y que, por otra parte, confunde el voto nulo con el voto en blanco.

El voto nulo no es computable en ningún caso. Se trata en todo caso de una propuesta ideal, nada que funcione actualmente. En ningún caso van a quedar escaños vacíos; aparte que vaciar las instituciones, si computar el voto nulo o blanco tuviese ese efecto, sería a mi entender una auténtica majadería.

En nuestras elecciones, a efectos del reparto de escaños, simplemente se cuentan los votos, se descartan los nulos (como si fueran abstenciones) y luego se procede a repartir los escaños de acuerdo exclusivamente con los votos válidos. Si esos votos nulos hubieran sido emitidos válidamente a favor de partidos minoritarios, alguno de sus representantes habría entrado en la cámara, para cuestionar el poder hoy omnímodo del bipartidismo.

Gracias a nuestra ley electoral, el voto en blanco perjudica a las minorías, porque es un voto válido que se suma a la hora de calcular el 3% necesario para entrar en el reparto y, por tanto, puede ayudar a excluir a los pequeños. Sustituir el voto a una minoría por el voto en blanco sólo favorece a los grandes. Ni siquiera vale como pataleo, ya que medio minuto después del escrutinio nadie se acuerda del voto en blanco ni del nulo, para pasar a hablar de lo que verdaderamente importa: el reparto de escaños entre los partidos.

Un ejemplo muy significativo, aunque no se trate de unas elecciones, es el referéndum de 2005 sobre la Constitución Europea. Más del 60% de los españoles o se abstuvo o votó nulo o votó en blanco y, sin embargo, la Constitución fue aprobada en España, porque los síes fueron más que los noes. Ni los blancos, ni los nulos ni las abstenciones contaron para nada. Y así sucede en cualquier referéndum o elección en España.

Votar nulo o en blanco no cambia nada o empeora la situación: produce exactamente el mismo resultado que votar al PP, al PSOE o a CiU, tanto en el Congreso como en el Senado. Lo cual es legítimo, pero todo el que vote nulo o blanco tiene que ser consciente de ello: no va a castigar a los responsables del actual déficit democrático, sino que los va a reforzar. Votar opciones minoritarias, sean las que sean, dificulta en cambio la atribución de escaños a PP y PSOE. Seamos serios y no caigamos de nuevo, e inconscientemente, en el juego del bipartidismo.

Marea magenta en Palma

Y ayer viernes montamos una mesa informativa en la Plaza de España de Palma. Estuvimos repartiendo folletos, proyectando vídeos y charlando con los viandantes; incluido un elemento que se presentó preguntando si "había que matar algún político", y cuya mejor propuesta era que había que abolir el trabajo porque esclaviza al ser humano y uno se cansa mucho... También recibimos la visita de unos jóvenes antifascistas que nos lanzaron sus insultos como quien persigue alimañas peligrosas. Anécdotas aparte, estuvimos encantados de atender a los periodistas de IB3 TV y, sobre todo, de observar cómo la gente se para a mirar, escuchar y comentar los vídeos de Rosa Díez. Les puedo asegurar que nadie dijo "no me gusta lo que dice Rosa". Al contrario, todo el que la escucha está de acuerdo con ella. Algunos se convencen y otros... prefieren seguir votando lo que votaron siempre: a los partidos que les han congelado sus pensiones o recortado sus sueldos pero siguen con sus privilegios de diputados, a los que han arruinado sus ayuntamientos, a los que han poblado los juzgados de corruptos, a los que han entregado las llaves de la casa a quienes sólo quieren llevarse los muebles antes de derribarla... El 20 de noviembre tenemos, entre otras cosas, una cita con el sentido común. Y con nuestro futuro como nación libre. ¡Ánimo!

Marea magenta en Inca

Entre los actos celebrados en los últimos días en Mallorca en el marco de la campaña para las elecciones generales, ved la participación de los compañeros de Inca en el mercado del jueves pasado. Mi gratitud y mi enhorabuena a Manuel Genicio y compañeros. Gracias a ellos y a gente como ellos, en Inca también vamos a crecer. El 20 de noviembre, CADA VOTO VALE.

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Preguntas y respuestas, 6. Sobre energía nuclear y plan hidrológico

[Mariano, de Baleares, por correo electrónico.] Sobre el punto 109 del programa de UPyD: mantenimiento de la energía nuclear instalada, me gustaría saber qué posición tienen frente a Garoña: ¿cerrarla como dice el gobierno en un par de años, o mantenerla diez años como dicen los informes técnicos?

» Efectivamente, apostamos por agotar la vida útil de Garoña conforme a los informes técnicos, porque sustituir una energía económica ya instalada por otra más cara sería poco razonable, y a abrir un debate público y riguroso, sin prejuicios, que estudie la posibilidad de integrar la energía nuclear en el mix de energías necesario para un abastecimiento eficiente, junto a las renovables, y tendiendo a reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Sobre el punto 346: plan hidrológico. Especificando, ¿estarían dispuestos a volver al trasvase del Ebro en similares términos a los que proponía el PP? ¿Hablarán con todos o apoyarán al PP (si gobierna, algo realmente probable) si quiere volver a lo que generó años atrás tanta polémica?

» Claramente es el Estado el que ha de administrar las competencias en materia de aguas. El Plan Hidrológico debe diseñarse con criterios técnicos, administrarse de acuerdo con las cuencas hidrográficas existentes, actualizarse permanentemente en función de las necesidades detectadas y ejecutarse desde la visión del conjunto: no puede ser estático ni basarse en planteamientos cortoplacistas, ni partidarios (ni del PP ni de ningún otro partido) ni localistas. El interés común y la equidad deben primar, y por lo tanto en cada momento habrá que determinar la conveniencia y el sentido de los trasvases. No valen posiciones absolutas ni invariables en esta materia, porque el clima tampoco lo es ni actúa por comunidades autónomas.

Lem sobre el nazismo y sus metástasis contemporáneas

El otro día citábamos a Levi. Hoy, otro pensador crítico del nazismo. A ver si nos suenan las cosas que dice:

Hay que adentrarse en esa zona aterradora, no tanto por la memoria de las víctimas como por el respeto a los vivos. [...] Quien opina como yo se arriesga a que lo tomen por moralista. Porque quiere sulfurar las conciencias, para que no se calmen nunca, para que la cultura, en un acto de autodefensa, no se cicatrice con una costra insensible, designando, por razones de conveniencia, unos días de aniversario para vestirnos de luto.
[...]
La mentira como premisa del asesinato tiene múltiples formas, así que, antes que nada, es necesario reconocer la falsedad del Tercer Reich y, además, hacerlo de tal modo que simultáneamente queden al descubierto sus metástasis en el presente.
[...]
La matanza se convirtió en una sentencia de justicia histórica y los saqueos en pura gloria de guerra, ya que podían ennoblecer todas sus atrocidades y monstruosidades mediante un nuevo bautizo y declararlas impunes.
[...]
El bien nunca se sirve del mal en sus razonamientos, pero el mal siempre usa parte del bien para convencer.
[...]
El movimiento terrorista [...] no heredó el 'kitsch' del nazismo [...] pero lo compensó, dentro de la ilegalidad, con el halo de poder con que apresuradamente lo dotaron los histéricos y escandalosos medios de comunicación.

[Stanislaw Lem, Provocación (1984), passim.]

Primo Levi y el perdón de la violencia

Atención a estas actualísimas palabras de un superviviente del fascismo:

Debo confesar que ante ciertos rostros no nuevos, ante ciertas viejas mentiras, ante ciertas figuras en busca de respetabilidad, ante ciertas indulgencias, ciertas complicidades, la tentación de odiar nace en mí, y hasta con alguna violencia: pero yo no soy fascista, creo en la razón y en la discusión como supremos instrumentos de progreso, y por ello antepongo la justicia al odio. [...]

No querría empero que el abstenerme de condenar explícitamente se confundiese con un perdón indiscriminado. No, no he perdonado a ninguno de los culpables, ni estoy dispuesto ahora ni nunca a perdonar a ninguno, a menos que haya demostrado (en los hechos: no de palabra, y no demasiado tarde) haber cobrado conciencia de las culpas y los errores del fascismo [...], y que esté decidido a condenarlo, a erradicarlo de su conciencia y de la conciencia de los demás. En tal caso sí, un no cristiano como yo, está dispuesto a seguir el precepto judío y cristiano de perdonar a mi enemigo; pero un enemigo que se rectifica ha dejado de ser un enemigo.

[Primo Levi, en su apéndice de 1976 a Se questo è un uomo (1947)]

Y ahora, el referéndum

Me pregunta una amiga qué problema habría ahora, ya que no hay violencia, en que el Estado admita un referéndum de autodeterminación en Euskadi. Se me ocurren varios.

Por ejemplo: ¿quién se independiza? ¿Euskadi? ¿Euskadi y Navarra? ¿El Goyerri sí pero Álava no? Porque algunos alaveses ya han dicho que quieren un referéndum para separarse del País Vasco. ¿Navarra del sur no pero la del norte sí? ¿Qué hay del Condado de Treviño? ¿Y el País Vasco Francés? ¿Los vascos que sí quieren sí, pero sus vecinos de escalera que no quieren, no? ¿Cómo se soluciona eso? ¿Como en las particiones de Irlanda y Palestina, propiciando una violencia de signo contrario durante décadas?

Si solo votan los vascos, ¿incluimos en el censo a los 200.000 vascos que se calcula han huido de Euskadi por motivos políticos en los últimos treinta años? ¿O bien respetamos la Constitución y entonces dejamos que el resto de los españoles también voten, ya que han aportado históricamente administración, recursos, financiación, fuerza laboral inmigrante, etc., ya que se trata de una decisión que les afecta muy directamente y ya que constitucionalmente el único sujeto de soberanía es el pueblo español? ¿Votamos que primero los partidos políticos vascos devuelvan todo lo que han saqueado mediante el llamado Cupo Vasco, que consiste en que cada año la Comunidad Autónoma Vasca paga a la Hacienda española 7,5 veces menos de lo que les correspondería si se les aplicase el régimen fiscal de Extremadura o La Rioja?

¿Votamos entonces que Euskadi se quede fuera de la Unión Europea? ¿Qué hacemos con las empresas que tienen base en Euskadi y actúan por toda España (BBVA, Iberdrola, Eroski, por ejemplo) y viceversa? ¿Podemos votar que se suprima la autonomía vasca y que a partir de ahora gobierne el País Vasco Chiquito de la Calzada? Porque votar se puede votar todo, por muy majadero y forzado que sea, ¿no es eso la democracia...? (Y Chiquito tiene mucha más gracia que De Juana Chaos, con diferencia.)

Pero, sobre todo, ¿cómo se vota? ¿Como actualmente, es decir, bajo coacción y con la voluntad colectiva distorsionada? ¿Con información correcta? ¿Reformamos la educación para que en las escuelas vascas se dejen de contar mentiras, esperamos cincuenta o cien años para que los votantes vascos tengan una formación correcta sobre quiénes han sido realmente sus verdugos y entonces votamos? ¿O mejor votamos ahora, con una población adoctrinada por una visión falseada de la historia? Cualquier consulta popular en Euskadi hoy está sometida a la presencia de ETA (que sigue existiendo), a la de sus cómplices y a una distorsión sociocultural que debe desaparecer antes de que consideremos la situación vasca normal.

En resumidas cuentas: ni es justo ni corresponde a la realidad histórica ni es posible un referéndum que nadie sabe a qué se debería aplicar y que además contrariaría la intangibilidad de las fronteras que por razones muy serias se asume en la Unión Europea. No se va a hacer nunca y algunos deberían dejar de engañar a sus votantes con esas falsas perspectivas. La cuestión no es esa, sino que ETA desaparezca de verdad. Y luego que los políticos nacionalistas sigan dando la murga mientras siga habiendo inocentes que se crean sus monsergas tribales (y que en cuanto desaparezca ETA y se cierre el grifo del dinero debido a la crisis, se las van a dejar de creer). Que den la murga, vale, pero que no maten a nadie y cumplan como el resto de los españoles lo que dictan la leyes.

Esta es la cuestión, no si hacemos o no hacemos un referéndum que no se va a hacer porque ni se puede ni se debe hacer. Sigamos, por tanto, persiguiendo a los criminales e ignorando a sus corifeos. Y la gente honrada, haciendo política.