Seguramente sería injusto atribuir a José Luis Rodríguez Zapatero la responsabilidad de la crisis económica. Los factores que entran en la gestación y consolidación de una recesión como la que sufrimos (y que algunos comparan ya con el crack del 29) son de una naturaleza compleja y en parte impredecible que impide culpar a ningún individuo de lo que nos va a tocar soportar los próximos años.
Por el contrario, parece bastante justo responsabilizar a quienes nos gobiernan del cumplimiento de sus promesas electorales. El programa del PSOE en marzo hablaba de pleno empleo (hablar es gratis). Zapatero presentaba como objetivo la creación de más de dos millones de puestos de trabajo; los de mi edad recordarán la rechifla generalizada durante el primer gobierno de Felipe González, que había prometido 800.000 puestos de trabajo y sólo consiguió incrementar el paro hasta límites atroces… Ahora que somos potencia mundial hablamos ya de dos millones de empleos y de una tasa del 2%, y nos quedamos tan anchos. Sin embargo, el paro ha aumentado en estos meses en 200.000 puestos de trabajo, es decir, que estamos ya en un 10,44%. Zapatero y Pepe Blanco prometían también reducir la temporalidad hasta el 25%, pero hoy tenemos más de un 31%, en ascenso.
Dado que la Economía es una ciencia a medio camino entre las matemáticas y las artes adivinatorias (y que me perdonen mis amigos economistas, que saben que el ignorante bromea sobre lo que no entiende), estrictamente no podremos achacar al PSOE un incumplimiento de su programa si, como es previsible, terminamos la legislatura con más paro y más trabajo temporal que cuando la empezamos. Cuando de buena fe se incumplen los objetivos podemos, eso sí, criticar un análisis muy deficiente de la coyuntura económica, unas previsiones absolutamente erradas y, en suma, una incapacidad gestora intolerable en el equipo de gobierno de una nación como España.
Ahora bien: cuando las promesas se hacen a sabiendas de que no se podrán cumplir; cuando un gobierno tiene constancia de que la economía ha entrado en crisis, oculta los datos e imparte órdenes de no mencionar la palabra “crisis”, exhibe un optimismo infundado y se abstiene de adoptar medidas con la urgencia necesaria, todo ello con el único fin de eludir la derrota electoral, entonces no podemos hablar de buena fe, ni de promesas incumplidas ni de fallos en la gestión. Podemos hablar, lisa y llanamente, de engaño. Y es claro que si un gobernante ha demostrado que no duda en mentir (como cuando explicó sus ilícitas negociaciones con una banda de criminales desmintiéndose a sí mismo, o como cuando fue pillado confesándole a Iñaki Gabilondo sus intenciones de tensar el ambiente político, porque “un poco de crispación nos conviene”), y si sospechamos que en el fondo no puede ser sólo un inepto, sino que por conveniencia electoral nos mintió sobre la crisis, hurtando a la ciudadanía una información vital y poniendo en serio riesgo el pan y la vivienda de muchas familias, entonces sí debemos exigir responsabilidades. Un gobernante tal –que o es un irresponsable, o es un inmoral o es ambas cosas– no merece un solo voto más de sus conciudadanos. Periodista Digital. Baleares Liberal. España Liberal. El Mundo-El Día de Baleares.
25 agosto 2008
Adelantos electorales
No es más que otra corruptela del sistema: nos parece tan normal que los políticos adelanten las elecciones por conveniencia partidista. Felipe González nos acostumbró a esta práctica, adelantando elecciones incluso cuando estaba en posesión de mayorías absolutas y, por tanto, en perfectas condiciones de gobernabilidad, a fin de no perder el poder si las dejaba para más adelante. Hoy está en boca de todos el más que probable adelanto de las próximas elecciones gallegas, se dice incluso que para finales de octubre. Los motivos: el temor de José Blanco y del PSOE gallego de perder votos a raudales a causa de la crisis económica y también –todo hay que decirlo– de los delirios linguocráticos de sus socios separatistas del Bloque, así como su deseo de tener resuelta la eventual renovación de dicha coalición cara a la aprobación parlamentaria de los presupuestos generales a principios de año.
Las elecciones están pautadas por ley cada cuatro años. El artículo 115 de la Constitución (como las disposiciones semejantes que se encuentran en los estatutos de autonomía) se limita a establecer que “El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey”, lo que legitima la disolución anticipada sin más justificación que la voluntad del presidente responsable. No obstante, parece razonable suponer que esa voluntad ha de fundamentarse, como toda la actuación de un presidente de gobierno verdaderamente responsable (no hablamos, claro está, del caso actual), en el interés de la nación o, en su caso, de la comunidad autónoma afectada por la disolución de las cámaras y la consiguiente convocatoria de elecciones.
Nuestra legislación adoptó el plazo de los cuatro años como el más adecuado para garantizar por un lado cierta estabilidad en la representación de la ciudadanía por parte de los diputados y, por otro, la saludable renovación periódica de la misma. Ambos aspectos son necesarios para el correcto desarrollo de las funciones políticas de nuestros representantes. Alargar el mandato del diputado más allá de los cuatro años supondría tal vez interpretar abusivamente el depósito de confianza por parte del ciudadano, y la ley lo excluye. Acortar ese mandato reduce la eficacia del trabajo parlamentario, pues un plazo demasiado corto impediría rematar determinadas líneas de trabajo; pero la ley no lo prohíbe, a fin de flexibilizar la renovación de los órganos representativos frente a circunstancias excepcionales sobrevenidas. Por circunstancias excepcionales entiendo yo, por ejemplo, un escándalo político mayúsculo que modifique esencialmente la credibilidad de quienes gobiernan, o la desaparición por cualquier otro motivo de la mayoría parlamentaria de gobierno hasta el punto de imposibilitar las tareas ejecutivas.
¿Qué circunstancia excepcional se da hoy para adelantar las elecciones gallegas? No hay nada menos excepcional que la variación de la intención de voto en el electorado: es algo que sucede en uno u otro sentido en todas las legislaturas, y en cualquier caso no impide que la mayoría actual continúe desarrollando su tarea con total normalidad hasta agotar el cuatrienio. Que las elecciones gallegas se adelanten sólo indicará que los partidos políticos utilizan los mecanismos de la representación con criterios partidistas, poniendo por encima del bien común el interés por permanecer en el poder, a costa de la consiguiente parálisis política y gestora, la disfuncionalidad inevitable y los gastos que hagan falta, que serán, estos sí, extraordinarios (pero da igual, porque lo paga el contribuyente). Ni las especulaciones de Pepiño sobre los resultados de encuestas de encargo ni la necesidad de Zapatero de contar con apoyos en las Cortes nacionales justifican una disolución anticipada del parlamento de Santiago de Compostela, que se supone está ahí para ordenar la actividad política en Galicia y, por más que sea contra natura, alberga una mayoría estable que hasta ahora no ha tenido ningún impedimento para imponer sus majaderías sobre normalización lingüística a la sociedad gallega. Si se convocan elecciones anticipadas en Galicia, se demostrará que tanto el PSOE como el BNG (pero los demás partidos tradicionales comparten esta práctica) colocan su apego al poder por encima de los intereses de Galicia y del respeto al principio representativo. Se demostrará que toman la democracia como pretexto. Afortunadamente, y como ya muchos en Galicia han manifestado desear, en esta ocasión los ciudadanos contarán con una opción nueva y francamente distinta: Unión, Progreso y Democracia, el partido de Rosa Díez. UPyD defenderá la devolución a los ciudadanos de una democracia genuina; también en Galicia. Periodista Digital. España Liberal.
Las elecciones están pautadas por ley cada cuatro años. El artículo 115 de la Constitución (como las disposiciones semejantes que se encuentran en los estatutos de autonomía) se limita a establecer que “El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey”, lo que legitima la disolución anticipada sin más justificación que la voluntad del presidente responsable. No obstante, parece razonable suponer que esa voluntad ha de fundamentarse, como toda la actuación de un presidente de gobierno verdaderamente responsable (no hablamos, claro está, del caso actual), en el interés de la nación o, en su caso, de la comunidad autónoma afectada por la disolución de las cámaras y la consiguiente convocatoria de elecciones.
Nuestra legislación adoptó el plazo de los cuatro años como el más adecuado para garantizar por un lado cierta estabilidad en la representación de la ciudadanía por parte de los diputados y, por otro, la saludable renovación periódica de la misma. Ambos aspectos son necesarios para el correcto desarrollo de las funciones políticas de nuestros representantes. Alargar el mandato del diputado más allá de los cuatro años supondría tal vez interpretar abusivamente el depósito de confianza por parte del ciudadano, y la ley lo excluye. Acortar ese mandato reduce la eficacia del trabajo parlamentario, pues un plazo demasiado corto impediría rematar determinadas líneas de trabajo; pero la ley no lo prohíbe, a fin de flexibilizar la renovación de los órganos representativos frente a circunstancias excepcionales sobrevenidas. Por circunstancias excepcionales entiendo yo, por ejemplo, un escándalo político mayúsculo que modifique esencialmente la credibilidad de quienes gobiernan, o la desaparición por cualquier otro motivo de la mayoría parlamentaria de gobierno hasta el punto de imposibilitar las tareas ejecutivas.
¿Qué circunstancia excepcional se da hoy para adelantar las elecciones gallegas? No hay nada menos excepcional que la variación de la intención de voto en el electorado: es algo que sucede en uno u otro sentido en todas las legislaturas, y en cualquier caso no impide que la mayoría actual continúe desarrollando su tarea con total normalidad hasta agotar el cuatrienio. Que las elecciones gallegas se adelanten sólo indicará que los partidos políticos utilizan los mecanismos de la representación con criterios partidistas, poniendo por encima del bien común el interés por permanecer en el poder, a costa de la consiguiente parálisis política y gestora, la disfuncionalidad inevitable y los gastos que hagan falta, que serán, estos sí, extraordinarios (pero da igual, porque lo paga el contribuyente). Ni las especulaciones de Pepiño sobre los resultados de encuestas de encargo ni la necesidad de Zapatero de contar con apoyos en las Cortes nacionales justifican una disolución anticipada del parlamento de Santiago de Compostela, que se supone está ahí para ordenar la actividad política en Galicia y, por más que sea contra natura, alberga una mayoría estable que hasta ahora no ha tenido ningún impedimento para imponer sus majaderías sobre normalización lingüística a la sociedad gallega. Si se convocan elecciones anticipadas en Galicia, se demostrará que tanto el PSOE como el BNG (pero los demás partidos tradicionales comparten esta práctica) colocan su apego al poder por encima de los intereses de Galicia y del respeto al principio representativo. Se demostrará que toman la democracia como pretexto. Afortunadamente, y como ya muchos en Galicia han manifestado desear, en esta ocasión los ciudadanos contarán con una opción nueva y francamente distinta: Unión, Progreso y Democracia, el partido de Rosa Díez. UPyD defenderá la devolución a los ciudadanos de una democracia genuina; también en Galicia. Periodista Digital. España Liberal.
04 agosto 2008
Querido Rubén
Querido Rubén:
Este blog se está convirtiendo en una especie de correspondencia, cosa que no me disgusta. Me alegra que esta vez sean noticias tuyas, aunque sea para llevarme la contraria. Gracias por tu mensaje y sobre todo por el tono: así no hay manera de pelearse.
No estamos de acuerdo en nuestra apreciación del Manifesto por la Lengua Común. Además, creo que te equivocas al poner el acento en los aspectos formales, cuestionando la intelectualidad de un texto que firmaron una serie de intelectuales cuya solvencia no parece que ni tú ni yo estemos en posición de cuestionar (Savater, Vargas Llosa, etc.), pero un texto que en sí no es intelectual. Tú lo has visto e inviertes gran parte de tu esfuerzo en demostrarlo, pero es un esfuerzo baldío: se trata de un texto de carácter divulgativo por su propia naturaleza y, creo, no aspiraba más que a dejar claras unas posiciones políticas en torno al llamado "conflicto lingüístico", que no es sino un conflicto de libertades.
Dices que quieres debatir; perdóname si doy consejos que no me toca dar, pero el mejor método para debatir no es declarar a priori que algo es "una sarta de inexactitudes, demagogias y perversiones" y después no argumentarlo. Dices que tu extenso comentario a mi artículo no es más que una "introducción" (válganos Dios...) pero, así y todo, se agradecería que trajeses a él algo más que descalificaciones generales.
Por ejemplo: no se puede opinar, sin bajar al texto, que el Manifiesto encierre "objetivos de política lingüística pura y dura, de carácter centralista para más señas; buscando soterradamente relegar a las lenguas no comunes al mero papel de lenguas pintorescas, particularidades culturales de la región que en nada pueden pretender llegar a la altura legal y de uso de la Lengua Común". No se puede o no se debe, porque el Manifiesto dice lo contrario en varias ocasiones. No se debe tampoco decir, sin demostrarlo, que "presenta una realidad de la situación lingüística en Cataluña distorsionada, cuando no falsa", porque el Manifiesto atiende exclusivamente a actuaciones y políticas constatables de quienes gobiernan Cataluña, Baleares, Galicia y País Vasco, y en ningún momento pone en duda la salud del castellano, sino que denuncia el recorte de los derechos de los castellanohablantes. Espero tus argumentos.
Por abundar en las cuestiones formales en las que entras, tu chanza a propósito del empleo del adjetivo "universal" al castellano no se sostiene: en la transcripción del diccionario que tú mismo haces se encuentra la refutación de tu crítica. Sólo hace falta fijarse en la segunda o en la tercera acepción y no en la primera, tal y como haría cualquier lector familiarizado con un discurso filosófico elemental, y lo que tú llamas "divertido error" se vuelve en tu contra.
Luego cargas contra la asimetría que el Manifiesto dice que existe entre las diversas lenguas oficiales en España. La asimetría no es nada que haya que justificar, Rubén: es una circunstancia de las que componen nuestra realidad. Lo único cierto es que el castellano se habla en toda España y las lenguas cooficiales sólo en regiones concretas, situación que, creo, se puede describir acertadamente como asimétrica. Y describir correctamente la realidad es una condición sine qua non para poder analizar y resolver los problemas con éxito. Por ejemplo: puede no gustarnos que Baleares e incluso que Honolulu no pertenezcan ni hayan pertenecido nunca a Cataluña, pero para vivir la realidad sin esquizofrenias y no perjudicar a nuestros semejantes conviene reconocerlo antes de, pongo por caso, meterse en política.
También te parece incoherente aquello de defender que las lenguas no tienen derechos y que, sin embargo, el Manifiesto afirme que el castellano "goza del deber constitucional de ser conocido". Ya le había leído a alguien este presunto argumento y, si bien coincido contigo en que la expresión no es todo lo acertada que a mí me gustaría, también es verdad que todo el mundo puede entender lo que quiere decir: la Constitución sólo marca la obligación común a todos los españoles de conocer una lengua, que es el castellano. En las regiones bilingües, conocer dos será estupendo, pero que en ellas la tendencia sea hacia el monolingüismo va en contra del precepto constitucional. Parece de cajón.
Consecuencia de que el castellano sea lengua de uso universal en España y de que, por tanto, la situación de las diversas lenguas españolas sea asimétrica es que sólo hay una lengua que en España pueda llamarse común y servir a efectos de cohesión social y económica y como vehículo de igualdad: el castellano. Los ejemplos son muchos (la educación, el acceso al trabajo, etc.) y el Manifiesto desgrana algunos; no creo que sea necesario que insista en ellos.
En cuanto a las llamadas políticas lingüísticas, me reitero: si UPyD llega al poder local, se acabarán los departamentos de Política Lingüística. El fomento y la protección de las lenguas se lleva a cabo desde unas instituciones educativas que funcionen correctamente. Dedicar recursos cuantiosos en tiempos de crisis a campañas paletas como Ara és la teva es, además de pésima administración, una intromisión en la vida de la gente. Que el gobierno de Baleares acose a una compañía aérea como Air Berlin para que cambie su política de atención al cliente y gaste dinero y energías en normalizarse, en un momento económico en que las compañías aéreas se tambalean, y al mismo tiempo que se está reclamando al gobierno de la nación la cogestión del aeropuerto de Palma, parece el colmo de la insensatez. Si Air Berlin muda su base a Murcia no será sólo por evitar la imposición lingüística, pero ¿no se podrá decir que el Govern alentó la mudanza? Seguramente Antich estaría orgulloso: nos hundiremos en la miseria, pero será una miseria en la nostra llengua... Si el intervencionismo por sí mismo es malo, el intervencionismo irrespetuoso e inútil ya no te digo. Y es que una cosa es proteger el patrimonio cultural de quien voluntariamente lo requiera y otra decirle a la gente en qué coño tiene que hablar. Esto último es una impertinencia. Por no hablar de la reglamentación casi soviética de la lengua en la educación y en la administración. En Mallorca, según la normativa de normalización lingüística, si una empresa aspira a un contrato público, ha de entregar su documentación en catalán; si no, no se la admitirán, aunque su proyecto sea el más beneficioso para la ciudadanía. En el Conservatorio de Palma -siendo como es el de la música un ámbito internacional por naturaleza- se le niega una plaza de profesor a un experto hispanoamericano porque no tiene el correspondiente certificado de catalán, y en cambio se le da a un paleto con certificado, perjudicando así la calidad de la futura educación musical de generaciones enteras de mallorquines, que ni siquiera serán catalanohablantes, porque hablarán lo que les dé la gana hablar, pero tal vez no podrán ser instrumentistas excelentes. Y algunos directores de escuela se pasean por el recreo para llamar la atención a los niños que hablan en castellano. Y los inspectores se pasan por tiendas y bares (castellanohablantes) para conminar a sus dueños a que editen sus cartas y sus rótulos en catalán; cosa que no me consta que suceda si el establecimiento es chino (aunque si sucediese sería igualmente inicuo). ¿A ti esto te parece normal?
El problema aquí es que a los nacionalistas no les gusta la realidad. No les gusta admitir nada que comprenda el conjunto de España y lo considere propio, porque prefieren las patrias chiquitas y provincianas que se han inventado para muñirlas sin obstáculos; patrias imaginarias que nada tienen que ver con la magnífica Cataluña ni con el País Vasco envidiable que una vez existieron, y que pueden volver a existir si dejamos de prestar oídos a la mitología de la secta. Tampoco les gusta admitir que en todas esas regiones de España el castellano es hablado con tanta naturalidad como la lengua vernácula; en algunos casos, como el País Vasco pese a la ingente inversión oficial en comisarios lingüísticos, muy mayoritariamente. Y lo que menos les gusta admitir es que uno puede ser un perfecto catalán, un excelente menorquín o un gallego de pro viviendo la vida en castellano. Su derrota, no obstante, es que la realidad es tozuda y acaba imponiéndose.
De ahí que, ante los abusos oficiales, empiezan a aparecer movimientos cívicos que, cansados de que los prejuicios de la secta se impongan sobre los derechos y libertades y sobre la conveniencia común, se pronuncian en contra del absurdo estado de cosas. Y la secta, acostumbrada a décadas de silencio, se duele. Esto es lo que pasa, Rubén.
Por eso ni ellos entran ni tampoco tú has entrado en el contenido del Manifiesto: porque hay cosas que no son defendibles. Por ejemplo, no es defendible que a los ciudadanos se les prive del derecho a escoger su lengua materna como lengua vehicular de la educación de sus hijos, siendo su lengua materna además una de las dos oficiales en el territorio y encima lengua común del estado. Es algo que no sucede en ningún país democrático del mundo. Este derecho fue reclamado por los nacionalistas cuando a los catalanohablantes se les privaba injustamente de él, y bien que hacían. Ahora que a quienes se les niega es a los catalanes que hablan castellano, prefieren elogiar las bondades de la inmersión lingüística. Pero esto sí es una perversidad, y ya va siendo hora de que la denunciemos. Porque, a ver si nos enteremos de una vez, hablar castellano no es mejor ni peor que hablar catalán, ni lo uno ni lo otro da ni quita derechos, ni tiene consecuencias políticas para el ciudadano mientras no nos empeñemos en atribuírselas; pero en este caso cada cual tendrá que hacerse responsable de sus verdades y de sus mentiras.
Sobre todo esto te recomiendo un artículo muy simpático que ha salido hoy en el diario La Rioja, firmado por un compañero de allí.
Lo dicho: no estamos de acuerdo, lo cual no me impide pedirte que cuando pases por Mallorca avises y nos tomemos algo juntos, y hablemos en la lengua que a ambos nos dé la gana, porque seguro que nos entenderemos. Un fuerte abrazo.
Este blog se está convirtiendo en una especie de correspondencia, cosa que no me disgusta. Me alegra que esta vez sean noticias tuyas, aunque sea para llevarme la contraria. Gracias por tu mensaje y sobre todo por el tono: así no hay manera de pelearse.
No estamos de acuerdo en nuestra apreciación del Manifesto por la Lengua Común. Además, creo que te equivocas al poner el acento en los aspectos formales, cuestionando la intelectualidad de un texto que firmaron una serie de intelectuales cuya solvencia no parece que ni tú ni yo estemos en posición de cuestionar (Savater, Vargas Llosa, etc.), pero un texto que en sí no es intelectual. Tú lo has visto e inviertes gran parte de tu esfuerzo en demostrarlo, pero es un esfuerzo baldío: se trata de un texto de carácter divulgativo por su propia naturaleza y, creo, no aspiraba más que a dejar claras unas posiciones políticas en torno al llamado "conflicto lingüístico", que no es sino un conflicto de libertades.
Dices que quieres debatir; perdóname si doy consejos que no me toca dar, pero el mejor método para debatir no es declarar a priori que algo es "una sarta de inexactitudes, demagogias y perversiones" y después no argumentarlo. Dices que tu extenso comentario a mi artículo no es más que una "introducción" (válganos Dios...) pero, así y todo, se agradecería que trajeses a él algo más que descalificaciones generales.
Por ejemplo: no se puede opinar, sin bajar al texto, que el Manifiesto encierre "objetivos de política lingüística pura y dura, de carácter centralista para más señas; buscando soterradamente relegar a las lenguas no comunes al mero papel de lenguas pintorescas, particularidades culturales de la región que en nada pueden pretender llegar a la altura legal y de uso de la Lengua Común". No se puede o no se debe, porque el Manifiesto dice lo contrario en varias ocasiones. No se debe tampoco decir, sin demostrarlo, que "presenta una realidad de la situación lingüística en Cataluña distorsionada, cuando no falsa", porque el Manifiesto atiende exclusivamente a actuaciones y políticas constatables de quienes gobiernan Cataluña, Baleares, Galicia y País Vasco, y en ningún momento pone en duda la salud del castellano, sino que denuncia el recorte de los derechos de los castellanohablantes. Espero tus argumentos.
Por abundar en las cuestiones formales en las que entras, tu chanza a propósito del empleo del adjetivo "universal" al castellano no se sostiene: en la transcripción del diccionario que tú mismo haces se encuentra la refutación de tu crítica. Sólo hace falta fijarse en la segunda o en la tercera acepción y no en la primera, tal y como haría cualquier lector familiarizado con un discurso filosófico elemental, y lo que tú llamas "divertido error" se vuelve en tu contra.
Luego cargas contra la asimetría que el Manifiesto dice que existe entre las diversas lenguas oficiales en España. La asimetría no es nada que haya que justificar, Rubén: es una circunstancia de las que componen nuestra realidad. Lo único cierto es que el castellano se habla en toda España y las lenguas cooficiales sólo en regiones concretas, situación que, creo, se puede describir acertadamente como asimétrica. Y describir correctamente la realidad es una condición sine qua non para poder analizar y resolver los problemas con éxito. Por ejemplo: puede no gustarnos que Baleares e incluso que Honolulu no pertenezcan ni hayan pertenecido nunca a Cataluña, pero para vivir la realidad sin esquizofrenias y no perjudicar a nuestros semejantes conviene reconocerlo antes de, pongo por caso, meterse en política.
También te parece incoherente aquello de defender que las lenguas no tienen derechos y que, sin embargo, el Manifiesto afirme que el castellano "goza del deber constitucional de ser conocido". Ya le había leído a alguien este presunto argumento y, si bien coincido contigo en que la expresión no es todo lo acertada que a mí me gustaría, también es verdad que todo el mundo puede entender lo que quiere decir: la Constitución sólo marca la obligación común a todos los españoles de conocer una lengua, que es el castellano. En las regiones bilingües, conocer dos será estupendo, pero que en ellas la tendencia sea hacia el monolingüismo va en contra del precepto constitucional. Parece de cajón.
Consecuencia de que el castellano sea lengua de uso universal en España y de que, por tanto, la situación de las diversas lenguas españolas sea asimétrica es que sólo hay una lengua que en España pueda llamarse común y servir a efectos de cohesión social y económica y como vehículo de igualdad: el castellano. Los ejemplos son muchos (la educación, el acceso al trabajo, etc.) y el Manifiesto desgrana algunos; no creo que sea necesario que insista en ellos.
En cuanto a las llamadas políticas lingüísticas, me reitero: si UPyD llega al poder local, se acabarán los departamentos de Política Lingüística. El fomento y la protección de las lenguas se lleva a cabo desde unas instituciones educativas que funcionen correctamente. Dedicar recursos cuantiosos en tiempos de crisis a campañas paletas como Ara és la teva es, además de pésima administración, una intromisión en la vida de la gente. Que el gobierno de Baleares acose a una compañía aérea como Air Berlin para que cambie su política de atención al cliente y gaste dinero y energías en normalizarse, en un momento económico en que las compañías aéreas se tambalean, y al mismo tiempo que se está reclamando al gobierno de la nación la cogestión del aeropuerto de Palma, parece el colmo de la insensatez. Si Air Berlin muda su base a Murcia no será sólo por evitar la imposición lingüística, pero ¿no se podrá decir que el Govern alentó la mudanza? Seguramente Antich estaría orgulloso: nos hundiremos en la miseria, pero será una miseria en la nostra llengua... Si el intervencionismo por sí mismo es malo, el intervencionismo irrespetuoso e inútil ya no te digo. Y es que una cosa es proteger el patrimonio cultural de quien voluntariamente lo requiera y otra decirle a la gente en qué coño tiene que hablar. Esto último es una impertinencia. Por no hablar de la reglamentación casi soviética de la lengua en la educación y en la administración. En Mallorca, según la normativa de normalización lingüística, si una empresa aspira a un contrato público, ha de entregar su documentación en catalán; si no, no se la admitirán, aunque su proyecto sea el más beneficioso para la ciudadanía. En el Conservatorio de Palma -siendo como es el de la música un ámbito internacional por naturaleza- se le niega una plaza de profesor a un experto hispanoamericano porque no tiene el correspondiente certificado de catalán, y en cambio se le da a un paleto con certificado, perjudicando así la calidad de la futura educación musical de generaciones enteras de mallorquines, que ni siquiera serán catalanohablantes, porque hablarán lo que les dé la gana hablar, pero tal vez no podrán ser instrumentistas excelentes. Y algunos directores de escuela se pasean por el recreo para llamar la atención a los niños que hablan en castellano. Y los inspectores se pasan por tiendas y bares (castellanohablantes) para conminar a sus dueños a que editen sus cartas y sus rótulos en catalán; cosa que no me consta que suceda si el establecimiento es chino (aunque si sucediese sería igualmente inicuo). ¿A ti esto te parece normal?
El problema aquí es que a los nacionalistas no les gusta la realidad. No les gusta admitir nada que comprenda el conjunto de España y lo considere propio, porque prefieren las patrias chiquitas y provincianas que se han inventado para muñirlas sin obstáculos; patrias imaginarias que nada tienen que ver con la magnífica Cataluña ni con el País Vasco envidiable que una vez existieron, y que pueden volver a existir si dejamos de prestar oídos a la mitología de la secta. Tampoco les gusta admitir que en todas esas regiones de España el castellano es hablado con tanta naturalidad como la lengua vernácula; en algunos casos, como el País Vasco pese a la ingente inversión oficial en comisarios lingüísticos, muy mayoritariamente. Y lo que menos les gusta admitir es que uno puede ser un perfecto catalán, un excelente menorquín o un gallego de pro viviendo la vida en castellano. Su derrota, no obstante, es que la realidad es tozuda y acaba imponiéndose.
De ahí que, ante los abusos oficiales, empiezan a aparecer movimientos cívicos que, cansados de que los prejuicios de la secta se impongan sobre los derechos y libertades y sobre la conveniencia común, se pronuncian en contra del absurdo estado de cosas. Y la secta, acostumbrada a décadas de silencio, se duele. Esto es lo que pasa, Rubén.
Por eso ni ellos entran ni tampoco tú has entrado en el contenido del Manifiesto: porque hay cosas que no son defendibles. Por ejemplo, no es defendible que a los ciudadanos se les prive del derecho a escoger su lengua materna como lengua vehicular de la educación de sus hijos, siendo su lengua materna además una de las dos oficiales en el territorio y encima lengua común del estado. Es algo que no sucede en ningún país democrático del mundo. Este derecho fue reclamado por los nacionalistas cuando a los catalanohablantes se les privaba injustamente de él, y bien que hacían. Ahora que a quienes se les niega es a los catalanes que hablan castellano, prefieren elogiar las bondades de la inmersión lingüística. Pero esto sí es una perversidad, y ya va siendo hora de que la denunciemos. Porque, a ver si nos enteremos de una vez, hablar castellano no es mejor ni peor que hablar catalán, ni lo uno ni lo otro da ni quita derechos, ni tiene consecuencias políticas para el ciudadano mientras no nos empeñemos en atribuírselas; pero en este caso cada cual tendrá que hacerse responsable de sus verdades y de sus mentiras.
Sobre todo esto te recomiendo un artículo muy simpático que ha salido hoy en el diario La Rioja, firmado por un compañero de allí.
Lo dicho: no estamos de acuerdo, lo cual no me impide pedirte que cuando pases por Mallorca avises y nos tomemos algo juntos, y hablemos en la lengua que a ambos nos dé la gana, porque seguro que nos entenderemos. Un fuerte abrazo.
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