Carta abierta a la Defensora del Espectador de TVE, con motivo de la exclusión de Rosa Díez y UPyD del programa "Tengo una pregunta para usted"

Estimada señora Sánchez Caballero:

Gracias por su amable contestación.

Según ella, los directores de TVE y de sus Servicios Informativos son los responsables de la programación de Tengo una pregunta para usted, y su criterio a la hora de escoger los invitados a ese programa es la adscripción o no a grupo parlamentario propio. Cuando uno cumple los criterios que ha establecido uno mismo se puede decir que uno es coherente, pero también que hace lo que le viene en gana. Eso es exactamente lo que está haciendo TVE: no invita a Rosa Díez a su programa porque no le viene en gana a sus responsables, o a quienes dirigen a sus responsables. Establecer como criterio de inclusión la pertenencia a un grupo parlamentario propio y no, por ejemplo y conociendo como conocen las peculiaridades de nuestro malhadado sistema electoral, el número de votos (en los que UPyD superó hace un año a PNV y ERC) o, mejor aún, la relevancia política, la novedad o la valoración ciudadana de sus líderes, parece indicar que TVE escogió deliberadamente el criterio que le permitía excluir a UPyD de su programa.

UPyD es un fenómeno político inédito en los treinta años de nuestra democracia. Independientemente de que se esté de acuerdo o no con sus postulados, el hecho de que un partido sin recursos económicos ni humanos más allá del voluntariado, que apenas aparece en las televisiones y que tiene menos de seis meses de vida consiga entrar en el Congreso de los Diputados y, un año después, más o menos en las mismas condiciones, en el Parlamento Vasco, parecería merecedor de atención periodística a cualquier profesional libre y desprejuiciado. Supongo que sabe usted que todo el presupuesto de campaña de UPyD para las generales de 2008 (es decir, 600.000 euros aportados exclusivamente por afiliados y simpatizantes) fue inferior al de una sola de las pantomimas que dieron en llamar “debates televisados” entre los candidatos Zapatero y Rajoy; inferior también al del buzoneo de un solo partido en una sola provincia, la de Madrid. Supongo también que conoce las expectativas de UPyD para las europeas, así como el hecho de que en varias encuestas Rosa Díez, pese a la novedad y escasa visibilidad de UPyD, ha aparecido como uno de los líderes políticos más valorados de España; en una ocasión, incluso, como la más valorada, por encima de los señores Rajoy y Zapatero. Creo que estas circunstancias harían a Rosa Díez y a UPyD acreedores a un trato ya no igual, sino preferente en los programas de índole política de una cadena seria de televisión, en un país políticamente serio.

Quiero remitirla al sinfín de artículos de opinión que columnistas de medios periodísticos de toda España (preferentemente digitales, es decir, los más libres) han dedicado a condenar este veto injustificable; a las plataformas creadas en la red a través de diversos blogs o de Facebook, cada vez más numerosas; a las numerosas protestas escritas que ha recibido TVE a través de este medio. Le recuerdo que no estamos pidiendo a los señores Fernández y Llorente, ni a nadie en particular, que voten a Unión Progreso y Democracia; les estamos sugiriendo solamente que, haciendo buen uso de nuestros impuestos, permitan al quinto partido de España en número de votos tener voz en un programa en el que se está dando voz a partidos antinacionales como ERC o PNV. De lo contrario demostrarán que el sectarismo interesado que impregna la política española ha calado también, definitivamente, entre los responsables de TVE. Ruego, por tanto, transmita a los señores directores de TVE y de sus SS. II. mi insatisfacción con sus explicaciones y de nuevo mi exigencia de que dediquen una edición del mencionado programa a Rosa Díez; y a usted, aun agradeciéndole sinceramente su respuesta, le ruego no considere una impertinencia por mi parte que le sugiera se plantee en serio el significado de su cargo y de su oficina, porque hoy nos parece a todos más la defensora de los directivos de TVE que la de sus espectadores. Periodista Digital.

Cachondo pero inexacto (algunas falacias)

Apreciado Josep:

Si saltea usted su discurso de imprecisiones, es normal que le salgan conclusiones erradas. Me refiero a su comentario a mi anterior post, que con acierto titula usted "Aunque no sea gracioso". Paso a detallar por qué hablo de imprecisiones, y aún me creo benévolo.

1. "Los anticatalán". No sé a quién se referirá usted, pero en la manifestación del 1 de abril yo no vi a nadie que odiase el catalán. Desde luego, le puedo asegurar que no es mi caso. Uso siempre que puedo el catalán, pero no espero recompensa por ello ni me siento mejor ni más integrado; simplemente me gusta, enriquece mi horizonte y pienso seguir haciéndolo por mucho que ustedes se empeñen en hacerme odiar una lengua que me encanta. Más bien somos "los antiimposición". Como ustedes cuando lo que se imponía en la escuela era el español: cómo cambian los tiempos, ¿eh? O las personas.

2. "Lengua propia". Este concepto político, porque lingüístico no es, no responde a nada que exista fuera de la mitología nacionalista, que atribuye personalidad a los territorios y, por tanto, les asigna lenguas propias, alma propia y hasta pecados y virtudes colectivas. A ver si nos enteramos: existen las lenguas maternas, las lenguas oficiales y las lenguas francas. Pero me parece que no se refería a nada de eso... El concepto de propio es excluyente, porque se opone meridianamente a lo impropio o ajeno... Y, en ese sentido, tan propio o tan ajeno es el mallorquín como el español, dependiendo de la persona de la que hablemos. Y desde luego tan oficial; y, lo que más importa, tan digno. Presumir de lengua propia es tan inaceptable como alardear del color de la piel: ni la una ni el otro otorgan la ciudadanía, mientras que usar cualquiera de los dos como seña de identidad es perfectamente arbitrario y conduce a la xenofobia.

3. "Se manifiestan contra el derecho a ser entendido en la lengua propia". Falso. El derecho a ser entendido en las dos lenguas oficiales ya está cubierto, porque todos los médicos de Baleares entienden el mallorquín: no se hagan los interesantes ustedes con su lengua, porque con eso no le hacen ningún favor. Lo que impone el Decreto rechazado por los manifestantes es la obligación de pasar por un requisito académico que no aporta nada al ejercicio de la profesión y que discrimina en el acceso al trabajo a unos españoles (mallorquines o no, catalanohablantes o no) con respecto a otros (los abducidos por el régimen catalanista). Y esto tampoco le hace ningún favor al catalán. Dejen de protegerlo, hombres, que al final se lo van a cargar.

4. "Ganas de enfrentar a la gente". Sí: las del Govern que interviene en un asunto que nadie le pidió que regulara porque a nadie le hacía falta, salvo a los talibanes lingüísticos y a los que pacen en el jugoso chiringuito catalanista.

5. "La tolerancia del Decreto". Por la moratoria, se entiende. Fíjese en que -salvando las distancias- eso mismo podía decir el nazi que libraba de la cámara de gas al judío más hábil en las faenas de la esclavitud: "mira qué tolerantes somos con este judío, que no lo hemos gaseado cuando le tocaba, y qué ingrato es, que no nos lo agradece"... Y ahora me voy a explicar, porque el sectario, por pura falta de costumbre de reflexionar sobre el discurso ajeno, tiende a pensar que lo llaman nazi cuando sólo lo llaman sectario: que no atribuya usted la obligación de respetar precisamente a aquéllos a quienes falta al respeto, hombre.

6. "Clientelismo". Tiene mucha guasa que un partidario del pesebre catalanista hable de clientelismo. ¿A quién vota usted? ¿A UM? ¿Al PSM? ¿Al PSIB? ¿Al PP? ¿Y viene a mi blog a hablar de clientelismo? Podemos hablar de las disparatadas subvenciones a asociaciones separatistas; de los cursos y cursillos varios con su personal, su material y sus matrículas; de las cadenas de televisión que nadie ve pero que hay que doblar al catalán; de las correspondientes productoras; de las empresas de publicidad y sus campañas de propaganda; de las contrataciones a dedo y a mansalva en organismos oficiales; de los periódicos subvencionados al cien por cien porque nadie los compra; del cine infumable; del teatro infumable; de los premios literarios; de los escritores que nunca publicaron una línea en español y se pasan al catalán para poder mamar de las ubres públicas (y no falla, oiga); de las editoriales que sólo se mantienen gracias a la cooperación de las instituciones... todo ello con chorros de dinero fluyendo a tutiplén directamente del bolsillo de los contribuyentes al de estos profesionales del catalán obligatorio. ¿Clientelismo? Perdóneme la expresión, pero usted lo que es es un cachondo. Periodista Digital. Baleares Liberal.

Malos humores

El humor gráfico es una herramienta propagandística potentísima. Lo fue siempre, y hoy lo demuestra el hecho de que a las tiras cómicas de toda la vida se las denomina ya “editoriales gráficos”. Todos damos por supuesto que determinadas tiras cómicas presentan de manera informal la línea de pensamiento del diario de que se trate.

La efectividad de la tira cómica o “editorial gráfico” reside en que, frente al editorial tradicional, más sesudo y sin duda menos leído, es asequible a un sector mucho más amplio de la población lectora de diarios (todo el mundo mira la tira cómica). Además, una calidad suficiente permite que el lector más ilustrado considere la tira cómica política digna de un respeto intelectual que no otorga a, por ejemplo, un tebeo de aventuras, pese a que utilice mecanismos tan sencillos (o tan complejos) como éste y a que a veces confundamos ingenio con inteligencia con la misma facilidad con que el humor gráfico, por su naturaleza, puede eludir el enfoque crítico. Por último, el discurso cómico-gráfico se beneficia, a mi parecer infundadamente, de una reputación progresista que per se no tiene el editorial escrito.

Viene todo esto a propósito de las últimas reacciones gráficas en la prensa mallorquina sobre la manifestación de sanitarios el pasado 1 de abril contra la imposición del catalán como requisito profesional. Los dibujantes y guionistas del diario Última Hora se han empleado a fondo y sin duda con brillantez. Al día siguiente de la manifestación, que yo recuerdo como una jornada casi festiva de exaltación pacífica de la libertad, la tira diaria de Tueldús (el pseudónimo que utilizan el guionista Ferran Aguiló y el dibujante Seguí) presentaba en la cabecera de la manifestación una serie de personajes malhumorados y –por sus vestimentas– aparentemente de derechas que portaban una enorme pancarta: “No a la imposición del catalán / 1 de abril – La guerra no ha terminado”. Dos días después, en la sección “Ecografía” de Pep Roig aparece un médico iracundo que, con una enorme lengua bífida rojigualda se dispone a arrancar la pequeña lengua cuatribarrada de una atemorizada paciente. No me dirán que no es sutil.

Pero el ingenio puesto al servicio del sectarismo no nos interesa. Estos profesionales, a través de procedimientos indudablemente ingeniosos, transmiten falacias –cuando no insultos– que procuraré resumir:

-Circunscriben la manifestación del 1 de abril a la derecha política, cuando en ella estuvieron representados colectivos de todo tipo;
-Caracterizan a los manifestantes como agresores ceñudos, nostálgicos de la guerra, franquistas herederos del 1 de abril del 39 (la sutileza y la novedad del argumento saltan a la vista);
-Caracterizan falsamente el conflicto como un enfrentamiento de lenguas;
-Demonizan a un gremio por entero, culpándolo de un problema que no existía y que ha creado el Govern con su innecesario intervencionismo;
-Presentan a las víctimas de la discriminación como agresores;
-Oponen frontal y artificialmente los intereses de médicos y pacientes;
-Identifican a esos médicos presuntamente agresores con los colores de la bandera nacional, y a la víctima indefensa con los de la senyera catalana;
-Ignoran toda cuestión referente a la exigible igualdad entre los ciudadanos en el acceso a un puesto de trabajo, cuando se les exige el cumplimiento de requisitos innecesarios para el desempeño de sus tareas y que benefician indudablemente a una pequeña parte del colectivo sanitario: los nostros y los que nos obedecen.


La estrategia del Grupo Serra y de aquéllos a quienes pretende beneficiar con su sesgo consiste en atribuir la responsabilidad del conflicto a los propios agraviados por el decreto del Govern. Los médicos y los enfermeros en Baleares nunca han causado un problema lingüístico por dos motivos: porque jamás ha habido quejas de los pacientes porque un médico se negara a atenderlos en su lengua, dado que casi el 100% declara entender el catalán, y porque los manifestantes no se oponen al catalán, sino a su imposición como requisito.

En el mismo tono sectario que los mencionados humoristas, periodistas igualmente alineados con el establishment han maquillado las cifras de la manifestación (3.500 según la organización, 2.000 según los cálculos más hostiles, y 930 según el diario radical subvencionado); han insistido en atribuir el origen del conflicto a un colectivo que no había causado un solo problema; y han aducido los efectos de la invasión de peninsulares, ignorando que el 1 de abril se manifestaron miles de mallorquines, menorquines e ibicencos de toda la vida a favor de la libertad de elección en la Sanidad y en todos los ámbitos.

Pero el origen del problema son quienes se han hecho con el gobierno de la comunidad autónoma a efectos lingüísticos, culturales y educativos. Políticos sin escrúpulos como Antich o Armengol (o como Estaràs o Bauzà, sí) son muy capaces de vender el Castillo de Bellver, si es necesario, a quien le garantice una mayoría parlamentaria, aunque se trate de una minoría separatista radical que apenas representa a nadie en Baleares o de una red clientelar que lleva treinta años saqueando el erario público. Con mayor facilidad, por tanto, venderán sin dudar los derechos lingüísticos y laborales de los mallorquines.

Los humoristas gráficos fueron en un tiempo lejano la conciencia política de España. Hoy han vendido sus servicios a los poderosos: un síntoma más de cuánta falta hace una regeneración democrática. Porque no hay nada más reaccionario ni más patético que un humorista dedicándole sus gracias al rey que lo alimenta: ya no es humorista; es otra cosa. Periodista Digital. Baleares Liberal. El Mundo-El Día de Baleares.

UPyD, ya, en Menorca

Unión, Progreso y Democracia, un partido apoyado en marzo de 2008 por 300.000 españoles que en un año, según las encuestas más recientes, parecen haberse convertido en más de un millón, debe considerarse objetivamente el fenómeno político y periodístico de mayor calado social y más novedoso probablemente desde los comienzos de la Transición. Cuando hablamos de UPyD hablamos de un movimiento cívico (el que antes representaron colectivos como Basta Ya o Ciutadans de Catalunya) que ha decidido materializarse en un partido nacional y transversal para poder intervenir en la toma de decisiones políticas en un sentido que los partidos políticos tradicionales hace tiempo que han olvidado: el del servicio al ciudadano y a las libertades.

En UPyD creemos que es necesaria la regeneración de la democracia. Esto no atañe tanto a la corrupción de los políticos, que es materia de juzgado, como a la misma descomposición de la estructura del estado, en el que hoy nadie sabe dónde están los límites entre lo autonómico y lo estatal, donde nadie puede reconocer la separación de poderes, dada la grave intromisión de los partidos en los órganos de la Justicia (CGPJ, Fiscalía, etc.), donde nadie puede participar en política sin someterse a los designios de las cúpulas de los partidos y, por tanto, no existe una verdadera democracia representativa.

Hemos perdido el norte y andamos a vueltas con la imposición de las lenguas, con la corrupción galopante y con la distribución de unas competencias y una financiación autonómicas que nadie nos explica para qué se quieren aumentar, pero que todos quieren aumentar al margen de los demás y de cuya gestión nadie se siente responsable ante nadie. Mientras, la democracia ha dejado de ser representativa; el estado no tiene instrumentos para combatir la crisis económica porque los que no ha cedido a las comunidades autónomas los tiene ya Europa; nadie se preocupa del colapso de la Justicia; el gasto público es insostenible y no beneficia sino a unos pocos; la Educación, bajo mínimos europeos, nos condena a padecer una economía no competitiva y una democracia de calidad ínfima… Es el momento de retomar los valores de la ciudadanía, de reimplantar el sentido común en la política, de practicar un parlamentarismo real, de hacer énfasis en lo que nos une y reconocer que la pluralidad nos enriquece pero no nos separa…

UPyD, pese a los muchos obstáculos que debe superar cada día (el bloqueo mediático, la tergiversación constante de sus postulados, la escasez de recursos económicos), no ha parado de crecer y ha colocado en sólo un año una diputada (Rosa Díez) en el Congreso de los Diputados y otro (Gorka Maneiro) en el Parlamento de Euskadi, convirtiéndose además en la cuarta fuerza política gallega. En Baleares, conforme a las encuestas, nos disponemos a entrar en las próximas elecciones en el Parlament y en los principales ayuntamientos. Desde hoy también en Menorca, un puñado de ciudadanos de diversas procedencias, profesiones y orientaciones ideológicas han decidido que ya está bien de conformarse con el lamentable espectáculo cotidiano de nuestros políticos profesionales.

Por eso temen algunos; porque saben que con UPyD en las instituciones se acabarán los trapicheos mezquinos a los que están acostumbrados, se acabarán el sectarismo y los discursos de encefalograma plano y en España volverá a haber Política en el sentido más digno y democrático de la palabra. Según todas las encuestas publicadas, cada vez hay más españoles que se han dado cuenta. Es la democracia la que está en juego. Periodista Digital. Baleares Liberal.

Los pecados de Rosa Díez

Es tradición ya muy extendida tildar a Rosa Díez de ambiciosa, como si sus rivales en el PP y en el PSOE fueran almas cándidas sin aspiraciones; como si, por cierto, ellos también hubieran dejado un cargo estupendo en la Eurocámara para fundar un partido de principios y embarcarse en una aventura costosa y arriesgada. Es también común culparla de haber entrado antaño en una coalición PSOE-PNV para gobernar Euskadi y hoy, sin embargo, criticar los acercamientos de Zapatero a los separatistas vascos, pese a que ella ha explicado muchas veces aquella experiencia como un intento fallido de constitucionalizar al PNV, y su convicción actual de que sólo es posible constitucionalizar ese partido llevándolo a la oposición. Así mismo es frecuente que a Rosa se le atribuya un éxito al parecer culpable entre la prensa de derechas, aunque pienso que más bien habría que preguntar qué complejos o qué intereses hacen que la prensa que hace mal en llamarse progresista, es decir, el lobby progubernamental, nunca hable de Rosa Díez: estaríamos encantados, oiga...

Por eso me ha sorprendido tanto leer un reciente comentario de Antonio Casado (“¿Quién teme a Rosa Díez?”) en el que afirma que ciertos medios dan a UPyD un "trato de impostado privilegio". Esto sólo puede ser una manipulación como la copa de un pino o bien un grave desconocimiento del comportamiento de la prensa. Efectivamente, mientras unos no nos sacan nunca, otros nos sacan de vez en cuando: lo justo para achuchar a los suyos... Yo no diría que esto supone trato de favor, y menos cuando Unión, Progreso y Democracia (un partido apoyado por esos 300.000 votantes que no me parece que haya que despreciar, pero que además en menos de un año se pueden convertir en un millón) debe considerarse objetivamente el fenómeno político y periodístico de mayor calado social y más novedoso probablemente desde los comienzos de la Transición. No son los supuestos pecados de Rosa Díez, no; es la regeneración democrática lo que está en juego. Por eso temen algunos; porque con Rosa, con UPyD, se les acabarán los trapicheos mezquinos a los que están acostumbrados y en España volverá a haber Política en el sentido más digno y democrático de la palabra; y según todas las encuestas publicadas, cada vez hay más españoles que se han dado cuenta. Periodista Digital. Baleares Liberal.

2009: vestir al Emperador

Sólo porque todo el mundo crea que
algo es verdad, no significa que lo sea

(Hans Christian Andersen)

Un amigo inteligente y, como yo, muy aficionado a la polémica me escribe para contradecir mis opiniones acerca del nacionalismo. Utiliza un ejemplo británico: “En què es diferencien un anglès i un escocès? Jo t'ho diré: en res. Però se senten diferents, i així volen que sigui. Els sentiments no es mesuren ni es raonen, és com ser del Madrid o del Barça. No hi han raó ni equacions que donin una única resposta al tema”. Mi amigo tiene toda la razón hasta aquí. Lo malo es que extrae consecuencias a mi juicio equivocadas. Sigue mi amigo: “I ho sento, però aquests dies sóc per Barcelona i no veig cap rastre de totalitarisme, manca de llibertats o malestar social derivat de les imposicions que descrius. No és que dissenteixi: es que no lo veig, tot i cercar-ho”.

Es verdad que uno no puede razonar los sentimientos. Por eso mismo algunos apostamos por dejarlos fuera de la política. Si uno quiere ser un zoquete sentimental cuando habla de fútbol (yo, por ejemplo, cuando defiendo al este año indefendible Real Madrid de mis amores), es muy libre de hacerlo. Pero si otro gobierna y maneja presupuestos públicos, parece natural que los ciudadanos le exijan que someta sus acciones a criterios de justicia y de eficacia gestora. Justo lo contrario de a lo que aspiran estos políticos majaderos o venales, o ambas cosas, que destinan verdaderas fortunas ordeñadas directamente de nuestros sueldos a la Bressola (escuelas privadas de inmersión lingüística en catalán en Francia) o lo arrojan directamente al retrete totalitario de la Obra Cultural Balear, a la letrina corrupta del Palma Arena o a chorradas burocratizantes como el llamado Observatorio para el Éxito Escolar... Los sentimientos con la novia, y la propaganda para vender crecepelos; en política prefiero razón, verdad y justicia, y me temo que ni desde los nacionalismos ni desde los partidos tradicionales me van a dar esto... Claro que tener sentimientos es un derecho; pero permitir que inspiren la acción política en el lugar de la eficacia o la honestidad es, por decirlo con suavidad, un grave error.

También es un derecho permanecer ciego. Tengo otro amigo en Barcelona que siempre me dice que él no se siente oprimido en Cataluña. Y es cierto que ni en Cataluña ni en Baleares te marcan la puerta de tu casa con una estrella amarilla ni te sacan de noche para darte un paseo, afortunadamente; aunque tampoco creo que haya que dar las gracias por esto. Sin embargo, sí te pueden cerrar el acceso a puestos de trabajo, te impiden educar a tus hijos en la lengua de tu elección contra la práctica de todo sistema educativo civilizado excepto el de las Islas Feroe y contra los dictámenes de la UNESCO y de cualquier experto que no pertenezca a un sindicato hiperburocratizado y antinacional como el STE-I, y te llaman facha y español si dices según qué cosas. Es curioso: a los militantes de UPyD y de ciertas organizaciones cívicas perfectamente democráticas en Cataluña y en Baleares, los maulets (que también actúan con cargo a nuestros bolsillos) los llaman fascistas a voz en grito, mientras les hacen objeto de sus agresiones en las manifestaciones a las que se atreven a acudir. Unos gritan, insultan, queman banderas, vitorean a terroristas, profieren mueras y pegan; los otros reciben con pacífica resignación todas esas agresiones y son calificados de fascistas y crispadores... Hacerse el ciego es un derecho, pero yo a quien admiro es al que tiene el valor o la inocencia de gritarle al Emperador que va desnudo. Y no me parece inconveniente recordar que en la Alemania de los años treinta muchos prefirieron hacerse los ciegos.

Este último amigo es probablemente el mejor poeta español de nuestra generación en lengua castellana y sin duda alguna el mejor crítico literario español vivo. Premio Adonais, con numerosos libros publicados, único poeta menor de setenta años al que la prestigiosa revista Quimera ha dedicado un estudio global (que, por cierto, firmó quien firma también estas líneas), traductor de éxito... Dentro de unos años, mi amigo saldrá en los libros de texto. Pero a sus cuarenta y tantos años, tras una intensa y estimabilísima vida literaria, no es nadie en Cataluña. Reconocimiento oficial: cero. Si fuese de Ciudad Real -o de México- ya le habrían puesto una calle y presidiría alguna academia; pero es que el muy inocente escribe en castellano -como los ángeles, pero en castellano- y por tanto no va a Frankfurt, no recibe subvenciones, ha tenido problemas muy considerables para publicar sus extraordinarios libros, sus apariciones públicas dependen siempre de la empresa privada o la sociedad civil y nunca de las administraciones culturales y jamás ganará un premio literario en Cataluña, la tierra en la que nació, vive, trabaja, paga impuestos y a la que, por cierto, siempre defiende (y hace bien, añado). Efectivamente, a mi amigo no lo torturan los mossos una vez al mes, ni las señoras de buena familia escupen a su paso (al fin y al cabo habla un perfecto catalán en público), pero cualquier pelagatos de dieciocho años que no sabe hacer la O con un canuto publica poemas absolutamente irrelevantes o plenamente vomitivos sin ningún problema, porque los escribe en catalán o los traduce con un programa informático antes de concursar (no me dirán que tampoco conocían esta práctica...) y nunca le faltará un certamen municipal espléndidamente dotado al que podrá optar sin competencia seria.

Todo esto, por mucho que se empeñen los que se creen esa pamplina de que las lenguas y los pueblos tienen derechos, no es discriminación positiva; es lisa y llanamente estúpido. Es lo que tiene dejar que los sentimientos de los que más gritan o con más descaro piden se impongan sobre la razón del buen gobierno y el sentido común. Si alguien me convence de que esta situación no supone la existencia de ciudadanos de primera y de segunda, prometo que mañana me doy de baja en UPyD y me afilio a ERC; pero, si no es así, seguiré trabajando para que este 2009 que empieza mi partido alcance los buenos resultados que todo indica va a obtener en Galicia, País Vasco y Europa. Vamos a empezar a vestir al Emperador. Periodista Digital. Baleares Liberal.

Contra el constitucionalismo de salón

El diario La Vanguardia, con la simpatía hacia UPyD que lo caracteriza, no miente cuando informa más detalladamente acerca de nuestra posición en torno a la celebración oficial del 30º aniversario de la Constitución; pero todos sabemos que, aun sin mentir en el cuerpo de la noticia, un titular malintencionado puede tener el mismo efecto que la mentira más descarada. Es el caso de su información de anteayer: “PNV, ERC, ICV, CC, BNG, UPyD y Na-Bai no participarán en el 30º aniversario de la Constitución”. Este titular, igual que su subtítulo (“Sólo el PSOE, el PP, CiU e IU acudirán a esta cita”), sin paliativo alguno, miente, porque sugiere que UPyD se alinea o pertenece al espectro de los partidos antisistema que se oponen a la norma fundamental española.

UPyD y su portavoz, Rosa Díez, van a celebrar el aniversario de la Constitución el 6 de diciembre, sólo que no lo van a hacer en el habitual marco protocolario en las Cortes, sino en Bilbao, en el Hotel Ercilla, a las 12:30. Por si hiciera falta, lo ha explicado Carlos Martínez Gorriarán en su blog, y sus palabras no necesitan comentario: “Seamos serios, ¿tiene algún sentido celebrar la Constitución con los responsables del Estatuto de Cataluña, de Andalucía o de Valencia? ¿Con los impulsores de la “normalización lingüística” en Galicia, Cataluña y Baleares? ¿Con los partidos que se reparten en sus despachos los órganos de gobierno del Poder Judicial y pisotean el principio de su autonomía, consagrado por la Constitución?” Cualquier observador desprejuiciado concluirá que no: no tiene sentido. UPyD va a celebrar el cumpleaños de nuestra carta magna junto a aquellos ciudadanos que más necesitan el recordatorio de que, efectivamente, la Constitución sigue vigente, dado que sus autoridades se han empeñado en olvidarlo. En Bilbao, como en cualquier rincón del País Vasco, la Constitución no rige como en el resto de España.

Donde hay ciudadanos amenazados, donde se recortan las libertades de quienes piensan, sienten o hablan de determinada manera: ahí sí importa conmemorar la Constitución. Ahí es donde nadie va a echar en falta un brindis más o menos, un discurso huero con que cumplir las formalidades. En Bilbao sí tiene sentido manifestarse a favor del texto constitucional que más prosperidad y calidad democrática ha permitido a los españoles desde que se iniciara la serie en aquel glorioso 1812. Antes de que los mismos que organizan celebraciones institucionales vacías de contenido se la carguen, conviene recordar a la ciudadanía que existe un grupo de gente comprometida con la causa de las libertades, gente que prefiere hacer ostentación de su adhesión a la Constitución allí donde verdaderamente hace falta colmarla de significado. De ahí el eslogan de la cita de UPyD en Bilbao: Constitucionalistas, aquí y ahora. A esto se llama arrimarse al toro; a lo demás, toreo de salón. Claro que siempre ha habido comentaristas taurinos más dados a celebrar las posturitas que el arte; y críticos convenientemente engrasados por apoderados y empresarios varios. Qué casualidad: como en el diario La Vanguardia, tan escandalosamente subvencionado por la Generalitat… Periodista Digital. Baleares Liberal. España Liberal.

El monotema

No es de extrañar –aunque sí deberíamos evitar– que los ciudadanos españoles cansados del absurdo estado de las cosas en las comunidades bilingües tiendan a extremar sus manifestaciones. Ayer se equivocaba un compañero en los términos formales de una reivindicación que, sin embargo, nos parece justa. Su solicitud de que la compañía Swiss International Airlines restablezca el uso del castellano en sus vuelos a Barcelona es un requerimiento legítimo: sin duda más legítimo que los realizados por algunos ejecutivos autonómicos por cuanto se hace desde lo particular y evidentemente sin la fuerza coactiva de que éstos están dotados (recordemos el lamentable acoso a Air Berlin por parte de los gobiernos balear y catalán y su legión de lacayos subvencionados). Pero, al fin y al cabo, la compañía ejerce su libertad al elegir una política de empresa y no otra. No estaría de más, no obstante, averiguar cuáles hayan podido ser las presiones de la administración catalana en ese sentido.

Y es que los ciudadanos que no hemos llegado a interiorizar la clasificación de las lenguas españolas en lenguas de primera (democráticas, de prestigio, propias) y segunda categoría (el español en todas las comunidades bilingües) seguimos indignándonos por lo que percibimos como una imposición de un nuevo pensamiento religioso, y por tanto irracional, sobre la irrefutable lógica de las necesidades reales. Traeré a colación sólo dos ejemplos que tienen que ver con la peligrosa pero evidente tensión que se da en las Baleares entre la obsesión lingüístico-identitaria de los poderes públicos, por un lado, y sus políticas de seguridad vial por otro.

Quienes visitan la hermosa isla de Menorca comprueban pronto que, al comienzo de diversos tramos de su red viaria de especial riesgo, las autoridades han dispuesto carteles anunciadores que rezan así: “Atenció. Línea discontínua només indica eix carretera” (“Atención. La línea discontinua sólo indica el eje de la carretera”, es decir, no autoriza el adelantamiento sin visibilidad). De manera similar, el Ayuntamiento de Palma ha rotulado el asfalto de algunos pasos de cebra en calles céntricas con el siguiente texto: “1 de cada 3 morts en accident de trànsit anava a peu. Atenció! Tots som vianants” (“Uno de cada tres muertos en accidente de tráfico iba a pie. ¡Atención! Todos somos peatones”).

Uno puede discutir la eficacia general de estas medidas, pero lo que resulta incuestionable es que cuando la administración decide tomarlas suponemos que lo hace porque considera que así protege la seguridad de los ciudadanos. Pero es un error: esto sería así sin duda en las comunidades monolingües de España. En Baleares, como en las demás comunidades con lenguas propia e impropia, existe un factor que pesa más a la hora de cualquier decisión política o administrativa: la llamada normalización lingüística. Por ello, el Consell de Menorca y el Ayuntamiento de Palma no rotulan en castellano a pesar de que –ya no vamos a mencionar los derechos preteridos de muchos menorquines y palmesanos de habla castellana– Menorca o la calle Jaime III son destinos visitados por infinidad de turistas y trabajadores peninsulares y extranjeros que no están familiarizados con el catalán. Con estas actuaciones queda tristemente claro que las autoridades autonómicas y locales, infectadas de la enfermedad identitaria, valoran lo que ellos llaman normalización lingüística más que la seguridad física de los ciudadanos. ¿De qué sirve un rótulo que tal vez sólo la mitad de sus lectores entienden o que, en el mejor caso, requiere de la otra mitad un esfuerzo y una atención adicionales para desvelar su contenido? ¿Estará satisfecho el correspondiente consejero de Movilidad cuando muera en accidente un ciudadano porque no entendió el rótulo que le avisaba del peligro en las curvas? ¿Dirá para sí: “Tot sigui pel català” y seguirá trabajando tranquilamente por la normalización? Evidentemente no: no percibe la contradicción que aquí planteamos, porque no es que sea mala persona, no; es que está ciego.

No nos sorprendamos: es la tónica por estos pagos. Criterio tan absurdo ha cundido en todos los terrenos, y así los derechos del catalán se imponen sobre la libertad de mercado (se obliga a rotular los comercios en catalán o se hostiga a las compañías aéreas para que cambien sus políticas de atención al cliente), sobre el derecho a la educación (la tasa de fracaso escolar en Baleares es muy superior a la media española, que ya es muy alta, lo cual está directamente relacionado con la práctica de la inmersión lingüística), sobre la calidad de la sanidad (el catalán se acaba de convertir en requisito para médicos y ATS pese a la enorme carencia de profesionales cualificados en las Islas), sobre la excelencia académica (en muchos concursos se valora más un certificado de catalán que un doctorado alternativo), y así ad infinitum.

En cualquier país civilizado, cualquiera de estos datos por sí solo habría provocado hace años un movimiento de protesta y la destitución de los responsables de semejantes dislates. En España, que como todo el mundo sabe es un país bisoño desde el punto de vista democrático, nos interesan más los mitos de la tribu que la eficacia y la justicia. Por eso no son de extrañar algunas reacciones pendulares. Pero no se preocupen: UPyD, como manifestación política de un necesario movimiento cívico que ha tardado demasiado tiempo en abrirse paso, ha llegado por fin, ha arraigado y va a quedarse. A aquellos que nos acusan de ser “un partido monotemático” (ésta parece ser la nueva estrategia pergeñada por los geniales propagandistas de los grandes partidos) habrá que contestar que, aunque estemos atentos a todos los problemas de la sociedad, ningún complejo nos hará renunciar a la defensa de las libertades individuales, que los derechos lingüísticos de los ciudadanos entran en su número y que, además, su menoscabo es particularmente significativo de una deriva totalitaria. Defender la elección de lengua es defender los derechos de la gente y, si los poderes públicos son monotemáticos en este sentido, nosotros –què hem de fer?– vamos a seguir hablando de su monotema; con la sangre fría y con toda la decisión del mundo. Periodista Digital. Baleares Liberal. España Liberal.

No pasa nada

Una clase de violín en una academia privada de Palma. Los dos alumnos tienen tres años: M., castellanohablante, y D., catalanohablante. La profesora, una joven y magnífica instructora. Al principio del curso preguntó a los padres de M. si deseaban que las clases se le diesen al niño en español. "De hecho, yo soy castellanohablante", dijo. Los padres de M. contestaron que les daba igual. La madre agregó que las diese en catalán, que así el niño lo aprendería. "Eso que gana", dijo la madre.

Tres meses después, las clases se han venido desarrollando casi exclusivamente en catalán. Nadie se ha quejado. Hoy la profesora, conforme a su costumbre, canta una canción sencilla para enseñar las notas. Excepcionalmente, lo hace en castellano, pero los padres de M., que como los de D. siempre están presentes durante las clases, ni se dan cuenta de en qué canta la profesora, porque entienden perfectamente ambos idiomas y no están atentos precisamente a este punto, sino al desarrollo de la clase. Cuando concluye la tonada, la profesora se dirige a D. y le dice, con una sonrisa: "A que us agrada aquesta cançó? És en castellà, però no passa res, eh que no?"

Al padre de M. se le escapa un bufido de asombro. La profesora cae en la cuenta y, avergonzada, durante unos segundos no puede levantar la vista del suelo.

Por un momento piensan los padres que tal vez sólo quiso cerciorarse de que D. había entendido la canción; pero nunca había hecho comprobación semejante con M. cuando las canciones eran en catalán. La frase "Es en catalán, pero no pasa nada" es sencillamente impensable. No. Lo que aquí pasa es que la profesora sentía la necesidad de justificar una imperfección. La frase es de la estirpe de aquellas otras que tanto han despreciado siempre los padres de M.: "es bien guapa para ser negra"; "es gitano, pero es buena persona"; "para ser mujer no conduce mal"; "es en castellano, pero no pasa nada".

No es una fanática, la profesora. Es que tenía que justificarse ante D., por mucho que durante tres meses nunca hubiese sentido la necesidad de justificar ante M. que todas las canciones, las explicaciones y las conversaciones fuesen en catalán. La profesora ha estudiado en el sistema educativo de la lengua propia, la inmersión lingüística, la identidad y todas esas zarandajas reaccionarias. Se ha pasado la vida escuchando que la lengua vehicular debe ser una y no otra. Toda la vida le dijeron que lo natural era eso, que lo contrario no dejaba de ser una excrecencia histórica, una imposición foránea, y cuando se descuida le sale el prejuicio a tomar el aire. La profesora no es una fascista; seguramente es sólo otra víctima de una ideología totalitaria. Pero cuando se comporta así hace sentir a los padres de M. como ciudadanos de segunda: portadores de una lengua cuyo uso es necesario justificar.

También es posible que, con el tiempo, esas actitudes consigan que M. se avergüence de su lengua materna. Son las ventajas de la normalización. Periodista Digital. Baleares Liberal. España Liberal.

Los políticos no aplauden

Hace unos días participaron en el coloquio “Intel·lectualitat i política” el escritor José Carlos Llop y el exalcalde socialista de Palma y prestigioso columnista Ramon Aguiló, en la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma. Asistieron numerosos políticos mallorquines, entre ellos –aparte seis miembros de Unión, Progreso y Democracia– la vicepresidenta del Consell Insular de Mallorca, Joana Lluïsa Mascaró, que presentaba el acto, y sentados en las primeras filas la consejera de Educación Bàrbara Galmés, la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, el expresidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons, y otras figuras del socialismo institucional y asociados. Es extremadamente infrecuente contemplar semejante concentración de cargos públicos en una conferencia de tipo cuasifilosófico; si bien –por allí andaba la directora del centro y anfitriona– todo se explica porque jugaban en casa. O eso creían.

La señora Mascaró, que en algún momento mostró lagunas muy notables, presentó el acto con más voluntad que acierto. A continuación los ponentes desgranaron sus argumentos en torno a la relación entre intelectuales y política con los estilos que los caracterizan: Llop, el escritor mallorquín de mayor proyección internacional, pausado y elegante; Aguiló, verdadero y con magníficos destellos de vehemencia. De entre los numerosos aspectos que tocaron, quiero que quede constancia del momento en que Ramon Aguiló denunció la farsa en que se ha convertido hoy la política: una representación, dijo, con la que ni siquiera nos queda el consuelo de que se trate de una representación de calidad; “es que los actores son muy malos”, afirmó. Denunció el valiente exsocialista cómo los políticos han dejado a un lado el pensamiento y, por tanto, a los intelectuales, para lanzarse en brazos de esa ficción –un asistente recordaría luego la sociedad del espectáculo de Debord. Aguiló se mostró asombrado de que los políticos ofrezcan 400 euros por el nacimiento de un niño o alienten conductas como las de quienes se presentan en una conferencia de Fernando Savater en cualquier universidad para llamarlo fascista. “¡Savater fascista!”, se sorprendía el exalcalde. Aguiló denunció este estado de cosas en que los políticos han renunciado a las ideas y se han abrazado a los sentimientos, a la imagen y a una ficción de carácter sectario.

Las últimas palabras de esta intervención suya arrancaron los aplausos del público. Cuando éstos se apagaron todos pudimos advertir el silencio de las primeras filas y sentir el frío de la incomodidad en sus gestos. El coordinador del ciclo, Miquel Borràs, quiso romper el hielo observando: “Los políticos no han aplaudido”, pero con esta frase sólo consiguió señalar todavía más precisamente a quienes allí se sentaban, unos minutos antes tan ufanos y ahora tan evidentes. Ramon Aguiló, desde su reconocida estatura moral, había estado hablando de ellos. Periodista Digital. Baleares Liberal.

¿Corrupción? Pues claro

A alguien que no conozca el régimen político español le puede parecer chocante la situación que vivimos en Baleares: un parlamento donde un puñado de personajes imputados en diversas fases de sus respectivos procesos penales deciden mayorías, legislan, aprueban presupuestos. Pero que la bajeza moral de la política balear sea extremada no significa que sea esencialmente distinta a la que caracteriza, aunque de momento se manifieste con menor intensidad, otras regiones de España con fiscales tal vez menos diligentes. El régimen español prima a los corruptos porque los partidos que permean toda actividad pública sobreviven gracias a una bien engrasada maquinaria de financiación ilegal, a base de comisiones ilegales y cohechos varios. Haber tolerado que dirija la república una casta de mangantes sin escrúpulos, cuya habilidad para corromperse sostiene económicamente en pie todo el edificio partitocrático, tiene como ineludible corolario la aplicación de esa falta de escrúpulos no sólo a los trapicheos clandestinos, sino también a la política visible. La mangancia se ha contagiado de los partidos a las instituciones.

La más grave no es, por tanto, la corrupción que consiste en llenarse los bolsillos o en llenar las arcas del propio partido con cargo al contribuyente. Y digo que no es la más grave porque, al fin y al cabo, a veces los fiscales y los jueces llegan a perseguir y castigar a quienes así se corrompen. Lo más grave es que consideremos legítimas actuaciones políticas que traicionan y pervierten el sentido de las instituciones democráticas.

Así, presumimos corrupto a Bartomeu Vicens, pero no son menos corruptos quienes a partir de ahora, y tras unas solemnes manifestaciones de condena que a nadie engañaron (y si no fíjense en la sonrisilla ufana de Vicens), se limitarán a mirar para otro lado mientras el imputado sigue votando lo mismo que votaba antes, es decir, a quien la señora Munar le diga. Los presupuestos de la comunidad se van a aprobar con el voto del tránsfuga imputado y a nadie se le van a caer los anillos. Pero es que la alternativa sería sacarlos con los votos del rebaño de imputados que a su vez pastorea Rosa Estaràs. Y ahora parece que el PSOE-PSIB va a aportar su propio imputado, para no ser menos: Xico Tarrés, por el caso Ibiza. En el fondo, ¿qué más da? No es ilegal, así que tendremos que seguir solazándonos con este espectáculo mientras ellos quieran.

En otro ámbito, el nacional, lo retrató José Antich, director de La Vanguardia, hace unas semanas a propósito del acuerdo entre Gobierno, PNV y BNG para aprobar los Presupuestos Generales del Estado: “el PNV y el BNG no dan apoyo a una política económica, que es la que siempre se define en unos PGE, sino a una más que legítima transacción económico-política: competencias y dinero para sus respectivas comunidades autónomas a cambio de votos en el Congreso”. Subrayo aquello de la legitimidad porque he ahí el meollo de la cuestión: al PNV y al BNG no le gustaban esos presupuestos y así lo habían manifestado, pero en el último momento acceden a votar porque el Gobierno les concede unas migajas competenciales y unos dineros que comprometen al Estado de por vida: nada menos que, por ejemplo, 30 millones de euros para financiar la prejubilación de los ertzainas, lo cual, cuando la noticia cunda, provocará que los nacionalistas catalanes pidan para unos próximos PGE la financiación de la prejubilación de los mossos, y para otra vez sea la Policía Local de Madrid o la Guardia Urbana de Barcelona, o los cuerpos locales y nacionales de policía que cobran del Estado y que pueden aspirar a lo mismo… Sólo este ejemplo da idea de cómo el Gobierno alcanza irresponsablemente acuerdos a corto plazo que le sirven para sortear el bache generando socavones económicos que pagaremos entre todos de por vida… El presidente Zapatero soborna a unos socios que escoge entre los separatistas más desleales (uno de ellos, sin ir más lejos, denuncia a España ante las instituciones europeas siempre que puede y planteaba hasta hace dos días un referéndum anticonstitucional); los socios votan lo contrario de lo que dicta el sentido común porque su objetivo no es el bien del Estado, sino el poder en su comunidad autónoma; el Estado se endeuda más y se sientan las bases de un mayor endeudamiento; los demás partidos toman nota de que para conseguir dineros con los que sufragar sus redes clientelares locales no hay nada como ser desleal con el Estado, y así la deriva centrífuga se intensifica (CC, PP gallego, UPN…); y a Rodríguez Zapatero todo esto le da absolutamente igual, porque su única misión en la vida es permanecer, seguir apareciendo en las fotos con una sonrisa que conforme pasa el tiempo parece más y más impostada… Y lo más triste es que el director de un diario tenido por serio califica todo este cambalache como una más que legítima transacción económico-política. Éste es nuestro pecado: que consideramos legítimo lo que apenas es legal, y no siempre.

Pero no: no es legítimo usar las competencias como moneda de cambio. Que las competencias sean del Estado o de las CCAA no debe depender de la coyuntura parlamentaria, sino de criterios de eficacia y de un pacto constitucional entre partidos leales con la nación. No es legítimo salvar el año hipotecando el futuro, cuando esa hipoteca la vamos a pagar entre todos los españoles. Tampoco es legítimo, volviendo a Baleares, que el Govern y los partidos de un Pacto pretendidamente de izquierdas y pretendidamente ético se apoyen en el mismo partido al que acusaban hace un año, cuando estaban en la oposición y UM gobernaba con el PP de Matas, haciéndose ahora los sorprendidos por lo que entonces denunciaban y ganando las votaciones en el Parlament gracias a un tránsfuga acusado de varios delitos de corrupción… No dudo que todo esto es legal, pero nadie me convencerá de que sea legítimo.

No sé de qué nos quejamos. El afán de poder llega a convertirse en una enfermedad infecciosa, y ante semejante plaga que nos perjudica a todos cada día no vale de nada quejarse, sino procurar administrar el medicamento adecuado o, en caso de tolerancia, cortar por lo sano. Ya va siendo hora de dejar a algunos de estos inmorales fuera de las instituciones. Periodista Digital. Baleares Liberal.

Lo que es progresista y lo que no lo es

Amigo Manel,

Gracias por la atención que nos dedicas y por la alusión que me toca. Sin embargo, en algunas cosas debo discrepar. Antes que nada, y aunque sólo sea cuestión de matiz, te aclaro que no somos "un partido sin aspiraciones de gobierno". Lo somos, y no a muy largo plazo. Tal vez quisiste decir "sin posibilidad inmediata de formar gobierno" en las pasadas elecciones, o bien "sin intención de gobernar si es a costa de traicionar sus principios": entonces estaremos de acuerdo.

Otra cosa: entre los miembros del consejo de dirección de UPyD sólo hay dos "políticos de viejo cuño", que son Rosa Díez y Fernando Maura, y, francamente, no me parece demasiado definitivo. Más relevante me parece, por ejemplo, que entre ellos haya varios filósofos y poetas, entre otros profesionales muy destacados. Si todos los políticos, de viejo o de nuevo cuño, fueran como Rosa o Fernando, otro gallo nos cantaría. No se puede decir de muchos políticos que hayan dejado cargos excelentemente remunerados, posiciones en partidos en el poder o muy consolidados y con enormes posibilidades de promoción (con sólo saber doblar el espinazo convenientemente) para montar un partido nuevo donde todo son incógnitas y pasando a cobrar la sexta parte de lo que cobraban o, llanamente, a no cobrar. Criticar ese "viejo cuño" en Rosa no parece un argumento muy sólido en su contra, salvo que uno atienda la demagogia del odio que supuran Zapatero y su clan.

Tu argumento -tantas veces repetido- de que sólo criticamos al PSOE no es cierto. Cualquiera puede comprobar que responsabilizamos al PP balear de la deplorable legislación lingüística que promulgó en Baleares, Galicia y Valencia, y de trapichear con -por ejemplo- Unió Mallorquina como el que más. No obstante, parece razonable criticar principalmente la acción del gobierno, en vez de hacerle oposición a la oposición; máxime cuando se trata, más bien, de la inacción del gobierno. Tus fobias personales te pierden, aquí como en tu intento de asociarnos a medios de comunicación conservadores. Allá cada medio con su política: nosotros no negamos entrevistas a nadie. Es El País el que recorta la imagen de Rosa en sus fotografías (y no es sólo una manera de hablar: lo hace comprobadamente). Por otra parte, ¿acaso te parece más progresista que El Mundo un diario que publica la columna de Payeras que comentaba ayer? Insisto: allá cada cual con sus manías; nosotros estamos a lo nuestro, que es acercar el debate al ciudadano y buscar la regeneración de la democracia.

Y en cuanto a la "banalización" del mensaje de UPyD, lo siento: a los ciudadanos les preocupa el recorte de sus derechos, y por eso piden soluciones como la libertad de elección de la lengua vehicular en la escuela. Es un movimiento cívico que UPyD refleja, y muy orgullosamente. Pero mentirá quien diga que UPyD es "monotemático": no hay más que visitar la web de UPyD para comprobar que nos preocupan los derechos lingüísticos, pero también el terrorismo, el caos y la corrupción institucional de la Justicia, la función militar, la Unión Europea, la reforma de la ley electoral, las hipotecas (presentando proposiciones de ley en el Congreso que tienen que ver con la realidad, y no como el inefable ministro Sebastián)...

Y que te quede bien claro: preocuparse por la discriminación a los castellanohablantes o por la falta de libertad en el País Vasco quizá no sea progre, pero sí progresista en el más noble sentido de esta manoseada palabra: el debilitamiento del estado en España sólo traerá -ya trae- como consecuencias la desigualdad entre los ciudadanos y el recorte de las libertades, pese al insistente discurso centrífugo o francamente paleto que nos venden los nacionalistas y pese al oportunismo irresponsable del PSOE (ese partido que se deja chantajear por partidos como ERC o UM) y del PP (que vendería a la niña de Rajoy con tal de tocar poder; que es cosa muy distinta a gobernar). Sinceramente, creo que esos cuatro diputados y la posición de Rosa como segunda líder política más valorada que ya nos atribuye La Vanguardia (un diario que no se caracteriza precisamente por sus simpatías hacia UPyD) significan que, pese a la exigua atención por parte de la prensa y los bancos, no vamos por mal camino.

Como siempre, saludos muy cordiales. Periodista Digital. Baleares Liberal.

UPyD, Rosa Díez y los sectarios

Así como un periodismo crítico y de calidad es ingrediente imprescindible de las democracias plenas, no es menos cierto que las democracias devaluadas suelen caracterizarse por una prensa salteada de mamporreros. Concluida la reciente visita a Palma de Rosa Díez, Carlos Martínez Gorriarán y Fernando Savater, fundadores de Unión, Progreso y Democracia, resuenan ecos en la prensa balear y algún profesional de la estafa al lector vierte aún su estéril simiente de odio.

Me refiero a Miquel Payeras: en su columna del pasado día 23 niega la posibilidad de que, tal y como reclamamos la diputada de UPyD y muchos miles de españoles, el Gobierno disuelva los ayuntamientos vascos en que está presente ETA, en lógica aplicación de la Ley de Bases Local y del sentido común, como se hizo antes con la corrupta Marbella.

Cualquiera podría rebatir al señor Payeras, pero no merece razones quien en su momento sólo aportó insultos. Se limitó a negar dicha posibilidad y, a continuación, aplicar a la valiente diputada vasca expresiones como “imbecilidad”, “cinismo absoluto”, “procacidad desvergonzada”, “esta tipa”, “peligro para la convivencia democrática”, “discurso primario e irracional”, “iluminada”, “infinitas ansias de protagonismo”, “gente sin escrúpulos”… El señor Payeras demuestra ser un sectario de libro: incapaz de argumentar, descalifica movido por el rencor que tantos miembros del establishment zapateril profesan a la mujer que puso y pone cada día en evidencia su asociación con el poder, su desconexión de la sociedad y su abandono de los principios. Mueve a Payeras, al parecer, el mismo odio africano que brilla en los ojos de Zapatero cuando Rosa deconstruye su burda demagogia en el Congreso. Si en vez de atender consignas escuchara el discurso libérrimo de Rosa y de tantos ilustres progresistas como participan del proyecto de UPyD, y a quienes el señor Payeras como demócrata –hay que decirlo– no llega seguramente ni a la suela de los zapatos, entonces merecería argumentos. Así, no. Periodista Digital. Última Hora.

Políticos baleares

Tras la polémica servida en días recientes y hasta hoy en torno a la cascada de destituciones de miembros del Govern pertenecientes a dos facciones enfrentadas de Unió Mallorquina y a la continuidad del consejero de Turismo, don Francesc Buils, una polémica en la que en ningún momento se han debatido ni contenidos programáticos ni acciones concretas de gobierno, sino exclusivamente cargos y cuotas de poder, desde UPyD queremos recordar a la Ejecutiva de Unió Mallorquina que los altos cargos del Govern no fueron designados para actuar en pro de su partido ni en el de sus miembros o corrientes, sino en el de todos los ciudadanos.

En Baleares la consejería de Turismo es un elemento clave de la administración y su continuidad no puede estar sometida a mezquindades partidarias; digan lo que digan los estatutos de UM y el llamado Pacto de Gobierno del hexapartito, el presidente Antich es moral y legalmente el único responsable de designar y destituir a los miembros del Gobierno de Baleares, y no el líder de una formación que apenas alcanzó el 6,75% de los sufragios en las pasadas elecciones. No parece, además, que la sustitución del consejero Buils, que acaba de ser respaldado por el sector hotelero, sea urgente en términos de gestión; o al menos no antes que la de otros consejeros.

Desde UPyD, que propone una manera de entender la política que nada tiene que ver con el actual autismo de los partidos baleares, hemos instado formalmente al señor Antich a que explique en qué cree que contribuye el deplorable baile de cargos aludido a la consecución del bien común y, si cree que no lo hace, a que indique qué medidas piensa adoptar para impedir que los ciudadanos sigan asistiendo al bochornoso y poco edificante espectáculo de un gobierno inoperativo, unos partidos aferrados al poder por el poder y un presidente sin autoridad. Periodista Digital.

Por qué UPyD en Baleares

Con motivo de la reciente visita de Rosa Díez, Carlos Martínez Gorriarán y Fernando Savater a Palma, cabe que alguien se pregunte: ¿por qué, para qué UPyD en las islas? De hecho, algún comentarista ha manifestado la convicción de que UPyD no tiene espacio en el panorama político insular. Lógicamente nadie esperará que uno esté de acuerdo, pero me gustaría además argumentar brevemente no sólo la necesidad de un partido como Unión, Progreso y Democracia en Baleares, sino la franca confianza que muchos tenemos en que su entrada en las instituciones mallorquinas, menorquinas e ibicencas es sólo cosa de esperar a los próximos comicios locales, y de haber conseguido, claro está, trasladar al electorado nuestro mensaje de consenso y sentido común.

Hay motivos generales para el optimismo. El precedente de las elecciones generales, donde UPyD consiguió, en frase de su portavoz y nueva diputada, “colar una piragua entre dos portaaviones”, nos da motivos para pensar que a UPyD le espera un gran crecimiento, como ya señalaron las encuestas oficiales sólo tres meses después de aquellos comicios y ha confirmado la reciente encuesta publicada por La Vanguardia. En aquel momento apenas nadie nos conocía, los medios no nos prestaban atención, los bancos no nos concedían créditos… La campaña de febrero-marzo fue a cara de perro, fruto del esfuerzo y la imaginación y no de un talonario que nadie puso a nuestra disposición, tal vez porque nosotros no ofrecíamos nada a cambio. Hoy es de sobra conocido que UPyD tiene una diputada que, por cierto, hace ella sola mejor la tarea de la oposición que los viejos partidos; nuestros recursos han crecido (hemos pasado de la más absoluta miseria a una pobreza digna, como suele recordar Gorriarán); y el paso del tiempo y la experiencia van logrando que el partido se afiance y organice en toda España con solidez creciente.

Pero también hay razones particulares. Baleares comparte una con regiones como Galicia o Cataluña: la presión creciente del nacionalismo, que pretende imponer un proceso de construcción de su nación ficticia a través de la imposición lingüística en la escuela y otros ámbitos y la difusión de prejuicios de tipo identitario so capa de normalización lingüística. UPyD garantiza a sus votantes la defensa de los principios del bilingüismo a través de la libertad de elección de lengua vehicular en la escuela, y esto es algo que la mayor parte del electorado entiende como algo sensato y positivo –y me refiero a los hablantes de castellano y catalán por igual: no nos dejemos engañar por la cantinela sectaria.

Otro motivo para que muchos deseen la irrupción de una nueva fuerza de progreso en las instituciones baleares es nuestra apuesta por la regeneración democrática: no solamente combatiremos la corrupción delictiva, ésa que consiste en llenarse el bolsillo con el dinero de los ciudadanos y de la que según parece todos los partidos van a acabar por darnos ejemplos cumplidos, sino que también tomaremos serias medidas contra la corrupción estructural: la de un sistema representativo y administrativo que ha degenerado en estéril partitocracia. UPyD considera que no es normal que un gobierno –el de Antich– dedique un año de legislatura a la más absoluta inacción. Gobernar no es prolongar los proyectos que aprobaron PP y UM, y que tanto PSOE como Bloc habían denostado y prometido anular si gobernaban (Son Espases, segundo cinturón de Palma). Gobernar no es llamar “pacto” a renunciar a promesas y principios y a toda iniciativa que moleste a alguno de los múltiples y microscópicos socios a cambio del acceso franco a los presupuestos públicos. Gobernar no es dedicar cuantiosos recursos a campañas de adoctrinamiento como la titulada “Ara és la teva”, a organizaciones identitarias parásitas como la OCB o Joves de Mallorca per la Llengua, a macrobotellones sectarios como el Acampallengua, a financiar colegios de inmersión lingüística en el sur de Francia mientras los escolares han de pagar una fortuna por unos libros de texto cuya lengua puede que no dominen para, encima, recibir finalmente unas clases de bajísima calidad en barracones prefabricados…

Gobernar es, en cambio, apostar con fuerza por una educación de calidad y bilingüe, que deje de centrar todo su interés en la palabrería pedagógica, en la exclusión del castellano, en el incremento continuo del (mal) gasto y en acomodar amiguetes en despachos y en comisiones de servicio, y por el contrario atienda en lo académico a los valores de la excelencia y la disciplina, así como al aprendizaje esforzado de contenidos, y en lo administrativo a una estricta economía de recursos. Gobernar es decir basta al tráfico de influencias y a la constante y desmesurada proliferación de la administración y la burocracia. Gobernar es impedir que grupos de presión que no representan a nadie sino a su propia red clientelar (como el GOB, la OCB o grupos empresariales y mediáticos de todos conocidos) influyan en la toma de decisiones políticas. Gobernar es negarse a que el contribuyente siga financiando el inmenso agujero negro con que IB3 beneficia a unos pocos avispados. Gobernar es cumplir los compromisos electorales aunque eso signifique que un socio incómodo nos retire su apoyo.

Quizá hemos olvidado que es posible gobernar en minoría, buscando en lo posible apoyos puntuales con fidelidad a los compromisos adquiridos con el electorado; el problema de esto es que no asegura la poltrona cuatrienal para todos, y aquí de lo que se trata es de esto. ¿Qué pintan partidos sectarios y antiestado –además de casi ignorados por el electorado– como ERC o PSM al frente de departamentos tan importantes como Interior, Cultura o Política Lingüística? ¿Por qué la política se entiende como plataforma desde la que servir los intereses de la oligarquía local antes que los de los ciudadanos? ¿En qué país desarrollado quedaría políticamente impune un comportamiento institucional tan irresponsable como el que ha demostrado esta semana UM, con cascada de destituciones de altos cargos incluida, obviando la gestión del bien común para dirimir sus mezquinas disensiones internas? Esto sucede en España, y desde UPyD nos comprometemos a aplicar a la política el sentido de estado y de la responsabilidad que parece haberse perdido en Baleares y una nueva actitud en que los principios y el compromiso con la ciudadanía queden siempre por encima de consideraciones de poder. Y estamos convencidos de que los ciudadanos lo van a apreciar. Periodista Digital. Baleares Liberal.

La diferencia entre incumplir una promesa y haber engañado

Seguramente sería injusto atribuir a José Luis Rodríguez Zapatero la responsabilidad de la crisis económica. Los factores que entran en la gestación y consolidación de una recesión como la que sufrimos (y que algunos comparan ya con el crack del 29) son de una naturaleza compleja y en parte impredecible que impide culpar a ningún individuo de lo que nos va a tocar soportar los próximos años.

Por el contrario, parece bastante justo responsabilizar a quienes nos gobiernan del cumplimiento de sus promesas electorales. El programa del PSOE en marzo hablaba de pleno empleo (hablar es gratis). Zapatero presentaba como objetivo la creación de más de dos millones de puestos de trabajo; los de mi edad recordarán la rechifla generalizada durante el primer gobierno de Felipe González, que había prometido 800.000 puestos de trabajo y sólo consiguió incrementar el paro hasta límites atroces… Ahora que somos potencia mundial hablamos ya de dos millones de empleos y de una tasa del 2%, y nos quedamos tan anchos. Sin embargo, el paro ha aumentado en estos meses en 200.000 puestos de trabajo, es decir, que estamos ya en un 10,44%. Zapatero y Pepe Blanco prometían también reducir la temporalidad hasta el 25%, pero hoy tenemos más de un 31%, en ascenso.

Dado que la Economía es una ciencia a medio camino entre las matemáticas y las artes adivinatorias (y que me perdonen mis amigos economistas, que saben que el ignorante bromea sobre lo que no entiende), estrictamente no podremos achacar al PSOE un incumplimiento de su programa si, como es previsible, terminamos la legislatura con más paro y más trabajo temporal que cuando la empezamos. Cuando de buena fe se incumplen los objetivos podemos, eso sí, criticar un análisis muy deficiente de la coyuntura económica, unas previsiones absolutamente erradas y, en suma, una incapacidad gestora intolerable en el equipo de gobierno de una nación como España.

Ahora bien: cuando las promesas se hacen a sabiendas de que no se podrán cumplir; cuando un gobierno tiene constancia de que la economía ha entrado en crisis, oculta los datos e imparte órdenes de no mencionar la palabra “crisis”, exhibe un optimismo infundado y se abstiene de adoptar medidas con la urgencia necesaria, todo ello con el único fin de eludir la derrota electoral, entonces no podemos hablar de buena fe, ni de promesas incumplidas ni de fallos en la gestión. Podemos hablar, lisa y llanamente, de engaño. Y es claro que si un gobernante ha demostrado que no duda en mentir (como cuando explicó sus ilícitas negociaciones con una banda de criminales desmintiéndose a sí mismo, o como cuando fue pillado confesándole a Iñaki Gabilondo sus intenciones de tensar el ambiente político, porque “un poco de crispación nos conviene”), y si sospechamos que en el fondo no puede ser sólo un inepto, sino que por conveniencia electoral nos mintió sobre la crisis, hurtando a la ciudadanía una información vital y poniendo en serio riesgo el pan y la vivienda de muchas familias, entonces sí debemos exigir responsabilidades. Un gobernante tal –que o es un irresponsable, o es un inmoral o es ambas cosas– no merece un solo voto más de sus conciudadanos. Periodista Digital. Baleares Liberal. España Liberal. El Mundo-El Día de Baleares.

Adelantos electorales

No es más que otra corruptela del sistema: nos parece tan normal que los políticos adelanten las elecciones por conveniencia partidista. Felipe González nos acostumbró a esta práctica, adelantando elecciones incluso cuando estaba en posesión de mayorías absolutas y, por tanto, en perfectas condiciones de gobernabilidad, a fin de no perder el poder si las dejaba para más adelante. Hoy está en boca de todos el más que probable adelanto de las próximas elecciones gallegas, se dice incluso que para finales de octubre. Los motivos: el temor de José Blanco y del PSOE gallego de perder votos a raudales a causa de la crisis económica y también –todo hay que decirlo– de los delirios linguocráticos de sus socios separatistas del Bloque, así como su deseo de tener resuelta la eventual renovación de dicha coalición cara a la aprobación parlamentaria de los presupuestos generales a principios de año.

Las elecciones están pautadas por ley cada cuatro años. El artículo 115 de la Constitución (como las disposiciones semejantes que se encuentran en los estatutos de autonomía) se limita a establecer que “El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey”, lo que legitima la disolución anticipada sin más justificación que la voluntad del presidente responsable. No obstante, parece razonable suponer que esa voluntad ha de fundamentarse, como toda la actuación de un presidente de gobierno verdaderamente responsable (no hablamos, claro está, del caso actual), en el interés de la nación o, en su caso, de la comunidad autónoma afectada por la disolución de las cámaras y la consiguiente convocatoria de elecciones.

Nuestra legislación adoptó el plazo de los cuatro años como el más adecuado para garantizar por un lado cierta estabilidad en la representación de la ciudadanía por parte de los diputados y, por otro, la saludable renovación periódica de la misma. Ambos aspectos son necesarios para el correcto desarrollo de las funciones políticas de nuestros representantes. Alargar el mandato del diputado más allá de los cuatro años supondría tal vez interpretar abusivamente el depósito de confianza por parte del ciudadano, y la ley lo excluye. Acortar ese mandato reduce la eficacia del trabajo parlamentario, pues un plazo demasiado corto impediría rematar determinadas líneas de trabajo; pero la ley no lo prohíbe, a fin de flexibilizar la renovación de los órganos representativos frente a circunstancias excepcionales sobrevenidas. Por circunstancias excepcionales entiendo yo, por ejemplo, un escándalo político mayúsculo que modifique esencialmente la credibilidad de quienes gobiernan, o la desaparición por cualquier otro motivo de la mayoría parlamentaria de gobierno hasta el punto de imposibilitar las tareas ejecutivas.

¿Qué circunstancia excepcional se da hoy para adelantar las elecciones gallegas? No hay nada menos excepcional que la variación de la intención de voto en el electorado: es algo que sucede en uno u otro sentido en todas las legislaturas, y en cualquier caso no impide que la mayoría actual continúe desarrollando su tarea con total normalidad hasta agotar el cuatrienio. Que las elecciones gallegas se adelanten sólo indicará que los partidos políticos utilizan los mecanismos de la representación con criterios partidistas, poniendo por encima del bien común el interés por permanecer en el poder, a costa de la consiguiente parálisis política y gestora, la disfuncionalidad inevitable y los gastos que hagan falta, que serán, estos sí, extraordinarios (pero da igual, porque lo paga el contribuyente). Ni las especulaciones de Pepiño sobre los resultados de encuestas de encargo ni la necesidad de Zapatero de contar con apoyos en las Cortes nacionales justifican una disolución anticipada del parlamento de Santiago de Compostela, que se supone está ahí para ordenar la actividad política en Galicia y, por más que sea contra natura, alberga una mayoría estable que hasta ahora no ha tenido ningún impedimento para imponer sus majaderías sobre normalización lingüística a la sociedad gallega. Si se convocan elecciones anticipadas en Galicia, se demostrará que tanto el PSOE como el BNG (pero los demás partidos tradicionales comparten esta práctica) colocan su apego al poder por encima de los intereses de Galicia y del respeto al principio representativo. Se demostrará que toman la democracia como pretexto. Afortunadamente, y como ya muchos en Galicia han manifestado desear, en esta ocasión los ciudadanos contarán con una opción nueva y francamente distinta: Unión, Progreso y Democracia, el partido de Rosa Díez. UPyD defenderá la devolución a los ciudadanos de una democracia genuina; también en Galicia. Periodista Digital. España Liberal.

Querido Rubén

Querido Rubén:

Este blog se está convirtiendo en una especie de correspondencia, cosa que no me disgusta. Me alegra que esta vez sean noticias tuyas, aunque sea para llevarme la contraria. Gracias por tu mensaje y sobre todo por el tono: así no hay manera de pelearse.

No estamos de acuerdo en nuestra apreciación del Manifesto por la Lengua Común. Además, creo que te equivocas al poner el acento en los aspectos formales, cuestionando la intelectualidad de un texto que firmaron una serie de intelectuales cuya solvencia no parece que ni tú ni yo estemos en posición de cuestionar (Savater, Vargas Llosa, etc.), pero un texto que en sí no es intelectual. Tú lo has visto e inviertes gran parte de tu esfuerzo en demostrarlo, pero es un esfuerzo baldío: se trata de un texto de carácter divulgativo por su propia naturaleza y, creo, no aspiraba más que a dejar claras unas posiciones políticas en torno al llamado "conflicto lingüístico", que no es sino un conflicto de libertades.

Dices que quieres debatir; perdóname si doy consejos que no me toca dar, pero el mejor método para debatir no es declarar a priori que algo es "una sarta de inexactitudes, demagogias y perversiones" y después no argumentarlo. Dices que tu extenso comentario a mi artículo no es más que una "introducción" (válganos Dios...) pero, así y todo, se agradecería que trajeses a él algo más que descalificaciones generales.

Por ejemplo: no se puede opinar, sin bajar al texto, que el Manifiesto encierre "objetivos de política lingüística pura y dura, de carácter centralista para más señas; buscando soterradamente relegar a las lenguas no comunes al mero papel de lenguas pintorescas, particularidades culturales de la región que en nada pueden pretender llegar a la altura legal y de uso de la Lengua Común". No se puede o no se debe, porque el Manifiesto dice lo contrario en varias ocasiones. No se debe tampoco decir, sin demostrarlo, que "presenta una realidad de la situación lingüística en Cataluña distorsionada, cuando no falsa", porque el Manifiesto atiende exclusivamente a actuaciones y políticas constatables de quienes gobiernan Cataluña, Baleares, Galicia y País Vasco, y en ningún momento pone en duda la salud del castellano, sino que denuncia el recorte de los derechos de los castellanohablantes. Espero tus argumentos.

Por abundar en las cuestiones formales en las que entras, tu chanza a propósito del empleo del adjetivo "universal" al castellano no se sostiene: en la transcripción del diccionario que tú mismo haces se encuentra la refutación de tu crítica. Sólo hace falta fijarse en la segunda o en la tercera acepción y no en la primera, tal y como haría cualquier lector familiarizado con un discurso filosófico elemental, y lo que tú llamas "divertido error" se vuelve en tu contra.

Luego cargas contra la asimetría que el Manifiesto dice que existe entre las diversas lenguas oficiales en España. La asimetría no es nada que haya que justificar, Rubén: es una circunstancia de las que componen nuestra realidad. Lo único cierto es que el castellano se habla en toda España y las lenguas cooficiales sólo en regiones concretas, situación que, creo, se puede describir acertadamente como asimétrica. Y describir correctamente la realidad es una condición sine qua non para poder analizar y resolver los problemas con éxito. Por ejemplo: puede no gustarnos que Baleares e incluso que Honolulu no pertenezcan ni hayan pertenecido nunca a Cataluña, pero para vivir la realidad sin esquizofrenias y no perjudicar a nuestros semejantes conviene reconocerlo antes de, pongo por caso, meterse en política.

También te parece incoherente aquello de defender que las lenguas no tienen derechos y que, sin embargo, el Manifiesto afirme que el castellano "goza del deber constitucional de ser conocido". Ya le había leído a alguien este presunto argumento y, si bien coincido contigo en que la expresión no es todo lo acertada que a mí me gustaría, también es verdad que todo el mundo puede entender lo que quiere decir: la Constitución sólo marca la obligación común a todos los españoles de conocer una lengua, que es el castellano. En las regiones bilingües, conocer dos será estupendo, pero que en ellas la tendencia sea hacia el monolingüismo va en contra del precepto constitucional. Parece de cajón.

Consecuencia de que el castellano sea lengua de uso universal en España y de que, por tanto, la situación de las diversas lenguas españolas sea asimétrica es que sólo hay una lengua que en España pueda llamarse común y servir a efectos de cohesión social y económica y como vehículo de igualdad: el castellano. Los ejemplos son muchos (la educación, el acceso al trabajo, etc.) y el Manifiesto desgrana algunos; no creo que sea necesario que insista en ellos.

En cuanto a las llamadas políticas lingüísticas, me reitero: si UPyD llega al poder local, se acabarán los departamentos de Política Lingüística. El fomento y la protección de las lenguas se lleva a cabo desde unas instituciones educativas que funcionen correctamente. Dedicar recursos cuantiosos en tiempos de crisis a campañas paletas como Ara és la teva es, además de pésima administración, una intromisión en la vida de la gente. Que el gobierno de Baleares acose a una compañía aérea como Air Berlin para que cambie su política de atención al cliente y gaste dinero y energías en normalizarse, en un momento económico en que las compañías aéreas se tambalean, y al mismo tiempo que se está reclamando al gobierno de la nación la cogestión del aeropuerto de Palma, parece el colmo de la insensatez. Si Air Berlin muda su base a Murcia no será sólo por evitar la imposición lingüística, pero ¿no se podrá decir que el Govern alentó la mudanza? Seguramente Antich estaría orgulloso: nos hundiremos en la miseria, pero será una miseria en la nostra llengua... Si el intervencionismo por sí mismo es malo, el intervencionismo irrespetuoso e inútil ya no te digo. Y es que una cosa es proteger el patrimonio cultural de quien voluntariamente lo requiera y otra decirle a la gente en qué coño tiene que hablar. Esto último es una impertinencia. Por no hablar de la reglamentación casi soviética de la lengua en la educación y en la administración. En Mallorca, según la normativa de normalización lingüística, si una empresa aspira a un contrato público, ha de entregar su documentación en catalán; si no, no se la admitirán, aunque su proyecto sea el más beneficioso para la ciudadanía. En el Conservatorio de Palma -siendo como es el de la música un ámbito internacional por naturaleza- se le niega una plaza de profesor a un experto hispanoamericano porque no tiene el correspondiente certificado de catalán, y en cambio se le da a un paleto con certificado, perjudicando así la calidad de la futura educación musical de generaciones enteras de mallorquines, que ni siquiera serán catalanohablantes, porque hablarán lo que les dé la gana hablar, pero tal vez no podrán ser instrumentistas excelentes. Y algunos directores de escuela se pasean por el recreo para llamar la atención a los niños que hablan en castellano. Y los inspectores se pasan por tiendas y bares (castellanohablantes) para conminar a sus dueños a que editen sus cartas y sus rótulos en catalán; cosa que no me consta que suceda si el establecimiento es chino (aunque si sucediese sería igualmente inicuo). ¿A ti esto te parece normal?

El problema aquí es que a los nacionalistas no les gusta la realidad. No les gusta admitir nada que comprenda el conjunto de España y lo considere propio, porque prefieren las patrias chiquitas y provincianas que se han inventado para muñirlas sin obstáculos; patrias imaginarias que nada tienen que ver con la magnífica Cataluña ni con el País Vasco envidiable que una vez existieron, y que pueden volver a existir si dejamos de prestar oídos a la mitología de la secta. Tampoco les gusta admitir que en todas esas regiones de España el castellano es hablado con tanta naturalidad como la lengua vernácula; en algunos casos, como el País Vasco pese a la ingente inversión oficial en comisarios lingüísticos, muy mayoritariamente. Y lo que menos les gusta admitir es que uno puede ser un perfecto catalán, un excelente menorquín o un gallego de pro viviendo la vida en castellano. Su derrota, no obstante, es que la realidad es tozuda y acaba imponiéndose.

De ahí que, ante los abusos oficiales, empiezan a aparecer movimientos cívicos que, cansados de que los prejuicios de la secta se impongan sobre los derechos y libertades y sobre la conveniencia común, se pronuncian en contra del absurdo estado de cosas. Y la secta, acostumbrada a décadas de silencio, se duele. Esto es lo que pasa, Rubén.

Por eso ni ellos entran ni tampoco tú has entrado en el contenido del Manifiesto: porque hay cosas que no son defendibles. Por ejemplo, no es defendible que a los ciudadanos se les prive del derecho a escoger su lengua materna como lengua vehicular de la educación de sus hijos, siendo su lengua materna además una de las dos oficiales en el territorio y encima lengua común del estado. Es algo que no sucede en ningún país democrático del mundo. Este derecho fue reclamado por los nacionalistas cuando a los catalanohablantes se les privaba injustamente de él, y bien que hacían. Ahora que a quienes se les niega es a los catalanes que hablan castellano, prefieren elogiar las bondades de la inmersión lingüística. Pero esto sí es una perversidad, y ya va siendo hora de que la denunciemos. Porque, a ver si nos enteremos de una vez, hablar castellano no es mejor ni peor que hablar catalán, ni lo uno ni lo otro da ni quita derechos, ni tiene consecuencias políticas para el ciudadano mientras no nos empeñemos en atribuírselas; pero en este caso cada cual tendrá que hacerse responsable de sus verdades y de sus mentiras.

Sobre todo esto te recomiendo un artículo muy simpático que ha salido hoy en el diario La Rioja, firmado por un compañero de allí.

Lo dicho: no estamos de acuerdo, lo cual no me impide pedirte que cuando pases por Mallorca avises y nos tomemos algo juntos, y hablemos en la lengua que a ambos nos dé la gana, porque seguro que nos entenderemos. Un fuerte abrazo.

Señor Rosselló: gracias por lo de leído

Señor Pep Rosselló:

Siento que no le gusten mis artículos. Siempre puede descartarlos, si tanto le disgustan. Pero no; me parece que en el fondo lo que le pasa es que le sabe mal no disponer de argumentos en contra. Porque en la entrada que me dedica en su blog una vez más demuestra no haberse leído el Manifiesto por la lengua común o no haberle encontrado la sustancia, y en lugar de los argumentos recurre a las descalificaciones, a través de algo que pretende ser ironía y no va más allá de la mala baba, y a las consabidas consignas nacionalistas que sólo se creen los ya convencidos. Siento tener que corregirle, pero su alusión es demasiado directa.

Mis opiniones acerca del trato que el Govern da al castellano en los ámbitos público y privado no son “apocalípticas”. Revise la campaña Ara es la teva; recuerde la inmersión lingüística en los centros de enseñanza (en algunos casos, recreos inclusive); juzgue, si tiene la distancia suficiente, el acoso a Air Berlin por parte de diversos grupos nacionalistas. Un gobierno que pretende regular todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos, incluido qué lengua utilizan en sus relaciones públicas o privadas, incurre en totalitarismo; le parezca a usted esta afirmación apocalíptica o no.

Efectivamente, usted puede experimentar el deseo de hablar en catalán en Murcia, y yo puedo querer hablar español en Lituania, pero ninguno de estas dos actitudes deja de ser disparatada. En Mallorca, en cambio, y mientras ustedes no se salgan con la suya, hay dos lenguas oficiales y, lo que es más importante, se hablan las dos y, aún más, una de ellas es hablada por el cien por cien de los habitantes de la nación que compartimos y por otros 400 millones de hablantes en otros países, lo que hace de la llamada “política lingüística” del Govern, que discrimina abiertamente, por ejemplo, a los muchos mallorquines (castellanohablantes o no) que desearían escolarizar a sus hijos en español, una auténtica majadería con rango oficial.

Si a usted Cristóbal Serra no le parece un “intelectual mallorquín”, le puedo recomendar un curso. En cuanto al éxito cuantitativo de la recogida de firmas de adhesión al Manifiesto por parte de UPyD en Palma, que a mí me parece muy notable, le ruego considere que nuestras actividades no disfrutan ni de subvenciones ni de personal contratado, ya que no somos ninguna subsecta nacionalista, de modo que el tiempo que le dedicamos es bastante limitado. Pero le puedo asegurar que, en la calle, de la gente que se para a escucharnos y accede al contenido del Manifiesto, no menos de un 80% lo firma. Pónganos usted un sueldo por recoger firmas a jornada completa y nos verá acumular en poco tiempo varios cientos de miles.

Cuando escribo que, según el Manifiesto y según el sentido común, "todo ciudadano tiene derecho a utilizar la lengua de su elección en la escuela, ante la administración o en su negocio", usted interpreta que para ser sincero yo debería añadir que esto será así siempre que se trate de la lengua española. Esta interpretación, señor Rosselló, debe provenir de mala fe; porque, si no es mala fe, es prejuicio y falta de comprensión lectora. Lo que digo es lo que digo, y no lo que a usted le gustaría que dijese para darle a usted razones. Lo triste es que no se las doy, pero a usted le da igual y se las inventa.

Usted insiste en que los territorios y las lenguas sí tienen derechos. Y yo le insisto: eso mismo lo dijeron antes Mussolini, Hitler y Francisco Franco, aunque no seré yo quien le acuse a usted de franquista. Cosa que usted sí hace, a guisa de argumento, cuando en el post en el que pretende denigrar el Manifiesto recurre a aquello tan original de “una, grande y libre”, o cuando me contesta a mí e ilustra su contestación con una foto repleta de banderas de España, incluida alguna preconstitucional. Me gustaría saber cuándo ha leído usted en el Manifiesto nada que tenga que ver con banderas, o cuándo me ha leído o escuchado a mí hablar de banderas, y mucho menos de banderas preconstitucionales. Esta dèria se la dejo a usted y sus correligionarios. De nuevo, perdone que se lo diga, aprecio mala fe y un discurso muy ramplón.

Es radicalmente falso que ni yo ni nadie relacionado con mi partido o con el Manifiesto sólo queramos reconocerle el estatus de oficialidad al castellano, y sólo tengo que remitirme al mismo documento. ¿En qué mundo vive usted? Ustedes los nacionalistas han sido siempre unos profesionales del victimismo, pero antes por lo menos se detenían en los límites del embuste. Ya hace tiempo, no obstante, que no les da reparo atribuir a los demás cosas que nunca dijeron, porque saben que la veracidad es lo de menos si uno cuenta con medios que repitan una y otra vez la mentira hasta que parezca verdad. Y ustedes cuentan con esos medios. Pero mire: por mucho que yo aprecie el catalán, y lo aprecio, nadie podrá convencerme, ni aun con mentiras mil veces repetidas, de que no es mi santa voluntad la que debe dictarme qué lengua uso en la escuela, en la administración y en mi vida privada. Mi santa voluntad y no la de una banda de sectarios apoltronados en una mitología decimonónica.

No existen las lenguas propias; existen las lenguas oficiales, las lenguas maternas y pare de contar. El concepto de lengua propia aplicado a los territorios es tan totalitario como el resto de sus teorías identitarias porque, claro, remite inmediatamente al complementario de lengua impropia o ajena, que es adonde ustedes querían ir a parar. Y le digo más: siento verdadero gusto en escribir en catalán, lo siento como propio en la modesta medida en que lo domino y, mal que bien, suelo contestar en este idioma a quien se dirige a mí en él. Creo que a usted le consta de alguna vez anterior. Pero si me va a echar en cara que escribo en español, como si esto debilitase mi posición, o como si de ello se derivase cualquier consecuencia política, le tengo que contestar que eso de justificarse por usar el castellano se ha acabado. Lo irá constatando, aunque sospecho que ya lo barrunta y de ahí su inquina y la de todos ustedes hacia un Manifiesto que sólo pide respeto a la libertad de todos.

Gracias por intentar explicarme la raíz de todo, pero ya la conocía: a usted le parece mal que alguien en Mallorca pueda vivir y escribir en español. A mí, en cambio, me parece perfectamente enriquecedor que usted escriba y viva en catalán. Me basta con que no quiera imponerme cómo debo hacerlo yo. Pero el nacionalismo es esencialmente coactivo y ustedes jamás se conformarán con menos que la exclusión de todo lo que les parece ajeno. Xenofobia, en definitiva. Usted, contra toda evidencia histórica, contra el derecho nacional e internacional, contra el sentido común y contra el sentimiento de la inmensa mayoría de los mallorquines, cree que Mallorca forma parte de Cataluña, que ésta es una nación colonizada y que quien no comulgue con estas invenciones se equivoca; y esto determina radicalmente su consideración de la realidad. Me sabe muy mal, pero todo esto, por muchos folletos que editen los departamentos de “política lingüística”, no me vale como argumento: recuerde que pertenezco a un partido laico. Baleares Liberal. Periodista Digital.

O no leen, o mienten

Se han puesto nerviosos. Había diarios en Baleares que, durante todas estas semanas que lleva vigente el Manifiesto por la lengua común, le habían prestado una atención exigua o nula. Cuando digo nula, quiero decir exactamente eso: alguno de estos medios no recogía las noticias que a él se referían, ni hacía comentario alguno, ya positivo, ya negativo, al respecto. Pero la adhesión pública de varios intelectuales mallorquines al documento lanzado por Fernando Savater y Mario Vargas Llosa, entre otros, y el enorme éxito callejero de UPyD en la recogida de adhesiones parecen haber levantado ampollas.

Ya lo dicen los del Lobby per la Independència en su portal basura, con su finura argumentativa habitual: “Sólo franquistas y fachas forasters firman el manifiesto de El (In)Mundo”, tildando a Tòfol Serra de “franquista, colaboracionista, borde y renegado”. Llorenç Capellà, en Diari de Balears, nos revela aspectos del Manifiesto que desconocíamos: lo califica de “manifiesto de los intelectuales españoles afines a la derecha” (qué cosas tiene que escuchar Savater a estas alturas), “monumento al cretinismo” e “insulto”; saca a relucir no sólo a Franco, sino incluso al conde-duque de Olivares; pide una “respuesta contundente” por parte de la Generalitat y el Govern; y recomienda a Francesc Antich que llame al orden a firmantes como Rafa Nadal o Gregorio Manzano. Para Capellà, “ciertamente el manifiesto es una agresión”.

Última Hora pasa de la política mantenida hasta ahora (ignorar el Manifiesto) a dedicarle sólo hoy varios espacios, todos ellos muy beligerantes. Miquel Payeras habla del manifiesto de “Sólo en castellano” o “Castellano para todos”, cuyas “tonterías”, dice, “no son respetables” porque “se basan en mentiras”. Carles Ricci titula su columna “El castellano no es nuestro idioma” e identifica el Manifiesto con los coletazos del franquismo (me pregunto qué sería de estos argumentadores si, para fortuna de todos, el franquismo no hubiera tenido lugar), niega el “interés cultural y científico” del castellano y califica a éste de “cultura foránea”. En la sección “Tres en raya”, bajo el epígrafe “¿Por qué algunos quieren hacer con la “lengua de todos” lo que han hecho con la bandera de España?” (versión mejorada de una brillantez de Zapatero), Miquel Àngel Vidal afirma que hablar de lengua común respecto del castellano es “una utilización partidista y errónea” y vuelve a recurrir al franquismo y la inmigración peninsular de los cincuenta para explicar que el castellano esté presente en Baleares (desde el siglo XVIII según la propaganda del Govern en pro del uso del catalán) y afirmar que lo que quieren los promotores del Manifiesto es “eliminar la realidad plurilingüe de España”; y Joan Guasp habla de “odio a lo desconocido, a lo diferente, a lo ajeno”. Por último, la sección de Cultura entrevista a Cristóbal Serra para que explique su adhesión, y hay que decir que, ejemplarmente, la redactora da al Manifiesto su título correcto y coloca todas las declaraciones del sabio mallorquín en sus justos términos.

Uno de los comentaristas más divertidos es Antonio Tarabini, quien, desde la comodidad de su plaza de hombre del régimen y de su columna en Diario de Mallorca, además de jactarse de su cualificación en latín y otros idiomas, para inmediatamente depositar en la página un “neardhental” (sic), un “va de retro” (sic) y un “lletra ferit” (sic), escribe una argumentación absolutamente irrelevante para proponer a continuación el lanzamiento de un “Manifiesto por la lengua catalana” que “no atacaría al español, tal como hacen los autores del otro Manifiesto con los otros idiomas instalados en España”.

Lo que molesta no es la crítica –más bien al contrario: a todos nos hace mucha falta más crítica–. Lo que molesta de verdad es la falta de rigor, ya que ninguno de los argumentos que aportan estos pseudocríticos se ciñe a la realidad del Manifiesto, sino al deseo de desacreditarlo sin atender a su tenor. Uno, que respeta todas las formas de pensar, incluidas aquellas que le parecen menos puestas en razón, siempre que los argumentos aportados mantengan un vínculo mínimo con la realidad de las cosas, no puede sino llegar a la conclusión de que o todas estas firmas critican el Manifiesto sin haberlo leído, o la ideología los ciega, o mienten por los motivos que todos podemos suponer.

Porque ocultar la intención de los promotores del polémico texto cambiándole el titulo (manifiesto “de El Mundo”, manifiesto del “sólo en castellano”, manifiesto del “castellano para todos”, manifiesto “contra el catalán”) es ya, en sí, una tergiversación grave. El Manifiesto establece textualmente como premisa que “todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido” y que “en las autonomías bilingües cualquier ciudadano español tiene derecho a ser atendido institucionalmente en las dos lenguas oficiales”, y se recomienda la rotulación oficial bilingüe; todo lo cual no parece muy acorde con la citada expresión “sólo en castellano”. Eso sí, el texto propone soluciones no impositivas para la convivencia de todas las lenguas y hace hincapié en los derechos individuales: todo ciudadano tiene derecho a utilizar la lengua de su elección en la escuela, ante la administración o en su negocio. También, por supuesto, los catalanohablantes; parece mentira tener que aclararlo, pero los que lo niegan obligan constantemente a ello. Quien firma este documento firma también estar en contra de que a nadie le pueda ser denegada la atención en una oficina en catalán, vasco o gallego, le pueda ser hurtada la educación en catalán, vasco o gallego si la elige o se le impida rotular su negocio en catalán, vasco o gallego si así le place: algo que parece de sentido común. Tan de sentido común como cuando sustitutimos “catalán”, “vasco” o “gallego” por “castellano”. Sólo se trata de esto. Sacar a colación a Franco (como hizo también el diario La Vanguardia en su editorial del 3 de julio) o mentir con respecto al contenido del Manifiesto por la lengua común no resiste, es verdad, análisis serio alguno; pero además denota una voluntad torticera, alejada de la más elemental deontología periodística.

Y debe constar que no atribuyo este evidente y sectario alejamiento de la ética exclusivamente a las personas: es algo que está en el ambiente, que lleva funcionando demasiados años y que el vínculo establecido de manera casi irresoluble entre empresas periodísticas, partidos políticos y poderes fácticos fomenta y llega a hacer percibir como algo natural. Pero no lo es. Y puedo asegurar que quienes se benefician del totalitarismo catalanista son los mismos de siempre: los especuladores y corruptos asociados a partidos-mafia íntimamente relacionados con medios periodísticos; los que pertenecen a determinadas castas profesionales en las que la exclusión del castellano rebaja la exigencia de eficacia, aunque también rebaje la calidad del servicio a la ciudadanía; los que optan a plazas para las que el requisito del catalán disminuye la competencia (en todos los sentidos de la palabra); los amigos y parientes; los que obtienen subvenciones y contratos públicos; los totalitarios; en definitiva, los que ya se beneficiaban con Franco. Y quienes se perjudican son, también, los mismos de siempre: los que no pueden pagarse, por ejemplo, una escuela privada que les garantice su derecho a elegir la lengua de la educación de sus hijos –un derecho que se les niega con el sólo fin de beneficiar a los hijos de los privilegiados, que sí pueden estudiar libres de la inmersión en catalán en colegios privados (como los de Bàrbara Galmès) o internacionales (como los de José Montilla) o en una facultad madrileña (como los de Jordi Pujol). Frente a la pujanza de Madrid, Cataluña es ya reconocidamente un pozo de ineficacia económica y de servicios gracias a la gestión de los que prefieren una patria pobre, injusta e ineficaz pero acaparada por quienes deben acapararla; y en Mallorca algunos aspiran a lo mismo. Los perjudicados por la merma de derechos y servicios serán los menos favorecidos. En el Manifiesto por la lengua común se defienden los derechos frente a los privilegios. ¿Quiénes son, aquí, por tanto, los fachas? ¿De dónde viene la agresión? ¿Quién miente? Periodista Digital. Baleares Liberal. Mallorca Actual.