El presidente de la CEOE, Juan Rossell, lo cuantificó en su día: más de 100.000 leyes, decretos, reglamentos y disposiciones en vigor, más de un millón de páginas en los boletines oficiales y 22.000 organismos públicos se empeñan desde todos los escalones del Estado en poner trabas al crecimiento en España. La enorme proliferación normativa que se ha producido en las comunidades autónomas españolas desde que estas aspiran a ser como pequeños estaditos no ha hecho otra cosa que obstaculizar el conocimiento de la ley por parte del ciudadano, perjudicar la unidad de mercado, desincentivar la inversión y entorpecer el desarrollo. Urgen una desregulación y una desburocratización de la actividad económica que estimulen la competitividad y el emprendimiento.
Si lo manifestado fuese cierto, nada nos gustaría más que felicitar al president por una tarea tarea que es de mérito y muy necesaria: uno de los mayores lastres para la economía española es sin duda alguna la hiperregulación, y por algún sitio hemos de empezar. Sin embargo, algunas dudas nos quedan. Por desgracia estamos acostumbrados a que el Govern anuncie medidas que luego se quedan en agua de borrajas, mera propaganda sin continuidad. Por otro lado -sin haber ponderado el peso de las normas- 12 leyes de 350 (3,4%) y 220 decretos de 4000 (5,5%) no parecen una reducción muy considerable. Por último, unificar la legislación balear es necesario, pero lo que es fundamental es armonizar las distintas legislaciones autonómicas entre sí y con la estatal, y todas con la europea... Deseamos suerte al Govern; y a nosotros, que el Govern se tome esta tarea en serio. mallorcadiario.com.
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