27 enero 2014

Prioridades

A instancias del europarlamentario de UPyD, Francisco Sosa Wagner, nos hemos enterado de que la Comisión Europea ha iniciado este mes una investigación al sindicato UGT por presunto uso fraudulento de las ayudas recibidas de Europa para cursos de formación. Solo semanas antes, la juez Mercedes Alaya ordenaba el registro de la sede de UGT en Andalucía en el curso de su propia investigación sobre fraude en ese tipo de cursos. Durante décadas, la financiación de los sindicatos vía cursos ha sido un secreto a voces que por fin parece emerger a las páginas de los periódicos, de los expedientes y de los sumarios.

Sin embargo, el Ministerio de Empleo acaba de volver a conceder a UGT y CCOO nada menos que 46 millones de euros para cursos de formación. Y a CEOE y CEPYME otros 7,5 millones. Cabe preguntar si, ante los serios indicios de uso fraudulento de los fondos concedidos con este fin tenidos en cuenta en los procedimientos abiertos por la magistrada sevillana y por la Comisión Europea, el Gobierno ha implementado mecanismos extraordinarios para asegurarse de su buen uso. UPyD se lo preguntará en el Congreso.

También cabe preguntarse, más allá de la sospecha de fraude, si a la hora de asignar semejante cantidad de recursos a sindicatos y patronales el ministerio de la señora Báñez ha establecido nuevos métodos de control de la eficiencia de esos cursos, dado que hasta ahora ha sido paupérrima (basta mirar las estadísticas) y dada la estrechez presupuestaria y los recortes con que este Gobierno aflige a los ciudadanos.

Hay que recordar que solo hace unos días ha dimitido Juan Carlos Izpisúa como director del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona. Izpisúa, uno de los investigadores más reputados del mundo en materia de células madre, ya no soporta los tiempos burocráticos españoles ni la pobre financiación de sus proyectos, internacionalmente considerados punteros. Entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España aportan a ese centro 1,5 millones al año, evidentemente insuficientes. Y es que la I+D+i ha sido uno de los sectores más recortados en la gestión de la crisis por el gobierno del PP.

Bajo Zapatero, los sindicatos fueron regados de dinero público hasta límites inimaginables, pero llegó el gobierno del PP que nos iba a sacar de la crisis y mantuvo la misma política. Y es que hay cosas en que el PP y el PSOE siempre estarán de acuerdo... Cuando un gobierno deja de invertir en investigación (es decir, el futuro del país) para seguir manteniendo contentos a los socios sindicales y patronales (la maniobra a corto plazo), podemos asegurar que tenemos un mal gobierno, unas malas patronales y unos malos sindicatos para los que el servicio a los ciudadanos en absoluto constituye una prioridad. mallorcadiario.com.

No hay comentarios: