Condenas sí; pero, sobre todo, reformas

El ingreso en prisión de Maria Antònia Munar, muy esperado por buena parte de la sociedad mallorquina, coincide en el tiempo con otras decisiones judiciales controvertidas por su aparente benignidad: el archivo de las causas contra José Blanco y Yolanda Barcina y la rebaja de la condena de Jaume Matas, que supone que de momento no pisará la cárcel. Pese al respeto a las instituciones a que estamos obligados por nuestra fe democrática, choca -y el ciudadano no ducho en leyes no puede entender- que los políticos de partidos con influencia en Madrid se vayan de rositas en casos en que como poco se quiebra la máxima cesariana de que el político no solo ha de ser honrado, sino también parecerlo. Los nuestros no lo parecen.

Si, como UPyD ha propuesto repetidas veces y PP y PSOE han denegado otras tantas, los miembros de los órganos judiciales superiores no fueran designados por la mayoría parlamentaria que suman PP y PSOE, sino por los mismos profesionales de la Justicia, los ciudadanos no tendrían dudas sobre la justificación técnica de las resoluciones favorables a Matas, Blanco o Barcina. Felipe González se cargó de un plumazo en 1985 la independencia del poder judicial (“Montesquieu ha muerto”, se ufanó entonces Alfonso Guerra) mediante una reforma de la LOPJ que el PP de Alberto Ruiz-Gallardón aseguró anularía cuando gobernase, para olvidar esa promesa, como muchas otras, una vez alcanzada la Moncloa. Los políticos no pueden reprocharle al ciudadano que desconfíe, cuando es evidente que han hecho todo lo posible por politizar el poder judicial (y el Banco de España, el Consejo Nuclear, la Comisión de Valores, las cajas, los sindicatos, las patronales, las asociaciones de víctimas del terrorismo y cualquier otro resorte del Estado, órgano regulador, asociación o instancia que hayan conseguido colonizar en los últimos 30 años). Si queremos que España salga del marasmo, es urgente devolver las instituciones a los ciudadanos.

Pero lo que seguramente nos urge más es una renovación –una purga, diría yo- del sistema de financiación y control de los partidos políticos, de los contratos públicos y de la Administración en general. Mientras órganos como el Tribunal de Cuentas o la Sindicatura de Comptes -también politizados- sigan emitiendo informes con cuatro años de retraso y carácter no vinculante, no habrá control efectivo. Proponemos que el nombramiento de sus vocales no dependa de los partidos políticos, que entre sus competencias esté la de instar procesos judiciales, que las administraciones sean obligadas a remitirle la información necesaria a corto plazo y que su dotación sea razonable.

Mientras la transparencia sea solo una palabra y no una rendición de cuentas pública y permanente, no habrá financiación justa. No es de recibo que los partidos gasten en propaganda diez veces más de lo que ingresan por medios legales y nadie se pregunte nada. No es de recibo que los bancos condonen las deudas de los partidos políticos y nadie investigue tan inexplicable comportamiento. No es de recibo que se nos presente el reparto de sobres como una práctica justificada para compensar la dedicación de nuestros políticos, ¡siempre y cuando los declaren a Hacienda! No es de recibo que la fragmentación de contratos para eludir los límites legales sea una práctica generalizada. No es de recibo que una señora suministre la grava de las obras que ella misma aprueba como representante del pueblo.

Tal vez muchos ciudadanos no lo sepan: la financiación ilegal de los partidos no es delito en España. Debe ser incluida inmediatamente en el Código Penal, porque hoy demasiados la contemplan como un pecadillo venial: “roban, sí, pero no por lucro personal, sino por el partido”. O: “es que con los medios legales no se puede mantener esta maquinaria”. Pero UPyD lo hace, como atestiguan el Tribunal de Cuentas y algún que otro premio a la transparencia, y si UPyD lo hace es que se puede. Y es que, además, es falso que se robe por el partido: al final la financiación ilegal y el lucro personal son actividades indistinguibles. Munar y su banda robaron para sí mismos y sus amigos con el pretexto de financiar el partido, y PP y PSOE fueron sus cómplices: ¿quién negará que todo el mundo en Mallorca sabía lo que sucedía pese a que todos pactaban con la banda corrupta poder a cambio de silencio? ¿Bárcenas presuntamente aceptó comisiones para el partido o para sí mismo? ¿Qué más da? Ese entorno tolerado por todos al margen de la ley es lo que hace que en España la lacra inevitable de la corrupción encuentre un campo abonado que en otros países no existe. Felizmente la democracia ha vencido a Munar, pero mientras la financiación de los partidos escape al control de los ciudadanos, mientras los contratos públicos no sean otorgados de forma verdaderamente objetiva y mientras la Justicia no disponga de las herramientas necesarias seguiremos soportando otras munares, otros ERES y otros bárcenas. Habrá victorias parciales, pero perderemos la guerra. El Mundo-El Día de Baleares.