30 diciembre 2013

Aborto de ley

A Alberto Ruiz-Gallardón se le entiende todo. El que fuera jaleado tantos años por los medios del grupo PRISA como elemento progresista de la cúpula del Partido Popular acaba de lanzar una reforma de la ley del aborto que aleja la legislación española del modelo más habitual en la Unión Europea y la aproxima al predominante en América Latina. Lo más importante es que abre un feo frente de batalla política que en este momento no parecía necesario. ¿Por qué lo hace?

Habrá quien diga que por motivos de conciencia, pero analicemos despacio la cuestión. Un católico, o cualquier persona que sin serlo considere que la vida empieza en el momento de la concepción, no puede admitir supuestos ni excepciones. El caso de la violación de la madre es trágico, determinadas discapacidades dificultan en extremo la vida de todos los implicados y la inviabilidad económica de una familia puede convertir un nuevo nacimiento en un drama; pero la protección del bien absoluto que es la vida, si lo consideramos de aplicación desde el minuto uno de la gestación, debe primar sobre el bienestar social, económico o incluso psíquico de la madre. Para un católico, por tanto, no cabe mas excepción en esa defensa de la vida que el caso de riesgo para la de la madre; caso para el que no es necesario legislar sobre el aborto, porque los médicos, bajo el abrigo de la eximente penal del estado de necesidad, siempre eligieron la vida de la madre en caso de tener que optar. Despenalizar el aborto en casos que no impliquen estrictamente un conflicto entre dos vidas no es católico; por lo cual no se puede decir que el ministro Gallardón se esté comportando como un ministro católico en estos momentos.

Habrá quien diga, como el portavoz Alfonso Alonso, que el ministro legisla en cumplimiento del programa del Partido Popular. Este argumento sería creíble si el Gobierno hubiera cumplido el resto de sus compromisos programáticos y no, muy al contrario, los hubiera incumplido casi sistemáticamente sin aparente escrúpulo. En particular, el programa del PP prometía una reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para evitar su politización, pero una vez llegado al poder se olvidó de esa promesa y no hace mucho que el PP, el PSOE y los partidos que colaboran con ellos se han repartido por cuotas las vocalías del CGPJ sin que el ministro Gallardón, responsable del área, haya emitido el menor lamento por esta intromisión que solo UPyD ha denunciado. Las protestas de fidelidad al programa, así, no son creíbles cuando vienen del PP ni, en particular, del ministro Gallardón.

¿Por qué, entonces, se mete el ministro en este jardín, alborotando así a la izquierda, para la que este asunto es muy sensible, aunque casi siempre enfocado de manera demagógica, y dividiendo a una derecha en cuyo seno se enfrentan, no menos demagógicamente, cristianos y modernos sin que se produzca el menor debate de ideas? Seguimos en las mismas: el gobierno Rajoy, incapaz de gobernar, se limita a agitar banderas y azuzar al votante en vez de afirmarse en los principios y persuadir con argumentos. La reforma Gallardón no es una reforma católica, sino un término medio mediante el cual, según sus cálculos, aspira a movilizar ideológicamente a su sector del electorado, hoy tan desanimado por la abulia y el intervencionismo gubernamentales, pero sin pisar callos demasiado sensibles incluso para el votante más conservador, como pueden ser el caso de la violación o el de las malformaciones. Estamos de nuevo, no lo duden, ante un ardid electoralista. Gallardón está diciéndoles a los votantes del PP: “Sí, les hemos subido los impuestos, tenemos un 30% de paro -y los jóvenes un 50%-, de nuevo somos un país de emigrantes, en el conflicto creado por los separatistas catalanes no hemos sabido reaccionar ni sabremos, cada vez hay más pobres e ignoramos si sus hijos tienen futuro; pero miren, somos los mismos de antes: vamos a recortar el aborto, para que vean que seguimos siendo tan de derechas como a ustedes les gusta pero no tanto como para que alguno se vaya a asustar”. Después de los gestos en Gibraltar, una ley del aborto con rebajas, para ir tirando.

No se ha producido un debate serio en asunto tan sumamente delicado, que toca cuestiones de ética pública e individual muy serias. Para empezar, en las posiciones enconadas que se defienden desde las trincheras proabortista y provida echo de menos -en unos y en otros- la tolerancia con que solemos beneficiar, sin ir más lejos, a los creyentes en pseudorreligiones y pseudociencias muy seguidas en España. Por poner algunos ejemplos, ¿por qué la fe en la homeopatía o la reflexología podal no son solo aceptables, sino incluso modernas y progresistas, y una creencia argumentada en que el embrión es un ser humano es un signo intolerable de carcundia y fascismo? ¿Por qué embaucadores televisivos que se llenan los bolsillos con sus historias de ovnis y fantasmas pasean por la calle como si fueran personas respetables pero defender con argumentos el aborto terapéutico es propio de rojos asesinos sin corazón? Situar los términos de un debate puramente científico en un terreno tan sectario como el de la política española no beneficia más que al establishment bipartidista. Y en esas estamos; o en esas está el ministro Gallardón.

Para un cristiano no cabe más postura que el rechazo del aborto voluntario en todos los casos en que no peligre abiertamente la vida de la madre. Pero para una sociedad laica y progresista, que en materia de atención sanitaria se debe guiar por criterios científicos, no encuentro más legislación válida que la que establezca, conforme a la opinión de la mayoría de la profesión médica, un plazo razonable dentro del cual la ciencia asuma y la ley certifique que no se menoscaba vida alguna al interrumpir el embarazo y, por tanto, esta interrupción debe ser libre sin necesidad de justificación. Y fuera de ese plazo, dado que la sociedad asume que el feto es ya (o puede ser) portador de un ser humano individual, cuya vida merece toda la protección de la ley, el aborto voluntario debe estar penalizado con la excepción de los casos que dicta la necesidad, es decir, la incompatibilidad de ambas vidas o la inviabilidad objetiva del nasciturus; y no la comodidad, ni la dificultad, ni la opinión pública, ni la irresponsabilidad propia de la juventud, ni la subjetividad de quien vive al borde del drama. El aborto no es un derecho, sino una decisión grave que nadie debe suponer se toma con alegría. Por tanto, el recurso al aborto debe ser restrictivo y fundamentado, pero en todo caso debatido lejos de cualquier sectarismo: nada que la ley del ministro Gallardón nos garantice más allá de manifestaciones que tienen tan poco que ver con la democracia como la charla de bar o la concentración callejera. mallorcadiario.com. El Mundo-El Día de Baleares.

23 diciembre 2013

El caso Toblerone

No debemos pensar que España es tan especial: la corrupción y las malas prácticas se pueden dar en todos los países del mundo, porque en todas partes hay manzanas podridas. Lo que sí diferencia a unos países de otros son sus diversos grados de tolerancia hacia esas prácticas, la ética pública que les hace frente y la forma en que la deseable intolerancia hacia el abuso se manifiesta institucionalmente.

Es conocido el caso de la viceprimera ministra sueca, Mona Sahlin, que en 1995 no tuvo más remedio que dimitir tras el escándalo creado cuando se supo que había desviado recursos públicos para beneficio personal: había comprado con su tarjeta de crédito del Parlamento dos chocolatinas por valor de 35 dólares con 12 centavos. Mona Sahlin fue apartada de la vida pública durante unos años; con el fin de ganarse el perdón de sus conciudadanos escribió un libro donde intentaba explicar el llamado caso Toblerone. Rehabilitada más tarde, es hoy presidenta del Partido Socialdemócrata Sueco.

Es un extremo que en España nos puede parecer hasta cómico, pero que da la medida de la seriedad con que los escandinavos se toman la administración del dinero del contribuyente. En sus despachos oficiales encontramos muebles de Ikea, muy lejos de los carísimos artículos de diseño que se acostumbran por nuestros pagos, y no es noticia que los ministros (ya no hablemos de autoridades locales) vayan al trabajo en bicicleta o en metro: resulta que todas las instituciones públicas de Suecia no suman tantos coches oficiales como solo el Ayuntamiento de Madrid… Entre los ciudadanos escandinavos y sus políticos existe confianza, porque cuando se habla de equidad en el reparto de los recursos, estos son los primeros en dar ejemplo; los países nórdicos son aquellos en los que se da una menor diferencia de estatus económico entre los gobernantes y sus gobernados.

Y a estos no les duele pagar los impuestos más elevados, porque la relación de confianza que mantienen con sus representantes les permite saber a ciencia cierta que esos impuestos no se van a invertir en aeropuertos sin aviones, subvenciones espurias a sindicatos o dietas indebidas para parlamentarios, sino en mejores hospitales, escuelas y servicios de acuerdo con criterios de eficiencia y bajo una transparencia cristalina. Y, como nadie entendería ni toleraría lo contrario, dos toblerones pueden dar al traste con la carrera política de una viceprimera ministra: porque el problema no es la cuantía desviada, sino la ruptura de confianza. Según las encuestas que se hicieron tras la dimisión de Sahlin, los ciudadanos suecos decían percibirla como una persona poco transparente y, por tanto, poco fiable que había abusado de su confianza. Aquí estaba la madre del cordero.

Y, en ese sentido, vamos por muy mal camino cuando seguimos premiando con nuestro voto a los partidos que se reparten por cuotas los nombramientos del poder judicial, es decir, del órgano de gobierno de los jueces que han de dictar sentencia en los casos de corrupción que afectan a esos mismos partidos; los que nombran igualmente a los vocales de órganos reguladores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Banco de España, que facilitaron las millonarias estafas de Bankia y de las preferentes, o como la nueva y brillante Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que en lugar de regular actúa a instancias del gobierno y de los partidos que la nombraron para que nada cambie en el galimatías de las tarifas eléctricas, los consumidores sigan pagando un pato de millones de euros y los políticos puedan seguir jubilándose en los consejos de administración de las compañías suministradoras… Si el zorro nombra a quienes han de defender el gallinero, apañados vamos. Ese sistema tan sumamente opuesto a la transparencia y la confianza escandinavas es lo primero que hay que revisar. Eso y, claro está, el sistema educativo que está en la base de todo ello, un terreno en el que los escandinavos también nos dan sopas con honda.

O la tolerancia hacia la corrupción equivale a cero o es absoluta: no hay término medio ni compromiso aceptable. Y esa tolerancia cero empieza por no llevarnos material de la oficina en la que trabajamos, por no colarnos en la cola de Correos, por no hacer trampas en la declaración de Hacienda… Pero sigue por restablecer los controles democráticos sobre la acción de gobierno. En el fondo, seguramente sí tenemos los políticos que nos merecemos. La prueba del algodón está en la pregunta: “si tú pudieras y no te fueran a pillar, ¿lo harías?” El día en que los españoles, mayoritariamente, se contesten en su fuero interno que no lo harían, porque se lo impida el respeto hacia sus conciudadanos, entonces podremos decir que no nos merecemos políticos como Jaume Matas o Maria Antònia Munar. Entonces, por otra parte -estoy seguro-, ya no les votaremos. mallorcadiario.com.

10 diciembre 2013

Ataques fascistas a UPyD

Estas conductas no son nuevas, pero no dejan de sorprender a cualquier demócrata convencido: en el Día de la Constitución, fascistas amagados en la madrugada arrojaron bolas de pintura roja contra el rótulo y la fachada de la sede de Unión Progreso y Democracia en Palma. No es la primera vez que mi partido sufre ataques: la semana pasada, ultras catalanistas ocuparon por la fuerza nuestra sede en Barcelona y maltrataron a la persona que se encontraba en su interior. Hemos sufrido ataques semejantes al de este sábado en muchos lugares –recuerdo el de Alicante hace menos de dos semanas , de características prácticamente idénticas-, e incluso en nuestra sede anterior de Palma, en cuyo portal otros vándalos o los mismos rotularon los espejos con insultos analfabetos.

La estupidez evidente del acto no impide que algunos quieran justificarlo o, al menos, diluirlo en un “les pasa a todos”, “no sois tan especiales”. Los que lo justifican no tienen perdón: hemos escuchado y leído cosas como “decís ciertas cosas y luego pasa lo que pasa”… O bien “os lo merecéis por fascistas, colonialistas y supremacistas” (¡sic!). Pero a estos cafres no aspiramos a convencerlos.

Lo que nos preocupa es la equidistancia. Esa misma que a algunos les hace poner en sendos platos de la balanza a etarras y víctimas del terrorismo, o a justificar el nacionalismo catalán por eso que ellos llaman nacionalismo español. Esa forma de pensar viscosa e infumable que quiere diluir las responsabilidades individuales en un “y tú más” o, cuando menos, en un “a mí también me pisaron una vez un dedo”. No pasaremos por esto: los comportamientos fascistas no los define el contexto ni la opinión, sino su propia dinámica de intolerancia.

Y de esto se trata, y no de indignación generalizada como algunos sugieren. Toda la violencia es inaceptable, y hemos condenado las coacciones a Alfredo Pérez Rubalcaba cuando recientemente radicales le impidieron impartir una conferencia en Granada, o el intento de incendio de la sede del PP en Ibiza. Sin embargo, el argumento de la indignación cabe en estos casos: se trata de partidos que han tenido o tienen responsabilidad en la dramática situación que viven muchos españoles y, si bien esto no justifica los ataques, puede ayudar a explicarlos. Pero en el caso de UPyD, ¿qué responsabilidad se nos atribuye? ¿La de haber llevado al banquillo a los responsables de Bankia y de las preferentes? ¿La de denunciar una y otra vez los abusos de la partitocracia? ¿Proponer para España un modelo federal racional? ¿Pedir una ley electoral que respete los deseos del electorado? ¿Defender la unidad de España? ¿Insistir en la necesidad de que los políticos saquen las manos del Poder Judicial, de las cajas, de los medios de comunicación? ¿Renunciar a los coches oficiales y a las dietas indebidas?

Sin haber tenido responsabilidades de gobierno, resulta evidente que el problema que algunos tienen con UPyD es que hemos opinado con libertad y que, al contrario que PP y PSOE, no nos dejamos intimidar por el nacionalismo. No nos pueden odiar por una acción de gobierno que aún no hemos desempeñado, así que solo podemos deducir que nos odian por nuestras ideas, unas ideas que defendemos pacíficamente, con transparencia y con el máximo respeto a la ley. No hay indignación en esos ataques, no. Hay intolerancia contra el diferente, contra el pequeño que viene a molestar al establishment. Los que han atacado las sedes de UPyD son fascistas, y así tendremos que decirlo. Uno lleva años sosteniendo que cualquier nacionalismo lleva en su seno necesariamente un germen de fascismo. Pues bien: el fascismo catalanista está germinando y su primer objetivo son las ideas. Dejémonos de paños calientes. El Mundo-El Día de Baleares.

 

09 diciembre 2013

Mandela

Emociona pasear por Londres y encontrar tan viva la huella de Nelson Mandela, uno de los grandes luchadores de la historia por los derechos civiles y por la democracia. La Casa de Sudáfrica en Trafalgar Square luce la bandera a media asta, y los mensajes de luto, las banderas de aquel país y las coronas de flores se amontonan en la calle. Leo que muchas banderas en Londres están estos días también a media asta, incluida la de la residencia del primer ministro en Downing Street.

Cuando paso junto al monumento a Mandela, a quien los británicos quisieron honrar en 2007 reservando a su estatua un lugar frente al mismísimo Parlamento de Westminster, ya es de noche y a los ramos de flores que se amontonan a sus pies se unen infinidad de velas que iluminan la efigie del líder africano. Mandela se alza allí, cerca de Churchill, Lincoln y otros grandes luchadores, en el mismo lugar en que en los años sesenta le dijera entre risas a Oliver Tambo, junto a quien visitaba Londres: “Aquí deberían poner algún día la estatua de un negro”.

De todas las representaciones de Mandela que hay sembradas por el mundo, la de Londres –pese a la polémica factura de Ian Walters– me parece la que le hace mayor justicia. No muestra precisamente el ademán de triunfo ni la prestancia del estadista que le adornan en otros homenajes. Frente al Parlamento, sede sagrada del debate y del diálogo, el Madiba de metal sigue haciendo lo que mejor hizo siempre: abrir los brazos y hablar.



En Trafalgar Square comento con mi amigo Eduardo el valor de un hombre que, después de 27 años de reclusión, incomunicación y tortura, salió de la cárcel sin un atisbo de deseo de venganza, para tender la mano a quienes le habían torturado y evitar una guerra civil que particularmente nadie le habría reprochado. En Sudáfrica había habido grandes dosis de crimen y opresión y tras el fin del apartheid hubo radicales de ambos lados que quisieron dinamitar el proceso de reconciliación, pero Mandela hizo valer su ejemplo de responsabilidad y la población sudafricana estuvo a la altura; hoy negros y afrikaaner conviven en una nación que mira hacia el futuro con unas perspectivas que no se dan en ningún otro lugar de África.



Resulta patético aplicar el ejemplo de semejante héroe civil al patio de Monipodio que es hoy la política española. No obstante, en el pasado tuvimos ocasión de elegir entre la responsabilidad colectiva y el conflicto civil y también elegimos lo correcto. En 1978 España dio una lección de reconciliación al mundo que, por cierto, fue saludada después en Sudáfrica como modelo de transición a la democracia. Los valores del diálogo y el pacto que presidieron en aquel entonces la salida de una situación prácticamente prebélica, gracias al liderazgo y la capacidad de transacción de un puñado de personajes –Fernández Miranda, Suárez, Solé Tura, Fraga, Carrillo, Roca i Junyent y otros–, deberían servirnos de ejemplo para escapar de la presente crisis de confianza en unas instituciones que amenazan con llevarse por delante nuestras libertades. Sin embargo, nos hace falta eso: un puñado de políticos honrados de todos los partidos dispuestos a abrir los brazos y dialogar.

Es al menos curioso que a la hora de sortear una segunda guerra civil los españoles estuviéramos dispuestos a olvidar una dictadura de casi cuarenta años y todo el sufrimiento y el enfrentamiento que causó; pero cuando el problema es el enquistamiento de una partitocracia que, sin violencia física, desvirtúa nuestra democracia hasta límites decimonónicos, seamos incapaces de superar el sectarismo y el beneficio propio a corto plazo. La mediocridad de nuestros políticos es de tal magnitud hoy que escuchar elogios póstumos a Nelson Mandela de sus bocas suena a hipocresía, a sacrilegio civil; a burla en nuestra cara.

Descanse en paz el gran hombre y sírvanos de ejemplo por muchos años. mallorcadiario.com.

02 diciembre 2013

Seguiremos

La situación es la siguiente: me encuentro ayudando a mi hijo con sus deberes españoles, haciéndole un dictado en catalán para que -dado que en nuestra familia usamos el español- no deje de avanzar también en esa lengua durante su curso inglés. “L’hivern passat vaig anar a Andorra amb la meva família. Tots vàrem practicar l’esquí”, etc. En ese momento me avisan: tres o cuatro decenas de energúmenos han ocupado por la fuerza la sede de UPyD en Barcelona, han zarandeado al trabajador que se encontraba allí en ese momento, han colgado una pancarta del balcón “en defensa de la lengua”, han sido desalojados por los mossos d’esquadra sin que se practicase ninguna detención y a continuación se han manifestado y han injuriado a mis compañeros catalanes frente a la misma sede y ante las narices de los mossos.

Los energúmenos, miembros de un sedicente Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, es decir, una banda de jóvenes separatistas sin mayor interés por los estudios pero mucho tiempo libre para andar dando por saco a los ciudadanos, protestaban así por la imputación de cinco de sus compañeros, dos de ellos concejales de la izquierda independentista, por los actos de agresión y coacción contra Rosa Díez en la Universidad Autónoma de Barcelona en 2010.

Por lo que toca a UPyD, estos cachorros del independentismo serán también denunciados y procesados. Porque sus actos vandálicos no son una protesta pacífica, como la mayor parte de la prensa catalana ha escrito, sino la ocupación ilegal y con violencia, por primera vez en la historia democrática de Cataluña, de la sede de un partido político, que no es la calle ni es nada sobre lo que estos niñatos tengan derecho alguno. Lo que buscan estos frutos orgullosos de nuestro sistema educativo es la impunidad, porque la ley es para los demás: ellos ya tienen suficiente con sus banderas y sus consignas lingüísticas, y las imputaciones de sus compañeros resultan injustas por el mero hecho de enarbolar las unas y gritar las otras. La policía, según reconoció in situ uno de los mossos, tenía órdenes de no detener a los radicales. Ningún partido ha condenado los hechos, y solo a título particular dos diputados del PP y otro de Ciudadanos han enviado su solidaridad. La prensa escrita ha hablado de “reivindicaciones”, “protestas pacíficas” y similares, y la audiovisual ha ignorado este atentado antidemocrático.

“La lengua”, eso que para mí es un idioma hermoso y útil que a mi hijo no le conviene descuidar, pero que para estos descerebrados no es más que una buena coartada para sus fechorías, no justifica los desmanes que se están perpetrando en su nombre. La lengua no justifica, por ejemplo, que a quienes defendemos otra forma de gobernarnos y ponemos las libertades por delante de los mitos nos llamen fascistas, como hicieron la otra noche en Barcelona esos niñatos que se llenan la boca de revolución mientras tuitean las fotos de la hazaña desde sus carísimos smartphones. Porque uno se rebela contra el poderoso; pero cuando uno ataca al débil, como lo es UPyD en Cataluña, y además recibe la comprensión de la policía, de la prensa y del establishment político, entonces no se trata de una rebelión, sino de una caza del diferente, de fascismo y de cobardía: de una fase inicial del totalitarismo. La lengua no justifica que en Cataluña unos tengan derechos políticos y otros no, que algunos exhiban su pretendida superioridad moral y su supuesto caché democrático mientras los niños que se educaron en las escuelas que ellos diseñaron hoy revientan la sede de un partido que cometió el grave pecado de disentir. La lengua no justifica privilegios en el acceso al trabajo o a los estudios. La lengua no justifica las coacciones al comercio ni la tergiversación de la historia. La lengua no justifica nada de esto, ni tiene derechos, ni siente ni padece, ni esculpe identidades inamovibles, ni lo hace a uno mejor que sus semejantes. La lengua, si no es una herramienta de comunicación, no es nada. Y para estos valentones que actúan gregariamente para sentirse más fuertes, es evidente que la lengua no sirve para comunicar otra cosa que odio.

No lo van a conseguir. Seguiremos defendiendo los derechos de los ciudadanos hablen el idioma que hablen. Seguiremos defendiendo el imperio de la ley, cuando nos guste la ley y cuando no nos guste. Por más que nos ataquen, cada vez seremos más los que seguiremos defendiendo el modelo de estado que nos parece coherente con la historia (con la historia digo, no con los mitos que al parecer muchos se han creído y de los que otros han sacado grandes rendimientos) y coherente con una gestión más justa y equitativa de los recursos comunes. Seguiremos defendiendo una educación que haga ciudadanos respetuosos y no vándalos sectarios. Seguiremos, y seguiré, amando una lengua que ellos no tienen derecho a apropiarse, porque es de todos. Seguiré haciéndole sus dictados a mi hijo, porque la lengua que ellos defienden no es el catalán, sino las palabras del miedo, del odio y de la discriminación. Esos cretinos no tienen nada que ver con el catalán, sino con el totalitarismo. Y, por lo tanto, sí: seguiremos. mallorcadiario.com. Versión catalana en Diario de Mallorca.


25 noviembre 2013

Más sobre reformas electorales

En mi artículo de la semana pasada incidía sobre la necesidad de una reforma electoral nacional y otras tantas autonómicas que tiendan, por un lado, a sustituir el modelo de circunscripción provincial por otro autonómico o nacional y, por otro, a desbloquear las listas y permitir que los ciudadanos tengan algo que decir acerca de los candidatos nombrados a dedo por los partidos. Que la reforma electoral es ya parte del debate público y un avance democrático imparable lo demuestran los intentos de los distintos gobiernos autonómicos del PP y del PSOE por impedirla.

En Asturias, UPyD renunció a las consejerías que le ofrecía otra fuerza política y a manejar presupuestos porque pretendía hacer política y no intercambio de cromos. Por eso pactó apoyar al PSOE sin consejerías de por medio, a cambio nada más y nada menos que de medidas políticas de calado, entre ellas una reforma electoral que mejorase la proporcionalidad, es decir, la adecuación de la composición del parlamento asturiano al voto real de la gente de la manera más proporcional posible. El PSOE, con el fin de sumar ejercicios en el poder, engañó a UPyD pactando, redactando y demorando una reforma que, a la hora de la verdad, ha rechazado en el primer trámite parlamentario porque, dice, prefiere que una reforma tan importante cuente con el apoyo del PP. Traducido al román paladino, esto significa que PP y PSOE están de acuerdo en que las cosas no cambien y, por lo tanto, el parlamento asturiano siga sin reflejar fielmente la composición política del electorado del Principado, sino la que mejor les conviene a ambos: la tergiversada por nuestro sistema electoral caduco. No hay ni que decir que la ruptura de sus compromisos por parte del PSOE ha significado el cese inmediato del apoyo parlamentario de UPyD.

En Andalucía gobiernan PSOE e IU mediante un pacto por el que IU recibía determinadas consejerías y colocaba a cierto número de sus militantes y, a cambio, como han demostrado los hechos, se olvidaría de una de las propuestas estrellas del programa que les había llevado a ser claves para el gobierno andaluz. Sí, lo han adivinado: se trata de la reforma electoral. La circunscripción única y las listas abiertas, que permitirían un mejor reflejo de la pluralidad política andaluza y un mayor control de los políticos por parte de sus representados, son medidas por las que el bipartidismo no está dispuesto a pasar. De nuevo ha tenido que ser UPyD, que ni siquiera está representada en el Parlamento debido a un sistema electoral que resta escaños a los más pequeños, el partido que por medio de una iniciativa legislativa popular lleve a la cámara andaluza el debate de la reforma electoral. ¿Qué se apuestan a que, cuando por fin se defienda en la tribuna de los oradores, PP, PSOE e IU votarán en contra?

En Castilla-La Mancha es peor: la reforma legal y estatutaria presentada por el PP so pretexto de ahorrar dinero es un atentado contra la democracia en toda la regla. Según el PP, es bueno para los ciudadanos reducir a la mitad el número de diputados castellano-manchegos (y baleares, si atendemos a algunas manifestaciones del presidente Bauzá) y eliminar sus retribuciones fijas. Aprovechando demagógicamente el desprestigio de la política y de su a menudo injusta remuneración, el PP se carga la única parte del entramado político que merece la pena conservar: el parlamentario. La demagogia consiste en ocultar que si se eliminan los sueldos de los parlamentarios, estos saldrán exclusivamente de quienes tengan fortuna o rentas personales para poder dedicarse a la política o bien de quienes pertenezcan a un partido que premie su dedicación mediante sueldos en B, o dietas no sometidas al control que sí se exige para las nóminas, o bien prebendas a dedo que los someterán definitivamente a obediencia a la cúpula partidaria, que les harán olvidarse de la lealtad debida al elector y que, además, contradicen el presunto espíritu ahorrador de la medida. Por otro lado, rebajar el número de diputados si vamos hacia la circunscripción autonómica única puede estar muy bien; pero si se hace manteniendo el distrito electoral provincial es sencillamente poner una barrera imposible para el acceso a la cámara de los partidos pequeños, que necesitarán un 15% de los votos para alcanzar el diputado, y, por lo tanto, disminuir aún más el carácter representativo del parlamento, convirtiéndolo en una cámara de aplausos al gobierno en vez de una verdadera cámara deliberativa y legislativa. Cuando el PP se pone a hacer reformas políticas, queda claro que no va a ser para recortar en asesores, sino para recortar en diputados, es decir, en representación del ciudadanos y, por lo tanto, en democracia.

Como decía en las primeras líneas, si el PP y el PSOE están de acuerdo en oponerse a cualquier reforma electoral en favor del distrito único y de las listas abiertas, con la colaboración necesaria de IU cuando toca, no nos puede caber ninguna duda de que se trata de una medida de regeneración democrática impostergable. Tenemos la convicción y ya tenemos las pruebas; ahora solo nos hace falta la presencia en las instituciones para acabar de una vez por todas con esta connivencia del bipartidismo contra el control de la política por los ciudadanos. mallorcadiario.com.

18 noviembre 2013

Reforma electoral

Hoy oímos a menudo hablar de reforma electoral. Nuestro régimen electoral es una de esas graves disfunciones que menoscaban clamorosamente la representación popular y, por tanto, la democracia, y que, sin embargo, nadie puso sobre la mesa hasta que nació UPyD hace seis años y comenzó su tarea de vestir al emperador. LA LOREG es una ley preconstitucional que, por un lado, vincula a los representantes elegidos por el pueblo con las cúpulas de los partidos y no con sus representados; y, por otro, tergiversa sistemáticamente el sentido del voto colectivo y favorece a los partidos más grandes e, indirectamente, a aquellos que, sin serlo, presenten candidaturas solo en partes pequeñas del territorio nacional: los partidos nacionalistas y regionalistas.

A escala regional sucede exactamente lo mismo. Por ello UPyD ha defendido en varias comunidades autónomas la reforma de la correspondiente ley electoral, puesto que todas suelen adolecer de los mismos defectos. En el País Vasco el diputado Gorka Maneiro pidió infructuosamente la circunscripción única, pese a que el actual sistema electoral vasco favorece la presencia de UPyD en aquel parlamento. En Asturias, UPyD apoyó un gobierno del PSOE con varias condiciones, entre ellas una reforma electoral que, después de marear mucho la perdiz y estafar tanto a UPyD como a la opinión pública, que es mayoritariamente favorable a tal reforma, el PSOE ha acordado con el PP no tramitarla. En varias regiones en cuyos parlamentos regionales aún no estamos representados hemos presentado iniciativas diversas en el mismo sentido. En estos momentos, en Andalucía se están recogiendo con gran éxito firmas para la tramitación de una iniciativa legislativa popular que registró UPyD con el fin de defender en el Parlamento un proyecto de reforma electoral; medida que, por cierto, Izquierda Unida también llevaba en su programa para las andaluzas pero que olvidó en cuanto sus votos fueron necesarios para que gobernase el PSOE y se le ofrecieron las consabidas consejerías a cambio de amnesia; una medida por tanto que, pese a contar con una gran simpatía entre los andaluces, no cuenta con un solo defensor en su parlamento.

En Baleares sufrimos también un régimen electoral injusto. Y, pese a que se ha hablado en el pasado y fugazmente de reforma electoral por parte de algún partido, la bajada del listón electoral del 5% al 3% nos parece necesaria pero muy insuficiente. Para nosotros, la clave está en las circunscripciones insulares y en las listas cerradas: ambas características del sistema hacen depender la representación de los ciudadanos de las Islas directa y férreamente de las cúpulas del PP y del PSOE. Nosotros creemos que no es justo que, como sucede hasta hoy, el voto de un formenterés o de un menorquín valga entre cuatro y cinco veces más que el de un mallorquín; o que, teniendo más población, Ibiza tenga menos diputados en el Parlament que Menorca. Aunque no sea popular decirlo en determinados contextos, pensamos que nada justifica que Menorca e Ibiza estén sobrerrepresentadas en un parlamento balear que ha de constituir la representación de todos y cada uno de los ciudadanos de las Islas en absoluta igualdad, y que por lo tanto debería formar nuestra voluntad política colectiva mediante el reflejo aritméticamente proporcional de esa suma, ya que no hablamos de taifas sino de ciudadanos. También estamos convencidos de que las listas cerradas y bloqueadas solo favorecen perversamente a la partitocracia, ya que quien desee ir en listas en un puesto de los que llevan premio tratará por todos los medios de contentar a quienes confeccionan esas listas (las cúpulas de los partidos) y olvidará por completo a los ciudadanos a los que ha de representar, las promesas que hizo y los compromisos que adquirió con ellos. Por ello UPyD ha propuesto y seguirá promoviendo la reforma de la ley electoral de Baleares y del Estatuto de Autonomía con el fin de que los ciudadanos tengamos margen de elección entre candidatos mediante listas desbloqueadas y para que la circunscripción electoral pase a ser única para todo el archipiélago.

UPyD Baleares se planteó pronto la posibilidad de registrar una iniciativa similar a la de nuestros compañeros andaluces, pero hete aquí que en Baleares la iniciativa legislativa popular tiene vedada explícitamente la reforma de la ley electoral. De manera que en este blindado terreno es imposible que los ciudadanos puedan participar al margen de los partidos, y ya es sabido, porque la experiencia asturiana nos lo demuestra, que mientras dependa del PP y del PSOE esa reforma no se llevará nunca a cabo en un parlamento, porque ellos son los principales beneficiarios de la desigualdad que la ley consagra. Resulta a todas luces evidente que para que esta reforma y otras de verdadero significado democrático y de calado social lleguen de la calle a los parlamentos será necesario que entre en ellos aire fresco de la mano de partidos nuevos que repudien la actual partitocracia. Y en eso estamos. mallorcadiario.com. El Mundo-El Día de Baleares.

11 noviembre 2013

"Lest we forget"

La primera vez que escuché la expresión Remembrance Day fue de adolescente, en la letra de "Sand in your shoes", una de las canciones de aquel álbum genial de 1976 titulado Year of the Cat, considerado la obra maestra de Al Stewart. "On Remembrance Day/ the bands all played,/ the bells pealed through the park", cantaba el escocés, y uno se imaginaba una fiesta cívica multicolor. La cosa es así, pero no tanto.

Porque es cívica y es multicolor, pero jamás la llamaría fiesta. Los británicos recuerdan cada 11 de noviembre a sus caídos: los soldados muertos en las dos guerras mundiales y, por extensión, en cada una de las guerras en las que han participado sus ejércitos, que han sido muchas. En realidad, el día 11 solo culmina lo que han sido tal vez dos semanas de actos y homenajes personales y colectivos. Desde hace muchos días, cada noche vemos fuegos artificiales sobre diversos puntos de la ciudad; y es muy frecuente ver en las solapas de los habitantes de Brighton una pequeña amapola de papel que es homenaje a los caídos y que se vende a cambio de la voluntad en colegios, hospitales, oficinas y mil y un lugares. Mis hijos se acercaron anteayer a uno de los voluntarios que las ofrecía a las puertas de un gran supermercado de las afueras de la ciudad, atraídos por su vistosa boina emplumada y por las condecoraciones de su pechera. El viejo militar les habló de lugares distantes -Egipto, Corea- en los que había combatido hacía 60 años. La campaña Poppy Appeal sirve para recaudar fondos para The Royal British Legion, una ONG que se ocupa de los combatientes, de los veteranos y de las familias de los héroes muertos y que participa activamente en los actos que los conmemoran. En ella colaboran británicos de todas las edades, razas, orientaciones políticas y religiones.

La señora Dunkerton, que es una mujer francamente especial, era la más indicada para explicarnos el significado del Remembrance Day y así lo hizo hará cuatro o cinco días. Para ella, la amapola que nace supuestamente de la tierra bañada por la sangre bermeja de los cadáveres debe recordarnos que estamos en deuda con quienes dieron su vida por defendernos, pero también, sin duda, que las guerras son en sí algo odioso que no se debería repetir jamás. Por ello, me parece a mí, se trata de una celebración íntimamente patriótica, pero carente de euforia.

Quiero entender esta celebración, que no fiesta, como una extensión de ese espíritu asociativo que tanto admiro en el pueblo británico: más que exaltación patriótica, se trata de un acto de reafirmación de los valores comunitarios. Ayer, Remembrance Sunday o domingo anterior a la fecha, lo he podido comprobar en el desfile y los servicios religiosos que, como en Londres y en todas y cada una de las localidades del Reino Unido a distintas escalas, tuvieron lugar en Lewes. En ellos participaron veteranos de todas las guerras y cuerpos armados, cadetes, miembros de cuerpos de servicios oficiales y no oficiales (policía, bomberos, scouts), representantes de la judicatura, del condado, del ayuntamiento, de las diversas iglesias, de charities varias... Niños, jóvenes, adultos y veteranos participaban en un acto que era de serena reafirmación colectiva, no basada en rasgos de identidad inamovibles ni en enemigos identificables, sino más bien en la colaboración entre los miembros de una sociedad civil viva y rica en asociaciones solidarias, clubes deportivos y de ocio, sociedades científicas o comunidades de culto, que en este caso se reúnen para agradecer a sus caídos las libertades que ellos contribuyeron a preservar. En estos actos se pone de manifiesto el estrecho vínculo que en este sabio país se da entre los mundos civil y militar. Esa falta de solución de continuidad, palpable en la indumentaria de los veteranos de guerra, es uno de los factores de la cohesión institucional británica: lo militar no es un cuerpo extraño en el tejido social, sino un estamento más en el que las virtudes ciudadanas se aprecian como en el que más.

Cuando en la Calle Mayor de Lewes se tocó silencio y los gastadores rindieron sus estandartes ante el cenotafio local y las coronas depositadas a sus pies, durante dos minutos no se oyó el volar de una mosca. Un hombre de mediana edad en evidente estado de embriaguez se cuadró, dejó que la botella que empuñaba reposara discretamente junto al cuerpo y llevó la derecha a la sien en apretado y marcial saludo; me dio la sensación de que solo a duras penas mantenía la posición de firmes, pero también la de que se hubiera dejado aspar antes que renunciar a presentar sus respetos.

Hoy, día 11, se cumple oficialmente el aniversario del armisticio de 1918 y por ello en toda la Commonwealth se recuerda a los muertos en acción de guerra con dos últimos minutos de silencio a las once de la mañana. Recordar a las víctimas de nuestros enemigos ("Lest we forget") no es expresar odio hacia los otros; es, más bien, celebrar los valores positivos que nos acompañan más allá de la desaparición de los individuos; es asegurar que los miembros de esta sociedad se apoyan cuando lo necesitan y que las familias de los que dieron su vida por ella seguirán sintiendo ese apoyo, porque esas víctimas no sufrirán ni el olvido ni la ingratitud. El recuerdo de los caídos está asociado a las libertades en las que creyeron. Y el respeto a los valores cívicos comunes y a las formas sin estridencias que los vehiculan hacen del británico un pueblo privilegiado: pasarán los siglos y esas formas seguirán dando testimonio de un pueblo tolerante y cohesionado como pocos. mallorcadiario.com.













28 octubre 2013

Entender el nacionalismo

Me afea un muy buen amigo catalán, no nacionalista pero sí defensor del llamado derecho a decidir, que yo “no quiera ver lo evidente: que hay un gravísimo problema político en Cataluña", y me sugiere que "estaría bien por parte de quienes se proponen para gestionar los asuntos públicos intentar entender qué lo motiva". La verdad es que yo estoy convencido de que existe ese problema y también me preocupan sus causas, aunque creo que son otras que las que podría aducir mi amigo, y esto parece que a sus ojos me hace ciego: él da por supuesto, y a menudo se nos da a entender así, que yo o quienes como yo no comulgamos con la opción nacionalista simplemente no queremos ver ni entender la realidad catalana. Y esto se podría aplicar también a Baleares, al menos por lo que toca a los seguidores del catalanismo local.

A mí lo que me parece es que Cataluña está pasando por un triste período en el que, pese a su variedad ideológica, lingüística y si se quiere antropológica, el discurso oficial y las prácticas políticas tienden al identitarismo que lo justifica todo, a la uniformidad y a la exclusión del diferente y, por tanto, al recorte de las libertades individuales. "Si no piensas como nosotros, es que eres ciego o no quieres entendernos." ¿Soy yo solo el que percibe un tufillo totalitario muy desagradable?

El nacionalismo en sí es fruto de la libertad personal y por tanto no hay nada que reprochar a quien crea en él de buena fe, por muy reaccionario que sea poner las naciones por delante de los ciudadanos. Sin embargo, en mi opinión el independentismo catalán es quimérico, y por ello me parece terrible que una región entera se vea arrastrada por su casta política a invertir esfuerzos e ilusión en esa empresa, un esfuerzo en el que solo medra esa misma casta y que al conjunto de los catalanes los sumirá (esto, desgraciadamente, a día de hoy ya lo doy por hecho) en un pozo de frustración -unos-, desánimo -otros- y tal vez violencia -espero que ninguno-. Los motivos por los que creo que la independencia de Cataluña es no ya indeseable, sino imposible, son largos y quizá den para otro texto. En todo caso, es una opinión que, a mi juicio, puede defenderse con tanta legitimidad como cualquier otra y no convierte a su portador en ciego o insensible.

“El estado es ante todo un pacto político entre ciudadanos”, me dice mi amigo, “y, si no está sometido a la voluntad democrática de los ciudadanos, entonces ya no es un pacto, sino sometimiento”. Pero es que en España ya tenemos un pacto como ese que funciona desde hace siglos, y desde 1978 se renueva en las urnas cada cuatro años. Las imperfecciones de este pacto vienen dadas por diversos factores, no muy distintos en Olot o en Benavente (o en Múnich) a excepción de uno de ellos, muy importante, que es el nacionalismo lingüístico. Contra la corriente de la historia, los nacionalistas pretenden desgajar territorios al margen de los intereses de las personas a la manera del siglo XIX, basándose en argumentos propagandísticos muy hábilmente gestionados gracias a décadas de control de la educación y de los medios de comunicación, pero sin ningún arraigo en la realidad histórica ni en un presente que tiende o debe tender a la cohesión europea y no a la disgregación. Lo que proponen los nacionalistas en España es romper unilateralmente un pacto a cuyos aspectos positivos no han renunciado nunca por mínima coherencia, y yo no estoy por romper los pactos, sino por mejorarlos. La democracia consiste, además del sufragio, en respetar las normas que nos dimos y que siguen vigentes. Y respetar las normas incluye no manipular deslealmente la voluntad colectiva para conseguir a cualquier coste un estado de opinión favorable a los objetivos de unos pocos.

Mi amigo recurre luego al argumento del nacionalismo español que, a su juicio, justifica la existencia de un nacionalismo catalán. Pero la equidistancia no siempre es una virtud. Cuando los nacionalistas o quienes los defienden tiran del nacionalismo español para justificar sus posiciones, estan intentando imponer injustamente una equidistancia que no viene al caso. No existe el nacionalismo español desde que murió Blas Piñar. No hay ningún partido que se llame nacionalista español. No tiene prestigio ser españolista. Cualquier atisbo de patriotismo constitucional se tilda de nacionalismo español para desacreditarlo... Así que no acepto que haya ningún agravio hacia Cataluña por parte de un nacionalismo español que existe solo en la calenturienta imaginación de los creadores de opinión catalanistas. Si hubiera nacionalismo español, por ejemplo, ¿no hubiera habido manifestaciones en las calles tras la sentencia del TEDH sobre la doctrina Parot? España es el país menos nacionalista que conozco, y no me parece mal. Por tanto, lo siento pero esa equidistancia no la admito a trámite.

Aquí lo que hay es una serie de nacionalismos periféricos muy agresivos y un estado que peca de tibieza en la defensa del interés común, porque lo que sí creo firmemente es que, aunque la independencia sea quimérica, el eterno y huero debate entre los que la promueven y los que pretenden apaciguarla nos conduce a la irrelevancia como país y perjudica gravemente nuestros intereses, y principalmente los de los catalanes. Urge un gobierno nacional que se tome en serio de una vez por todas la obligación de sentar sólidas bases educativas e institucionales para acabar con el llamado problema catalán, que no es otra cosa que el problema de una clase política catalana reprobable y corrupta en el peor de los sentidos posibles. mallorcadiario.com

21 octubre 2013

Sobre la coherencia

Es sorprendente la actitud de ciertos medios con respecto al partido en el que milito. Los opinadores a que me refiero se dividen en dos grupos: los que se quejan porque UPyD no se parece a lo que a ellos les gustaría que fuera; y los que se empeñan en que UPyD es lo que ellos han decidido que sea, y no lo que UPyD proclama ser cada día con sus palabras y sus hechos.

Entre los primeros destacan aquellos para los que UPyD, si ha de ser digno de su consideración, debería apoyar las políticas del PP, porque si no es que somos tan malvados como los malvados del PSOE e IU. De nada vale que UPyD lleve seis años aportando la única alternativa válida en Educación, ni que sea el único partido que ha luchado hasta el último día por orientar una mala ley como es la LOMCE en el sentido en que menos bajas cause… Los opinadores deciden que el contenido es lo de menos y que aquí de lo que se trata es decir sí o no a la LOMCE, porque si no es que no te defines (aunque lleves seis años definiéndote, solo que no como a ellos les gustaría). Es como en esos juicios de peli americana en los que el imperativo fiscal insta al confundido testigo: “¡Diga solo sí o no!”, como si un juez pudiese prescindir de los matices cuando imparte justicia. Pues eso.

En Mallorca ha sucedido lo mismo: dividida la sociedad más mediática entre partidarios y detractores del TIL (es decir, a fin de cuentas, entre detractores y partidarios de la imposición del catalán como lengua vehicular exclusiva), sigue pendiente un verdadero debate educativo sobre priorización de los contenidos frente a las pamplinas logsianas, evaluación externa, exigencia académica, formación profesional temprana, optimización de recursos o una mejor selección del profesorado. Pero a UPyD se le exige que se ponga a favor o en contra y que olvide su discurso de contenidos para apostar por lo que verdaderamente importa: el color de una camiseta. TIL sí, TIL no. Como si los matices no importaran. O como si les debiéramos algo a estos irresponsables. O como si se tratara de un partido de fútbol y solo cupiese ir con el equipo local o con el visitante. Son las últimas boqueadas del bipartidismo, que embiste antes de morir.

Otros se dedican a clasificar a UPyD y a otorgarle los calificativos más variados. He llegado a leer, dependiendo de quién se sintiese defraudado porque no decíamos lo que él suponía que debíamos decir, que somos la ultraderecha y que somos comunistas; que somos españolistas o que en el fondo somos una especie de criptocatalanistas (juro que me lo han dicho); que somos centralistas, oportunistas y demagógicos. Pero, sobre todo, que somos un partido personalista.

Las últimas andanadas en este sentido coinciden con la promoción de cierto movimiento político de carácter nacional en torno al líder de un pequeño partido catalán. Alborozados, columnistas e informadores de la derecha saludan al joven diputado regional y prevén que esta iniciativa pueda no cuajar debido a que UPyD no quiera participar en ella, dado el carácter personalista de nuestro partido. Es curiosa la doble vara de medir que utilizan algunos cuando acusan a UPyD de personalismo, ignorando la presencia al lado de Rosa Díez de cuatro diputados excelentes, premiados en su primer año de desempeño, por no hablar de nuestros magníficos representantes en Europa, en el Parlamento vasco, en la Junta del Principado de Asturias (donde UPyD está reformando el mapa político pese a disponer de un solo diputado), en la Asamblea de Madrid, en el ayuntamiento de la capital y en muchos otros donde han sido la clave de reformas de calado. Un personalismo que, en cambio, no aprecian en el partido que promocionan, en el que, si prescindiéramos de su líder, no sé si encontraríamos algún ciudadano catalán (no ya del resto de España) que recordase el nombre de su número dos. Tal vez es que confunden el auténtico liderazgo con el personalismo.

Nerviosos parece que están. En realidad, la táctica de utilizar a otros partidos para dividir el voto de UPyD no es nueva; ya les salió mal en anteriores comicios. A los que son ambiciosos y saben que su horizonte político en un partido regional no les llevará mucho más lejos de lo que ya han llegado, les van bien estas operaciones porque, aunque no cosechen rédito electoral, les permiten ser más conocidos en el resto de España, y eso algún día tal vez les vendrá bien cuando pretendan incorporarse a un partido viejo y optar por la política nacional.

Y a sus promotores les iría bien que arañase algún voto a UPyD, puesto que ellos de todos modos van a seguir votando al PP que votaron toda la vida y el principal peligro que en el PP han demostrado considerar a día de hoy no es CiU ni Bildu, sino UPyD. De ahí que ninguneen nuestro partido, tergiversen nuestros mensajes y se apropien de nuestras propuestas; como, por cierto, en el caso de la reciente presentación de la vía verde de Manacor a Artà, un magnífico proyecto… ¡que sale directamente del programa de UPyD para las autonómicas de 2011!, y que está por ver que el Govern Balear vaya a desarrollar más allá del vídeo previo.

Cuando las ambiciones no son personales, sino de Estado, un partido que nació para arrebatar la política de las manos de establishment ha de seguir fiel a sus principios y lejos de pactos espurios y componendas electorales; inmune a las tentaciones y sordo a calificativos y manipulaciones. La hoja de ruta de UPyD está escrita desde 2007, las coyunturas electorales no nos harán apartarnos un ápice de nuestro proyecto de regeneración democrática y los ciudadanos, no lo duden, acabarán apreciando esa coherencia. mallorcadiario.com


14 octubre 2013

12 de octubre

Según parece, el debate soberanista está acabando con todos los consensos posibles en Cataluña. Solo queda por saber el momento en que se dará el de Convergència con Unió ; las alas catalanista y españolista del PSC no se aclaran, por no hablar de las ocurrencias del PP y sus encontronazos consigo mismo… Todos los partidos hegemónicos en la política catalana de los últimos años están perdiendo votos a raudales, lo que beneficia principalmente a partidos extremistas como ERC o la CUP y, en segundo lugar, a la abstención. Un gran favor, por tanto, el que le están haciendo a Cataluña y al resto de España los aventureros que pastorea Artur Mas en su afán de pasar a la historia a costa de cualquier consenso.

Hay otra consecuencia de toda esta sinrazón. La reciente manifestación a favor de la unidad de España en la Plaza de Cataluña con motivo de la fiesta nacional ha alcanzado cifras récord. Por primera vez, ninguna de las estimaciones de participación (me refiero a las serias, no a la de la guardia urbana) baja de las 100.000 almas. Eso teniendo en cuenta que, al contrario de lo que sucede con las manifestaciones nacionalistas, ni existen infinitas subvenciones, ni se fletan autobuses de jubilados, ni se premia a los escolares, ni se da el apoyo de las instituciones ni la atención de la prensa catalana, que prácticamente en su totalidad está vendida al nacionalismo que paga sus facturas con el dinero del contribuyente (del nacionalista y del que no lo es).

¿Qué ha pasado para que los catalanes que no comulgan con el nacionalismo se hayan decidido a manifestar pacífica pero rotundamente su desacuerdo con el credo oficial? ¿Por qué esos millones de catalanes que no son separatistas pero hasta ahora preferían no manifestarse están perdiendo el miedo al oficialismo y gritan cada vez más alto su discrepancia? Seguramente porque el grado de delirio en el debate político catalán está llegando a límites insoportables para cualquier persona razonable, por poca afición que le tenga a las manifestaciones. Pero sobre todo porque la deriva extremista del nacionalismo, convertido ya sin tapujos en separatismo declarado ante la inacción de los sucesivos gobiernos nacionales, está haciendo peligrar la economía y la paz civil en el Principado. Hay que decirlo claramente: antes que cualquier otra cosa, lo que supone el separatismo es un grave peligro para Cataluña.

Y hay que decir más cosas que no se han dicho durante muchos años pero anteayer se empezaron a decir, por ser la fiesta nacional y porque ya hay mucho hastío entre la gente de bien que solo quiere vivir su vida sin que les digan cómo han de pensar. Por ejemplo, que la educación de los jóvenes no puede estar entregada a los enemigos del estado de derecho porque la orientarán en su contra, como ha sucedido, y que, por tanto, debe ser competencia del Estado. Por ejemplo, que las autoridades autonómicas son también Estado en los territorios de su jurisdicción y que, por ello, no solo no están exentas de cumplir la ley, sino que están obligadas a hacerlo. Por ejemplo, que hay mecanismos como la Alta Inspección del Estado y figuras como la inhabilitación para evitar que la representación de los ciudadanos caiga en manos de desaprensivos que gastan los dineros públicos en alentar el odio. Por ejemplo, que hay un artículo de la Constitución votada por los catalanes que permite al Gobierno la suspensión de la autonomía de una región en caso de necesidad, y que no pasaría nada por aplicarlo.

Es hora de decirles a los catalanes muy claramente la verdad: Cataluña no quiere ser independiente, porque hay una mayoría cada vez menos silenciosa que no la desea y porque esa decisión no corresponde a ninguna parte de España, sino al pueblo español en su conjunto. Hay que explicarles que por muchos dineros públicos que se pongan en ello, y por mucho que se insulte a las cien mil personas que anteayer desbordaron el Paseo de Gracia y se las llame fachas, Cataluña nunca va a ser independiente, pero entre tanto gastará energías y recursos en quimeras y en garantizar la frustración de todos, en lugar de gastarlos en el bienestar de los catalanes. Y hay que decirles que todo este proceso ha sido calculado exclusivamente para que los privilegios de una casta política corrupta -la misma que prefiere cerrar hospitales pero se autogarantiza sueldos y pensiones astronómicas- sigan siendo intocables. Hay que recordarles que todas esas monsergas acerca de 1714 y de la opresión castellana son inventadas, y desempolvar los libros que explican cómo durante estos años la opinión pública ha sido manipulada hasta extremos goebbelsianos a través de la prensa, la escuela y la televisión. Es muy necesario decírselo: las opiniones basadas en prejuicios, supersticiones o intereses espurios no son respetables ni justifican nada.

Hay que poner algunos puntos sobre las íes, y quien lo tiene que hacer no es ningún columnista en un digital de provincias. Quien debe hacer estas cosas tan necesarias tiene apellidos gallegos y entre sus actuales obligaciones principales se encuentra la de salvaguardar el estado de derecho y evitarle toda la tensión a que algunos están inútilmente empeñados en someterlo. Es un buen momento para dejar de mirar para otro lado o negociar lo innegociable a espaldas de los ciudadanos. Un líder enfrenta los desafíos con dosis de prudencia y de decisión. El que solo usa la prudencia no es un líder. Me limitaré a señalar que el pasado 12 de octubre, en la Plaza de Cataluña, hubiera sido una ocasión magnífica para que un presidente con liderazgo hubiese puesto esos puntos sobre las íes y la tilde que comparten las palabras “España” y “Cataluña” donde corresponde. mallorcadiario.com.

07 octubre 2013

Un modelo más humano

La Sussex Archaeological Society de Lewes data de 1846. Su cometido es la promoción de los estudios históricos con especial referencia al área en la que actúa. A día de hoy es responsable del mantenimiento y de la encomiable gestión de un palacio de época romana, un castillo normando del siglo XI, un monasterio del siglo XIII, una casa-museo del siglo XV, un cottage del mismo siglo que perteneció a Enrique VIII y a otros royals de la época Tudor, la casa en la que vivió su retiro una de las exesposas de aquel rey, Ana de Cleves, un museo arqueológico, un museo de historia marítima… Además, la SAS publica una revista científica y mantiene una biblioteca para investigadores, todo lo cual en absoluto agota las actividades a las que se dedica. Hay que recalcar que, desde su fundación, esta organización no gubernamental o charity se ha sostenido al cien por cien gracias a las aportaciones económicas y el trabajo voluntario de sus socios y a la explotación de algunas de sus propiedades; por ejemplo, mediante el alquiler de algunos de los espacios que gestiona para banquetes, bodas y otros eventos.

Estamos hablando de una organización que recibe inversión pública por valor de cero libras esterlinas. Lo mismo se podría decir de la infinidad de organizaciones no gubernamentales que por todo el Reino Unido se ocupan del patrimonio histórico y artístico local, el estudio o la protección de las aves, la fauna o la flora, la solidaridad con los desfavorecidos del barrio, la educación complementaria y otros muchos terrenos que se caracterizan por la ausencia de rentabilidad comercial directa. Aunque no fuera un anglófilo declarado, nunca podría dejar de manifestar admiración por una sociedad que, sin exacción por parte de la autoridad e independientemente de la cualificación académica o la ocupación de cada cual, dedica una buena parte de sus ingresos privados y de su tiempo personal a colaborar en la preservación de un palacio del siglo XVI; o en la catalogación de aves en peligro de extinción; o en detener el tráfico a las horas de entrada y salida del cole de su barrio. Son muchos los ciudadanos británicos –innumerables, en comparación con España- que desinteresadamente invierten su energía en formarse y trabajar para proteger y mantener a disposición de todos el patrimonio que a todos pertenece o para hacer más posible una convivencia justa.

Algo así sería impensable en España. Todos sabemos que en nuestro país, y salvando la alabanza a la que algunos se hacen acreedores, gran parte de las OONNGG han vivido durante los años de la burbuja casi totalmente de las subvenciones (hasta el punto de que a veces se han creado con el único objetivo de recabarlas y garantizar ciertos ingresos a las personas indicadas, cuando no, por desgracia, para desviarlos vergonzosamente como parece que ha sucedido en Valencia). También sabemos que la solidaridad en España se ha entendido demasiadas veces como turismo de aventura, pero no tantas con gestionar los problemas del vecino. Nos consta –la gran mayoría de los españoles están convencidos de que es así- que el mantenimiento de todo lo que tenga que ver con la cultura es una obligación de los poderes públicos, porque “la cultura no es rentable” y nadie más se va a ocupar de ella. Y tenemos la evidencia de que los españoles son poco proclives a gastar el dinero que cuestan un par de cubatas la noche de un viernes en pagar la cuota de una asociación solidaria, un partido político, un sindicato o una sociedad cultural de la que no esperemos algún tipo de compensación a corto o medio o plazo.

Si me declaro anglófilo es debido a cosas como esta. Los británicos demuestran todos los días que la cultura sí es rentable, que la solidaridad empieza por la propia comunidad y que las cosas que nos interesan no tienen por qué depender siempre del maná público. Pero también es cierto que la presión fiscal media que soportan no tiene nada que ver con la española, cuyos tipos impositivos solo son superados por Bélgica, Dinamarca, Francia y Suecia; que los servicios que a cambio reciben son muy completos; y que la burocracia a que están sometidos sus ciudadanos y empresas es infinitamente menor, por lo que el dinamismo de su economía es otro. Por supuesto que en España tenemos mucho más sol y se come mucho mejor… Pero ya va siendo hora de que miremos otros modelos de sociedad si es que queremos salir del agujero histórico en el que nos encontramos, y una sociedad en la que el estado aprieta poco al ciudadano, le da los servicios esenciales de manera eficaz y le deja margen para que emprenda iniciativas privadas muy importantes para la solidaridad y para la gestión de lo que es de todos, me parece un modelo más humano y muy aprovechable. Si quieren saber mi opinión, esto es algo que también se puede cultivar en las escuelas...

Pero ahora sigamos ocupándonos de las lenguas propias. mallorcadiario.com

 

30 septiembre 2013

Mercancía averiada

Un amigo bienintencionado me recuerda mi condición de foraster, que según él me incapacita para ser un buen candidato en las elecciones a las que se presenta mi partido. “Llamándote así no te votará ningún mallorquín”, sugiere. Y yo, que estoy muy dispuesto a aceptar críticas razonadas contra mi idoneidad como candidato, como miembro de cualquier club o como padre de mis hijos, porque sin crítica nadie puede avanzar en la dirección correcta, de ninguna manera estoy dispuesto a tolerar que mi origen y mis apellidos limiten mis derechos políticos, que eso es lo que en realidad significan los argumentos entre pragmáticos y cínicos del discurso de mi amigo. Ya me lo dijo de otra forma en cierta ocasión un estupendo impresor, conversador muy interesante y solo regular editor: “Nosotros los mallorquines no dejaremos nunca que nadie de fuera toque poder, porque para ciertas cosas siempre estaremos de acuerdo y seremos una piña frente a los de fuera, independientemente del partido al que votemos; eso es lo que nos ha permitido sobrevivir tantos siglos”. A aquel editor le dije -y a mi amigo se lo digo- que la descripción puede ser correcta, pero el juicio de valor no puede ser neutral, igual que no podemos describir fríamente la esclavitud, la trata de blancas o los programas de Telecinco. La aceptación -tan conservadora- de que “las cosas siempre han sido así” es tan dañina para el mallorquín adoptivo como para el de nacimiento; si las cosas son como las describe mi amigo, que tampoco estoy yo convencido de ello, no hay tarea más noble que esforzarse porque dejen de ser así, de la misma manera que en algún momento de la historia alguien se esforzó por derogar la prohibición del voto femenino o para que los negros dejaran de tener un lugar asignado en los autobuses.

Sin pretender caer en ningún fanatismo nominalista afirmo que yo me llamo Juan y no Joan, y que la normalidad llegará a España cuando alguien que se llama Josep-Lluís aquí y en la China Popular, y no José Luis, entienda que debe respetar mi nombre y yo sepa que el hecho de que él escoja su nombre, sea el que sea, no implica que sea un separatista de tomo y lomo; ni todo lo contrario. ¿No significa nada para nosotros que el presidente de los Estados Unidos que fundaron Washington, Jefferson y Franklin se llame nada más y nada menos que Barack Hussein Obama? Claro que a algún cafre todavía le parecerá que el señor Obama -ese foraster- debería largarse sin tardanza a algún país oriental donde semejantes señas cuadren con sus prejuicios. Los del cafre, digo.

Porque el nombre o la lengua que hablamos son solo un par de factores de nuestra identidad personal, pero hay más y todos merecen respeto. En otras palabras: uno puede llamarse Gorka Arrizabalaga, ser natural de Toledo, vecino de El Ferrol, hincha del Valencia, mormón, hermano de la cofradía del Santo Silencio, casado por el rito zulú, haber estudiado en Salamanca, tener rasgos filipinos y el letón por lengua materna, preferir llevar a sus hijos a un colegio alemán y ser aficionado a la torta del Casar. Y no pasa nada. Y nadie tiene por qué llamarlo Jorge, ni acusarlo de herejía, ni practicar la inmersión lingüística con sus hijos, ni obligarlo de manera alguna a que se afilie a un bloque identitario establecido por los poderes públicos, por los partidos dominantes o por la corrección política, que no es más que otro de los nombres de la estupidez colectiva. Estamos hablando del respeto a la libertad de los demás. Porque la identidad o es individual o es tribal, y hemos progresado mucho hasta el siglo XXI para aceptar ahora los delirios del señor Junquera y la cobardía del señor Mas como si representaran algo de valor dos pasos más allá de la hoguera del brujo.

En lugares cosmopolitas como Nueva York, San Francisco o Singapur se mueren de la risa cuando conocen nuestra afición por catalogar a las personas de acuerdo con el idioma que hablan o el nombre que usan; en definitiva, ante la constatación de que en España muchos elevan rasgos personales de cuya elección no son responsables a la categoría de virtudes cívicas, y sus limitaciones más catetas a la de identidad nacional; y así nos luce el pelo. Pero conmigo que no cuenten: si alguna vez vuelvo a ser candidato para algo no será, tampoco esta vez, apelando a la mallorquinidad. Lamento mucho que algunos crean que la exaltación de sentimientos irracionales -o la ostentación de un apellido aceptable- es lo mejor que un político puede ofrecer a sus votantes, y en todo caso siempre tendrán opciones que les vendan esa mercancía averiada. En UPyD preferiremos siempre la defensa de los derechos individuales de todos en la búsqueda del interés común. mallorcadiario.com

23 septiembre 2013

El ERE de los diputados

Muchos ciudadanos de Baleares se alegraron hace un par de semanas de la medida anunciada por el presidente Bauzá: el recorte de 18 diputados del total de 59 de que se compone el Parlament de les Illes, ya conocido como ERE de los diputados."No quiero políticos que vayan al Parlament a levantar la mano y a cobrar sin hacer nada; no quiero a los que vienen a vivir de la política", dijo, y aseguró que con eso ahorraremos 12 millones de euros por legislatura. Por fin un presidente que mete mano a los políticos, pensaron muchos. Pero hay que leerse la letra pequeña.

Vamos primero al aspecto económico. El ahorro previsto es de 3 millones de euros al año, que no son despreciables. Sin embargo, quiero señalar varios puntos de comparación. Cuando el Ayuntamiento de Formentera, por cálculo electoralista y localismo de la peor especie, se convirtió en Consell Insular en 2008, su presupuesto se multiplicó automáticamente por tres, y no dejó de subir hasta que la crisis forzó a estabilizarlo en 21 millones al año. Suprimir esa institución caprichosa -que en el resto de España se pone como ejemplo risible de arbitrariedad de la casta política- y devolverle a Formentera el estatus municipal supondría un ahorro de 14 millones de euros al año. Ahorro que se queda en nada si consideramos que el que supondría privatizar IB3, una cadena de televisión que no presta ningún servicio apreciable a los ciudadanos pero sí, seguramente, a sus políticos, ascendería a al menos 30 millones de euros al año. Por último, el coste de mantener el Consell de Mallorca, que todos los politólogos serios coinciden en calficar de institución superflua y que los mallorquines tienen por colocadero de políticos, es de 345 millones al año.

Así pues, el ERE de los diputados supone un ahorro casi 5 veces menor que suprimir el Consell de Formentera, 10 veces menor que privatizar IB3 y 115 veces menor que suprimir el Consell de Mallorca; pero nunca hemos escuchado que el president Bauzá tenga intención de emprender estas reformas.

Ahora sigamos con otros aspectos de la medida. El recorte supone reducir el número de diputados y bajar el salario de los diputados con plena dedicación a aproximadamente la mitad. ¿Cuáles son las consecuencias políticas y estratégicas de estos recortes en la representación de los ciudadanos?

A igual número de electores, si reducimos el número de escaños a repartir, la consecuencia aritmética inmediata es que conseguir el primer escaño resultará más difícil para los partidos minoritarios, que en muchos casos quedarán excluidos para siempre del Parlament. Si la ley electoral balear ya tergiversa la voluntad popular hasta extremos insospechados gracias a la ley d'Hondt y sobre todo a una absurda división en circunscripciones insulares, un ERE de diputados deformaría esa voluntad dejando sin representación a un número creciente de ciudadanos. Cada vez más votos quedarían sin reflejo en el Parlament, con el consiguiente deterioro de la representación.

La reducción de sueldos, por otro lado, hará que cada vez menos ciudadanos independientes se dediquen a la política, porque solo quien siga las instrucciones dictadas por las cúpulas de los partidos mayoritarios conseguirá complementar ese sueldo reducido con otras prebendas, de las que los grandes partidos que manejan presupuestos y BOIB disponen a placer; y los representantes de las minorías tendrán que renunciar a una labor política dignamente remunerada o a la misma política. Este nuevo elitismo, unido al déficit democrático antes señalado, dañará radicalmente la separación de poderes y convertirá la cámara legislativa balear en un cementerio de la democracia.

Visto que el ahorro que conllevaría la medida propuesta es mínimo comparado con reformas de mucho más calado que el president Bauzá no piensa emprender; y que las consecuencias que traería supondrían una democracia de peor calidad y una ciudadanía aún más alejada del Parlament, la conclusión no puede ser otra: el president no quiere más democracia ni más ahorro, sino solo publicidad que le suene bien a una ciudadanía harta de despilfarro y de políticos, agitando con la mano derecha la bandera populista de la austeridad mientras con la izquierda gasta 8,5 millones al año en 245 asesores del Govern, es decir, políticos que no representan al ciudadano porque este no los eligió: fueron nombrados por el mismo dedo que quiere suprimir 18 diputados supuestamente para ahorrar y porque "no quiere políticos que vivan de la política".

El ERE de Bauzá es poco más que una treta, propaganda de la peor estofa que no pondrá en práctica porque para ello necesitaría dos tercios del Parlament. A no ser que el PSIB lo apoyase, lo que en todo caso confirmaría las intenciones de la medida: reducir a escombros la oposición crítica (el PSIB es la de salón y alternancia) y aparentar que se ahorra; porque a la hora de la verdad, los diputados del PP que se quedaran sin escaño siempre podrían optar a alguna de las mamandurrias -perdón: asesorías- en las que cobrar por vegetar. El ahorro se diluiría en gasto en asesores, los partidos minoritarios se verían excluidos y sus votantes sin representación. Una añagaza, propaganda, humo, una tomadura de pelo al ciudadano en el mejor caso; y, si lo llevase a cabo con la ayuda del PSIB, un auténtico atentado contra la soberanía popular. Un engaño más del President. mallorcadiario.com.


16 septiembre 2013

Una huelga radicalmente injusta

Podría parecer que sí, pero no en todas partes cuecen habas. En el Reino Unido se está poniendo en práctica en los últimos años una reforma educativa que ha ocasionado protestas sindicales y que conducirá en breve a una convocatoria de huelga en el sector. Los sindicatos educativos (los dos más representativos copan el 85% de la plantilla nacional) están preocupados porque el secretario de Estado de Educación, Michael Gove, pretende vincular los sueldos con la productividad, en términos de éxito escolar. El ministro conservador, cuyas polémicas medidas se han ganado siempre el rechazo de los sindicatos y las asociaciones de docentes, ha señalado por primera vez objetivos en la educación primaria, ha reintroducido el estudio de los clásicos y reforzado los contenidos del currículo nacional y, por último, pretende ampliar la flexibilidad salarial en función de los resultados de los alumnos de cada profesor a juicio de los directores. Se puede estar de acuerdo o no con estas medidas (a mí, en particular, me parece que vincular el sueldo a unos resultados académicos constatables mediante evaluaciones externas no puede más que mejorar la educación), pero de lo que no cabe duda es de que en el Reino Unido, además de asuntos religiosos (que también) y lejos de peregrinos debates lingüístico-identitarios (que no), se está hablando de reformas importantes en el corazón de lo que es verdaderamente la enseñanza: la transmisión eficaz de los conocimientos a las nuevas generaciones.

Pero, a lo que iba: alzados en pie de guerra los sindicatos educativos británicos, y por motivos ciertamente muy serios que atañen a los sueldos, las pensiones y los horarios lectivos de los docentes, su medida de presión más contundente es anunciar huelgas en el sector a nivel local de nada menos que un día de duración, allá por octubre, como prólogo de otra posible jornada de huelga que se convocaría nacionalmente para antes de Navidad si las negociaciones con el Gobierno fracasan. Un día de huelga y, tal vez, otro. Su prudencia es natural, dado que el 61% de la población apoya la vinculación de los salarios de los profesores a los resultados que obtengan y el 70% se opone a la huelga, pero sobre todo porque en el Reino Unido, según mi experiencia, abunda algo que en España olvidamos hace tiempo: la responsabilidad cívica.

En Baleares, en cambio, asistimos a una convocatoria de huelga indefinida en el sector educativo cuyo motivo es, y no le demos más vueltas ni prestemos atención a pretextos, el fin de la imposición del catalán como lengua vehicular única de la enseñanza. Sindicatos dirigidos por personas que llevan en algunos casos más de veinte años sin pisar un aula han decidido que el mito del catalán como seña exclusiva de identidad, la falacia de la minorización del catalán y la consiguiente necesidad de compensarla mediante su imposición en la escuela y el resto de zarandajas que componen la mitología nacionalista valen más que la calidad de la enseñanza, el respeto al bilingüismo en la escuela y la paz social y, por tanto, justifican una huelga indefinida. Eso y la defensa de algunos chiringuitos.

La posición de UPyD ha sido siempre la defensa de la libertad de elección de la lengua vehicular de la enseñanza -español o catalán- por los padres de los alumnos en el acceso a la lectoescritura y en las etapas iniciales de la enseñanza. No obstante, con respecto a la arbitraria imposición del catalán sobre el español, que ya perjudicó a demasiadas generaciones de alumnos, el TIL es un avance hacia unas libertades a las que no podemos ni debemos renunciar. Frente al Decreto del TIL, con el que es lícito estar de acuerdo o no, nos encontramos sin embargo con la posición fanática de un sector de los docentes a los que durante demasiados años se les ha hecho creer que era progresista imponer una lengua sobre otra y cercenar los derechos de los hijos de los castellanohablantes, y que para preservar sus supersticiones intactas, cuando no sus privilegios, no dudan en asegurar que aquí de lo que se trata es de excluir el catalán e imponer el castellano. O sea, mienten.

Desde una perspectiva dominada por la ausencia de autocrítica, la pobreza intelectual, la labilidad moral y la irresponsabilidad cívica, es natural que se convoque algo tan desmesurado como una huelga indefinida en defensa no de los sueldos ni de las pensiones, como los profesores británicos, sino de los mitos fundacionales de una minoría. Estos días hemos escuchado en Mallorca, ante la sugerencia de que tal vez una huelga indefinida sea demasiado castigo para unas familias cuya organización estriba en la escolarización de los hijos en un determinado horario, la siguiente contestación: "Los padres también tienen culpa de esta situación, por no haber apoyado nuestras reivindicaciones". Así es el nacionalismo: si no estás conmigo, eres culpable, y por tanto atente a las consecuencias...

En mi opinión, los profesores deberían rebelarse hoy masivamente contra la dictadura catalanista y hacer fracasar una huelga ajena a los problemas reales de la educación, radicalmente injusta y perjudicial desde cualquier punto de vista. Y, va siendo hora, todos los mallorquines deberíamos poner los medios, cada uno en nuestro ámbito, para curarnos de esta enfermedad social y política que ya dura demasiado. mallorcadiario.com.

25 julio 2013

Condenas sí; pero, sobre todo, reformas

El ingreso en prisión de Maria Antònia Munar, muy esperado por buena parte de la sociedad mallorquina, coincide en el tiempo con otras decisiones judiciales controvertidas por su aparente benignidad: el archivo de las causas contra José Blanco y Yolanda Barcina y la rebaja de la condena de Jaume Matas, que supone que de momento no pisará la cárcel. Pese al respeto a las instituciones a que estamos obligados por nuestra fe democrática, choca -y el ciudadano no ducho en leyes no puede entender- que los políticos de partidos con influencia en Madrid se vayan de rositas en casos en que como poco se quiebra la máxima cesariana de que el político no solo ha de ser honrado, sino también parecerlo. Los nuestros no lo parecen.

Si, como UPyD ha propuesto repetidas veces y PP y PSOE han denegado otras tantas, los miembros de los órganos judiciales superiores no fueran designados por la mayoría parlamentaria que suman PP y PSOE, sino por los mismos profesionales de la Justicia, los ciudadanos no tendrían dudas sobre la justificación técnica de las resoluciones favorables a Matas, Blanco o Barcina. Felipe González se cargó de un plumazo en 1985 la independencia del poder judicial (“Montesquieu ha muerto”, se ufanó entonces Alfonso Guerra) mediante una reforma de la LOPJ que el PP de Alberto Ruiz-Gallardón aseguró anularía cuando gobernase, para olvidar esa promesa, como muchas otras, una vez alcanzada la Moncloa. Los políticos no pueden reprocharle al ciudadano que desconfíe, cuando es evidente que han hecho todo lo posible por politizar el poder judicial (y el Banco de España, el Consejo Nuclear, la Comisión de Valores, las cajas, los sindicatos, las patronales, las asociaciones de víctimas del terrorismo y cualquier otro resorte del Estado, órgano regulador, asociación o instancia que hayan conseguido colonizar en los últimos 30 años). Si queremos que España salga del marasmo, es urgente devolver las instituciones a los ciudadanos.

Pero lo que seguramente nos urge más es una renovación –una purga, diría yo- del sistema de financiación y control de los partidos políticos, de los contratos públicos y de la Administración en general. Mientras órganos como el Tribunal de Cuentas o la Sindicatura de Comptes -también politizados- sigan emitiendo informes con cuatro años de retraso y carácter no vinculante, no habrá control efectivo. Proponemos que el nombramiento de sus vocales no dependa de los partidos políticos, que entre sus competencias esté la de instar procesos judiciales, que las administraciones sean obligadas a remitirle la información necesaria a corto plazo y que su dotación sea razonable.

Mientras la transparencia sea solo una palabra y no una rendición de cuentas pública y permanente, no habrá financiación justa. No es de recibo que los partidos gasten en propaganda diez veces más de lo que ingresan por medios legales y nadie se pregunte nada. No es de recibo que los bancos condonen las deudas de los partidos políticos y nadie investigue tan inexplicable comportamiento. No es de recibo que se nos presente el reparto de sobres como una práctica justificada para compensar la dedicación de nuestros políticos, ¡siempre y cuando los declaren a Hacienda! No es de recibo que la fragmentación de contratos para eludir los límites legales sea una práctica generalizada. No es de recibo que una señora suministre la grava de las obras que ella misma aprueba como representante del pueblo.

Tal vez muchos ciudadanos no lo sepan: la financiación ilegal de los partidos no es delito en España. Debe ser incluida inmediatamente en el Código Penal, porque hoy demasiados la contemplan como un pecadillo venial: “roban, sí, pero no por lucro personal, sino por el partido”. O: “es que con los medios legales no se puede mantener esta maquinaria”. Pero UPyD lo hace, como atestiguan el Tribunal de Cuentas y algún que otro premio a la transparencia, y si UPyD lo hace es que se puede. Y es que, además, es falso que se robe por el partido: al final la financiación ilegal y el lucro personal son actividades indistinguibles. Munar y su banda robaron para sí mismos y sus amigos con el pretexto de financiar el partido, y PP y PSOE fueron sus cómplices: ¿quién negará que todo el mundo en Mallorca sabía lo que sucedía pese a que todos pactaban con la banda corrupta poder a cambio de silencio? ¿Bárcenas presuntamente aceptó comisiones para el partido o para sí mismo? ¿Qué más da? Ese entorno tolerado por todos al margen de la ley es lo que hace que en España la lacra inevitable de la corrupción encuentre un campo abonado que en otros países no existe. Felizmente la democracia ha vencido a Munar, pero mientras la financiación de los partidos escape al control de los ciudadanos, mientras los contratos públicos no sean otorgados de forma verdaderamente objetiva y mientras la Justicia no disponga de las herramientas necesarias seguiremos soportando otras munares, otros ERES y otros bárcenas. Habrá victorias parciales, pero perderemos la guerra. El Mundo-El Día de Baleares.