23 agosto 2009

Honduras en la encrucijada

El caso de Honduras es un caso ejemplar de confusión mediática. Es casi imposible saber con certeza todo lo que sucede en aquel país, porque tanto los organismos internacionales implicados como los medios de prensa (ha habido alguna excepción loable en el caso español: La Vanguardia) han caído en una dinámica maniquea que resulta difícil eludir. Y, sin embargo, todo esfuerzo invertido en aclarar la situación es poco, porque en ello se juega el futuro de los hondureños. Cuando el presidente Zelaya fue depuesto y expulsado del país, mi partido, UPyD, al igual que casi todas las fuerzas políticas españolas, condenó lo que los medios llamaron "golpe de estado" y pidió el restablecimiento del orden constitucional. Desde un primer momento me llamaron la atención dos cuestiones.

Primero, que una gran mayoría de comentaristas obviaban o minimizaban en su análisis el hecho de que Manuel Zelaya, haciendo caso omiso de los dictámenes y resoluciones en contra de numerosas instituciones públicas y privadas (Congreso de Diputados, Corte Suprema, Colegio de Abogados, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral, Comisión Nacional Anticorrupción, partidos políticos, Iglesia Católica, iglesias evangélicas), estaba resuelto a practicar una reforma constitucional que le permitiese repetir mandato contra lo establecido con todo rigor en la misma Constitución de la República de Honduras: "El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública." Se trata de una norma que para los demócratas hondureños ha sido y es garantía sagrada. Hay que decir que Zelaya es un populista que ha pasado de defender las tesis de un partido conservador a echarse en brazos de Hugo Chávez, lo que sólo se puede explicar por un afán personal por permanecer en el poder y sus privilegios más allá del interés común (de sus juergas privadas a cargo del contribuyente se ha escrito mucho); y que muchos hondureños le hacen responsable del muy notable incremento del narcotráfico y de la delincuencia asociada en connivencia con el gobierno de Venezuela: según denuncias de la presidenta de la Cámara de Comercio, Inés de Zablah, avionetas y lanchas cargadas de droga procedentes de esta república han arribado a Honduras a diario durante el mandato de Zelaya. Pero poco de esto se ha comentado por extenso en la prensa.

En segundo lugar, llamaba la atención que las autoridades de los Estados Unidos condenasen una acción contra un títere de Hugo Chávez ordenada por el parlamento y el tribunal supremo hondureños y ejecutada por su ejército, cuya oficialidad está formada en la Escuela de las Américas, célebre por proveer a los países al sur de Río Grande de mandos militares pronorteamericanos. Resultaba inexplicable que el general Romeo Vásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras y exalumno de dicha escuela, diese semejante paso al margen de la embajada americana. Algo no encajaba, aunque desde que Estados Unidos ha ido manifestando una mayor equidistancia en el conflicto todo empieza a parecer parte de un plan, como aseguran opiniones de izquierdas.

De cualquier manera, los movimientos internacionales de apoyo a Zelaya son jaleados por la prensa mayoritaria, y numerosos países cargan por la vía diplomática contra lo que llaman gobierno de facto. Aquí sí que la incoherencia alcanza un grado supino, que no obstante no extrañará a quien conozca los procesos mentales y conductuales de la progresía occidental: según su visión de las cosas, un gran movimiento de resistencia cívica ocupa las calles de Honduras y el gobierno de Roberto Micheletti, como informa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se excede en su represión, exagera el uso de la fuerza y viola repetidamente los derechos humanos de los manifestantes.

Por circunstancias personales mantengo contacto directo con residentes en Honduras, y los testimonios que de allá me llegan no certifican este cuadro. Muchos ciudadanos hondureños están indignados con la CIDH. Para empezar, el presidente de la OEA, José Miguel Insulza, es un chavista declarado. Forman parte de la mencionada comisión una venezolana que la preside (uno de mis corresponsales se pregunta por qué no investiga las violaciones de los derechos humanos que sí se dan en su país), un argentino y un chileno: proceden de tres países que forman parte del frente zelayista y han expulsado a los embajadores hondureños de sus países, por lo que la objetividad de sus conclusiones no merece mucho crédito. Al parecer, durante su visita a Honduras la CIDH se negó a recibir a doscientos empleados de cierta cadena de restaurantes que ha sido objeto de la violencia de los "manifestantes" zelayistas; algunos de estos empleados mostraban graves lesiones. Pero la CIDH aclaró en rueda de prensa que su misión sólo incluía la investigación de los abusos del gobierno de facto. En su versión, las "manifestaciones" en pro de Zelaya han sido pacíficas, pero los hondureños pueden contemplar todos los días en su televisor cómo los zelayistas, en lo que parece una estrategia de tensión, protagonizan quemas de restaurantes, coches y autobuses, destrozos en los escaparates de los comercios, palizas, cortes de carreteras, ocupaciones de colegios... Porque resulta que los "manifestantes", de los que se tiene la certeza de que están a sueldo de Hugo Chávez (según la policía, hay pruebas), impiden desde hace mes y medio que niños y jóvenes asistan a las escuelas para poder emplearlas como cuartel o dormitorio, con el consiguiente perjuicio para su formación. Mi informante, que es español y docente en Comayagua, me transmite la profunda vergüenza que les causa a él y a sus compañeros la decisión del gobierno Zapatero de unirse al frente zelayista y expulsar al embajador de Honduras en España para intentar debilitar la posición del gobierno de aquel país en su gestión de la crisis. Un diario de aquel país se pregunta hoy por qué España está intentando dirigir la política europea contra el gobierno Micheletti.

Los que defienden la causa de Zelaya afirman que las instituciones que lo destituyeron (el Parlamento, por ejemplo, le fue contrario por unanimidad a excepción de dos votos) no son democráticas porque representan a la oligarquía, y seguro que algo de razón llevan; pero desde luego no parece de recibo saltarse a la torera las normas comunes en nombre de los principios propios por justos que éstos puedan ser. Por otra parte, tampoco parece probable que el viraje chavista de Zelaya tuviera por objeto la reivindicación de los derechos del pueblo hondureño, dado que su policía, según el anuario de Amnistía Internacional, fue protagonista de diversos actos de violencia en 2008 . Mi opinión es que en España nos precipitamos al condenar el "golpe" y todos deberíamos, y UPyD en primer lugar, volver a debatir el asunto y adoptar una postura alejada del simplismo o la confusión de los primeros momentos. Hay un indicio infalible de que apoyar a la marioneta hondureña de Chávez es un error: Zapatero y Moratinos la apoyan. Y lo digo totalmente en serio. Periodista Digital.

20 agosto 2009

Fina en el país de las maravillas

Hace unos días entró en vigor la nueva Ley de Servicios Sociales de las Islas Baleares, que establece como necesidades básicas el alojamiento, la alimentación y el vestido. La consejera de Asuntos Sociales de Izquierda Unida, Fina Santiago, ha decretado el fin del hambre en Baleares. Cuando el Govern desarrolle la ley por medio del decreto previsto, en el que se catalogarán las prestaciones a que la ciudadanía ha de tener derecho, cualquier ciudadano podrá reclamarlas ante un juez, nos dice Fina Santiago. En el texto que ha divulgado para su promoción demuestra que hoy en España los políticos no cuentan con el espíritu crítico de sus votantes, sino con su credulidad. Mal vamos por ese camino, porque cuando se acaba la credulidad no queda nada en pie.

Ahora vamos a pasar de la realidad virtual a los hechos. Y los hechos nos dicen que esa ley no se ha presupuestado ni, con la actual bajada del 23% en la recaudación de impuestos por la CAIB debida a la crisis, parece que se vaya a presupuestar próximamente partida alguna para cubrir ese catálogo virtual. Más allá de la propaganda, ¿alguien cree posible que, en los tiempos que corren, un gobierno de ingresos mermados habilite una partida para unos gastos previsiblemente ingentes pero imposibles de cuantificar, como pueden ser los generados por comedores o viviendas sociales? No conocemos estudios, nadie sabe si el Govern ha echado unas cuentas solventes para predecir el impacto de semejante legislación en las cuentas públicas que, no lo olvidemos, son las cuentas de los ciudadanos. La ley nace, por tanto, marcada por esa visión improvisadora y propagandista que parece dominar la política de la España zapateril. Pero lo que la ley sí prevé claramente es la provisión de una serie de consejos y comisiones en todos los niveles de la Administración y un personal profesional especializado que multiplicarán el gasto público y la burocracia, dejando para la posterior reglamentación la forma de cubrir consejerías, comisiones y plazas de personal. Y aquí, no sé por qué, se me ocurre recordar el ejemplo de la Consejería de Agricultura, que se compone de un número de funcionarios superior al de los payeses que hay en las islas.

Pero vamos a suponer que este Govern no vive en un mundo fantástico, sino que por el contrario lo forma un equipo de gestores responsables, y que llega a catalogar un conjunto de prestaciones útiles y a presupuestarlas y ponerlas a disposición de manera realista y efectiva. Las Baleares serían así, como avanza la ufana consejera, la primera comunidad española en que esta política social adquiriese rango de ley y, por tanto, las prestaciones aprobadas y presupuestadas fuesen exigibles por cualquier ciudadano ante los tribunales. Vale, pero, ¿qué ciudadanos? La ley habla de "toda la población", incluyendo explícitamente -no podría ser de otra manera- a los nacionales de la Unión Europea y también a extranjeros residentes. En España hace muchos años que se nos ha olvidado que no es operativo legislar localmente aquello que nos afecta globalmente: el exministro Bermejo incurrió en un ilícito administrativo al utilizar una licencia de caza en una comunidad que no la había expedido, y ahora Fina Santiago legisla lo necesario para que Baleares se convierta en el refugio de los desfavorecidos de España y, es más, de la Europa sin fronteras. Entiéndaseme: si llegamos a la conclusión de que el Estado ha de cubrir todas las necesidades de todos los individuos (una concepción que personalmente estoy muy lejos de compartir), ¿no sería inteligente y responsable coordinar las políticas de todos los territorios cuyos ciudadanos puedan beneficiarse de esa conclusión? Fina Santiago hace, en el terreno de los servicios sociales y en su ámbito insular, lo mismo que a escala nacional hizo el presidente Zapatero con la regularización de inmigrantes que en sus primeros años decidió unilateralmente, es decir, sin contar con nuestros socios europeos a los que también afectaba el consiguiente efecto llamada. ¿Dónde querrían pasar sus lunes al sol los desfavorecidos de Suecia y Alemania sino en una hermosa isla mediterránea cuya administración cubriese todas sus necesidades? Si el requisito es estar empadronado en Baleares, ya preveo el consiguiente tráfico de empadronamientos; ¿o es que somos tan ingenuos que desconocemos lo que sucede con el empadronamiento de los inmigrantes ilegales a efectos del servicio de la Seguridad Social? Insisto: creo que no es realista extender esta cobertura vital al conjunto de la población, es decir, convertir al Estado en Cáritas (porque la caridad no es justicia social), pero, si tenemos la intención de hacerlo, lo responsable es llevarlo a cabo de manera coordinada: si en Valencia (o en Riga) no se puede exigir ante un tribunal cama y comida y en Palma sí, más de uno cogerá el barco de Palma y el Govern no tendrá previsto un gasto que estará obligado a efectuar. Otra cosa es que, como sugería antes, nos creamos que la ley va a ser aplicada de manera útil; pero la coherencia, la visión nacional y el respeto a la inteligencia y a las expectativas del ciudadano también son importantes.

Y, tras las consideraciones económica y social, me permitiré una reflexión política. La ley establece que será el propio Govern el que reglamentará la composición de las comisiones técnicas implicadas en el sistema público de servicios sociales. Esto, teniendo en cuenta esa pulsión totalitaria que caracteriza a nuestros gobernantes y que hace que la ley, por ejemplo, declare entre sus objetivos "promover la integración respecto de la identidad, la lengua y la cultura propias de esta comunidad" (o, dicho en cristiano, la exclusión del español también en los comedores sociales...), me hace pensar mal. ¿No recibirá el ciudadano un mensaje equivocado? Es decir: ¿a quién votará un individuo en situación social y/o sanitariamente vulnerable al que se le comunica: yo hago la norma que te va a dar de comer, yo establezco criterios y procedimientos, yo proveo el presupuesto y yo nombro a las personas que decidirán si cumples con ellos?

Desde el punto de vista legislativo, la nueva ley es un monumento a la palabrería y al intervencionismo; desde el punto de vista económico, una auténtica irresponsabilidad que ahonda en el atraco al contribuyente mientras se tiene la desfachatez de hablar de "expolio fiscal" y reclamar dineros a Madrid; desde el social, me temo que papel mojado; y, desde el político, propaganda de la peor especie. Y es que Francesc Antich y sus socios radicales son, ya lo sabíamos, eminentes representantes del zapaterismo. Lo triste es que ni siquiera el PP, que dice ser un partido liberal pero está maniatado por la corrección política y por su propia descomposición, se atrevió a votar en contra de este disparate llamado ley. Periodista Digital. El Mundo-El Día de Baleares.