Recibo una de esas invitaciones de Avaaz.org. La presente campaña persigue 150.000 firmas "pidiendo que se garantice la independencia del poder judicial y se respeten las leyes aplicables en los casos contra el juez Garzón", firmas que se entregarán en su día en el Tribunal Supremo y en el Consejo General del Poder Judicial. He contestado al remitente los párrafos que siguen y que resumen mi postura frente a este triste caso.
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Estimado Luis (y compañeros de Avaaz):
Presentas el caso como si Garzón fuese víctima de una arbitrariedad perpetrada por motivos ideológicos. Nada más lejos de la realidad.
Es falso que, como se suele afirmar, el derecho internacional sobre Derechos Humanos anule la Ley de Amnistía de 1977. En aquella fecha España no había ratificado ningún tratado ni convención que obligase al Estado a perseguir aquellos delitos, de modo que la Ley de Amnistía fue perfectamente válida en su momento y extinguió las correspondientes responsabilidades penales. La Constitución, por otra parte, ofrece argumentos contra la derogación de la Ley de Amnistía: el artículo 9.3 establece la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. El Tribunal Constitucional nunca ha dudado de la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, que todavía hoy resulta válida a todos los efectos conforme a opiniones bien fundadas. Españoles de todos los signos se dieron la Ley de Amnistía como generoso punto final a la guerra y a la dictadura. Una ley que, por cierto, contó en su día con los parabienes de gente tan poco sospechosa de simpatías franquistas como Santiago Carrillo y permitió encauzar su vida en democracia a antiguos criminales de los dos bandos. Nadie va a justificar los crímenes de la guerra y del franquismo, pero en la Transición nos dimos un instrumento de perdón recíproco que ha traído a España consecuencias muy positivas.
Si de todos modos no fuera así, Garzón no sería el único juez que lo percibiese. Faltando Garzón, el sistema judicial proveerá un sustituto que podrá continuar con los procesos abiertos. Perdóname, pero insinuar que a Garzón se lo suspende para evitar la investigación de la trama Gürtel insulta la inteligencia de los ciudadanos.
Lo cierto es que el juez Garzón se ha saltado a la torera la ley. No hay delito peor que el cometido por quienes, habiéndose comprometido a hacer valer las leyes, infringen éstas a sabiendas. Se llama prevaricación, y si la hay da igual que lo haya señalado un grupo de ultraderecha, un grupo de ultraizquierda o una asociación filatélica. Será o no prevaricación de acuerdo con criterios objetivos, no ideológicos. Personalmente opino que Garzón ha hecho grandes servicios a España, pero también que se ha creído por encima de la ley y del decoro. Solicitar el certificado de defunción de Francisco Franco fue sólo el episodio más cómico de su delirio.
Por otra parte, no hay nada más antidemocrático que cuestionar la legitimidad de las instituciones cuando sus actuaciones no concuerdan con nuestra visión de las cosas, y pretender que una manifestación popular cambie el curso de un proceso judicial es llanamente golpista. El imperio de la ley exige, precisamente, que la ley se cumpla incluso cuando no nos gustan sus consecuencias. Por eso a veces queda en libertad un etarra que nadie entiende que quede libre; pero si somos una democracia, las leyes hay que cumplirlas en todos los casos. Con un etarra o con un juez antifranquista. De hecho, a los artículos que citas al pie de tu mensaje podrían añadirse cientos de artículos de especialistas que declaran impecable el procesamiento del juez. En cualquier caso, la democracia no consiste precisamente en que todo el mundo opine de lo que no entiende, sino en que todos acaten lo que las instituciones que entre todos nos dimos dicten sobre aquello que es de su estricto saber y competencia. El asamblearismo nunca resulta democrático. Que un millón de personas cargadas de razones sentimentales pero ignorantes de la ley se manifestasen ante la puerta del Tribunal Supremo no cambiaría un ápice la legitimidad de éste ni el acierto de sus sentencias.
Comprenderás que no pueda firmar ni difundir tu propuesta. Me parece un paso más en la deriva guerracivilista que nuestros políticos, especialmente los de izquierda, han acometido desde que nuestro insensato presidente de gobierno se empeñó en devolvernos a 1936. No son la crisis y la corrupción lo que deteriora nuestra democracia, porque ambas se pueden combatir desde unas instituciones fuertes; es la debilidad de las instituciones y nuestra inmadurez como pueblo lo que nos pone al borde de la república bananera, y la crisis y la corrupción son en buena medida sus consecuencias. Una gran demostración de esa inmadurez es, precisamente, el sistemático cuestionamiento de los altos tribunales en los últimos años por parte de personas e instituciones con los motivos ideológicos más variados (caso Estatut, caso Garzón).
No puedo firmar y, es más, te insto a recapacitar y retirar la iniciativa, si te importan más la paz y la justicia que la revancha.
Saludos cordiales. Periodista Digital.
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