En Asturias, UPyD renunció a las consejerías que le ofrecía otra fuerza política y a manejar presupuestos porque pretendía hacer política y no intercambio de cromos. Por eso pactó apoyar al PSOE sin consejerías de por medio, a cambio nada más y nada menos que de medidas políticas de calado, entre ellas una reforma electoral que mejorase la proporcionalidad, es decir, la adecuación de la composición del parlamento asturiano al voto real de la gente de la manera más proporcional posible. El PSOE, con el fin de sumar ejercicios en el poder, engañó a UPyD pactando, redactando y demorando una reforma que, a la hora de la verdad, ha rechazado en el primer trámite parlamentario porque, dice, prefiere que una reforma tan importante cuente con el apoyo del PP. Traducido al román paladino, esto significa que PP y PSOE están de acuerdo en que las cosas no cambien y, por lo tanto, el parlamento asturiano siga sin reflejar fielmente la composición política del electorado del Principado, sino la que mejor les conviene a ambos: la tergiversada por nuestro sistema electoral caduco. No hay ni que decir que la ruptura de sus compromisos por parte del PSOE ha significado el cese inmediato del apoyo parlamentario de UPyD.
En Andalucía gobiernan PSOE e IU mediante un pacto por el que IU recibía determinadas consejerías y colocaba a cierto número de sus militantes y, a cambio, como han demostrado los hechos, se olvidaría de una de las propuestas estrellas del programa que les había llevado a ser claves para el gobierno andaluz. Sí, lo han adivinado: se trata de la reforma electoral. La circunscripción única y las listas abiertas, que permitirían un mejor reflejo de la pluralidad política andaluza y un mayor control de los políticos por parte de sus representados, son medidas por las que el bipartidismo no está dispuesto a pasar. De nuevo ha tenido que ser UPyD, que ni siquiera está representada en el Parlamento debido a un sistema electoral que resta escaños a los más pequeños, el partido que por medio de una iniciativa legislativa popular lleve a la cámara andaluza el debate de la reforma electoral. ¿Qué se apuestan a que, cuando por fin se defienda en la tribuna de los oradores, PP, PSOE e IU votarán en contra?
En Castilla-La Mancha es peor: la reforma legal y estatutaria presentada por el PP so pretexto de ahorrar dinero es un atentado contra la democracia en toda la regla. Según el PP, es bueno para los ciudadanos reducir a la mitad el número de diputados castellano-manchegos (y baleares, si atendemos a algunas manifestaciones del presidente Bauzá) y eliminar sus retribuciones fijas. Aprovechando demagógicamente el desprestigio de la política y de su a menudo injusta remuneración, el PP se carga la única parte del entramado político que merece la pena conservar: el parlamentario. La demagogia consiste en ocultar que si se eliminan los sueldos de los parlamentarios, estos saldrán exclusivamente de quienes tengan fortuna o rentas personales para poder dedicarse a la política o bien de quienes pertenezcan a un partido que premie su dedicación mediante sueldos en B, o dietas no sometidas al control que sí se exige para las nóminas, o bien prebendas a dedo que los someterán definitivamente a obediencia a la cúpula partidaria, que les harán olvidarse de la lealtad debida al elector y que, además, contradicen el presunto espíritu ahorrador de la medida. Por otro lado, rebajar el número de diputados si vamos hacia la circunscripción autonómica única puede estar muy bien; pero si se hace manteniendo el distrito electoral provincial es sencillamente poner una barrera imposible para el acceso a la cámara de los partidos pequeños, que necesitarán un 15% de los votos para alcanzar el diputado, y, por lo tanto, disminuir aún más el carácter representativo del parlamento, convirtiéndolo en una cámara de aplausos al gobierno en vez de una verdadera cámara deliberativa y legislativa. Cuando el PP se pone a hacer reformas políticas, queda claro que no va a ser para recortar en asesores, sino para recortar en diputados, es decir, en representación del ciudadanos y, por lo tanto, en democracia.
Como decía en las primeras líneas, si el PP y el PSOE están de acuerdo en oponerse a cualquier reforma electoral en favor del distrito único y de las listas abiertas, con la colaboración necesaria de IU cuando toca, no nos puede caber ninguna duda de que se trata de una medida de regeneración democrática impostergable. Tenemos la convicción y ya tenemos las pruebas; ahora solo nos hace falta la presencia en las instituciones para acabar de una vez por todas con esta connivencia del bipartidismo contra el control de la política por los ciudadanos. mallorcadiario.com.
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