Son lo peor

En el desgraciado caso del suicidio de una alumna del Colegio Madre Alberta no quiero dejar de poner en primer plano la tragedia por la que atraviesan en estos momentos los padres de la muchacha. Tampoco puedo desear otra cosa que el esclarecimiento de lo sucedido, con las consecuencias disciplinarias y penales que sean necesarias si se depuraran responsabilidades, y las intervenciones psicopedagógicas que sean aconsejables, si es que lo son. Este debe ser el objetivo y para ello se han puesto en marcha los mecanismos competentes: la Inspección de Educación y la Policía Nacional e, incluso, alguno tan rimbombante como superfluo, el Instituto por la Convivencia y el Éxito Escolar.

El suicidio no es un asunto privado, sino un verdadero problema de salud pública con consecuencias devastadoras sobre las familias de las víctimas, que a veces reproducen en bucle conductas autodestructivas. Al menos 3.500 personas mueren al año en España víctimas de estos impulsos. Por primera vez en la historia y por iniciativa de UPyD, el Congreso de los Diputados instó en 2013 al Gobierno –con apoyo unánime de los grupos parlamentarios pero nulas consecuencias prácticas, por cierto, dado que al Gobierno parece que no le preocupa mucho tan oscura laguna– para que redefina los planteamientos del Plan de Salud Mental con respecto a esta epidemia silenciosa y mejore los mecanismos de prevención. Se trata de un problema en el que, antes que nadie, han de intervenir los profesionales de la salud.

No obstante, las reacciones que están teniendo lugar en el caso concreto de la niña fallecida la semana pasada en Palma están rozando lo obsceno. Sin esperar a que los que saben (la Inspección, la Policía) acaben su trabajo y alcancen conclusiones rigurosas, ya se elevan las voces clamando por más información (obviando que seguramente lo que menos necesitan los padres de la víctima es que su nombre y sus circunstancias corran de boca en boca como en corrala madrileña), acusando al centro de oscurantismo (yo, por el contrario, alabo su discreción), criticando frívolamente que publique peticiones de oraciones y similares (me pregunto qué otra cosa debería hacer un colegio católico), insinuando responsabilidades paternas… Como desconozco las circunstancias de este drama y me parece que cualquier intervención improvisada solo puede servir para causar más daño aún a la familia afectada, me abstendré de opinar aquí mientras no lo hagan quienes tienen que hacerlo y en el ámbito en que deben hacerlo.

Lo que me parece ya el colmo es la actuación del PSOE-PSIB. La responsable de su grupo parlamentario en materia de Educación, Cristina Rita, ha anunciado varias preguntas al Govern para interesarse por la investigación en marcha. Hasta aquí todo es correcto. Lo incorrecto –lo infame, diría yo, o lo asombrosamente incompetente– es que a continuación, como quien no quiere la cosa, la socialista hace un repaso de los recortes del Govern en materia de integración de alumnos inmigrantes, dando por hecho ya que la causa del suicidio es de tipo xenófobo y conectándolo explícitamente a esos recortes. Recortes indeseables, sí, pero que nadie sensato relacionaría de buena fe con este caso por el hecho exclusivo de que la víctima sea colombiana. ¿Acaso no recuerda Rita aquellos tiempos en que en las escuelas españolas no había inmigrantes, pero sí acoso escolar?

Recortes tan indeseables como los efectuados por el Govern en el terreno sanitario, pero que no tuvieron nada que ver con la muerte de Alpha Pam, como confirmó un juez después de que el PSIB y el PSM aprovecharan su caso para montarle al Govern una campaña de desprestigio. El fiscal del caso Alpha Pam informó durísimamente contra estos filibusteros en noviembre de 2013: “En sus más de veintidós años de ejercicio profesional, el fiscal que suscribe jamás había asistido a una maliciosa utilización tan evidente de la acción penal para, lejos de descubrir la verdad, perseguir el delito y castigar al delincuente, satisfacer otro tipo de pretensiones perfectamente calificables como políticas”. Pero después de tan contundentes palabras nadie en el PSIB ni en el PSM tuvo la vergüenza torera de dimitir...

Y, ahora, hoy, ¿qué vendrá a continuación? ¿Volverán a aprovechar la desgracia ajena Rita y Armengol para pedir la dimisión de la consejera Camps? ¿La política del PSIB va a consistir siempre en esta bazofia deshumanizada? ¿Y la consejera será tan cobarde como lo fue Martí Sansaloni? ¿Ofrecerá, como él, una cabeza de turco a los profesionales de la demagogia? Qué deplorable oportunismo, el del PSIB; espero que no vaya más lejos. Declaraciones insensatas como estas desacreditan a los políticos y a la política. Esperemos que, en el caso de la niña colombiana, todos nos hagamos a un lado, dejemos hacer su trabajo a los cuerpos de expertos y respetemos el drama que vive su familia. mallorcadiario.com.