Los conocidos casos de los niños ibicenco y valenciana, alumnos del sistema público de enseñanza español a quienes se impide examinarse en su lengua materna (la española, oficial en todo el territorio nacional), son muestra de un fenómeno insólito en Europa, que sólo se da en las islas Faeroe y en las regiones bilingües de España. Es sólo la punta visible de un iceberg que ya hace tiempo abrió una vía de agua en el barco de la igualdad.
Desde finales de los setenta (y ya ha llovido), el canadiense J. Cummins, una autoridad internacional en el aprendizaje de las lenguas, ha insistido en lo que él llama teoría de la interdependencia. Según Cummins, la competencia en una segunda lengua es, en su mayor parte, proporcional a la competencia adquirida en la lengua materna, que es factor esencial e indispensable para la adquisición de la capacidad lingüística en general y, por tanto, para la consecución de logros intelectuales, se trate de resultados académicos o profesionales. Cummins define en su teoría del umbral distintos tipos de bilingüismo: el semilingüismo, con pobre nivel en ambas lenguas, el bilingüismo con dominancia de una de las dos lenguas y el bilingüismo aditivo, con alto nivel de ambas. Frente a la adquisición sucesiva de la lectoescritura en lengua materna y de una segunda lengua (y una tercera), que según este corpus teórico conduciría a un deseable bilingüismo aditivo, la inmersión lingüística en la lengua no materna sería causa directa del semilingüismo, es decir, de una mala adquisición de las dos lenguas (tanto la impuesta por el sistema educativo como la materna) y, por lo tanto, de una reducción de las capacidades de abstracción y de resolución de problemas con consecuencias negativas para el éxito escolar y para una personalidad madura.
La inmersión lingüística de niños no catalanohablantes en Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia y Baleares tiene, por tanto, consecuencias más allá de la cuestión identitaria; una cuestión que, por cierto, a nadie interesa sino a los políticos que han hecho de ella bandera y medio de sustento. Añadida a otros factores comunes al resto del sistema educativo español, la inmersión profundiza en la mala calidad de la enseñanza porque antepone objetivos políticos totalizadores (la promoción de una lengua presuntamente propia o de identidad) a los objetivos que deberían ser los prioritarios del sistema educativo (garantizar una educación densa y crítica: formar ciudadanos). Además de injusta porque atenta contra la libertad individual, la inmersión es, por tanto, profundamente inadecuada con respecto a los fines de la educación. Debido a la inmersión, como atestiguan los informes nacionales e internacionales, el notable descenso del nivel académico en universidades como la UIB o la reducción galopante de la competitividad de regiones tradicionalmente pujantes como Cataluña o País Vasco, varias generaciones de españoles han visto reducida su cualificación profesional (la real, no la reflejada en los títulos expedidos por el sistema), su competitividad laboral y su capacidad crítica con el sistema político y en el acceso a los bienes de consumo. Son ciudadanos de segunda: justo lo que necesitan esos políticos que han promovido tal estado de cosas y que, no obstante, matriculan a sus retoños en centros privados donde pueden escoger la lengua vehicular. Ciudadanos de segunda que configuran por otra parte un país poco competitivo y menos esforzado, pasto de las crisis económicas que otros países alcanzan a superar con mayor facilidad.
Ni la inmersión que defienden el PSOE y sus socios radicales ni el invento trilingüe de Feijoo y el PP resuelven este problema. Desde UPyD apelamos al sentido común: no queremos ciudadanos semilingües, ni semilibres, ni semiinstruidos. Queremos ciudadanos de primera y nuestro esfuerzo se dirigirá a garantizar la libertad de elección de la lengua vehicular en la enseñanza de sus hijos. Es nuestro compromiso desde nuestra fundación y lo llevaremos a las instituciones con la confianza de los ciudadanos. Periodista Digital.
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