25 agosto 2008

Adelantos electorales

No es más que otra corruptela del sistema: nos parece tan normal que los políticos adelanten las elecciones por conveniencia partidista. Felipe González nos acostumbró a esta práctica, adelantando elecciones incluso cuando estaba en posesión de mayorías absolutas y, por tanto, en perfectas condiciones de gobernabilidad, a fin de no perder el poder si las dejaba para más adelante. Hoy está en boca de todos el más que probable adelanto de las próximas elecciones gallegas, se dice incluso que para finales de octubre. Los motivos: el temor de José Blanco y del PSOE gallego de perder votos a raudales a causa de la crisis económica y también –todo hay que decirlo– de los delirios linguocráticos de sus socios separatistas del Bloque, así como su deseo de tener resuelta la eventual renovación de dicha coalición cara a la aprobación parlamentaria de los presupuestos generales a principios de año.

Las elecciones están pautadas por ley cada cuatro años. El artículo 115 de la Constitución (como las disposiciones semejantes que se encuentran en los estatutos de autonomía) se limita a establecer que “El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey”, lo que legitima la disolución anticipada sin más justificación que la voluntad del presidente responsable. No obstante, parece razonable suponer que esa voluntad ha de fundamentarse, como toda la actuación de un presidente de gobierno verdaderamente responsable (no hablamos, claro está, del caso actual), en el interés de la nación o, en su caso, de la comunidad autónoma afectada por la disolución de las cámaras y la consiguiente convocatoria de elecciones.

Nuestra legislación adoptó el plazo de los cuatro años como el más adecuado para garantizar por un lado cierta estabilidad en la representación de la ciudadanía por parte de los diputados y, por otro, la saludable renovación periódica de la misma. Ambos aspectos son necesarios para el correcto desarrollo de las funciones políticas de nuestros representantes. Alargar el mandato del diputado más allá de los cuatro años supondría tal vez interpretar abusivamente el depósito de confianza por parte del ciudadano, y la ley lo excluye. Acortar ese mandato reduce la eficacia del trabajo parlamentario, pues un plazo demasiado corto impediría rematar determinadas líneas de trabajo; pero la ley no lo prohíbe, a fin de flexibilizar la renovación de los órganos representativos frente a circunstancias excepcionales sobrevenidas. Por circunstancias excepcionales entiendo yo, por ejemplo, un escándalo político mayúsculo que modifique esencialmente la credibilidad de quienes gobiernan, o la desaparición por cualquier otro motivo de la mayoría parlamentaria de gobierno hasta el punto de imposibilitar las tareas ejecutivas.

¿Qué circunstancia excepcional se da hoy para adelantar las elecciones gallegas? No hay nada menos excepcional que la variación de la intención de voto en el electorado: es algo que sucede en uno u otro sentido en todas las legislaturas, y en cualquier caso no impide que la mayoría actual continúe desarrollando su tarea con total normalidad hasta agotar el cuatrienio. Que las elecciones gallegas se adelanten sólo indicará que los partidos políticos utilizan los mecanismos de la representación con criterios partidistas, poniendo por encima del bien común el interés por permanecer en el poder, a costa de la consiguiente parálisis política y gestora, la disfuncionalidad inevitable y los gastos que hagan falta, que serán, estos sí, extraordinarios (pero da igual, porque lo paga el contribuyente). Ni las especulaciones de Pepiño sobre los resultados de encuestas de encargo ni la necesidad de Zapatero de contar con apoyos en las Cortes nacionales justifican una disolución anticipada del parlamento de Santiago de Compostela, que se supone está ahí para ordenar la actividad política en Galicia y, por más que sea contra natura, alberga una mayoría estable que hasta ahora no ha tenido ningún impedimento para imponer sus majaderías sobre normalización lingüística a la sociedad gallega. Si se convocan elecciones anticipadas en Galicia, se demostrará que tanto el PSOE como el BNG (pero los demás partidos tradicionales comparten esta práctica) colocan su apego al poder por encima de los intereses de Galicia y del respeto al principio representativo. Se demostrará que toman la democracia como pretexto. Afortunadamente, y como ya muchos en Galicia han manifestado desear, en esta ocasión los ciudadanos contarán con una opción nueva y francamente distinta: Unión, Progreso y Democracia, el partido de Rosa Díez. UPyD defenderá la devolución a los ciudadanos de una democracia genuina; también en Galicia. Periodista Digital. España Liberal.

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