Una huelga radicalmente injusta

Podría parecer que sí, pero no en todas partes cuecen habas. En el Reino Unido se está poniendo en práctica en los últimos años una reforma educativa que ha ocasionado protestas sindicales y que conducirá en breve a una convocatoria de huelga en el sector. Los sindicatos educativos (los dos más representativos copan el 85% de la plantilla nacional) están preocupados porque el secretario de Estado de Educación, Michael Gove, pretende vincular los sueldos con la productividad, en términos de éxito escolar. El ministro conservador, cuyas polémicas medidas se han ganado siempre el rechazo de los sindicatos y las asociaciones de docentes, ha señalado por primera vez objetivos en la educación primaria, ha reintroducido el estudio de los clásicos y reforzado los contenidos del currículo nacional y, por último, pretende ampliar la flexibilidad salarial en función de los resultados de los alumnos de cada profesor a juicio de los directores. Se puede estar de acuerdo o no con estas medidas (a mí, en particular, me parece que vincular el sueldo a unos resultados académicos constatables mediante evaluaciones externas no puede más que mejorar la educación), pero de lo que no cabe duda es de que en el Reino Unido, además de asuntos religiosos (que también) y lejos de peregrinos debates lingüístico-identitarios (que no), se está hablando de reformas importantes en el corazón de lo que es verdaderamente la enseñanza: la transmisión eficaz de los conocimientos a las nuevas generaciones.

Pero, a lo que iba: alzados en pie de guerra los sindicatos educativos británicos, y por motivos ciertamente muy serios que atañen a los sueldos, las pensiones y los horarios lectivos de los docentes, su medida de presión más contundente es anunciar huelgas en el sector a nivel local de nada menos que un día de duración, allá por octubre, como prólogo de otra posible jornada de huelga que se convocaría nacionalmente para antes de Navidad si las negociaciones con el Gobierno fracasan. Un día de huelga y, tal vez, otro. Su prudencia es natural, dado que el 61% de la población apoya la vinculación de los salarios de los profesores a los resultados que obtengan y el 70% se opone a la huelga, pero sobre todo porque en el Reino Unido, según mi experiencia, abunda algo que en España olvidamos hace tiempo: la responsabilidad cívica.

En Baleares, en cambio, asistimos a una convocatoria de huelga indefinida en el sector educativo cuyo motivo es, y no le demos más vueltas ni prestemos atención a pretextos, el fin de la imposición del catalán como lengua vehicular única de la enseñanza. Sindicatos dirigidos por personas que llevan en algunos casos más de veinte años sin pisar un aula han decidido que el mito del catalán como seña exclusiva de identidad, la falacia de la minorización del catalán y la consiguiente necesidad de compensarla mediante su imposición en la escuela y el resto de zarandajas que componen la mitología nacionalista valen más que la calidad de la enseñanza, el respeto al bilingüismo en la escuela y la paz social y, por tanto, justifican una huelga indefinida. Eso y la defensa de algunos chiringuitos.

La posición de UPyD ha sido siempre la defensa de la libertad de elección de la lengua vehicular de la enseñanza -español o catalán- por los padres de los alumnos en el acceso a la lectoescritura y en las etapas iniciales de la enseñanza. No obstante, con respecto a la arbitraria imposición del catalán sobre el español, que ya perjudicó a demasiadas generaciones de alumnos, el TIL es un avance hacia unas libertades a las que no podemos ni debemos renunciar. Frente al Decreto del TIL, con el que es lícito estar de acuerdo o no, nos encontramos sin embargo con la posición fanática de un sector de los docentes a los que durante demasiados años se les ha hecho creer que era progresista imponer una lengua sobre otra y cercenar los derechos de los hijos de los castellanohablantes, y que para preservar sus supersticiones intactas, cuando no sus privilegios, no dudan en asegurar que aquí de lo que se trata es de excluir el catalán e imponer el castellano. O sea, mienten.

Desde una perspectiva dominada por la ausencia de autocrítica, la pobreza intelectual, la labilidad moral y la irresponsabilidad cívica, es natural que se convoque algo tan desmesurado como una huelga indefinida en defensa no de los sueldos ni de las pensiones, como los profesores británicos, sino de los mitos fundacionales de una minoría. Estos días hemos escuchado en Mallorca, ante la sugerencia de que tal vez una huelga indefinida sea demasiado castigo para unas familias cuya organización estriba en la escolarización de los hijos en un determinado horario, la siguiente contestación: "Los padres también tienen culpa de esta situación, por no haber apoyado nuestras reivindicaciones". Así es el nacionalismo: si no estás conmigo, eres culpable, y por tanto atente a las consecuencias...

En mi opinión, los profesores deberían rebelarse hoy masivamente contra la dictadura catalanista y hacer fracasar una huelga ajena a los problemas reales de la educación, radicalmente injusta y perjudicial desde cualquier punto de vista. Y, va siendo hora, todos los mallorquines deberíamos poner los medios, cada uno en nuestro ámbito, para curarnos de esta enfermedad social y política que ya dura demasiado. mallorcadiario.com.