Resulta que si un fiscal mantiene criterios diferentes a los del partido en el gobierno, es fulminado a las primeras de cambio. Si el presidente de una Caja no se ajusta a las exigencias de los políticos que controlan la entidad, es sustituido. Si la persona que dirige una televisión pública no cumple con las expectativas del partido mayoritario, es reemplazada. Cuando una importante empresa de energía se opone en libre competencia a otra empresa rival más cercana al grupo político en el poder y al grupo mediático que lo apoya, le cae una OPA. El acceso al CGPJ, al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional está igualmente determinado por la coyuntura política.
Tan absoluto control de las instituciones públicas y privadas que articulan el estado por la aritmética parlamentaria puede parecer signo de democracia genuina, y quizá lo sería si las mayorías parlamentarias representasen con fidelidad los deseos de la ciudadanía. Lo cierto, me temo, es que nadie debe su acta de diputado a la defensa independiente de unos principios asumidos por una voluntad popular críticamente formada, sino sólo –en virtud de un sistema electoral perverso y de la televisión– a la cúpula de un partido; y en éstas no prevalece el interés público, sino un denso entramado de intereses económicos en que no importa tanto qué beneficia al ciudadano (al trabajador, al inmigrante, al medio ambiente, al hombre y la mujer libres, al niño que necesita educación de calidad) como qué es lo que permite mantener intactas las cuotas de poder de quienes deben disfrutarlas. Así de triste es nuestro estado de derecho, porque así lo queremos. Y si no, que se lo pregunten a Eduardo Fungairiño. Última Hora.
1 comentario:
Si vivimos en un sistema corrupto e injusto, ¿tendrán razón los independentistas catalanes y vascos? ¿Habría que convocar sendos 'referendum' para saber, por fin, cuánta gente quiere la independencia? Téngase en cuenta que el problema no es ZP o Aznar, sino que va más allá de éste o aquél.
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