Un salto cualitativo

Con la atenuación de la condena de Iñaki de Juana Chaos, el gobierno de la nación ha dado un salto cualitativo en su estrategia, y así parece que lo percibe la mayoría de la ciudadanía. Las sucesivas actuaciones de la fiscalía y la opción de Rodríguez Zapatero (aunque haya dado la cara Pérez Rubalcaba) de enviar a casa a De Juana (una opción legal, pero opción al fin y al cabo: cabía la opción contraria) indican que el gobierno está firmemente dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias su absurda política de aproximación a los terroristas a cambio de nada.

Para enturbiar el ambiente y distraer a los ciudadanos indignados, Zapatero y su jefe de propaganda, Pepe Blanco, insisten en convencernos de que lo que ellos hacen en materia de presos y de negociaciones es exactamente lo mismo que hicieron los gobiernos de Aznar. Pero, una vez más, o mienten o se equivocan: el primer gabinete Aznar nunca tuvo el apoyo del PSOE para endurecer las leyes que combaten el terrorismo, y recurrió –con el acierto que queramos otorgarle– al apoyo del PNV para sacar adelante su política. El segundo gobierno Aznar contó con mayoría absoluta en las Cortes, y entonces las leyes antiterroristas se endurecieron. Si representantes de Aznar negociaron o no con ETA es algo que nunca tuvo la trascendencia pública que el mal llamado proceso de paz de Zapatero tiene. De una u otra forma, las acciones legislativas y policiales del gobierno Aznar y las herramientas que dio a los jueces fueron suficientes como para arrinconar a ETA y asfixiar económicamente su estructura visible, es decir, Batasuna. Jamás en la historia de España se había visto ETA en circunstancias tan apuradas, y sólo eso es lo que impulsó a la banda a echarse ahora en brazos de un gobierno receptivo.

Los resultados de la política de Zapatero, en cambio, hasta el momento son los siguientes: ETA sigue sin renunciar a las armas, sigue practicando la extorsión a empresarios, sus presos siguen sin arrepentirse, Batasuna sigue sin condenar la violencia, la kale borroka ha resucitado y después de muchos años hemos vuelto a conocer un grave atentado. Pese a todo ello, ETA ha recuperado un protagonismo en la vida pública vasca y española que ha llegado a eclipsar el del PNV de Ibarretxe, hace un par de años omnipresente en las portadas; la política penitenciaria, la legalización de Batasuna, el futuro de Navarra, la autodeterminación se hallan sobre la mesa del debate público por voluntad de los voceros de ETA, que hablan alto y claro sin que desde el gobierno se alcen voces que les contradigan con la contundencia necesaria; la ciudadanía tiene, como nunca tuvo en toda la existencia de la banda criminal, la intensa sensación de que es ella la que lleva las riendas y de que el gobierno es el que tiende una y otra vez la mano sin que hasta ahora se haya obtenido fruto alguno y sí, en cambio, un retorno a la violencia; y la distorsión del lenguaje nos remite permanentemente a un erial ético que permite disfrazar de “accidentes” los atentados, o que sigamos escuchando eso de “un año de tregua”, obviando los asesinatos de Barajas, y que, mientras, desde el gobierno se elogien unos etéreos signos de cambio o evolución que aparentemente sólo el lince de Zapatero sabe percibir.

Pero la excarcelación de De Juana Chaos ha sido la gota que colma el vaso de la indignación de muchos. Nunca un gobierno democrático, ni en las situaciones más apuradas (el secuestro del más de 500 días de Ortega Lara, el asesinato de Miguel Ángel Blanco), cedió ante el chantaje de los terroristas. Felipe González, bajo cuya presidencia se organizó el GAL y que hoy dice apoyar la decisión de Zapatero, dejó morir a un preso del GRAPO en huelga de hambre (porque éste sí la hacía de verdad). Que Zapatero acuda hoy a razones humanitarias para justificar lo injustificable sólo puede indignar más a las víctimas de ETA.

La confrontación sistemática de un gobierno acorralado por sus propias torpezas (un equipo bisoño que ganó sucesivamente unas tristes primarias socialistas por descarte y unas elecciones generales de pura carambola) y una oposición ahogada en su propia radicalización (cegada por la rabia de haber perdido hace ya tres años unas elecciones que se creía con derecho a ganar) redunda en un grave perjuicio para la credibilidad de las instituciones. El espectáculo de ayer en el Senado, más digno de un parlamento bananero que de una institución con muchos siglos de tradición y de responsabilidad como son las Cortes, subraya la certeza de que PSOE y PP toman todo este asunto como pura lucha de poder y han olvidado la conveniencia pública. Se trata de una crisis política en toda regla, en que gobierno y oposición se muestran incapaces de asumir la razón de estado y se enfangan en afrentas mezquinas. Y los criminales y sus cómplices, mientras, ríen a mandíbula batiente y se permiten dar instrucciones a las instituciones democráticas españolas, como ayer hizo Joseba Permach. Nunca estuvieron tan cómodos en los últimos años.

La responsabilidad de esta situación absurda, que deja a nuestros socios europeos boquiabiertos, es de todos, pero la lógica nos dice que sobre todo de quien asumió esa responsabilidad hace tres años por decisión de los electores. Zapatero y varios miembros de su equipo causan una penosa impresión de impericia, de indiscreción, de falta de criterios prácticos y morales, de improvisación. Parecen haber olvidado por completo que los asesinos están al otro lado; que el PP, con todo y sus errores, es un partido tan democrático como el PSOE, con unas ideas que no dejan de ser legítimas por no coincidir con las del presidente del gobierno y su aprendiz de goebbels, con nada menos que diez millones de votantes y, sobre todo, que en la defensa de sus criterios no utiliza las bombas, sino los argumentos, sean éstos más o menos afortunados. Arnaldo Otegi, ese hombre para quien el gobierno tiene palabras mucho más amables que para Mariano Rajoy, habla en nombre de unos pistoleros que no han mostrado intención alguna de dejar las armas, ¿o es que ya se nos ha olvidado? Que el gobierno insista en colocar al PP en la balanza como contrapeso de Batasuna y en asociarlo con la extrema derecha es de auténtica risa: nuestros amigos europeos saben qué es la ultraderecha y cómo se las gasta. En este punto es necesario y urgente retomar un discurso a la vez civilizado y firme. Un discurso que llame asesinos a los asesinos y que como a tales aspire a aplicarles la ley. Un discurso inequívoco contra los chantajistas. Se negocia con los iguales; a las fieras se las acorrala, se las caza y se las encierra. Sólo cabe tener compasión con la fiera que demuestra haber abandonado su fiereza; el que la quiera desenjaular antes se arriesga a sufrir sus zarpazos.

En éstas y no en otras nos tiene hoy el presidente Zapatero. La manifestación convocada por el PP para el próximo sábado será una magnífica oportunidad para que los ciudadanos se lo digan claramente al gobierno, siempre que a continuación el PP sepa administrar ese capital de apoyo popular sin revanchismos: con la moderación y la sensatez que todos deseamos. Si no, será otra oportunidad perdida. Periodista Digital.