Vamos primero al aspecto económico. El ahorro previsto es
de 3 millones de euros al año, que no son despreciables. Sin embargo,
quiero señalar varios puntos de comparación. Cuando el Ayuntamiento de
Formentera, por cálculo electoralista y localismo de la peor especie, se
convirtió en Consell Insular en 2008, su presupuesto se multiplicó
automáticamente por tres, y no dejó de subir hasta que la crisis forzó
a estabilizarlo en 21 millones al año. Suprimir esa institución
caprichosa -que en el resto de España se pone como ejemplo risible de
arbitrariedad de la casta política- y devolverle a Formentera el estatus
municipal supondría un ahorro de 14 millones de euros al año. Ahorro
que se queda en nada si consideramos que el que supondría privatizar
IB3, una cadena de televisión que no presta ningún servicio apreciable a
los ciudadanos pero sí, seguramente, a sus políticos, ascendería a al
menos 30 millones de euros al año. Por último, el coste de mantener el
Consell de Mallorca, que todos los politólogos serios coinciden en
calficar de institución superflua y que los mallorquines tienen por
colocadero de políticos, es de 345 millones al año.
Así pues, el ERE de los diputados supone un ahorro casi 5 veces menor que suprimir el Consell de Formentera, 10 veces menor que privatizar IB3 y 115 veces menor que suprimir el Consell de Mallorca; pero nunca hemos escuchado que el president Bauzá tenga intención de emprender estas reformas.
Así pues, el ERE de los diputados supone un ahorro casi 5 veces menor que suprimir el Consell de Formentera, 10 veces menor que privatizar IB3 y 115 veces menor que suprimir el Consell de Mallorca; pero nunca hemos escuchado que el president Bauzá tenga intención de emprender estas reformas.
Ahora sigamos con otros aspectos de la medida. El recorte supone reducir el número de diputados y bajar el salario de los diputados con plena dedicación a aproximadamente la mitad. ¿Cuáles son las consecuencias políticas y estratégicas de estos recortes en la representación de los ciudadanos?
A igual número de electores, si reducimos el número de escaños a repartir, la consecuencia aritmética inmediata es que conseguir el primer escaño resultará más difícil para los partidos minoritarios, que en muchos casos quedarán excluidos para siempre del Parlament. Si la ley electoral balear ya tergiversa la voluntad popular hasta extremos insospechados gracias a la ley d'Hondt y sobre todo a una absurda división en circunscripciones insulares, un ERE de diputados deformaría esa voluntad dejando sin representación a un número creciente de ciudadanos. Cada vez más votos quedarían sin reflejo en el Parlament, con el consiguiente deterioro de la representación.
La reducción de sueldos, por otro lado, hará que cada vez menos ciudadanos independientes se dediquen a la política, porque solo quien siga las instrucciones dictadas por las cúpulas de los partidos mayoritarios conseguirá complementar ese sueldo reducido con otras prebendas, de las que los grandes partidos que manejan presupuestos y BOIB disponen a placer; y los representantes de las minorías tendrán que renunciar a una labor política dignamente remunerada o a la misma política. Este nuevo elitismo, unido al déficit democrático antes señalado, dañará radicalmente la separación de poderes y convertirá la cámara legislativa balear en un cementerio de la democracia.
Visto que el ahorro que conllevaría la medida propuesta es mínimo comparado con reformas de mucho más calado que el president Bauzá no piensa emprender; y que las consecuencias que traería supondrían una democracia de peor calidad y una ciudadanía aún más alejada del Parlament, la conclusión no puede ser otra: el president no quiere más democracia ni más ahorro, sino solo publicidad que le suene bien a una ciudadanía harta de despilfarro y de políticos, agitando con la mano derecha la bandera populista de la austeridad mientras con la izquierda gasta 8,5 millones al año en 245 asesores del Govern, es decir, políticos que no representan al ciudadano porque este no los eligió: fueron nombrados por el mismo dedo que quiere suprimir 18 diputados supuestamente para ahorrar y porque "no quiere políticos que vivan de la política".
El ERE de Bauzá es poco más que una treta, propaganda de la peor estofa que no pondrá en práctica porque para ello necesitaría dos tercios del Parlament. A no ser que el PSIB lo apoyase, lo que en todo caso confirmaría las intenciones de la medida: reducir a escombros la oposición crítica (el PSIB es la de salón y alternancia) y aparentar que se ahorra; porque a la hora de la verdad, los diputados del PP que se quedaran sin escaño siempre podrían optar a alguna de las mamandurrias -perdón: asesorías- en las que cobrar por vegetar. El ahorro se diluiría en gasto en asesores, los partidos minoritarios se verían excluidos y sus votantes sin representación. Una añagaza, propaganda, humo, una tomadura de pelo al ciudadano en el mejor caso; y, si lo llevase a cabo con la ayuda del PSIB, un auténtico atentado contra la soberanía popular. Un engaño más del President. mallorcadiario.com.
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