Seguramente sería injusto atribuir a José Luis Rodríguez Zapatero la responsabilidad de la crisis económica. Los factores que entran en la gestación y consolidación de una recesión como la que sufrimos (y que algunos comparan ya con el crack del 29) son de una naturaleza compleja y en parte impredecible que impide culpar a ningún individuo de lo que nos va a tocar soportar los próximos años.
Por el contrario, parece bastante justo responsabilizar a quienes nos gobiernan del cumplimiento de sus promesas electorales. El programa del PSOE en marzo hablaba de pleno empleo (hablar es gratis). Zapatero presentaba como objetivo la creación de más de dos millones de puestos de trabajo; los de mi edad recordarán la rechifla generalizada durante el primer gobierno de Felipe González, que había prometido 800.000 puestos de trabajo y sólo consiguió incrementar el paro hasta límites atroces… Ahora que somos potencia mundial hablamos ya de dos millones de empleos y de una tasa del 2%, y nos quedamos tan anchos. Sin embargo, el paro ha aumentado en estos meses en 200.000 puestos de trabajo, es decir, que estamos ya en un 10,44%. Zapatero y Pepe Blanco prometían también reducir la temporalidad hasta el 25%, pero hoy tenemos más de un 31%, en ascenso.
Dado que la Economía es una ciencia a medio camino entre las matemáticas y las artes adivinatorias (y que me perdonen mis amigos economistas, que saben que el ignorante bromea sobre lo que no entiende), estrictamente no podremos achacar al PSOE un incumplimiento de su programa si, como es previsible, terminamos la legislatura con más paro y más trabajo temporal que cuando la empezamos. Cuando de buena fe se incumplen los objetivos podemos, eso sí, criticar un análisis muy deficiente de la coyuntura económica, unas previsiones absolutamente erradas y, en suma, una incapacidad gestora intolerable en el equipo de gobierno de una nación como España.
Ahora bien: cuando las promesas se hacen a sabiendas de que no se podrán cumplir; cuando un gobierno tiene constancia de que la economía ha entrado en crisis, oculta los datos e imparte órdenes de no mencionar la palabra “crisis”, exhibe un optimismo infundado y se abstiene de adoptar medidas con la urgencia necesaria, todo ello con el único fin de eludir la derrota electoral, entonces no podemos hablar de buena fe, ni de promesas incumplidas ni de fallos en la gestión. Podemos hablar, lisa y llanamente, de engaño. Y es claro que si un gobernante ha demostrado que no duda en mentir (como cuando explicó sus ilícitas negociaciones con una banda de criminales desmintiéndose a sí mismo, o como cuando fue pillado confesándole a Iñaki Gabilondo sus intenciones de tensar el ambiente político, porque “un poco de crispación nos conviene”), y si sospechamos que en el fondo no puede ser sólo un inepto, sino que por conveniencia electoral nos mintió sobre la crisis, hurtando a la ciudadanía una información vital y poniendo en serio riesgo el pan y la vivienda de muchas familias, entonces sí debemos exigir responsabilidades. Un gobernante tal –que o es un irresponsable, o es un inmoral o es ambas cosas– no merece un solo voto más de sus conciudadanos. Periodista Digital. Baleares Liberal. España Liberal. El Mundo-El Día de Baleares.
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