Aborto de ley

A Alberto Ruiz-Gallardón se le entiende todo. El que fuera jaleado tantos años por los medios del grupo PRISA como elemento progresista de la cúpula del Partido Popular acaba de lanzar una reforma de la ley del aborto que aleja la legislación española del modelo más habitual en la Unión Europea y la aproxima al predominante en América Latina. Lo más importante es que abre un feo frente de batalla política que en este momento no parecía necesario. ¿Por qué lo hace?

Habrá quien diga que por motivos de conciencia, pero analicemos despacio la cuestión. Un católico, o cualquier persona que sin serlo considere que la vida empieza en el momento de la concepción, no puede admitir supuestos ni excepciones. El caso de la violación de la madre es trágico, determinadas discapacidades dificultan en extremo la vida de todos los implicados y la inviabilidad económica de una familia puede convertir un nuevo nacimiento en un drama; pero la protección del bien absoluto que es la vida, si lo consideramos de aplicación desde el minuto uno de la gestación, debe primar sobre el bienestar social, económico o incluso psíquico de la madre. Para un católico, por tanto, no cabe mas excepción en esa defensa de la vida que el caso de riesgo para la de la madre; caso para el que no es necesario legislar sobre el aborto, porque los médicos, bajo el abrigo de la eximente penal del estado de necesidad, siempre eligieron la vida de la madre en caso de tener que optar. Despenalizar el aborto en casos que no impliquen estrictamente un conflicto entre dos vidas no es católico; por lo cual no se puede decir que el ministro Gallardón se esté comportando como un ministro católico en estos momentos.

Habrá quien diga, como el portavoz Alfonso Alonso, que el ministro legisla en cumplimiento del programa del Partido Popular. Este argumento sería creíble si el Gobierno hubiera cumplido el resto de sus compromisos programáticos y no, muy al contrario, los hubiera incumplido casi sistemáticamente sin aparente escrúpulo. En particular, el programa del PP prometía una reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para evitar su politización, pero una vez llegado al poder se olvidó de esa promesa y no hace mucho que el PP, el PSOE y los partidos que colaboran con ellos se han repartido por cuotas las vocalías del CGPJ sin que el ministro Gallardón, responsable del área, haya emitido el menor lamento por esta intromisión que solo UPyD ha denunciado. Las protestas de fidelidad al programa, así, no son creíbles cuando vienen del PP ni, en particular, del ministro Gallardón.

¿Por qué, entonces, se mete el ministro en este jardín, alborotando así a la izquierda, para la que este asunto es muy sensible, aunque casi siempre enfocado de manera demagógica, y dividiendo a una derecha en cuyo seno se enfrentan, no menos demagógicamente, cristianos y modernos sin que se produzca el menor debate de ideas? Seguimos en las mismas: el gobierno Rajoy, incapaz de gobernar, se limita a agitar banderas y azuzar al votante en vez de afirmarse en los principios y persuadir con argumentos. La reforma Gallardón no es una reforma católica, sino un término medio mediante el cual, según sus cálculos, aspira a movilizar ideológicamente a su sector del electorado, hoy tan desanimado por la abulia y el intervencionismo gubernamentales, pero sin pisar callos demasiado sensibles incluso para el votante más conservador, como pueden ser el caso de la violación o el de las malformaciones. Estamos de nuevo, no lo duden, ante un ardid electoralista. Gallardón está diciéndoles a los votantes del PP: “Sí, les hemos subido los impuestos, tenemos un 30% de paro -y los jóvenes un 50%-, de nuevo somos un país de emigrantes, en el conflicto creado por los separatistas catalanes no hemos sabido reaccionar ni sabremos, cada vez hay más pobres e ignoramos si sus hijos tienen futuro; pero miren, somos los mismos de antes: vamos a recortar el aborto, para que vean que seguimos siendo tan de derechas como a ustedes les gusta pero no tanto como para que alguno se vaya a asustar”. Después de los gestos en Gibraltar, una ley del aborto con rebajas, para ir tirando.

No se ha producido un debate serio en asunto tan sumamente delicado, que toca cuestiones de ética pública e individual muy serias. Para empezar, en las posiciones enconadas que se defienden desde las trincheras proabortista y provida echo de menos -en unos y en otros- la tolerancia con que solemos beneficiar, sin ir más lejos, a los creyentes en pseudorreligiones y pseudociencias muy seguidas en España. Por poner algunos ejemplos, ¿por qué la fe en la homeopatía o la reflexología podal no son solo aceptables, sino incluso modernas y progresistas, y una creencia argumentada en que el embrión es un ser humano es un signo intolerable de carcundia y fascismo? ¿Por qué embaucadores televisivos que se llenan los bolsillos con sus historias de ovnis y fantasmas pasean por la calle como si fueran personas respetables pero defender con argumentos el aborto terapéutico es propio de rojos asesinos sin corazón? Situar los términos de un debate puramente científico en un terreno tan sectario como el de la política española no beneficia más que al establishment bipartidista. Y en esas estamos; o en esas está el ministro Gallardón.

Para un cristiano no cabe más postura que el rechazo del aborto voluntario en todos los casos en que no peligre abiertamente la vida de la madre. Pero para una sociedad laica y progresista, que en materia de atención sanitaria se debe guiar por criterios científicos, no encuentro más legislación válida que la que establezca, conforme a la opinión de la mayoría de la profesión médica, un plazo razonable dentro del cual la ciencia asuma y la ley certifique que no se menoscaba vida alguna al interrumpir el embarazo y, por tanto, esta interrupción debe ser libre sin necesidad de justificación. Y fuera de ese plazo, dado que la sociedad asume que el feto es ya (o puede ser) portador de un ser humano individual, cuya vida merece toda la protección de la ley, el aborto voluntario debe estar penalizado con la excepción de los casos que dicta la necesidad, es decir, la incompatibilidad de ambas vidas o la inviabilidad objetiva del nasciturus; y no la comodidad, ni la dificultad, ni la opinión pública, ni la irresponsabilidad propia de la juventud, ni la subjetividad de quien vive al borde del drama. El aborto no es un derecho, sino una decisión grave que nadie debe suponer se toma con alegría. Por tanto, el recurso al aborto debe ser restrictivo y fundamentado, pero en todo caso debatido lejos de cualquier sectarismo: nada que la ley del ministro Gallardón nos garantice más allá de manifestaciones que tienen tan poco que ver con la democracia como la charla de bar o la concentración callejera. mallorcadiario.com. El Mundo-El Día de Baleares.