El caso del terrorista Iñaki de Juana Chaos es naturalmente polémico. Acabo de recibir el comentario de una querida amiga que se lamenta de que, tras haber cumplido la condena que se le había impuesto, De Juana esté ahora encarcelado por un “delito de opinión”. Es evidente que mi amiga y yo estamos de acuerdo en que nadie debe ser encarcelado por delitos de opinión. La diferencia entre mi amiga y yo es que, mientras ella cae en la trampa del lenguaje nacionalista y se cree que estamos ante un caso de esa naturaleza, yo estoy convencido de que en España, afortunadamente, no hay delitos de opinión.
De Juana, como todos los ciudadanos españoles, está sometido al imperio de la ley y a la acción de la justicia, y órganos responsables de la administración de justicia han determinado que es culpable de un delito relacionado con el terrorismo. Todo ciudadano en España está sujeto, si comete un delito, a ser acusado, perseguido y privado de libertad si el juez competente así lo estima necesario. Un juez, no la perversa policía española, ni ese gobierno del PP lleno de malos malísimos. Esto es así en España y en todo el mundo que llamamos libre. Y en España, como en el resto de ese mundo libre, nadie es encarcelado por un delito de opinión. Si así fuera, estarían en la cárcel muchos dirigentes políticos vascos que han opinado y opinan públicamente lo mismo que opina De Juana aunque, eso sí, sin amenazar con un tiro en la nuca; una diferencia que a algunos puede parecer insignificante, pero a mí no me lo parece. En cambio, si a la opinión añadimos la amenaza y la apología de la violencia para imponer el propio parecer sobre el de los demás, entonces no estamos tratando de la víctima de un estado represor (como cualquiera diría al ver las imágenes que el reo acaba de difundir con la connivencia de The Times); nos hallamos ante una bestia sedienta de sangre que, no contenta con sus veinticinco cadáveres, por no hablar de los centenares o miles de personas a quienes ha arrancado la libertad, la alegría y la posibilidad de vivir en plenitud, asegura que no se arrepiente y encima amenaza por escrito con más muerte a quienes no cumplen con los insensatos requisitos de su delirio nacionalista.
A mi amiga le repito que compartimos el repudio por los delitos de opinión; pero ni De Juana es un mero opinador ni se le persigue por opinar. Él asesinó repetidas veces, pagó por ello de acuerdo con la ley –de manera insatisfactoria en opinión de la mayor parte de la sociedad, gracias a la laxitud normativa que le tocó en suerte, pero efectivamente pagó por ello– y entre tanto siguió amenazando con la violencia y usando el terror como argumento, lo que nos hace pensar que repetiría sus crímenes si tuviera la oportunidad. Él debe creer que señalar objetivos para las balas de sus siniestros cómplices es ejercer la libertad de expresión; pero es que ya deberíamos ser conscientes de que los que como él niegan la realidad para chapotear en su propia inmundicia siempre caen en errores de concepto. Por sus amenazas, De Juana aún no ha pagado; si de mí dependiera, las pagaría con todos y cada uno de los años, días y segundos de prisión con que la ley pueda amparar a sus víctimas potenciales. Porque eso y sólo eso somos todos para él. Pero su suerte no depende de mi voluntad ni de quien más odio pueda profesarle; depende de los jueces: un beneficio que, al contrario que él a sus víctimas, al criminal De Juana le garantiza el estado de derecho. Periodista Digital.
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